Así lo han expuesto este lunes en rueda de prensa el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación, el diputado Gerard Fullana, que han denunciado la «mala praxis» en la política educativa del gobierno valenciano.
Han expuesto que los datos exigidos por Compromís vía parlamentaria, y ofrecidos por la propia Conselleria de Educación, reflejan que estos siete centros suman actualmente 4.347 alumnos y alumnas, de los cuales 3.951 continúan escolarizados en dinámicas de segregación por sexo, lo que supone el 91% del alumnado total.
«Su modus operandi consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero después presionan a familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos figura que hay matriculado únicamente a un niño o a una niña en las etapas de entrada para intentar justificar artificialmente que no segregan», explican.
Baldoví ha apuntado que todo ello se produce a las puertas de que miles de familias afronten el proceso de matriculación para el próximo curso escolar y en un contexto ante una convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario, que cuenta con un «amplísimo consenso» de la comunidad educativa.
«Apostamos por la educación pública de calidad pero también por denunciar cuando hay escándalos», ha expuesto. A su juicio, este de los conciertos educativos es «muy grave».
El síndic de la coalición ha denunciado que los dos últimos presidentes de la Generalitat por parte del PP, Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca, han «mantenido y renovado» los conciertos educativos a estos siete colegios vinculados al Opus Dei.
«Hablamos de 72 millones de euros en seis años a colegios que están separando a niños y niñas», ha sostenido. Ante esta situación, ha garantizado que en Compromís no se van a quedar «de brazos cruzados».
Para Baldoví, «esta ilegalidad tiene nombres y apellidos», que son los de la actual consellera de Educación, Carmen Ortí, quien el pasado año renovó los conciertos hasta 2031 como subdirectora de planificación educativa. «Es juez y parte», ha denunciado.
Pero también ha señalado al «inefable conseller de las gambas» José Antonio Rovira, quien ahora es titular de Hacienda: «Dice que no hay dinero para la educación pública, para el profesorado, pero sí que dice que lo hay para estos centros concertados que incumplen la ley».
Además, ha cargado también contra el 'expresident' Carlos Mazón y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. «Todos ellos son cómplices de esta trama», ha censurado.
Por su parte, el diputado Gerard Fullana, que ha puesto en valor que esta nueva denuncia de Compromís «da sentido a la labor de fiscalización de los partidos políticos», ha reprochado al Consell que diga que no tiene dinero para negociar con la comunidad educativa mientras «aprueba 72 millones para escuelas que creen en la educación de manera separada».
A su juicio, esta situación tiene un trasfondo «enorme» que revela los valores del Gobierno valenciano.
Fullana ha detallado que esta investigación se inició el pasado verano a raíz de una denuncia de unos familiares que fueron «presionados» por unos de estos centros para que su hijo lo abandonara «por cuestión de género».
Ante esta situación, la coalición ha solicitado a la Conselleria de Educación una serie de documentación y dispone de un informe jurídico que muestra «ilegalidades evidentes» en esta materia.
En concreto, el diputado ha precisado que se trata de seis centros de la Fundación Fomento de Centros de Enseñanza, «vinculada» al Opus Dei, y de otro más, que suman un total de 4.347 alumnos matriculados.
En la provincia de Alicante son el centro Altozano en la capital y Aitana en Elche; en Valencia El Vedat de Torrent, Guadalaviar y Vilavella en València; y en Castellón el centro Miralvent y Torrenova. El 91% de sus alumnos están segregados, según Compromís: «No van a clase tal y como dice la ley».
Para Fullana, se trata de una cuestión «de extrema gravedad». Además, ha advertido de que en algunos casos la segregación es del 100% del alumnado.
En esta línea, el diputado ha acusado a algunos centros de intentar «persuadir» a familias para que acaben abandonando el centro diciéndoles que su hijo o hija estará «solo» en una clase del sexo contrario.
En otros casos, ha deslizado, optan por mantener privada la matrícula de los 3 años, dado que entonces la segregación «sí que es legal».
Ante esta situación, Compromís ha presentado esta misma mañana un requerimiento prejudicial para restituir la legalidad y el dinero público y que se aplique «lo que dice la ley», en la línea de la «buena fe»: «Lo primero que hacemos es pedir que se restituya antes de acudir a cualquier tribunal».
El diputado de la coalición, que ha acusado al Consell de intentar «esconder» esta situación, ha insistido en que con estos casos la vulneración de la ley educativa estatal es «clara y evidente» y en que el departamento de Campanar que ahora lidera Carmen Ortí «tenía conocimiento».
«No entendemos que el curso --escolar 2026/2027-- pueda comenzar con estos centros», ha avisado Fullana, que ha pedido «aplicar las sanciones correspondientes» a estos centros.
También se ha preguntado «a qué se dedican» los coordinadores de igualdad de los mismos, figura a la que están obligados a tener.
Para el parlamentario, es «paradójico» que los dos «máximos responsables» de esta «corrupción» sean José Antonio Rovira y Carmen Ortí, esta última una persona «muy vinculada a los postulados religiosos del PP y colocada ahí no por casualidad».
Mientras, sobre Rovira, ha afirmado desconocer si existen «más motivos» para que dimita tras su gestión de la dana. A su juicio, ninguno de los dos debería continuar en el cargo.
Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha replicado que la ley estatal lo que recoge es que no se ha de segregar el alumnado «por motivo de sexo» y ha defendido que en la Comunitat Valenciana existe un proceso de admisión que asegura «la igualdad de oportunidades para todas aquellas familias que soliciten plaza escolar para sus hijos en los centros educativos».
En este caso, ha sostenido que está «asegurada y garantizada esa respuesta» porque las familias que han solicitado ser escolarizadas en esos centros «sean del sexo que sean, siempre y cuando hayan obtenido la puntuación correspondiente, porque es un procedimiento de concurrencia, están escolarizadas en esos centros».
«El proceso de admisión es telemático donde no se puede rechazar ningún tipo de solicitud», ha apuntado.
Por ello, ha indicado que las familias que han solicitado la matrícula en esos centros, «si han cumplido todas las puntuaciones que corresponden, tienen plaza en esos centros».
«Queda totalmente garantizado el derecho de las familias de poder hacerlo», ha zanjado.
