Así lo recoge una respuesta parlamentaria firmada por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner (PPE), a una pregunta del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, sobre la compatibilidad con el derecho de la UE de las medidas de 'prioridad nacional' exigidas por Vox y acordadas con el PP en parlamentos autonómicos.
Marzà registró esta pregunta el pasado mayo a raíz de los acuerdos alcanzados en Aragón entre PP y Vox. En concreto, cuestionó si son compatibles con los principios de igualdad y no discriminación del derecho comunitario y si la UE actuará frente a medidas «que puedan constituir discriminación indirecta o restricciones desproporcionadas».
En su respuesta, fechada el 10 de septiembre, adelantada este lunes por la Cadena SER, el comisario Brunner señala que los residentes de larga duración de la UE «tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del estado miembro de acogida en una serie de ámbitos enumerados exhaustivamente en el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, como las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social, y los procedimientos para acceder a la vivienda».
«En este contexto -añade-, el Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado que los estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido en el artículo 4 de dicha directiva».
E incide: «Una política que establezca una 'prioridad nacional' para los nacionales de los estados miembros debe cumplir las normas de la Directiva 2003/109/CE, que establece la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residente de larga duración. La Directiva 2000/43/CE del Consejo prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico, pero no abarca las diferencias de por razón de la nacionalidad».
Según indica el comisario europeo, es jurisprudencia consolidada que «el principio de no discriminación prohíbe no solo las discriminaciones directas, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier discriminación indirecta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado».
«A menos que esté justificada y sea proporcionada, una disposición de derecho nacional es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países más que a los nacionales del estado de acogida y, en consecuencia, coloca a los primeros en una situación de desventaja. Esto se aplica, por ejemplo, a un requisito de residencia», expone.
Dicho esto, el comisario remarcó que la ley de Aragón todavía no se había aprobado y que la Comisión Europea «no formula observaciones sobre proyectos de ley o propuestas».
«No obstante -garantizó-, la Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación para velar por el cumplimiento del derecho de la UE».
Tras recibir esta respuesta, el eurodiputado de Compromís registró otra pregunta para consultar la postura de la Comisión sobre la ley de acompañamiento aprobada en Les Corts a finales de julio por PP y Vox, que habilita el desarrollo reglamentario del principio de 'prioridad nacional' en materia de vivienda pública y servicios sociales.
Esta ley estipula «un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España de manera continuada o interrumpida» para la nueva inscripción como demandante de vivienda de protección en régimen de compra.
Fuentes de Compromís explican que la Comisión Europea todavía no ha contestado a esta pregunta parlamentaria, aunque esperan que su posición sea similar a la adoptada sobre la primera consulta.
En declaraciones a los medios antes del pleno de Les Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha subrayado que el comisario europeo ya dijo «claramente» que la 'prioridad nacional' incumple el derecho comunitario, al tiempo que se ha preguntado qué piensa el PP de que un miembro del PPE haga estas consideraciones.
Baldoví ha explicado que la coalición valencianista incluirá esta respuesta de la Comisión en su denuncia al Defensor del Pueblo sobre la ley de acompañamiento, que presentó al considerar que es inconstitucional.
«El Consell debería anular estos artículos a no ser que el PP sea dócil y débil respecto a Vox», ha urgido.
Desde el PP, Nando Pastor ha considerado que debe haber un «malentendido» porque «la prioridad nacional/arraigo» en la Comunitat también la ha aplicado la líder del PSPV, Diana Morant, cuando era alcaldesa de Gandia, así como «todo el cinturón de los ayuntamientos socialistas» de la provincia, como Paterna, Mislata o «tantos y tantos otros» que no están «bajo la lupa» de una Comisión «que pone en duda que la 'prioridad nacional' es algo coherente y que está en marcha durante los últimos años».
En cualquier caso, ha confiado en que la Comisión avale la constitucionalidad de la 'prioridad nacional' y ha insistido en que debe haber existido «algún malentendido o alguna cuestión no explicada».
«Pero no creo que pongan patas arriba todo lo que se ha hecho aquí, no por el PP, sino por el propio PSOE desde hace muchísimos años, con Morant a la cabeza», ha resumido.
Sobre los años de requisito, Pastor ha señalado que en Gandia «piden 10» y no cree que en esta localidad «estén incumpliendo la ley» ni que Europa le ponga «ningún problema».
«En Gandia, en la tierra y cuna de Morant, son de los más duros», ha afirmado, y lo ha tildado de «alucinante».
También ha apuntado que la exvicepresidenta Mónica Oltra «pedía dos años para darle a una persona la Renta Valenciana de Inclusión» y Morant, «diez».
Por parte del PSPV, José Muñoz ha defendido que la única 'prioridad nacional' para un gobierno «honrado» deberían ser la vivienda y la defensa de los derechos humanos, mientras ha vuelto a acusar a PP y Vox de incluir conceptos racistas en las leyes autonómicas.
Muñoz ha rechazado la afirmación realizada por el síndic del PP de que estos requisitos se aplican en ayuntamientos gobernados por el PSPV: «Es radicalmente falso que haya 'prioridad nacional' en los municipios (...). Existe el arraigo, que es diferente. Si quieren el arraigo, deberían poner arraigo en la ley».
Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado que su formación no tiene «dudas» respecto a la constitucionalidad de la 'prioridad nacional', «porque si las tuviéramos no la hubiéramos propuesto».
«Vox no hace las cosas sin pensar, Vox las trabaja», ha defendido.
Por ello, ha abogado por establecer «una baremación, unos criterios de prioridad respecto a los nacionales, teniendo en cuenta el arraigo, la situación económica, las familias monoparentales o con discapacitados a su servicio, el arraigo acumulado histórico, la escolarización, toda la aportación a la seguridad social y a los servicios públicos».
«Esto es absolutamente legal y permitido por nuestra Constitución», ha subrayado.
Así, ha ratificado que Vox no tiene «ninguna duda de su constitucionalidad» y ha deslizado que tendrá que ser la Comisión Europea quien debata sobre su constitucionalidad.
«Nosotros hemos fijado unos criterios de prioridad, no estamos discutiendo ninguna ley en vigor», ha zanjado.
