Así, lo ha señalado el presidente del Consejo Económico y Social de
España (CES), Antonio Costas, en la presentación en Valencia del
'Informe sobre al realidad migratoria en España' que se ha celebrado en
la sede de la CEV con la asistencia del presidente de los empresarios
valencianos, Vicente Lafuente, y de la vicepresidenta primera y
consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. El
estudio se ha elaboración a petición del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Al respecto, Costas ha explicado que la migración en nuestro país es
«singular» y «no tiene comparación» porque si en Europa llevan
gestionando este proceso seis o siete décadas, en España se ha pasado de
ser «un país de emigrantes a principios de siglo a ser el cuarto país
del mundo en migración, se ha pasado prácticamente de cero inmigrantes a
casi diez millones de inmigrantes en dos décadas y media».
El informe confirma que la población migrante representa ya una
quinta parte de la población residente en España y resulta «esencial»
para el crecimiento. De hecho, apunta que España necesitará 2,4 millones
de trabajadores en la próxima década y la mayoría serán migrantes.
En 2025 la mayor parte de la población inmigrante vive en Cataluña,
Madrid, Valencia y Andalucía y desde el punto de vista de la
distribución provincial, los datos revelan la consolidación de la zona
del Mediterráneo como el territorio de mayor densidad de población
extranjera.
Además, el estudio constata el distinto ritmo de crecimiento de la
población de origen extranjero en las diferentes regiones, que pone de
manifiesto, por un lado, una posible saturación en territorios donde
venían concentrándose altas proporciones de personas de origen foráneo y
por otro, una mayor dispersión hacia regiones «tradicionalmente» menos
atractivas.
Así, algunas comunidades, como la valenciana, muestran «un gran
dinamismo», con un crecimiento de la población extranjera del 29% en
solo tres años, añadiendo 270.000 nuevos residentes. Este crecimiento
supera «significativamente» la media nacional y posiciona a Valencia
como el territorio con mayor atracción migratoria reciente.
La provincia
de Valencia concentra 582.000 extranjeros (21%), mientras que Alicante
alcanza los 597.000 (29%), configurando un eje demográfico de alta
intensidad migratoria.
Costas ha explicado que uno de los efectos positivos es que la
inmigración entra en los sectores «más intensivos» en trabajo, como
servicios domésticos, hostelería o construcción, lo que genera «un
desplazamiento de la población autóctona hacia actividades empleos de
mayor productividad y mayores salarios» y a los cinco años «muchos
inmigrantes que entran por la parte baja del mercado laboral» también
participan de esta mejora.
Por ello, ha reivindicado la necesidad de crear una sociedad
informada, que el objetivo que persigue este informe, que sea capaz de
distinguir lo que «son beneficios y costes de políticas pragmáticas de
lo que son políticas populistas».
Así, ha apuntado que la inmigración es un proceso «intenso y muy
denso», que aunque está «siendo gestionado razonablemente» aún requiere
«avanzar mucho en las situaciones de irregularidad administrativa», que
es «el verdadero problema» tanto para las propias personas inmigrantes
que sufren esa situación como para la economía española porque «no
permite incorporar a esas personas».
Al respecto, ha apuntado los tres retos que debe afrontar la
Administración para avanzar hacia esa integración y aprovechar los
efectos positivos: una gestión «controlada, segura y eficaz» de las
entradas y de las estancias , así como una regularización «más acelerada
y más intensa» porque hay unas 800.000 personas en situación de
irregularidad administrativa y, por tanto, «no pueden acceder
prácticamente ni al empleo ni a casi ningún servicio» y la existencia de
un mercado «alegal» de citas previa que «dificulta mucho el proceso de
la regularización».
Por último, reclama «un aumento de la capacidad y de los recursos de
los servicios sociales, especialmente en aquellos lugares donde se ha
producido una concentración y, en algunos casos, saturación de
inmigración».
Por su parte, la doctora en Economía de la Universitat Jaume I (UJI)
Maite Alguacil Marí, que forma parte del consejo científico asesor del
Gobierno en materia de migración, ha recalcado que la inmigración es «un
fenómeno absolutamente estructural: Están aquí y han venido a quedarse
y, además, los necesitamos, dada nuestra estructura demográfica y
nuestro tejido productivo».
En el caso de la Comunitat Valenciana se han establecido en sectores
estratégicos para la economía valenciana como la hostelería, la
agricultura, o los cuidados, pero son sectores con «una alta
temporalidad que dan lugar a una alta vulnerabilidad».
Así, ha
coincidido en que el reto es «la cohesión social, que no es solo una
buena vecindad, sino garantizar las condiciones de vida» y ha advertido
de que la Comunitat , según los recientes informes de Save the Children,
o la tasa AROPE, presenta tasas de pobreza «por encima de la media y
que esta situación se agrava en los inmigrantes».
Por su parte, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha
coincidido en que la inmigración es «un elemento que bien gestionado va a
aportar crecimiento y bienestar», y ha resaltado que resulta «clave»
para la economía valenciana, pero ha advertido de que «mal gestionado
puede generar tensiones sociales y desperdiciar mucho talento».
Por
ello, ve «necesario» avanzar hacia un modelo de políticas públicas
migratorias que sea «estratégico basado en evidencias y con objetivos
claros de integración y de cohesión social» y ha reclamado un Pacto de
Estado.
Del mismo modo, la vicepresidenta, Susana Camarero, ha apuntado que
la política migratoria «exige hoy más que nunca rigor, responsabilidad y
visión de Estado, ya no sirve la improvisación».
Así, ha recalcado que
la inmigración «no es una opción ideológica es una realidad que convive
con nosotros» que «bien gestionada contribuye al crecimiento, pero que
sin un marco regulatorio, claro, previsible y eficaz los efectos
positivos se diluyen y aparecen disfunciones».
Por ello, ha apostado por «una inmigración regular, ordenada y
vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral» y ha
advertido de «los cuellos de botella administrativos» que genera el
Gobierno que «están lastrando el acceso al trabajo» en la Comunitat: los
permisos de trabajo y la homologación de títulos.
