En el caso de la Comunitat Valenciana, el 26% de la población está
en riesgo de pobreza y se requeriría el 2,5% del PIB de esta comunidad
para acabar con esta situación.
Esta es una de las conclusiones del 'Análisis de la exclusión social y
económica en España y sus territorios', que han publicado este
miércoles la Fundación Ramón Areces y el Ivie. El estudio está elaborado
por el equipo de investigación del Ivie, dirigido por Carmen Herrero e
integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.
La economía española está en un proceso de expansión, caracterizado
por un aumento importante de la población ocupada y del salario mínimo.
Este crecimiento económico no consigue, sin embargo, acabar con la
pobreza, según se desprende de este informe.
El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de
la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de
aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión como una renta por
debajo del 40% de la mediana, ha precisado el Ivie en un comunicado.
Bajo estos términos, en 2025 el 19,5% de la población española estaba
en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% entre 2015 y
2025. Mayor ha sido el descenso del porcentaje de personas que sufren
pobreza extrema o exclusión, que ha caído un 28% en ese mismo periodo
hasta situarse en el 8% en 2025.
Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba
también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado
en casi diez puntos, hasta el 41,3%.
Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de
pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, se estima que acabar con la
situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros
anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país, y eliminar el riesgo de
exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800
millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno
de los años del periodo analizado.
Diferencias entre ccaa
El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza
y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos
(jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone
una orientación más específica de los instrumentos de protección social.
Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por
debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de
consumo), en Andalucía, ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%.
También
están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%),
Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias
(22,9%).
Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de
pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra
(12,3%) y Madrid (12,7%).
Similares diferencias se observan en el caso de la población en
riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas
inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en
Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía
alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.
Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un
empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en
riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el
40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna
región en 2025.
Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido
desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada
en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%,
mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo
entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.
La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y
exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015 -
2025. Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las
comunidades autónomas siguen siendo elevadas.
La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869
euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de
las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y,
en Illes Balears, a 4.362 euros.
En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia
cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con
5.325 euros.
Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la
renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090
euros de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.
En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías.
Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000
millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente
al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.
El trabajo realizado construye dos índices sintéticos para
establecer una clasificación de las CC.AA. según la evolución de estos
grupos de población entre 2015 y 2023.
En el primer grupo se consolidan
las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón,
Cantabria y Cataluña).
En el segundo grupo se sitúan las comunidades con
mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El
tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos
destacados (Navarra y Asturias).
El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en
posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y
León).
Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía,
Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia,
aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.
Empeora la situación de las mujeres
Además, el estudio alerta de la mayor incidencia e intensidad de la
pobreza en determinados colectivos. En concreto, las mujeres, que
partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en
2015, han empeorado su situación en 2025.
Entonces, el porcentaje de
mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los
hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y
el 18,6% de los hombres.
Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores
de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está
cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor
incidencia ya se da en la población en edad de trabajar.
En todos los
casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y
roza casi el 30%.
