VALENCIA.- Compromís-Front Valencià propone eliminar los vuelos nocturnos, entre medianoche y las seis de la mañana, para garantizar el derecho al descanso de los vecinos, dentro de sus medidas electorales de cara al 29N.
VALENCIA.- El PSPV y Compromís han denunciado la «urgencia» del PP para aprobar en Les Corts la Ley del Suelo, que tachan de «especulativa» y de favorecer «los intereses de los promotores» urbanísticos, mientras que los 'populares' han acusado a las formaciones de izquierda de «obstaculizar» la tramitación parlamentaria de dicha norma, que pasa ahora por el debate y aprobación en su caso de las enmiendas parciales en comisión.
ALMERÍA.- El Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas analiza la situación del sector en el conjunto de España. De esta manera, revela que el sector agroalimentario español, que incluye el sector primario, la industria y la comercialización de alimentos y bebidas, generó un valor añadido bruto (VAB) de 139.417 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 1,4 % en términos reales respecto al año anterior.
Con esta cifra, la actividad agroalimentaria aporta el 9,1 % del VAB total de la economía española. Por subsectores, la fase de comercialización es la que más ha crecido, con un aumento del VAB del 2,5 %, por encima del sector primario (1,2 % de incremento) y de la industria, cuyo VAB solo ha crecido un 0,1 %.
Con respecto al empleo, el sector generó al más de 2,6 millones de puestos de trabajo en 2025, lo que supone un aumento del 2,6 % respecto al año anterior. Con ello, encadena ya cuatro años consecutivos de crecimiento. El sector en su conjunto representa el 11,6 % del empleo total en España.
La comercialización es la fase que más contribuye, al aportar el 5,8 % del empleo del país. Le siguen el sector primario (3,5 %) y la industria de la transformación (2,3 %).
El informe destaca, un año más, el valor de las exportaciones, que siguen creciendo, como uno de los pilares fundamentales del sector en España. Las empresas agroalimentarias vendieron sus productos en el exterior por valor de 77.227 millones de euros en 2025.
Estas ventas suponen un aumento del 4 % respecto al año anterior y representan el 20 % del total de las exportaciones de bienes españolas. Además, igual que en 2024, se trata de un crecimiento impulsado principalmente por el mayor volumen exportado y no tanto por la inflación, como venía sucediendo en años anteriores.
Este informe regional complementa el Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, que, en su edición de 2025, muestra que la productividad del sector agroalimentario español es un 10,3 % más elevada que la de la UE-27.
Esta ventaja se explica principalmente por el sector primario, cuya productividad se sitúa un 56 % por encima de la comunitaria, mientras que la de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco es un 10,3 % superior.
Sin embargo, la comercialización no tiene el mismo comportamiento al presentar un nivel de productividad un 13,9 % inferior al de la UE-27.
Además, la comparativa se resiente cuando la referencia son las economías líderes de la UE-14 (UE-15 sin el Reino Unido), pues, en este caso, la productividad del sector agroalimentario español es un 6 % inferior, con los siguientes valores por subsectores: el sector primario es solo un 0,2 % más productivo, mientras que la industria de la transformación de alimentos y la comercialización lo son un 14 % y un 6 % menos, respectivamente.
El incremento de población de la Comunitat está por encima del experimentado a nivel nacional, que ha sido del 0,26%. A la Comunitat le ha seguido la Comunidad de Madrid (+0,46%), La Rioja (+0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), además de en la ciudad autónoma de Melilla (+0,36%). Un alza igual que el de Cantabria han tenido en Aragón y Asturias, también del 0,3%.
En términos generales, la población de España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026 y se situó en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, alcanzando también el valor máximo de la serie histórica.
En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado en España fue del 0,88%, al sumar 435.551 personas.
El crecimiento poblacional de España se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8% del crecimiento total.
Esta población nacida en el extranjero, de 10.433.091 personas, fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.
Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237, minetras que la población de nacionalidad española creció en 43.340.
Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, con 33.200 llegadas a España, la española (23.600) y la venezolana (19.000).
Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).
Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas.
VALENCIA.- La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que los socialistas escuchan a la calle, tras la huelga general por la vivienda, y son conscientes de que "todavía queda mucho por hacer".
Por eso ha llamado a la movilización en las elecciones del 29N para "seguir avanzando frente a los que quieren hacernos retroceder", ya que ve al PP en una "deriva preconstitucional" al tachar de 'mafia' a los sindicatos mayoritarios.
VALENCIA.- La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que lidera Susana Camarero resalta que el Plan Vive impulsado por la Generalitat ha alcanzado ya las 7.029 viviendas protegidas en marcha, entre iniciativa pública y privada.
El escrito, firmado por el abogado oriolano José Luis Mazón Costa y presentado por el procurador José Julio Navarro Fuentes, fue remitido al registro penal del Supremo el 9 de noviembre de 2026, a las 14:30 horas, según el justificante de LexNET. La presentación no supone su admisión a trámite.
La asociación ejercita la acción popular y atribuye provisionalmente a los magistrados delitos de prevaricación judicial y encubrimiento con abuso de funciones públicas.
La querella se dirige también contra el miembro del Ministerio Fiscal que informó en contra de investigar al entonces aforado y, si fuera otra persona, contra quien se opuso posteriormente a los recursos de súplica. Solicita que sus identidades y respectivas intervenciones se determinen mediante la incorporación de los informes originales.
Los magistrados contra los que se dirige el escrito son los firmantes del auto de no investigacion de Mazón, Manuel José Baeza Díaz-Portales, Antonio Ferrer Gutiérrez, José Francisco Ceres Montes, María Pía Calderón Cuadrado y Vicente Torres Cervera. La propia querella pide comprobar documentalmente la intervención y firma de cada uno en las decisiones cuestionadas.
La iniciativa se centra en el rechazo de la exposición razonada que la instructora de Catarroja elevó el 24 de febrero de 2026 para que se investigara a Carlos Mazón.
Según los antecedentes recogidos en la querella, el TSJ rechazó asumir la competencia mediante un auto de 16 de marzo y confirmó esa decisión el 27 de abril, al resolver los recursos de súplica.
El argumento principal de la asociación es que la propuesta de la instructora no pretendía responsabilizar penalmente a Mazón por el mero hecho de presidir la Generalitat.
Sostiene que planteaba examinar su conducta personal: la información que recibió sobre el peligro, las actuaciones de coordinación que pudo realizar, la ausencia de instrucciones y su posible intervención en decisiones de protección de la población.
La querella reconoce que las resoluciones del TSJ invocaron el principio de responsabilidad por el hecho propio y la insuficiencia de los indicios.
Sin embargo, considera que esos argumentos no respondieron adecuadamente a las conductas concretas descritas por la instructora y que habrían excluido prematuramente una línea de investigación.
Esta es la tesis de la parte querellante, pendiente de valoración por el Supremo.
Entre los elementos que la asociación considera relevantes figuran los mensajes que, según la exposición razonada citada en el escrito, Salomé Pradas remitió a Carlos Mazón durante la mañana y las primeras horas de la tarde del día de la catástrofe.
En ellos se trasladaba información sobre alertas, rescates, inundaciones y riesgos en zonas como la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro.
Para la querellante, esas comunicaciones justificaban comprobar el conocimiento personal del riesgo que tenía el presidente y las medidas que estaban a su alcance.
El escrito insiste en que no se trata de atribuir relevancia penal a una comida por sí misma, sino de investigar qué actuaciones se omitieron mientras evolucionaba una emergencia de la que recibía información.
También reclama esclarecer las comunicaciones del entonces jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, con Pradas, entre ellas el mensaje «De confinar nada por favor. Calma».
La asociación admite que la relación jerárquica no demuestra por sí sola que Cuenca transmitiera una orden de Mazón, pero sostiene que era necesario comprobar si actuó por iniciativa propia o siguiendo instrucciones.
La querella invoca asimismo el deber de investigación efectiva vinculado al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para fundamentarlo cita las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos Öneryıldız contra Turquía y Budayeva y otros contra Rusia, relativos a catástrofes y a la posible responsabilidad de las autoridades por deficiencias de prevención y protección.
La asociación argumenta que investigar la causa física de las muertes no basta para esclarecer si determinadas decisiones u omisiones oficiales contribuyeron a sus consecuencias.
También reconoce expresamente que el TSJ no archivó toda la investigación de la DANA y que la causa continuó en Catarroja respecto de otras personas. Su reproche se concentra en la exclusión de Carlos Mazón de esa investigación.
El escrito pide su admisión a trámite, la designación de un magistrado instructor y la incorporación de las resoluciones del TSJ, la exposición razonada de la instructora, los informes fiscales y los documentos que sustentaban los indicios.
También solicita que, una vez examinada esa documentación, se reciba declaración a los querellados en calidad de investigados. No reclama por ahora medidas cautelares personales.
Respecto del fiscal, la asociación añade la posible comisión de un delito de omisión intencionada de promover la persecución de delitos. Pide al Supremo que determine si resulta competente para investigarlo junto con los magistrados o si debe remitir esa parte del asunto al órgano correspondiente.
El justificante aportado acredita la presentación telemática de la querella y sus anexos ante la oficina de registro y reparto penal del Tribunal Supremo. No acredita todavía una decisión sobre su admisión, la apertura de una investigación ni la atribución judicial de responsabilidad penal a las personas contra las que se dirige.
La querella deja caer que hay indicios de que tanto Feijóo con su apoyo a Mazon como Sánchez con su apoyo al fiscal del cual la Fiscalía depende, estuvieron de acuerdo en exculpar a Mazón, lo que denotaría un pacto satánico entre ambos secretarios generales para encubrir otras responsabilidades de más alto nivel que se darían si Mazón hubiera ejecutado la voluntad de Feijóo escondiéndose durante la Dana para justificar una masacre "ritualista" y Sánchez apoyara la impunidad dejando que el fiscal apoye la no investigacion, lo que es una perversidad escandalosa.
El querellante añade al final de la querella: Tiene la judicatura de este tiempo independencia para aplicar el Estado de derecho a este lado mefistofélico de la política?
El autor de este escrito lo duda pero ha de quedar memoria colectiva como se hizo con la querella por la destruccion de pruebas del 11M que acabó demonizando al denunciador, al final “la verdad emerge” y la historia pone a cada uno en su sitio.
"Aún hay, evidentemente, por lo menos trabajo para, me dicen los expertos, hasta 12 meses más de actuación en relación con las reparaciones", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha subrayado acciones del Ministerio y ha hecho balance. Todo ello, después de que la semana pasada se cumplieran dos años de las riadas, que tuvieron impacto en la Comunitat Valenciana y "en otros lugares de España".
Así se ha expresado tras la visita que ha realizado este lunes a zonas agrícolas de Pego dañadas por la reciente dana Adam. En el recorrido le han acompañado el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, y el alcalde de esta localidad de la Marina Alta, Enrique Moll.
"Hemos llevado a cabo desde el Ministerio actuaciones muy importantes para un sector muy afectado, como fue el sector agrario", ha indicado sobre el temporal de octubre de 2024, respecto a lo que ha añadido: "Hemos pagado ayudas a agricultores y ganaderos por importe de 177 millones de euros y hemos llevado ya actuaciones tanto para explotaciones como para infraestructuras de riego afectadas como para caminos rurales por importe de 242,7 millones de euros".
Y ha continuado: "Aún nos queda tarea por hacer, porque, como ustedes saben, dimos la opción a los afectados para o hacer y cobrar una indemnización o bien esperar a que se pudiera llevar a cabo una actuación por parte del Gobierno de España a través de la empresa pública Tragsa. Mucha gente se apuntó a esta segunda opción".
"Hemos tenido una gran colaboración de empresas locales de aquí de la Comunitat Valenciana, pero era tan grande, lógicamente, el daño producido que hemos tardado y aún hay, evidentemente, por lo menos trabajo para, me dicen los expertos, hasta 12 meses más de actuación en relación con las reparaciones", ha agregado.
