VALENCIA.- El Consell ha aprobado este viernes el proyecto de la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que tiene como finalidad establecer un nuevo marco regulador para la ordenación del territorio y el urbanismo y que establece que los nuevos instrumentos públicos de vivienda reserven al menos el 50 por ciento de la edificabilidad residencial a vivienda protegida y crea un planeamiento urbanístico simplificado para los municipios de menos de 1.000 habitantes.
El objetivo, según ha expuesto el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, es disponer de una «normativa clara que reduzca burocracia, refuerce la seguridad jurídica y facilite la gestión urbanística» y que constituya un «cambio sustancial».
«Queremos sustituir una legislación urbanística acumulativa por un margen general más ordenado, más comprensible y más operativo», ha concretado el responsable autonómico, que ha garantizado que la nueva norma mantiene «intacto» el compromiso con la protección del territorio y del medioambiente. Sobre la fase de tramitación parlamentaria, ha confiado en que obtenga por parte de los grupos el «máximo consenso posible».
La nueva ley sustituye en su totalidad al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (TRLOTUP). Este texto había experimentado sucesivas modificaciones desde la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, configurando un marco legal «cada vez más complejo, difícil de interpretar y también de aplicar».
Martínez Mus ha resaltado que este es «probablemente uno de los proyectos de ley más significativos en esta legislatura» y plantea un «cambio de enfoque»: «Queremos una legislación urbanística que proteja el territorio, el paisaje y el medio ambiente, que garantice el interés general, pero que al mismo tiempo no ponga obstáculos innecesarios a los procedimientos que de por sí ya son complejos».
Y ha resumido la norma en cuatro propósitos: «simplificar, clarificar, dar seguridad jurídica y hacer más operativa la gestión urbanística».
«Simplificar no significa desregular y tampoco rebajar la protección ambiental, significa eliminar duplicidades, reducir trámites que no aporten garantías reales y conseguir que cada administración, cada ayuntamiento, cada profesional, cada ciudadano sepa con más claridad qué puede hacer, cómo y de qué modo», ha dicho.
En materia de vivienda, Martínez Mus ha hecho hincapié en que la nueva ley también pone el urbanismo al servicio de la misma con la finalidad de que haya suelo disponible y que este pueda transformarse en vivienda protegida. Para ello, incorpora nuevos instrumentos para actuar en los lugares en los que exista una «necesidad acreditada» de vivienda, tanto a escala municipal como territorial.
Al respecto, establece una medida «especialmente significativa»: en los ámbitos residenciales directamente ordenados con estos nuevos instrumentos públicos de vivienda, un mínimo del 50% tendrá que reservarse para vivienda protegida.
También incorpora medidas temporales para facilitar que determinados suelos y edificios «infrautilizados» puedan destinarse a vivienda protegida. «Es una ley que quiere poner suelo al servicio de la vivienda», ha insistido.
Un «segundo gran cambio» afecta al planeamiento urbanístico con la «ambición» de «dejar atrás la idea de que el Plan General debe ser un documento inacabable, que tarda años y años de aprobarse y que después es muy difícil de modificar».
El propósito es que esta situación «cambie radicalmente» y por eso el nuevo modelo plantea que el Plan General sea «estratégico y estructural» y que se pueda desarrollar con instrumentos «más flexibles».
En este sentido, la norma ofrece a los municipios de menos de 1.000 habitantes y aquellos declarados en riesgo de despoblación que puedan utilizar un plan urbanístico «simplificado, adaptado a su dimensión y a sus necesidades reales».
«No tiene sentido ninguno exigir los mismos requisitos, el mismo nivel de complejidad urbanística a una gran ciudad que a un municipio de pocos centenares de habitantes», ha argumentado el vicepresidente tercero.
En otro orden de asuntos, Martínez Mus ha puesto en valor que la nueva ley hace «más comprensible» el régimen de suelo no urbanizable, «diferenciando con más claridad el suelo común del protegido y precisando mejor qué corresponde a la ley y qué al planeamiento». «Simplificar no es legalizar lo que es ilegal», ha garantizado el conseller, que ha recalcado que la protección ambiental «se mantiene» y, de hecho, está «mejor protegida» en la nueva norma.
En materia de disciplina urbanística, ha expuesto que se mantiene e «incrementa» la exigencia, se conserva el sistema de inspección, restauración de la legalidad y sanción, así como la «fuerza» de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que se «potencia».
Otro de los «cambios importantes» son las exigencias urbanísticas. Al respecto, la nueva norma fija «qué necesita licencia y qué puede tramitarse mediante declaración responsable» y introduce la figura de la licencia básica o de parámetros esenciales, que permitirá que la Administración compruebe inicialmente los elementos urbanísticos fundamentales de un proyecto y que, una vez obtenido, se pueda avanzar en la tramitación sin haber de esperar a completar toda la documentación técnica posterior.
El proyecto otorga también «más seguridad» a las declaraciones responsables y establece, con «carácter general», un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior.
«Esto significa más agilidad, pero también más seguridad para ciudadanos, promotores y ayuntamientos, que saben cuál es el plazo y saben cuánto pueden esperar y en qué tiempo tienen la respuesta», ha incidido.
Sobre el «trabajo previo» de elaboración de la citada norma, Vicente Martínez Mus ha destacado que ha sido «detallado y consensuado con todos los agentes intervinientes» y ha pasado por un proceso «exhaustivo» de participación en el que el texto «ha ido cambiando y mejorando a partir de las aportaciones recibidas».
«Las alegaciones de la información pública han sido analizadas individualmente y escrupulosamente y muchas han dado lugar a modificaciones que han ido mejorando el texto», ha valorado. También se han incorporado las aportaciones del dictamen «exhaustivo y muy propositivo» del Comité Económico y Social.
Finalmente, preguntado por si el texto incorpora el medio centenar de «observaciones esenciales» del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el conseller ha asegurado que se han reflejado «prácticamente todas las sustanciales, en los mismos términos que nos han sugerido», porque eran «perfectamente asumibles».
