ALICANTE.- La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en Alicante, ha admitido la personación del sindicato Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) como acusación popular en la causa, según consta en una diligencia de ordenación con fecha de este pasado martes, 2 de junio.
Mostrando entradas con la etiqueta Tribunales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tribunales. Mostrar todas las entradas
miércoles, 3 de junio de 2026
lunes, 1 de junio de 2026
El expolítico y médico Julio de España reitera que es "inocente" en el juicio por supuesta agresión sexual a dos pacientes
ALICANTE.- El expresidente de Les Corts Julio de España (PP) ha utilizado su derecho a
la última palabra en el juicio celebrado contra él en la Sección Segunda
de la Audiencia de Alicante para reiterar que es "inocente" de las
acusaciones de agresión sexual y trato degradante a dos pacientes, por
las que Fiscalía reclama una pena de hasta ocho años de prisión para el
acusado, mientras que la defensa reclama la libre absolución.
De España ha negado haber hecho tocamientos "en la vida" a pacientes y
ha apuntado que ejerce su oficio de médico especialista en aparato
digestivo desde hace "40 años" y desde 2013 pasa consulta y, "hasta
ahora", no ha tenido problemas.
Además, ha enfatizado que realizó los
tactos rectales a las pacientes porque consideró "oportuno" hacer dicha
exploración, al tiempo que ha aseverado que no utilizó las expresiones
que las denunciantes afirman: "En mi vida he usado formas peyorativas
para tratar pacientes".
Por ello, el expresidente de Les Corts
ha negado ante el tribunal los hechos de los que se le acusa y ha
insistido en que es "inocente".
"Al final de los días de uno en su
madurez profesional se encuentra una situación como esta y, desde luego,
ni lo he buscado ni soy cómplice de ella", ha concluido.
El
juicio ha quedado visto para sentencia tras una primera sesión que tuvo
lugar el 7 de mayo, en la que una psiquiatra, un doctor forense y cuatro
médicos realizaron una declaración pericial conjunta y las dos mujeres
ratificaron sus denuncias a puerta cerrada.
Según la acusación
pública, De España, presuntamente sometió a una de las pacientes a
tocamientos en sus partes íntimas mientras le practicaba un tacto
rectal, al tiempo que con las dos mantuvo un trato degradante al
pedirles que se pusieran a "cuatro patas" para ello y a una le dijo,
además, que lo hiciera como si estuviera "castigada".
Ambas habían
acudido a la clínica para una valoración por problemas de intolerancia a
ciertos alimentos y con digestiones pesadas e inflamación intestinal.
El ministerio fiscal ha mantenido la petición de una pena de hasta
cuatro años por un delito de agresión sexual en el caso de la primera
paciente y de dos años por cada uno de los dos delitos de trato
degradante al que considera que las cometió.
En cuanto a las
indemnizaciones, ha elevado la petición a 12.000 euros para la primera y
6.000 para la segunda.
Fiscalía sustenta esta petición en que la actuación del expresidente de
Les Corts fue "sin consentimiento válido" y con un "lenguaje" y
"comportamiento" que convirtieron a las pacientes en "víctimas".
Además,
de acuerdo con el contenido de los informes médicos forenses, considera
que no procedía realizar un tacto rectal y la forma de hacerlo fue
"improcedente".
En el caso de la paciente que presuntamente
sufrió tocamientos en la zona genital, el fiscal ha señalado que "el
bloqueo no es consentimiento" y ha afirmado que "consentir no es
obedecer", sino "saber qué se hace" y "qué se busca".
Esta
paciente, además, ejerce como enfermera, por lo que Fiscalía ha
sostenido que "conoce su cuerpo y sabe distinguir lo que es un
tocamiento de un tratamiento injustificado".
Además, ha
resaltado el lenguaje "soez, humillante, cosificador e impropio de una
consulta médica" que supuestamente utilizó De España, al tiempo que ha
remarcado que la paciente, tras superar un "trastorno postraumático
agudo", evitó ser vista por otros médicos varones.
Por parte
de la defensa, ha solicitado la sentencia absolutoria tras señalar que
el expresidente de Les Corts es "inocente" de los cargos que se le
atribuyen.
"Actuó en su consulta como con cualquier paciente", ha
añadido.
También ha recordado que los doctores especialistas
en digestivo que comparecieron en la sesión anterior determinaron que
"no era una prueba en desuso", que se realiza "a diario" y que es
"inocua, rápida y eficaz", además de la "única" que se puede efectuar en
"una primera consulta".
Asimismo, la abogada ha defendido que
la realización de un tacto rectal no requiere de un consentimiento
"escrito", sino "verbal", y ha aseverado que de España informó
"verbalmente" y no recibió "oposición" de las pacientes "de forma
expresa".
Por parte de la
acusación particular, el letrado de una de las víctimas ha resaltado el
"ánimo libidinoso" y el "contexto sexualizado" en las consultas de las
pacientes con el acusado.
En este sentido, ha acusado al
denunciado de aprovecharse de su "posición facultativa" para efectuar el
tacto rectal y ha cuestionado si fue un "acto médico" o "un paripé"
para "dar rienda" a "sus instintos sexuales".
De otro lado, la
abogada de la denunciante que supuestamente recibió tocamientos en su
zona íntima ha acusado al expresidente de Les Corts de inventarse que la
paciente tenía "rectorragias", ya que "no disponía del historial médico
en el momento de la consulta".
Así, ha mantenido que los
peritos que contaron con historial clínico completo y con una entrevista
personal indican que, en este caso, "no es necesario" realizar un
"tacto rectal", al tiempo que ha añadido que todos los doctores
presentes en la anterior sesión afirmaron que "no" procedían los
"tocamientos vaginales".
Finalmente, ambos letrados han
solicitado una pena de cuatro años por cada uno de los delitos de
agresión sexual que le atribuyen a sus clientes y otra de dos años para
cada por trato degradante.
jueves, 28 de mayo de 2026
Diez detenidos del Este en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Alicante ordenada por la Audiencia Nacional
MADRID.- Una operación antiterrorista de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de diez personas en una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional en Alicante, según han confirmando fuentes de la investigación.
Los arrestados son ciudadanos de Europa del Este y fueron detenidos en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Alicante, Xixona y la zona de Torrevieja y Orihuela Costa, en la comarca de la Vega Baja.
La operación ha precisado de un amplio dispositivo liderado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), contando con la colaboración de otras unidades de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Las citadas fuentes han precisado que está previsto que los arrestados, acusados de terrorismo y otros delitos, pasen a disposición judicial este viernes.
viernes, 22 de mayo de 2026
Morant, ante la querella del conseller de Sanidad por sus acusaciones: "No me van a callar"
ALICANTE.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que "no" la "van a callar", tras conocerse que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra ella por acusarle en un acto de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública".
Al ser preguntada por esa
querella, ha resaltado: "Si el señor conseller considera que poniéndome
una denuncia va a evitar que yo le cuente a la gente lo que está
pasando, no lo va a hacer. A mí no me van a callar".
Gómez
anunció el pasado 2 de abril que preveía seguir adelante con la querella
anunciada contra Morant tras no presentarse la dirigente socialista ni
su representación legal a un acto de conciliación previo en el que le
pedía que se retractara de esas afirmaciones, que realizó en un acto en
febrero.
"En la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en
sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada", dijo
Morant, quien añadió que el conseller de Sanidad "se está lucrando con
la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que
tiene que ver con Ribera Salud".
La secretaria general de los socialistas valencianos ha afirmado este
viernes que en la Comunitat Valenciana hay un conseller de Sanidad,
Gómez, que "renueva el concierto" en el Hospital del Vinalopó, en el
departamento de Elche-Crevillent, "el único hospital que quedaba privado
después de la reversión de todos los hospitales privados que hizo Ximo
Puig", 'expresident' de la Generalitat.
"Se acababa la
concesión y la han renovado", ha agregado Morant, quien ha incidido en
que Gómez ha formado parte como conseller de Sanidad de los gobiernos
del anterior jefe del Consell, Carlos Mazón, y del actual, Juanfran
Pérez Llorca.
Además, ha sostenido que la concesión de ese
hospital se ha renovado "siendo cuestionada" por "algunos informes
técnicos".
"Pero aquí donde empieza a oler raro es con que quien el
gobierno, es decir, el señor conseller, negocia esos precios y esa
compensación es con su cuñada", ha apuntado.
"Su cuñada
representa económicamente a la empresa Ribera Salud y después, además,
la empresa Ribera Salud ha comprado la clínica en la que trabaja como
director en Benidorm el hermano del conseller", ha añadido, al tiempo
que ha sentenciado: "Como mínimo, nos tendremos que hacer preguntas".
jueves, 21 de mayo de 2026
El conseller de Sanidad se querella en el Tribunal Supremo contra Morant por acusarle de "lucrarse con la privatización de la sanidad"
VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, por acusarle en un acto de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública", según han confirmado hoy fuentes conocedoras de la decisión.
Gómez anunció el pasado 2 de abril que preveía seguir adelante con la querella anunciada contra Morant tras no presentarse la dirigente socialista ni su representación legal a un acto de conciliación previo en el que le pedía que se retractara de esas afirmaciones, que realizó en un acto en febrero.
"En la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada", dijo Morant, quien añadía que el conseller de Sanidad "se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud".
Gómez sostenía que Morant actuó como "dirigente política de primer nivel y plenamente consciente del alcance de sus palabras" cuando realizó estas manifestaciones públicas en la sede de la Delegación de Gobierno, que fueron recogidas "por numerosos medios de comunicación de alcance autonómico y nacional".
Asimismo, alegaba que también colgó estas declaraciones en un vídeo en su cuenta de X --antes Twitter-- @DianaMorantR, en la que se define como Ministra de @CienciaGob.
Para la defensa del conseller --que pedía una indemnización fijada provisionalmente en 30.000 euros por daños morales e institucionales--, esas manifestaciones fueron realizadas "con clara vocación de difusión pública", reproducidas por numerosos medios de comunicación y alcanzaron una repercusión "masiva y sostenida".
En ese momento ya advirtió que la incomparecencia "injustificada" o la "ausencia de retractación" serían interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarían el ejercicio de acciones penales, que se han formalizado finalmente este miércoles con la querella presentada ante el TS, que es el órgano competente dada la condición de aforada de Morant como miembro del ejecutivo central.
viernes, 15 de mayo de 2026
La jueza de la dana rechaza la petición de Mazón para designar los documentos a adjuntar a su recurso ante la Audiencia
VALENCIA.- La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechazado la petición del expresident de la Generalitat Carlos Mazón para la designación de particulares --documentación-- para aportar en su recurso ante la Audiencia Provincial contra la denegación de su solicitud de personarse en la causa.
La magistrada, que niega que se
haya producido ninguna indefensión, subraya que Mazón no es parte en el
procedimiento, por lo que la obtención de particulares "no se puede
admitir respecto de quien no es parte, y menos aún de forma anticipada".
Así lo acuerda en un auto en el que desestima el recurso de revisión
interpuesto por la representación de Carlos Mazón y confirma el decreto
por el que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) denegó la
designación de particulares que había solicitado.
El fiscal
había pedido a la instructora que estimara ese recurso porque esa
designación de particulares "constituye una facultad consustancial al
propio derecho a la segunda instancia" y permite al tribunal que debe
resolver sobre esta cuestión "tener acceso al contenido del expediente
judicial que resulte relevante para ello".
Sin embargo, la
magistrada señala que estimar ese recurso supondría dar al expresidente
de la Generalitat "un acceso anticipado a la causa" pese a que ostenta
la condición de testigo --su declaración se ha aplazado hasta que
resuelva la Audiencia su recurso sobre su personación--, y añade que su
posición procesal no ha variado desde que se acordó su declaración
testifical.
De hecho, resalta que el testigo tuvo la
posibilidad de acceder al procedimiento "en aplicación de lo dispuesto
en el art.118 bis de la Lecrim", en las tres ocasiones en que se le
ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria.
En
cualquier caso, la instructora recuerda que los particulares (los
documentos de la causa) que interesa incorporar a su recurso el exjefe
del Consell ya se han unido a la tramitación de ese recurso a instancias
del Ministerio Fiscal y que las resoluciones dictadas por la Sección
Segunda de la Audiencia de Valencia ya están en posesión del tribunal.
Asimismo, apunta que alguno de esos documentos pedidos en su momento
no se disponían en la causa, como el auto de 16 de marzo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que inadmitía su
exposición razonada --e investigarle, resolución que era de acceso
público a través de la web del Consejo General del Poder Judicial.
Además, añade que si la Audiencia Provincial lo estimara pertinente
podría, en uso de la facultad del artículo 766. 3 de la Lecrim, acceder a
los particulares designados por el recurrente para resolver la
apelación pero incide en que la admisión anticipada a través del acceso a
la causa mediante la designación de particulares "sería contradictoria
con la denegación de personación del recurrente".
El fiscal apoya el recurso de Mazón para poder designar los documentos que sustenten su recurso ante la Audiencia
VALENCIA.- El ministerio fiscal ha presentado un escrito en el que apoya la
petición del expresident de la Generalitat Carlos Mazón para la
designación de particulares --documentación-- que pueda aportar en su
recurso ante la Audiencia de Valencia contra la decisión de la jueza de
Catarroja que investiga la gestión de la dana y que rechaza
que pueda personarse en el procedimiento.
La magistrada que
instruye la gestión de las riadas que el 29 de octubre de 2024 dejaron
230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha citado a Mazón como
testigo --tras descartar el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana su investigación--, aunque ha aplazado la
comparecencia hasta que la Audiencia resuelva sobre su recurso de
apelación contra el auto del 31 de marzo en el que denegaba su
personación.
El representante de la acusación pública
considera "procedente" acceder a la petición de designación de
particulares efectuada por Mazón. Para la Fiscalía, esa designación de
documentos judiciales, cuya remisión a la Audiencia pide el
'expresident', "constituye una facultad consustancial al propio derecho a
la segunda instancia" y permite al tribunal que debe resolver sobre
esta cuestión "tener acceso al contenido del expediente judicial que
resulte relevante para ello".
Al respecto, añade en el
escrito que el ordenamiento
procesal penal prevé en el artículo 766.3 de la LECrim, "el señalamiento
de tales particulares en el recurso de apelación, así como, una vez
admitido a trámite el recurso, en los escritos de alegaciones del resto
de partes".
En consecuencia, y una vez se ha admitido a
trámite, ese recurso de apelación en una diligencia de ordenación del
juzgado del 15 de abril, es "pertinente" aceptar la designación de
particulares señalados por Mazón "con la finalidad de salvaguardar el
derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, y en aplicación
del principio 'pro actione'" --interpretación de las normas procesales
de la forma más favorable para el acceso a la justicia-- y remitirlos a
la Audiencia "para la adecuada resolución del recurso de apelación
interpuesto, sin que tal señalamiento constituya un acceso a las
actuaciones por parte del recurrente".
"Evidentemente, la
situación procesal actual del recurrente le impide acceder al contenido
del expediente judicial, como reconoce expresamente en su recurso de
apelación. Precisamente por ello, la designación de particulares se
efectúa de forma genérica, sin señalar los folios de la causa o los
números identificativos de los documentos del expediente electrónico
judicial", concluye el fiscal.
martes, 12 de mayo de 2026
El Ayuntamiento de Alicante recurrirá la sentencia que anula parte del pliego del contrato de autobús
ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante presentará un recurso de apelación, por
"razones evidentes", contra la sentencia del juez titular de plaza
nº 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de
Instancia de Alicante que ha anulado parte del pliego del contrato del
transporte público urbano en autobús de la capital alicantina por los
requisitos de solvencia técnica exigidos. Desde el consistorio han
defendido su gestión: "Lo hicimos bien".
Así lo ha indicado el
vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, en la rueda de prensa
ofrecida este martes tras la junta de gobierno local, aunque en esta
comparecencia también ha insistido que el ejecutivo del alcalde Luis
Barcala respeta las decisiones judiciales.
La sentencia
declara "contraria a Derecho" la cláusula 28.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, que es la que exigía "experiencia en
servicios de transporte urbano de autobuses, con al menos un contrato en
los tres últimos años en el que la flota cuente con un mínimo de 71
autobuses en servicio en día laborable".
El juez entiende que
"esta cláusula constituye el punto central del litigio". Así, el
magistrado ordena al Ayuntamiento de Alicante a "reformular los
requisitos de solvencia técnica de forma proporcionada y abierta a
experiencias equivalentes".
Al ser preguntado por esta sentencia, Villar ha dicho que el
consistorio recurrirá por "varias razones evidentes" y ha señalado que
la ciudad de Alicante "debe ser lo suficientemente exigente con quien
debe prestar" servicios como el del transporte público en autobús.
Sobre la solvencia, ha indicado: "Para nosotros no era excesiva y
para el juez sí. Estamos hablando de valoraciones. Por tanto, esa
circunstancia nos hace estar tranquilos en que vamos a recurrirla,
evidentemente, porque estamos hablando de cuestiones subjetivas".
El vicealcalde ha insistido en que la sentencia no dice al
Ayuntamiento de Alicante cuál es la solvencia que tendría que haber
planteado, por lo que el recurso está "claro".
"Yo creo que haríamos mal
si la décima ciudad de España no es lo suficientemente exigente en los
servicios, como el transporte, que pretende que se le preste a sus
ciudadanos. Y, por tanto, a partir de ese momento, creemos que lo
hicimos bien y, evidentemente, recurriremos", ha defendido.
Preguntado sobre qué podría pasar en el caso de que no prospere ese
recurso, Villar ha confirmado que se tendría que hacer una nueva
licitación del contrato, es decir, que "habría que empezar de cero".
También ha abundado en que la asociación que ha llevado a los tribunales
el pliego del contrato, Gestión Transporte de Viajeros (GTV), no
participó en la licitación.
El vicealcalde, que espera que el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dé la
razón al Ayuntamiento de Alicante, ha trasladado que entiende que no
habría que indemnizar a la concesionaria en el caso de que se le
retirara el contrato.
Desde la
oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana
Barceló, ha pedido que "se depuren responsabilidades políticas" por el
"caos permanente" en "la contratación de los grandes servicios
municipales".
"Con Barcala, los grandes contratos siempre
acaban igual: recurridos, judicializados o cuestionados por los
tribunales. Alicante no puede seguir funcionando a base de chapuzas
administrativas y contratos mal hechos que acaban perjudicando a los
alicantinos y alicantinas", ha indicado Barceló.
El grupo
socialista ha precisado, en un comunicado, que Barceló ha afirmado que
esto "ya no responde a errores puntuales, sino a una forma de gobernar
marcada por la improvisación, la falta de planificación y la incapacidad
para gestionar con seguridad jurídica los principales contratos de esta
ciudad".
Respecto al contrato del transporte urbano, Barceló
ha criticado las explicaciones ofrecidas por el equipo de gobierno y ha
advertido de la "gravedad" de la sentencia: "El tribunal dice
literalmente que se han vulnerado los principios de proporcionalidad y
libre concurrencia, que se ha favorecido a operadores ya implantados y
que el pliego prefiguraba al candidato. Estamos hablando de algo mucho
más serio de lo que el PP intenta aparentar".
En este sentido,
la portavoz del PSPV en el consistorio ha acusado al ejecutivo de
Barcala de "intentar minimizar una resolución judicial muy grave que
cuestiona elementos esenciales del procedimiento de contratación".
Por su parte, EU-Podem ve "muy grave" esta sentencia y cree que
"confirma las sospechas" de la coalición: "El concurso estaba planteado
para favorecer a la empresa de siempre y dificultar la competencia
real".
En un comunicado, este grupo municipal ha indicado que
"esto no puede presentarse como un simple error técnico".
"Estamos
hablando de un contrato millonario y de un servicio esencial para la
ciudad. Alguien decidió incluir esas condiciones y alguien tiene que
asumir responsabilidades políticas", ha apostillado.
Por ello,
EU-Podem ha exigido al gobierno del PP "que explique quién redactó y
avaló este pliego y que no utilice dinero público para alargar el
procedimiento con recursos judiciales innecesarios".
"Si el proceso debe
reiniciarse, tiene que hacerse con transparencia, igualdad de
condiciones y pensando únicamente en el interés general y en mejorar el
transporte público de Alicante", ha aseverado, para finalmente
sentenciar que "no es la primera vez que una gran adjudicación municipal
del PP acaba cuestionada en los tribunales".
De otro lado, la entidad que llevó a los tribunales el pliego, GTV,
ha avanzado que también recurrirá la sentencia, al considerar que, "pese
a ser favorable, se queda corta y no llega a anular la totalidad de los
vicios denunciados".
"El problema no acaba en la cláusula de
solvencia. Desde GTV denunciamos que el conjunto del pliego configuraba
un sistema en el que la adjudicataria no podía perder bajo ningún
escenario imaginable", ha añadido.
Y ha apuntado: "Buena parte
de los criterios automáticos (kilómetros adicionales, mamparas, mejoras
tecnológicas) se convirtieron en puntos decorativos que no
discriminaron entre ofertas. Aunque un competidor hubiera ofertado
regalar el servicio gratuitamente al Ayuntamiento, no habría podido
ganar. Esto no es competencia: es una pantomima documentada".
Desde GTV han avanzado, así, que pedirán al TSJCV "la anulación íntegra
de los pliegos y la consiguiente declaración de nulidad de pleno derecho
del procedimiento por vulneración estructural de los principios de
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad".
"El Ayuntamiento de Alicante diseñó un procedimiento que tenía nombre y
apellidos antes de abrirse los sobres. La sentencia es un primer paso
importante, pero no es suficiente. Vamos a exigir ante el TSJCV que se
anule íntegramente una licitación que era un fraude técnico al principio
de libre concurrencia, y no descansaremos hasta que el Ayuntamiento
saque una licitación verdaderamente abierta a la competencia, y no un
trámite cosmético para que gane el de siempre", han recalcado desde la
asociación.
A juicio de GTV, "el transporte urbano de Alicante
es un servicio público esencial que exige procedimientos de licitación
abiertos, equitativos y respetuosos con los principios de transparencia y
no discriminación".
lunes, 11 de mayo de 2026
Ciudadanos pide a la jueza de las VPP que deniegue a la Generalitat su petición de personarse como acusación particular
ALICANTE.- La acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos en la causa que
investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en
el residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, ha pedido a
la jueza que deniegue a la Generalitat su petición de personarse en el
procedimiento como acusación particular.
Así se recoge en un
escrito fechado el pasado 8 de mayo, en el que esta formación política alega contra el hecho de que el
gobierno autonómico, del PP, haya pedido a la jueza que acepte su
personación mediante esa fórmula para "no ser un mero testigo del
proceso penal" y "poder intervenir activamente como parte procesal
afectada".
Según Ciudadanos, permitir que la Generalitat se
persone como acusadora particular le permitiría "intervenir en
interrogatorios de sus propios funcionarios o técnicos con una posición
de parte, pudiendo condicionar las declaraciones para salvaguardar el
prestigio de la institución".
Además, cree que esa solicitud
del Consell "envenena la pureza del proceso penal, introduce intereses
extrajurídicos y genera un conflicto de intereses insalvable entre su
deber de transparencia y su estrategia de parte acusadora".
"Su exclusión es la única vía para garantizar un proceso con todas las
garantías y evitar que la administración utilice la jurisdicción penal
como un escudo para sus propias responsabilidades", ha apuntado
Ciudadanos.
La formación
resalta que "la pretensión de la Generalitat Valenciana de personarse
como acusación particular debe ser rechazada de plano", por "carecer de
la cualidad" de "ofendida" o "perjudicada" en los "términos estrictos
que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia que la
interpreta".
En este sentido, añade que "la jurisprudencia del
Tribunal Supremo establece" que el concepto de "ofendido" se
circunscribe "exclusivamente al titular del bien jurídico directamente
lesionado por la acción delictiva".
También señala que, "en el
presente caso, el bien jurídico protegido por los delitos que se
investigan en torno" a la promoción de Les Naus, como "prevaricación,
malversación o fraude, según el caso, entre otros más", es "la probidad
administrativa y el recto funcionamiento de la función pública".
"Estos bienes son, por definición, de carácter colectivo y
supraindividual", resalta, para posteriormente hacer hincapié en que la
administración autonómica no es propietaria de la "probidad", sino su
"garante".
"Por tanto, su posición jurídica es la de un gestor de la
legalidad, no la de una víctima que haya sufrido un menoscabo en su
esfera patrimonial privativa", ha apostillado.
Y ha
continuado: "El interés público no es equivalente al perjuicio
particular. Si se permitiera a la Generalitat Valenciana personarse como
acusación particular por el mero hecho de que se investiguen
irregularidades en su ámbito de competencia, se produciría una
hipertrofia acusatoria, donde la administración tendría un doble papel
de juez (en vía administrativa) y parte (en vía penal)".
En
esta línea, considera que el gobierno autonómico "actúa en este proceso"
como "titular de la competencia", pero "no" como "titular del derecho
lesionado", y que "el sujeto pasivo de un presunto fraude en VPP no es
la administración que redacta la norma, sino, en todo caso, la
colectividad de ciudadanos o el erario público en abstracto".
Ciudadanos cree que, para que la Generalitat pudiera ser considerada
"ofendida", el "delito tendría que haber recaído sobre bienes de su
patrimonio privado o demanial de forma singularizada" y "no" sobre la
"gestión" de un programa de vivienda.
"Nuestro Tribunal Supremo en su
jurisprudencia es tajante, pues explica que cuando el bien jurídico es
difuso, la administración no puede ocupar el lugar del ofendido
directo", ha añadido.
También menciona que el artículo 124 de la Constitución encomienda al
Ministerio Fiscal la "misión" de "promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley".
Al respecto, ha abundado en
que, "dado que la Generalitat Valenciana parece ser que intenta con su
personación defender precisamente" ese "interés público" y la
"legalidad" en materia de vivienda, "su personación como acusación
particular resulta redundante e innecesaria, pues esa función ya está
constitucionalmente asignada al Ministerio Público".
"Generaría un desequilibrio procesal (ruptura de la igualdad de armas),
al permitir que dos instituciones públicas ejerzan la misma función bajo
etiquetas distintas, con una duplicidad de esfuerzos acusatorios
públicos que no encuentra amparo en la naturaleza del perjuicio
alegado", ha proseguido.
Ciudadanos entiende que el
"perjuicio" que la Generalitat podría alegar es que "determinadas
viviendas no cumplieron con su fin social o que hubo una desviación en
la aplicación de las ayudas", pero cree que, "sin embargo, esto
constituye una frustración de la función pública, no un menoscabo de la
titularidad dominical" de la administración autonómica.
Del
mismo modo, resalta el Consell que "no ha concretado", "ni puede
concretar", "qué partida presupuestaria ha sido detraída de su
patrimonio neto de forma que le genere un derecho de crédito directo
contra los investigados".
Desde este partido han insistido en
que, "para que exista perjuicio patrimonial, debe existir una relación
de propiedad o posesión", y que, "en la promoción de Les Naus, los
bienes inmuebles están destinados a ser transferidos o gestionados en
beneficio de terceros (ciudadanos con derecho a vivienda)" y, "por
tanto", la Generalitat "no ha sufrido una disminución de su activo (los
edificios no han desaparecido de su esfera de control por un robo o
estafa directa contra su caja), ya que lo que se investiga es una
presunta irregularidad en la adjudicación o gestión, lo cual es un
ilícito de carácter puramente público o de probidad".
"La
Generalitat no ha aportado un informe de fiscalización que determine un
'quantum' indemnizatorio directo a su favor. De admitirse su personación
como acusación particular, se permitiría que una entidad que ostenta
potestades administrativas (como la de recuperación de oficio o sanción
administrativa) se posicione en el proceso penal para reclamar una
indemnización por un daño que ya tiene cauces de reparación
administrativos propios", ha aseverado.
Y ha indicado: "Al no
existir una merma en el patrimonio privativo de la Generalitat
Valenciana, sino una supuesta quiebra de la legalidad administrativa, la
pretensión de personarse como perjudicada carece de sustento fáctico y
jurídico, debiendo ser rechazada".
Desde Ciudadanos también han alegado, frente a esa petición de la
Generalitat, que aceptar su personación como acusación particular
basándose en su "interés por la legalidad" supone "una vulneración
flagrante del principio de igualdad de armas", al tiempo que ha incidido
en que la institución autonómica "ya dispone de privilegios
exorbitantes en el tráfico jurídico", como "potestad sancionadora,
capacidad de inspección y capacidad de ejecución forzosa".
"La
pretensión de la Generalitat de ser acusación particular es un intento
de fraude procesal", creen desde la acusación popular que ejerce
Ciudadanos, que ve una "diferencia técnica insalvable" entre, por un
lado, la "legitimación por competencia" de la administración autonómica
"para inspeccionar Les Naus, sancionar administrativamente o retirar
calificaciones de VPP", como "legitimación extraprocesal", y, por otro,
la "legitimación por perjuicio", que "es la que exige" la ley "para ser
parte en el proceso penal".
viernes, 8 de mayo de 2026
Ceaqua cree que el archivo de la querella contra Martín Villa por Teófilo del Valle "ampara actuaciones criminales"
ALICANTE.- La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua) ha criticado este viernes la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante de archivar la querella interpuesta, entre otros, contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte del trabajador Teófilo del Valle el 24 de febrero de 1976 en el municipio alicantino de Elda.
La entidad cree que esta resolución, "una vez más,
consolida el modelo de impunidad del Estado español" y "ampara
actuaciones criminales franquistas y a sus presuntos responsables".
Así lo ha manifestado esta asociación en un comunicado, después de
que la Sección Décima de la Audiencia haya estimado el recurso de
apelación interpuesto por Martín Villa respecto a la admisión a trámite
de esa denuncia, presentada por el hermano de Teófilo, José Antonio del
Valle Pérez. La Sala entiende que los delitos atribuidos no estaban
tipificados en 1976 y que, además, estarían prescritos.
Desde
Ceaqua han afirmado que "la resolución judicial dictada" en un auto
contra el que no cabe recurso, "con carácter previo a ser notificada a
José Antonio del Valle, querellante y hermano del asesinado, ha sido
filtrada a los medios de comunicación".
También han recalcado
que la "actuación" de la Audiencia "ampara actuaciones criminales
franquistas y a sus presuntos responsables", "recuerda los privilegios
que estos mantienen" y, "en definitiva, niega los derechos más básicos a
los familiares de Teófilo e incumple las obligaciones internacionales
contraídas por el propio Estado en esta materia".
"Dicho incumplimiento
ha sido severamente censurado desde, entre otras instancias, el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", han aseverado.
Ceaqua ha abundado en que "los hechos denunciados se produjeron en el
contexto de las duras represiones policiales sufridas por los
trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante
las movilizaciones de febrero de 1976".
"El asesinato de
Teófilo del Valle fue la primera muerte violenta ocasionada por las
fuerzas del orden público tras la toma de posesión de la Jefatura del
Estado de Juan Carlos I. En aquellas fechas Martín Villa era ministro de
Relaciones Sindicales y Daniel Aroca uno de los miembros de la Policía
Armada que disparó a Teófilo del Valle", ha subrayado esta entidad.
Desde Ceaqua han reiterado que "la responsabilidad en cuanto al
mantenimiento de las políticas de impunidad no solo recae en el Poder
Judicial" y que "la corresponsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y
sus grupos políticos es evidente".
Así, consideran que,
"después de cientos de resoluciones judiciales dictadas en términos muy
similares a la antedicha", "no ha habido" ninguna medida legislativa
"ciertamente efectiva" para "revertir estas políticas asumidas,
mantenidas y fomentadas por el Estado español", han afirmado.
"Causa estupor que, ante tamaña incapacidad política, tengamos que
escuchar reflexiones más o menos sesudas respecto al auge y crecimiento
de la extrema derecha en el conjunto del Estado", han agregado.
En esta línea, han apostillado: "La resolución dictada por la
Audiencia Provincial será recurrida y denunciada ante las instituciones
internacionales competentes en el supuesto que sea inadmitida demanda de
amparo ante el Tribunal Constitucional".
Finalmente, han incidido en que, "por muchas resoluciones judiciales
que se dicten en el marco de las políticas de impunidad indicadas",
desde Ceaqua seguirán exigiendo, "a todos los niveles, que se garantice
adecuadamente y conforme a los estándares internacionales el derecho a
la tutela judicial efectiva a todas las personas y sus familiares que
sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la
dictadura franquista y la transición".
martes, 5 de mayo de 2026
El TC admite el recurso del Gobierno y suspende varios artículos de la modificada Ley Trans valenciana
VALENCIA.- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central y ha suspendido varios artículos de la modificación realizada en 2025 de la Ley 8/2017 Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género de la Comunitat Valenciana.
jueves, 30 de abril de 2026
La jueza envía a prisión a tres de los detenidos por el crimen del empresario Jesús Tavira
ALICANTE.- La magistrada titular de la plaza nº 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por el crimen del empresario Jesús Tavira, de 63 años, cuyo cadáver fue hallado enterrado este martes a más de dos metros de profundidad en un aljibe de una vivienda de la pedanía alicantina de El Bacarot, en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo.
La investigación apunta al móvil económico en el asesinato del empresario Jesús Tavira
ALICANTE.- La investigación de la Policía Nacional apunta al móvil económico como hipótesis del asesinato del empresario Jesús Tavira, de 63 años, cuyo cadáver fue hallado enterrado este martes a más de dos metros de profundidad en un aljibe de una vivienda de la pedanía de El Bacarot, en la ciudad de Alicante, en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo.
miércoles, 29 de abril de 2026
Mazón rechaza pronunciarse sobre el proceso judicial de la dana aunque reconoce que es "difícil mantener ese silencio"
VALENCIA.- El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha rechazado pronunciarse sobre el proceso judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha evitado concretar si entregará voluntariamente sus mensajes de aquel día a la jueza de Catarroja, aunque ha reconocido que ahora le resulta «difícil mantener ese silencio», pero ha recalcado que no va a «hablar» sobre ello por «respeto» a la investigación.
«Se trata de tener principios y, en cualquier caso, hay que mantenerlos», ha señalado.
Descartan que la desaparición del empresario Tavira esté relacionada con el crimen de la viuda de la CAM
ALICANTE.- La investigación en torno a la desaparición del empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, Vicente Sala, señala a un posible ajuste de cuentas por deudas y no con aquel crimen.
miércoles, 22 de abril de 2026
Barcala reitera su "colaboración" con la jueza de las VPP tras la citación como investigada de una exedil
ALICANTE.- El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha resaltado la
"colaboración" del Ayuntamiento "desde el primer minuto" con la
investigación judicial por la adjudicación de viviendas de protección
pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan,
después de que la jueza haya citado como investigadas a 15 personas,
entre las que están la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la
exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María
Pérez-Hickman.
Así lo ha manifestado este miércoles el primer
edil en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha
señalado que entiende "perfectamente" esa resolución.
"Encuadra dentro
de lo que dije desde un principio", ha apuntado.
La jueza,
además de a Gómez y a Pérez-Hickman, ha citado como investigados a
funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda de la
Generalitat Valenciana, así como a diez beneficiarios de las
adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa
promotora del complejo, al administrador único.
En total son 15 personas
investigadas, que se suman a otras siete que declararán como testigos.
El primer edil ha incidido en que tendrá que responder "todo aquel
que haya accedido a las viviendas de forma irregular", ya que, bajo su
punto de vista, "ese es el objeto de la investigación judicial, ese es
el objeto de la resolución que ahora ha dictado" la jueza, "que es quien
tiene que dilucidar".
El alcalde ha mostrado "máximo respeto a
las resoluciones judiciales" y ha asegurado que desde el consistorio
han aportado al juzgado "todo" lo que se les ha solicitado, al tiempo
que ha enfatizado que "otras investigaciones" es "obvio que no tienen la
trascendencia que tiene esta, que esta es la que de verdad va a depurar
responsabilidades".
Al ser preguntado sobre si mantendrá a
Pérez-Hickman como jefa de Contratación, Barcala ha subrayado que "no"
va a hacer "absolutamente ninguna valoración por varias razones". Entre
ellas, según ha apuntado, porque la jueza "está actuando".
"Esa
actuación es la que tendrá o no consecuencias y en base a eso se tomarán
decisiones", ha indicado.
Del mismo modo, al ser cuestionado
sobre si cree que se equivocó con la elección de Rocío Gómez, que
integró las listas municipales del PP en 2023, se ha negado a hacer
declaraciones al respecto, ya que, a su juicio, "esas son unas
cuestiones de valoración o de opinión que no aportan absolutamente
nada".
Por otro lado, Barcala ha confirmado
su comparecencia en la comisión municipal sobre VPP y en la de
investigación constituida en Les Corts tras la polémica por las
adjudicaciones del residencial de Playa de San Juan.
El primer
edil ha señalado que en estas comparecencias responderá sobre este
tema.
"Por respeto a todos los miembros de esas comisiones, cualquier
explicación al respecto me la reservaré para entonces", ha remarcado.
Asimismo, al ser preguntado sobre si se ocultó la voluntad de
técnicos para responder por escrito en la comisión municipal, el primer
edil ha asegurado que "afirmar eso es una falsedad".
"No voy a decir
absolutamente nada más. Decir eso es una falsedad, punto, y no amplío
nada", ha enfatizado el primer edil.
En este sentido, Barcala
ha indicado que será el vicealcalde de Alicante y presidente de ese
órgano, el 'popular' Manuel Villar, el que dé "explicaciones".
"Yo no
participo en la comisión, yo no presido la comisión, yo no tomo
decisiones sobre la comisión, pero sí me consta que lo que se ha
afirmado es falso", ha añadido.
En otro orden de cosas, al ser cuestionado sobre si se va a facilitar
el resultado de los expedientes abiertos a funcionarios, el alcalde ha
subrayado que "eso es materia absolutamente reservada y los primeros que
no permiten su difusión son los propios sindicatos".
miércoles, 15 de abril de 2026
El juzgado de la dana da cinco días a fiscal y el resto de partes para que aleguen al recurso de Mazón
VALENCIA.- El juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de
octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia
ha dado cinco días a Ministerio Fiscal y al resto de partes para que
presenten las alegaciones que consideren al recurso de apelación del
'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia contra la
decisión de la magistrada que rechaza que pueda personarse en la causa.
Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia (LAJ), de fecha de este miércoles, en la que
tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación de
Mazón, si bien señala que no cabe el trámite procesal de designación de
particulares --señalar qué documentos, actas o piezas específicas de un
expediente original deben copiarse-- dado que el 'expresident' no tiene
acceso a las actuaciones.
La jueza instructora rechazó la
solicitud del exmandatario --a quien ha citado para una testifical-- de
personarse en el procedimiento esgrimiendo que la figura del denominado
'testigo asistido' no existe en España.
El recurso de
apelación del 'expresident' se articula en torno a cinco ideas: una
"anomalía procesal relevante" derivada del momento en que se elevó la
exposición razonada al TSJCV --que rechazó su investigación--; la
generación de una "seria indefensión" desde el punto de vista procesal;
rechaza que pueda afirmarse que Mazón dejó pasar una supuesta
oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores;
que el derecho a personarse surge "desde el momento en que se practica o
se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y
permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta" y entendía que,
más allá de las declaraciones formales que niegan responsabilidad
penal, "la realidad material del procedimiento "revela que la
instrucción sigue proyectándose" sobre el 'expresident'.
jueves, 2 de abril de 2026
Bernabé acusa a Feijóo y a Llorca de "seguir escudando a Mazón" para que no diga toda la verdad a la jueza de la dana
VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de «seguir escudando» al 'expresident' Carlos Mazón, quien sigue como aforado ante la justicia al mantener el acta de diputado 'popular' en Les Corts, para, a su juicio, que «no diga toda la verdad» ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos.
Gómez prevé seguir adelante con la querella contra Morant por "calumniarlo" tras no acudir ella a la conciliación
VALENCIA.- El conseller de Sanidad de la Generalitat valenciana, Marciano Gómez, prevé seguir adelante con la querella anunciada contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, --que le acusó de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública»-- tras no presentarse la dirigente socialista, ni su representación legal, al acto de conciliación previo convocado este jueves.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)