El juzgado de la dana da cinco días a fiscal y el resto de partes para que aleguen al recurso de Mazón

 VALENCIA.- El juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha dado cinco días a Ministerio Fiscal y al resto de partes para que presenten las alegaciones que consideren al recurso de apelación del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia contra la decisión de la magistrada que rechaza que pueda personarse en la causa.

Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), de fecha de este miércoles, en la que tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación de Mazón, si bien señala que no cabe el trámite procesal de designación de particulares --señalar qué documentos, actas o piezas específicas de un expediente original deben copiarse-- dado que el 'expresident' no tiene acceso a las actuaciones.

La jueza instructora rechazó la solicitud del exmandatario --a quien ha citado para una testifical-- de personarse en el procedimiento esgrimiendo que la figura del denominado 'testigo asistido' no existe en España.

El recurso de apelación del 'expresident' se articula en torno a cinco ideas: una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que se elevó la exposición razonada al TSJCV --que rechazó su investigación--; la generación de una "seria indefensión" desde el punto de vista procesal; rechaza que pueda afirmarse que Mazón dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores; que el derecho a personarse surge "desde el momento en que se practica o se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta" y entendía que, más allá de las declaraciones formales que niegan responsabilidad penal, "la realidad material del procedimiento "revela que la instrucción sigue proyectándose" sobre el 'expresident'.

Bernabé acusa a Feijóo y a Llorca de "seguir escudando a Mazón" para que no diga toda la verdad a la jueza de la dana

VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de «seguir escudando» al 'expresident' Carlos Mazón, quien sigue como aforado ante la justicia al mantener el acta de diputado 'popular' en Les Corts, para, a su juicio, que «no diga toda la verdad» ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios la también secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de València dos días después de que la magistrada de Catarroja rechazara la personación del 'expresident' en la causa. 

La instructora respondió así a la petición formulada el día anterior por la representación legal de Mazón de personarse en el procedimiento al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él.

Ante la posibilidad de que Mazón recurra la decisión de la jueza, Bernabé ha recordado que el 'expresident' «salía en la tele día sí y día también diciendo que quería colaborar con la justicia y que estaba totalmente dispuesto a colaborar con la justicia».

«Es él y es su partido, el PP que gobierna en la Comunitat Valenciana, los que han salido todos los días diciendo su máximo respeto y colaboración con la justicia, pero no paramos de ver que el Partido Popular en la Comunitat Valenciana y el gobierno de la Generalitat que hoy preside el señor Pérez Llorca lo único que están haciendo es entorpecer el trabajo de la jueza de Catarroja, entorpecer el trabajo de la justicia e intentar, sin duda alguna, que el señor Mazón no se tenga que ver frente a la verdad», ha aseverado.

Tras afirmar que «Mazón y verdad nunca pueden ir de la mano», la 'número cuatro' del PSOE ha señalado que el PP tiene «la oportunidad» de que el 'expresident' pueda decir la verdad y, para ello, «solo hay que hacer una cosa muy sencilla: que Feijóo y Pérez Llorca le digan al señor Mazón que entregue el acta inmediatamente». 

«Porque el despropósito que estamos viviendo con el señor Mazón y con el Partido Popular en la Comunitat Valenciana es de una magnitud tremenda y de unas consecuencias terribles para la política y para la confianza en los valencianos y las valencianas en la política», ha reiterado.

Según ha argumentado, es «indigno para la política» que un partido como el Partido Popular «siga escudando a ese señor que hoy sigue entorpeciendo el trabajo de la justicia con el único fin de no decir la verdad». 

También ha criticado que «todo el trabajo que ha hecho la Generalitat en este año y medio ha sido entorpecer el trabajo de la justicia, mentir, manipular y sustraer de forma indebida grabaciones que debían de estar custodiadas, solo con el fin de manipular, de mentir, de tergiversar y de generar un falso relato de lo que pasó el 29 de octubre de 2024».

Gómez prevé seguir adelante con la querella contra Morant por "calumniarlo" tras no acudir ella a la conciliación

 VALENCIA.- El conseller de Sanidad de la Generalitat valenciana, Marciano Gómez, prevé seguir adelante con la querella anunciada contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, --que le acusó de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública»-- tras no presentarse la dirigente socialista, ni su representación legal, al acto de conciliación previo convocado este jueves.

Hoy estaba programado en la Ciudad de la Justicia de València el acto de conciliación solicitado por el conseller para reclamar a la también secretaria general del PSPV que se retractara de las afirmaciones que realizó el pasado 4 de febrero en las que sistuvo: 

«En la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada» y «tenemos un conseller de Sanidad que se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud».

En el escrito del abogado de Gómez en el que se solicitaba al juzgado el acto de conciliación se señala que Morant actuó como «dirigente política de primer nivel y plenamente consciente del alcance de sus palabras» cuando realizó estas manifestaciones públicas en la sede de la Delegación de Gobierno, que fueron recogidas por numerosos medios de comunicación de alcance autonómico y nacional".

Asimismo, también colgó estas declaraciones en un vídeo en su cuenta de X --antes Twitter-- @DianaMorantR, en la que se define como Ministra de @CienciaGob, añade.

Además, señala que al día siguiente, en una comparecencia pública en la localidad de Gandia ante los medios de comunicación, «la contumaz señora Morant» continuó imputando a Gómez --«responsable de una de las áreas más sensibles del Gobierno autonómico y sujeto a un especial deber de honorabilidad, transparencia y credibilidad pública»-- conductas delictivas.

«Cualquier imputación de corrupción, lucro personal o conducta delictiva atribuida a su persona trasciende el plano individual y afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas», advierte su defensa.

En ese sentido, mantiene que dichas manifestaciones fueron realizadas «con clara vocación de difusión pública, siendo reproducidas por numerosos medios de comunicación tanto digitales como audiovisuales y radiofónicos y a través de redes sociales, alcanzando una repercusión masiva y sostenida» y que «no constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión».

Para el letrado, dichas palabras suponen «una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos» al atribuir al conseller «lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público», «conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad» y «una relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)».

«La requerida sabía perfectamente que tales imputaciones carecen de todo respaldo objetivo, no existiendo procedimiento judicial, administrativo, investigación fiscal ni actuación de órgano alguno que sustente las acusaciones vertidas y, a pesar de ello, las manifestaciones se realizaron con pleno conocimiento de su falsedad o, en todo caso, con temerario desprecio por la verdad, instrumentalizando la imputación penal como herramienta de confrontación política, asumiendo conscientemente el daño personal, profesional e institucional que ello provocaría», alega.

Por todo ello, solicitaba que Morant reconociera «expresa e inequívocamente la falsedad de las imputaciones realizadas», se retractara públicamente mediante declaración «clara y sin ambigüedades, difundida por los mismos medios y con una repercusión equivalente a la de las manifestaciones calumniosas», pidiera disculpas públicas por «el daño causado a su honor personal, a su reputación profesional y a la institución que representa».

Asimismo, le requería que se comprometa «formalmente a no reiterar imputaciones de carácter delictivo sin sustento fáctico o jurídico» y una indemnización por «los daños morales e institucionales causados» fijada provisionalmente en 30.000 euros.

La defensa de Gómez advertía que «la incomparecencia injustificada, la negativa a conciliar o la ausencia de retractación serán interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarán el ejercicio inmediato de acciones penales, con solicitud expresa de las máximas responsabilidades legalmente previstas».

Por su parte, fuentes socialistas explican que Diana Morant no se ha presentado al acto de conciliación al que estaba citada este jueves porque «normalmente, a ese tipo de actos no se va a no ser que quieras retractarte».

Respecto a la advertencia que realizó la defensa del conseller de que esta era «la última oportunidad» para que la líder del PSPV rectificara públicamente sus declaraciones y evitara así «la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal», las mismas fuentes señalan que Gómez puede «interponer lo que quiera» porque no va a conseguir «callar» a Morant.

«Con esta denuncia, el conseller de Sanidad no va a callar ni las críticas del PSPV ni las de la secretaria general a la gestión que está haciendo de privatización de la sanidad pública y de falta de explicaciones de su gestión con Ribera Salud», aseveran.

Además, estas fuentes socialistas señalan que «mientras él se piensa» si interponer una querella criminal a Morant, el PSPV ya ha presentado dos denuncias: una en la Fiscalía de Alicante contra Ribera Salud por la presunta reutilización de material sanitario y otra en la Fiscalía de Valencia contra Marciano Gómez, la directora general del grupo sanitario, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica Benidorm, David Gómez, quienes son la cuñada y el hermano del conseller, al considerar que hay un conflicto de intereses al ser familiares del titular de Sanidad.

A esta última denuncia, indican las mismas fuentes, se inhibió el fiscal de Valencia porque el conseller tiene la condición de aforado ante la justicia, ya que es diputado en Les Corts. Es por eso que el PSPV trasladó la misma denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su denuncia, los socialistas consideran que hay «claros intereses en conflicto entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud», grupo al que aseguran que se le «prorrogó ilícitamente la gestión del departamento de salud Elx-Crevillent», con «grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes».

Según sostienen, estas prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir en los siguientes ilícitos penales: "negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación inclusive una omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat.

Carlos Baño defiende su inocencia en la investigación sobre los bonos comercio: "Aprovechamiento no ha habido"

 ALICANTE.- El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, ha defendido su inocencia en relación con la investigación abierta sobre la gestión de los bonos comercio, al tiempo que ha defendido que ha trabajado con «honradez» y que «aprovechamiento no ha habido».

En estos términos se ha expresado el representante empresarial este miércoles en la sede de la entidad cameral, antes de que comenzara una conferencia del Cámara Business Club a cargo de Demetrio Muñoz, general de brigada retirado y antiguo jefe del Mando de Operaciones Especiales en Rabasa, y titulada 'Conflictos internacionales y economía: qué deben entender hoy las empresas".

Baño quedó en libertad con cargos el pasado viernes 13 de marzo tras ser arrestado en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación en una veintena de municipios de la provincia.

El empresario ha resaltado que la «fórmula» de esos bonos comercio que luego se impulsó junto con la Diputación ya se usó en la Generalitat, gobernada entonces por el Botànic, y ha afirmado sobre esa investigación que todavía «no» sabe de qué está acusado, ya que está declarado el secreto de sumario.

Baño ha reiterado que está «a disposición» de la justicia y ha dicho que «no» ha cobrado «nunca» ni «en esa federación ni en la institución cameral». Además, ha agradecido las muestras de «confianza», «afecto» y «cariño». 

«No os voy a defraudar nunca», ha sentenciado, tras lo que ha recibido aplausos de los asistentes a la conferencia.

Previamente, el presidente de la Cámara de Comercio ha reivindicado el papel de Alicante Gastronómica como la feria «más importante del sector gastronómico», que alcanzó 85.000 visitantes en 2025, según la entidad. 

También se ha referido a la labor de Alicante Gastronómica Solidaria, que ha elaborado 1,9 millones de menús, ha apuntado Baño.

Antes de estas declaraciones de Baño, Jesús Navarro, vicepresidente de la institución cameral, ha asegurado que «Carlos va a volver a ser presidente» de la entidad. 

«No vamos a ir a la guerra porque somos gente de paz, pero nos vamos a presentar a las elecciones, que empiezan esta semana que viene, a la Cámara», ha avanzado.

Según Navarro, «gracias a la policía y a la justicia, se demostrará, cuando el tiempo lo diga, que este hombre es inocente».

 Del mismo modo, ha afirmado que al presidente de la Cámara «le quieren contar la cabeza» y ha dicho que «ahora se va a demostrar la verdad».

La jueza de la dana llama a declarar como testigo a Carlos Mazón

 
https://www.todoalicante.es/politica/jueza-dana-llama-declarar-testigo-carlos-mazon-20260324150800-nt.html

Bajan las disoluciones matrimoniales en la Comunitat: suman 10.561 en 2025, un 8,8% menos que el año anterior

 VALENCIA.- Los juzgados de la Comunitat Valenciana recibieron durante el pasado año un total de 10.561 demandas de disolución matrimonial, un 8,8% menos que las 11.581 registradas en 2024, lo que sitúa a la autonomía, con 195, como la tercera con mayor cifra de este tipo de procedimientos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Baleares (207,7) y Canarias (205,2).

Así se recoge en los datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refleja que la tasa media nacional se situó en 171,9.

De las 10.561 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2025 en la Comunitat, 6.592 corresponden a demandas de divorcio consensuadas, que implica un 1,9% menos que las 6.723 contabilizadas un año antes.

Por su parte, los divorcios no consensuados presentados en los órganos judiciales valencianos fueron 3.582, lo que supone un descenso interanual del 19% en relación con las 4.423 de 2024.

Según el informe, también se produjo una disminución en las separaciones matrimoniales registradas el pasado año: las no consensuadas, 111, lo hicieron en un 17,2%, pues se registraron 134 el año anterior, mientras que la reducción de las consensuadas fue del 8,6%, con un total de 265 frente a las 290 de 2024. Finalmente, las demandas de nulidad matrimonial se mantuvieron inalterables, con un total de 11.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 5.818 demandas, de las que 3.666 fueron por divorcios consensuados, 1.933 por divorcios no consensuados, 150 por separaciones de mutuo acuerdo, 66 por separaciones contenciosas y tres para instar la nulidad matrimonial.

En la provincia de Alicante, la cifra total de procedimientos impulsados el pasado año alcanzó 3.581. De ellos, 2.236 se corresponden con demandas de divorcio consensuado, 1.247 con divorcios litigiosos, 87 fueron por separaciones consensuadas, otras 14 con no consensuadas y siete con nulidades.

En los órganos judiciales de la provincia de Castellón se presentaron un total de 1.132 demandas de disolución matrimonial. De ellas, 690 fueron divorcios consensuados, 402 divorcios no consensuados, 28 fueron separaciones de mutuo acuerdo y 11 separaciones no consensuadas. En Castellón se registró una nulidad.

Procedimientos de modificación de medidas

En 2025 se presentaron en los órganos judiciales valencianos 1.530 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4% más que en el año anterior, cuando ascendieron a 1.471. Esa modalidad de demandas por modificación de medidas es la única que se incrementó, pues las no consensuadas descendieron un 21%, al situarse en 3.123 por las 3.954 de 2024.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales también se redujeron. Las no consensuadas lo hicieron en un 21,5%, al pasar de las 3.361 de 2024 a 2.638 el pasado año, mientras que las demandas de esta clase con acuerdo fueron 2.371, un 5,3% menos que las 2.504 de un año antes.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 1.869 demandas de modificación de medidas no consensuadas y 865 consensuadas en 2025. También se registraron en este periodo 1.431 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales sin acuerdo y 1.256 con él.

En la provincia de Alicante, fueron 944 las demandas de modificación de medidas litigiosas presentadas y 509 las consensuadas. En cuanto a las demandas de guarda, custodia y alimentos se presentaron 850 no consensuadas y 879 consensuadas.

Finalmente, los juzgados de la provincia de Castellón registraron 310 demandas de modificación de medidas sin consenso y 156 consensuadas, mientras que se presentaron 257 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales contenciosas y 236 con acuerdo durante el año 2025.

El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio respalda a Carlos Baño y pide "respeto" a la investigación de los bonos comercio

 ALICANTE.- Los miembros del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante han emitido este lunes un comunicado en el que han mostrado su "apoyo unánime" al presidente de la entidad cameral y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, y han pedido "respeto absoluto a la justicia y al proceso en curso", en relación con la investigación sobre los bonos comercio.

El representante empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

"Defendemos su honorabilidad personal e institucional con firmeza pero también con responsabilidad", han manifestado, al tiempo que han reclamado una "defensa firme de las garantías que asisten a cualquier ciudadano en un estado de derecho y respeto a la presunción de inocencia".

Así, han exigido "respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional" y han hecho hincapié en que la entidad cameral es "una institución que debe seguir funcionando con normalidad, estabilidad y con pleno sentido de servicio a las empresas y a la economía alicantina".

"Por todo ello, solicitamos no aunar y unificar los planos de actuación ni extender automáticamente a la entidad cameral un espacio vinculado a otro ámbito de gestión. La Cámara tiene su propia función, su propia legitimidad y su propia responsabilidad institucional", han indicado.

En este sentido, los miembros del comité ejecutivo de la Cámara confían en que "todo se aclarará donde corresponde y cuanto antes". 

"Pedimos celeridad y transparencia en cuanto el procedimiento lo permita para no convertir una investigación en una sentencia anticipada", han concluido. 

También la Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), reunida este lunes, ha mostrado su respaldo "incondicional y unánime" a su presidente, Carlos Baño, al tiempo que ha expresado "respeto absoluto a la justicia con la plena disposición a colaborar con los órganos que están actuando, como así se ha hecho hasta la fecha, y defensa firme de la presunción de inocencia".

Baño quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de Bonos Consumo de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

En este sentido, la junta muestra su "apoyo unánime e incondicional con Baño ante la investigación en curso, con diligencias declaradas secretas, en la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad.

La junta de Facpyme manifiesta, en un comunicado, que "se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta".

Los miembros han declarado su "compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad, por lo que se solicitará, si fuera preciso, la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes".

La entidad recalca que "estamos hablando de una entidad con una larga trayectoria de servicio al comercio de proximidad, de colaboración con las administraciones y de trabajo diario en favor del tejido comercial de la provincia".

Por todo ello, dice, "lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitirán aclarar lo que deba aclararse".

"Y pedimos responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ellas de buena fe", concluyen.  

Compromís cree que Carlos Baño pudo tener "información privilegiada" sobre los bonos comercio

 ALICANTE.- Compromís ha asegurado que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, pudo contar con "información privilegiada" sobre los bonos comercio.

El representante empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Baño negó haber cometido irregularidades y se mostró a "disposición de la justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir".

 "Soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible", apuntó.

Ante este escenario, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, y el diputado autonómico de la coalición Gerard Fullana han abundado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, en la petición de comisión de investigación sobre los bonos comercio en la institución provincial.

Así, Compromís ha avanzado que va a presentar una moción en esta administración para crear una comisión de investigación "sobre las relaciones administrativas de la Diputación de Alicante con la Cámara de Comercio de Alicante, Facpyme y las entidades vinculadas a Carlos Baño".

Sobre esta petición, que el pasado viernes dieron a conocer tanto PSPV como Compromís, Perles ha recordado que solo puede salir adelante si el PP, que cuenta con mayoría en la institución provincial, respalda esa propuesta.

"Desde Compromís ya hace mucho tiempo que estamos sospechando de que la Cámara de Comercio de Alicante se ha convertido en una especie de cueva de Alí Babá. Hay muchas cosas que no funcionan o que entendemos que no funcionan de manera correcta", ha aseverado Perles.

También ha indicado que "es un hecho" que "se creó una mercantil" cuyo "administrador único es Carlos Baño" y "el único socio es una entidad totalmente privada que no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio".

"Se adjudicaban contratos de manera totalmente arbitraria, digamos, a esta entidad, como es Facpyme. Eso también es un hecho. Eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo son las valoraciones jurídicas posteriores, pero es un escándalo", ha apostillado.

Según Perles, esto "es un escándalo porque ya estaban advertidos, porque en Torrevieja ya pasó que adjudicó la gestión de estos bonos comercio a su asociación local y la Agencia Antifraude ya dijo que eso no se podía hacer, que las asociaciones privadas tenían que presentarse a las licitaciones y lo que correspondía era hacer una licitación como tocaba para poder gestionar, en definitiva, un contrato externo".

En palabras del portavoz de Compromís en la Diputación, en este caso "alegremente" había adjudicaciones "sin trámites" a "una empresa cien por cien privada".

 "No hay ninguna participación pública ni en Facpyme ni mucho menos en Nexo Retail, que es la mercantil que crearon", ha indicado.

Sobre esta empresa, Perles se ha preguntado por qué se creó: "Facpyme no tiene ánimo de lucro y, por tanto, no pueden repartir dividendos. ¿Es por eso que la crearon 'ad hoc' para repartir esos dividendos?".

El diputado provincial ha hecho hincapié en que desde la Diputación "se ha dado mucho dinero a la Cámara de Comercio" y ha abogado por fiscalizar "hasta el último céntimo" destinado a la entidad cameral.

Preguntado por si la institución provincial podría tener alguna responsabilidad en los bonos comercio, ha manifestado que "en principio se plantea difícil" y ha añadido que en las ayudas a Alicante Gastronómica hay "mucho que desear".

"La Diputación tiene que revisar la justificación de las subvenciones", ha remarcado, al tiempo que ha afirmado que habría que ver "hasta qué punto la justificación de las subvenciones de los municipios incluye la prestación de un servicio que no se ha licitado".

Por su parte, Fullana, que fue portavoz en la Diputación cuando Carlos Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, era presidente de la institución provincial en los años en los que se impulsaron esos bonos, también ha abogado por que se investigue "cualquier euro de los últimos diez años otorgado a la Cámara de Comercio y a sus satélites".

"Aquí crecían las mercantiles de forma previa a las subvenciones como champiñones. No solo en la cuestión del bono comercio, sino en el reparto de publicidad", ha aseverado el actual diputado autonómico de Compromís, quien posteriormente ha dicho que tuvo una "discusión muy fuerte" con Baño antes de que se aprobara la subvención.

A juicio de Fullana, "es imposible, es muy difícil que Carlos Mazón no informara previamente a Baño de la aprobación de estas ayudas cuando antes de aprobarse", según ha sostenido, "estaba maquinándose una mercantil para repartirlas".

"Por tanto, es fácil pensar que el señor Baño podría contar con información privilegiada. Es evidente. Si no, de qué manera se crea una mercantil de forma previa a aprobar estas ayudas", se ha preguntado.

Igualmente, Fullana ha criticado al equipo de gobierno del PP de la Diputación, presidida por Toni Pérez, por "de forma infame" salir a "culpar a los ayuntamientos" tras conocerse la detención de Baño en el marco de esta investigación.

Según el representante de Compromís, hubo municipios que advirtieron de que "la aprobación de urgencia de estas ayudas y la arquitectura administrativa hacían muy difícil ejecutarlas si no contratabas con una empresa puente".

"Mágicamente, esta empresa llamó uno por uno a muchos ayuntamientos. Es decir, eso estaba orquestado. Hay muchos ayuntamientos que perdieron la ayuda precisamente por este diseño", ha indicado, para posteriormente señalar que "desde la Diputación se recomendaba contar con estas empresas filtro".

Según Fullana, el 88% del presupuesto de la Camara de Comercio procede de "dinero público", por lo que se ha referido a la presentación, por parte de Compromís en Les Corts Valencianes, de una proposición no de ley para "aumentar" la fiscalización sobre las entidades camerales.

A su juicio, la Cámara de Comercio se ha convertido "en la puerta rotatoria del PP de la provincia de Alicante" y ha criticado que "esté consumiendo los recursos públicos de los pueblos de esta manera" y "con total impunidad".

 El PSPV pide a Barcala "documentación justificativa" de fondos dados a la Cámara

Por otra parte, la concejala del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante Trini Amorós ha pedido al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), que "aporte toda la documentación justificativa" de los fondos "aportados" a la Cámara de Comercio de Alicante para "la gestión de las campañas de los bonos comercio" en la capital alicantina.

Así, ha abundado en que el consistorio "encargó" a la entidad cameral "que asumiera la gestión de los bonos en el municipio de Alicante a cambio de un pago de 55.000 euros para llevar a cabo acciones como una campaña publicitaria y la contratación de personal".

 "La misma operación y con cantidades similares se repitió durante los ejercicios de 2022, 2023 y 2024", ha señalado el grupo socialista en un comunicado.

Desde el PSPV han realizado esta petición después de que el pasado viernes el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, fuera detenido en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

El representante empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos, negó haber cometido irregularidades y se mostró a "disposición de la justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir". 

"Soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible", apuntó.

En este contexto, Amorós ha resaltado que "la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la detención del presidente de Facpyme es un hecho tan grave que Barcala debe despejar cualquier duda y aportar toda la documentación justificativa para aclarar quién ha gestionado exactamente el dinero de todos los alicantinos y alicantinas".

La concejala del PSPV ha reclamado, asimismo, conocer "qué controles ejerció el gobierno de Barcala sobre el convenio firmado con la entidad cameral" y ha aseverado que "en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio se establecen cláusulas para justificar mediante informes los fondos recibidos por la compra de bonos por los consumidores y la subvención concedida así como los gastos de funcionamiento".

"De igual forma se establecía la obligatoriedad de constituir una comisión de seguimiento y evaluación, integrada por representantes de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Alicante, para realizar funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio", han apostillado los socialistas.

"Queremos saber si esa comisión se constituyó, cuántas veces se reunió, quién formó parte de ella y qué informes emitió. Cuando hablamos de dinero público no puede haber ninguna sombra de duda", ha subrayado Amorós, quien ha incidido en que "Barcala tiene la obligación de garantizar la máxima transparencia y explicar con claridad cómo se han gestionado estos fondos municipales".

Por su parte, el equipo de gobierno del consistorio alicantino, tras el arresto de Baño, sostuvo que los bonos comercio de la ciudad de Alicante "nunca se gestionaron con Facpyme ni los investiga la Fiscalía".

La edil de Comercio, Lidia López (PP), incidió en que el Ayuntamiento "gestionó directamente" la primera edición de estos bonos en 2021 y que "las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales", pero "nunca" con Facpyme.   

La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigar a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 por la presunta participación de su marido en la causa, en la toma de unas declaraciones. El fiscal se ha pronunciado así en un informe remitido el pasado viernes al tribunal valenciano en el que manifestaba su postura al respecto, según ha informado el ministerio público en un comunicado. En concreto, el TSJCV requirió el lunes a Fiscalía que se pronunciara respecto a la querella interpuesta por parte de un abogado que representa a varias víctimas en la causa de la dana contra la magistrada instructora y contra su marido, también magistrado. En la querella se denunciaba que el marido había podido participar en unas testificales. Según el ministerio fiscal, el análisis detallado de los hechos objeto de querella, así como el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula esta --delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión el deber de perseguir determinados delitos-- «arroja criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal». El informe concluye que no concurren los elementos configuradores de los delitos mencionados en la querella, por lo que la Fiscalía solicita la inadmisión y archivo de la misma.

 ALICANTE.- La Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), reunida este lunes, ha mostrado su respaldo «incondicional y unánime» a su presidente, Carlos Baño, al tiempo que ha expresado «respeto absoluto a la justicia con la plena disposición a colaborar con los órganos que están actuando, como así se ha hecho hasta la fecha, y defensa firme de la presunción de inocencia».

Baño quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de Bonos Consumo de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

En este sentido, la junta muestra su "apoyo unánime e incondicional con Baño ante la investigación en curso, con diligencias declaradas secretas, en la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad.

La junta de Facpyme manifiesta, en un comunicado, que «se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta».

Los miembros han declarado su «compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad, por lo que se solicitará, si fuera preciso, la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes».

La entidad recalca que «estamos hablando de una entidad con una larga trayectoria de servicio al comercio de proximidad, de colaboración con las administraciones y de trabajo diario en favor del tejido comercial de la provincia».

Por todo ello, dice, «lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitirán aclarar lo que deba aclararse».

«Y pedimos responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ellas de buena fe», concluyen.

PSPV y Compromís creen que Fiscalía pretende atar más la responsabilidad de Mazón: "No se ha escrito el último capítulo"

 VALENCIA.- PSPV y Compromís consideran que la decisión del Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la devolución de la causa de la dana al juzgado de Catarroja para que continúe con la investigación pretende «que se ate más» la «evidente responsabilidad» del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en la gestión de la emergencia. «No se ha escrito el último capítulo», han advertido.

Mientras, Vox cree que este escenario «demuestra que no se pueden adelantar acontecimientos» y el PP ha rechazado valorar decisiones judiciales, «sea en el sentido que sea», y ha insistido en mostrar «máximo respeto» por la justicia: «Lo de opinar, valorar o tratar de influir en los procesos judiciales es cosa de otros».

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes, un día después de que la Fiscalía haya pedido al TSJCV que devuelva la causa a la jueza de la dana, ya que considera que en el momento procesal actual no hay «indicios suficientes de criminalidad» contra Mazón por la gestión de las riadas, si bien considera que «no es descartable» que el panorama probatorio pueda cambiar con la instrucción con testificales o elementos documentales.

De un lado, para el síndic del PSPV, José Muñoz, resulta «evidente que Mazón tuvo una responsabilidad» y por eso el fiscal pide devolver la causa, «para que se siga investigando». 

Además, a su juicio es «evidente que la gestión de la emergencia del 29 de octubre se paró en el momento en que Mazón entró en el reservado de El Ventorro», más todavía «después de todo lo que hemos conocido» a raíz de la instrucción judicial.

 «Eso es una obviedad y es una auténtica realidad», ha sostenido.

Por ello, el portavoz socialista entiende que lo que pretende la Fiscalía «es que se ate más el caso», pero ha insistido en que la responsabilidad de Mazón es «evidente».

 «Es una obviedad que creo que ya no se discute por nadie, incluso ni por su anterior jefa de prensa, que ante el juzgado reconocía que nos estuvieron mintiendo desde el primer día con el paradero de Mazón durante el 29 de octubre», ha añadido.

Con todo, ha considerado que Mazón «tiene que responder de sus responsabilidades hasta la última consecuencia». 

«Dimitió por algo, entiendo. El PP le obligó a dimitir y Mazón dimitió por algo», ha asegurado, aunque ha matizado con que esa renuncia fue «a medias» porque «sigue manteniendo el aforamiento» como diputado en Les Corts y «todo su núcleo duro está colocado».

Así, «independientemente de la decisión de la Fiscalía», Muñoz ha incidido en que las responsabilidades del 'expresident' son «claras», por lo que ahora la jueza «debe continuar la investigación y haciendo las diligencias pertinentes para contener todos los indicios de manera que Mazón acabe siendo imputado por el TSJ». 

«Parece que la causa continúa hacia adelante y, evidentemente, no se ha escrito el último capítulo», ha advertido.

Sobre si la decisión de la Fiscalía le da cierto aire al exdirigente, el síndic del PSPV ha considerado que Mazón «no debería echar las campanas al vuelo» y se ha remitido a «las palabras» del actual 'president', Juanfran Pérez Llorca.

 «Y me preguntarán, ¿qué palabras? Ninguna», ha añadido, para seguidamente deslizar que el «silencio» del actual jefe del Consell es «muy elocuente».

 «Que no se haya pronunciado ni a favor ni en contra de Mazón demuestra que en el PP están muy preocupados por su situación».

Sin embargo, ha afirmado que Llorca «se vuelve a equivocar» al «seguir cubriendo» a su antecesor, «como hizo desde el primer día cuando le dijo esa frase de 'presidente, estamos todos con usted, tiene estabilidad parlamentaria, continúa así'».

«Esas palabras perseguirán a Pérez Llorca toda su vida, y el problema que tiene es que no se atreve a apoyar a Mazón en público, a pesar de que la jueza tenga que seguir investigando», ha apostillado.

De su lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha manifestado que entiende que la Fiscalía con su petición de devolver la causa al juzgado de Catarroja «dice que siga investigando y que siga instruyendo», aunque ha coincidido con la jueza y con las acusaciones particulares con que hay «suficientes indicios» para investigar a Mazón.

 «El auto de la jueza lo decía bien claro, que había indicios probados de la dejadez de Mazón», ha apuntado.

Al margen de ello, y «más allá de las responsabilidades judiciales», ha calificado de «vergüenza» que desde Les Corts el PP y Vox «protejan» al 'expresident' de la Generalitat y «le permitan estar aforado para que no cumpla sus obligaciones, que es presentarse ante un juez». 

«Nosotros como políticos hemos de reclamar las responsabilidades políticas», ha argumentado, «con independencia de lo que pueda hacer la justicia», ha añadido.

Para Baldoví, el hecho de que Mazón siga como diputado en Les Corts es «una absoluta incongruencia». 

«Una persona que abandonó a su pueblo, que no estuvo donde tocaba, que fue el primero que se fue a casa a dormir --la noche del 29 de octubre de 2024--, que mintió y que escondió pruebas, es una persona que no merece estar ni un minuto más aquí», ha zanjado.

Por el contrario, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha subrayado que sobre la petición de la Fiscalía «lo único que podemos manifestar desde una posición política es que se demuestra que no se pueden adelantar acontecimientos».

 «Una cosa es la labor judicial, hay que respetar la labor de los jueces y de todos los actores jurídicos, como la Fiscalía, y no sentenciar ni condenar, como hace Compromís, como hace Baldoví, como hace en definitiva toda la izquierda cuando le interesa», ha reprochado.

Ha indicado que el escenario de que la Fiscalía pidiera devolver la causa a Catarroja es «una parte más del proceso», por lo que «podía ocurrir», y ha mostrado «absoluto respeto, el respeto que mantuvimos por las supuestas irregularidades cometidas en la propia instrucción». 

«Nosotros dejamos trabajar a los tribunales, nosotros asumimos nuestra responsabilidad política, únicamente y siempre con el respeto a la presunción de inocencia», ha expuesto.

Preguntado por si considera que deberían haber responsabilidades y políticas por la gestión de la dana, se ha remitido a la comisión de investigación de Les Corts, «que todavía ya no ha concluido su trabajo». 

 «Para eso la propusimos, para eso está en marcha y esperamos que más pronto que tarde se puedan concluir las responsabilidades y dirimir las que corresponden a unos y otros desde el punto de vista político, que es nuestra competencia», ha enmarcado.

Sobre quién debería asumirlas en ese caso, ha apuntado que, «hasta que no haya una conclusión, obviamente no se puede adelantar». 

«Estamos todavía a la espera de comparecencias de técnicos, de políticos, después de haber oído a las víctimas y a otros técnicos que empezaron y sacaremos las conclusiones en la comisión», ha agregado.

Finalmente, sobre la petición del fiscal superior al TSJCV para que devuelva la causa a la jueza de la dana, fuentes del PP han expresado que desde el partido «nunca comentamos ni valoramos ninguna resolución judicial, sea en el sentido que sea, ni tampoco lo hacemos de la Fiscalía o de cualquiera de las partes».

 «Como siempre, expresamos nuestro máximo respeto por la justicia», han insistido.

La Fiscalía no descarta una "eventual responsabilidad penal" de Mazón pero cree que la jueza debe seguir investigando

 VALENCIA.- El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la devolución de la causa de la dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Catarroja para que continúe con la investigación.

El ministerio público no descarta una «eventual responsabilidad penal» del expresident de la Generalitat Carlos Mazón pero cree que ahora no hay «indicios con suficiente solidez» para justificar su investigación, por lo que considera que la magistrada debe seguir instruyendo el procedimiento, según han informado fuentes de la Fiscalía.

Así apunta en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en el que consideraba que hay indicios de responsabilidad penal contra el expresident por la gestión de la dana y pedía que se le investigara.

En su informe, la Fiscalía dice que «no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones » o que «puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024».

La Fiscalía no descarta una «eventual responsabilidad penal» del expresidente de la Generalitat Valenciana pero considera que «en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar» esa imputación.

En consecuencia, estima que «procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor», «sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción».

El resto de partes de la causa --acusaciones populares, particulares y defensas-- también se han pronunciado sobre la exposición razonada. Ahora será el TSJCV, con cinco magistrados, el que tome la decisión sobre el futuro judicial de Mazón.

El tribunal que deliberará y emitirá un fallo al respecto está compuesto por el propio presidente del tribunal, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana acordó elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV una exposición razonada contra Mazón para pedir su investigación por una «inactividad negligente» el día 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

La competencia para investigar a Mazón correspondería al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Sin embargo, para la magistrada, esa investigación debe «extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil» a la «inactividad negligente» de Carlos Mazón, sobre quien asegura.

 «Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante», donde ese día el exjefe del Consell comió con la periodista Maribel Vilaplana.

La jueza de las VPP de Alicante remite a la UDEF documentación aportada por la Generalitat y la cooperativa de 'Les Naus'

ALICANTE.- La titular de la plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, ha trasladado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la documentación aportada por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana y la cooperativa promotora de esos inmuebles.

Así lo ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de conocerse el pasado 26 de febrero que la magistrada también acordó remitir a la Fiscalía y a la UDEF documentación presentada por el Ayuntamiento en respuesta a un requerimiento judicial que se le realizó en su día.

En este contexto, el pasado viernes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ofreció a la jueza "toda la colaboración" del consistorio y la suya "personal", algo que, según ejemplificó el primer edil, se produjo con la aportación de "no solo" dos expedientes que fueron solicitados a la administración local, sino de "todos" los que tenía "abiertos".

La jueza que investiga la adjudicación de VPP en Alicante exige una fianza al PSPV para ejercer la acusación popular

 ALICANTE.- La titular de la plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, ha dictado una providencia por la que exige el pago de una fianza de 3.000 euros al grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento para ejercer la acusación popular en la causa.

Tras recibir un escrito de la portavoz de esa agrupación en el consistorio alicantino, Ana Barceló, la instructora señala que "únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por abogado/a y procurador/a y el depósito de la caución citada", según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada también ha emitido un auto por el que desestima el recurso de reforma interpuesto por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra una providencia anterior en la que se le exigía a esta entidad la misma fianza, de 3.000 euros, igualmente para personarse en las diligencias previas como acusación popular.

La resolución judicial cita diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que avala esa decisión y recoge que la cuantía de la caución impuesta en este caso es "proporcionada, atendida la capacidad económica de los querellantes, y no impide a estos ni obstaculiza gravemente ejercitar su derecho".

Llorca esperará a la resolución del TSJCV sobre Mazón para tomar "las decisiones que se tengan que tomar"

 VALENCIA.- El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que «será un hecho decisivo la decisión que tome el tribunal» sobre el 'expresident' y diputado del PP en Les Corts Carlos Mazón y que «a partir de ahí, ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar». 

Además, ha señalado que, «en estos momentos, la situación del señor Mazón no ha cambiado».

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas antes de participar en un coloquio de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), dos días después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana elevara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra Mazón al apreciar que hubo una «inactividad negligente» el 29 de octubre de 2024 en la barrancada que causó 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

Cuestionado por si el PPCV se plantea pedir el acta a Mazón, lo que supondría que dejaría de estar aforado, Llorca ha subrayado que él «nunca» valora decisiones judiciales ni «especula» sobre ellas. 

«Lo que sí que creo que en estos momentos la situación del señor Mazón no ha cambiado», ha indicado.

Y ha agregado: «Para mí será un hecho decisivo la decisión que tome el tribunal y, a partir de ahí, ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar».

El jefe del Consell ha insistido en que respeta «mucho» las decisiones judiciales: «No soy yo una persona que cuestione o que valore ninguna de las decisiones que se toman. Tengo mi opinión, pero creo que, porque tengo la responsabilidad de representar la institución que represento, no debo hacerla».

«Por lo tanto, lo que corresponde es esperar y ver que los trámites de la investigación judicial continúen hacia adelante», ha añadido.

Baldoví espera que el TSJCV "no tenga ninguna duda" tras pedir la jueza de la dana investigar a Mazón

 ALICANTE.- El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "no tenga ninguna duda" tras ver la "actuación" del 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la dana del 29 de octubre de 2024 y después de la "instrucción razonadísima" de la jueza de Catarroja, que ha pedido al alto tribunal valenciano investigar al exjefe del Consell por "inactividad negligente" durante las riadas, que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

En estos términos se ha referido el representante de la coalición valencianista, durante una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Alicante, a la exposición razonada de la magistrada que investiga la gestión de la dana.

Cabe recordar que la competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV, ya que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat, pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Además, Baldoví cree que ese texto de la jueza es "muy duro también" con José Antonio Rovira y Susana Camarero, quienes en la actualidad siguen en el gobierno valenciano, pero que durante la dana eran consellers de Educación y de Servicios Sociales, respectivamente.

Ante los medios de comunicación, el portavoz de Compromís ha vuelto a criticar que Mazón siga siendo diputado del grupo 'popular' en Les Corts, en un hecho que ha calificado de "vergüenza", y se ha preguntado "cómo puede estar tranquilo el PP" y el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras "saber" que "la persona que ha estado protegiendo durante 14 meses se fue a la una" de la madrugada el día de las riadas a "dormir".

"La semana que viene, el PP y Vox tendrán una oportunidad magnífica para quitarle al señor Mazón todos los privilegios que le da la ley de expresidentes", ha agregado Baldoví, quien rechaza que el exjefe del Consell tenga su oficina de 'expresident' en la Explanada de Alicante, además de un chófer y al que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor.

Dicha prerrogativa está recogida en el estatuto de los expresidentes de la Generalitat --de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella-- y contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

Baldoví también cree que "es una auténtica vergüenza que el PP no expulse" a Mazón y "no le pida el acta".

 "Que se vaya a su casa y que vaya donde tiene que ir, que es delante de la jueza de Catarroja a contar de una puñetera vez toda la verdad sobre todo lo que hizo esa tarde", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes dijo que respeta la propuesta de la jueza de investigar a Mazón y prefiere esperar "tranquilamente" a que decida el TSJCV, ha señalado que las "evidencias" son "claras" y que la exposición de la magistrada recalca "todo lo que no hizo el presidente Mazón y que hubiera podido salvar vidas".

"El señor Feijóo mintió por culpa del expresidente. Todos sabemos que no estuvo el presidente donde tenía que estar. Todos sabemos que no se mandó el ES-Alert porque el presidente no estaba donde tenía que estar y encima ahora sabemos que el presidente se fue a su casa cuando ya habían centenares de muertos y cuando aún se estaban produciendo rescates. ¿Qué más tenemos que esperar?", ha abundado Baldoví sobre Mazón.

La jueza de la dana sostiene que se pudo haber lanzado un ES-Alert a las 17:20 "plenamente efectivo" para "salvar vidas"

VALENCIA.- La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana sostiene, en la exposición razonada remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que pide que se investigue al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, que sobre las 17:20 horas, en el Cecopi reunido de forma tardía, ya se expuso un mensaje Es-Alert por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que hubiera sido "plenamente efectivo" para salvar vidas, en una emergencia en la que las muertes eran "evitables".

En ese mensaje se aconsejaba subir a pisos altos, "lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas era un riesgo clarísimo que había de excluirse". 

Así lo señala en el escrito en el que la jueza cita, uno a uno, los nombres de las 230 víctimas mortales --más otra posible en estudio-- y detalla la forma en la que murieron.

A juicio de la instructora, la falta de adopción de medidas destinadas a alertar y proteger a la población fue el elemento determinante de la mortalidad en la dana.

Para la magistrada, la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, estaba informada por cargos de emrgencias sobre el riesgo del barranco, que escribió como del Pollo (sic) en sus notas, de la alerta hidrológica, del riesgo en el Magro y de la posibilidad de hacer uso de los "bomberos forestales".

"No solo se le alertó sobre el riesgo, sino sobre el hecho de que las lluvias que se producían en la cabecera de los barrancos, habrían de bajar irremediablemente atravesando la provincia de Valencia hasta el litoral valenciano", señala en la exposición.

Así, considera que la afirmación de que se desconocía el riesgo del Poyo en el momento del envío de la alerta a las 20:11 horas la desmiente el testimonio del jefe de Análisis del Riesgo de Emergencias, quien declaró que, tras prepararse inicialmente el mensaje por la Ribera Alta, lo que correspondería a la presa de Forata, se preparó uno "para toda la provincia".

Al respecto, subraya que, cuando se discutían cuestiones como confinar o no, las comarcas a las que debía de afectar ese supuesto confinamiento, "concepto malentendido dado que de lo que se trataba simplemente un aviso de salvaguarda en las múltiples posibilidades de carácter lógico ante el avance del agua, ya habían fallecido con toda seguridad más de un centenar de personas y se aproximaba a cerca de los 200".

"En una incomprensible disquisición jurídica y otra de menor duración, en este caso lingüística, no se adoptaron dichas medidas con la prontitud necesaria. Resulta incomprensible, porque ante una situación de riesgo extremo, como la que se estaba desarrollando, se perdía el tiempo buscando asesoramiento jurídico para decidir si la actuación estaba amparada por la Ley, se supone que ante el temor de violar algún derecho fundamental que esta Juez todavía no ha llegado a discernir", agrega, para añadir que llegó a haber consultas en este sentido a la Abogacía a la Generalitat.

A su juicio, "resulta obvio que la adopción de medidas implicaba recomendaciones, órdenes a la población, a personas concretas, pero dada la naturaleza de la dana, del riesgo que se pretendía evitar, su vigencia temporal era escasísima, la restricción de la libertad de los ciudadanos era nula, y el beneficio para los afectados hubiera sido altísimo, si se enviaba con prontitud y con un contenido certero".

En este sentido, la instructora apunta que la existencia del ES-Alert no se le reveló a Pradas por un técnico a las 20:00 horas, como ella afirmó en un principio, "sino que estaba sobre la mesa del Cecopi desde las 17:20 horas", y era un medio "plenamente operativo", hasta el punto de que se envió uno a las 20:11 y otro a las 21:27 horas.

 "No requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización", agrega, y subraya que la ejecución del primer envío "tardó solo 2:36 segundos".

La jueza detalla todo el proceso en este envío hasta que se lanzó a las 20:11 con el mensaje de 'Suspensión de viajes y movilidad innecesarias Alerta de Protección Civil Por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X@GVA112 y en Apunt'.

En esta línea, rechaza que fuera una cuestión de los técnicos, como ha argumentado Pradas, porque en una de las grabaciones se muestra a la exconsellera "que efectivamente incidía cuanto menos en parte del contenido del mensaje" y existe otra en la que, ya con Mazón en el Cecopi, ella señala: "antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver".

"No se limitaba a ser un mero testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar", además de que el mismo funcionario aseguró en su declaración que la exconsellera "acudió con un papel en el que se incluía el texto de la alerta, al objeto de que lo transcribiera, manifestándole que hasta que no lo viera no se se mandaba". 

"El testigo declaró que estuvieron de brazos cruzados hasta que se dio la orden de enviar la alerta", indica.

Para la instructora, en este proceso "se esperó hasta casi tres horas, desde que se habló en el Cecopi del envío del mensaje hasta que se materializó".

Y respecto al papel de Mazón, sostiene que existen elementos probatorios que mostrarían que su "exclusión voluntaria" de las funciones propias de la Presidencia de la Generalitat "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo".

 "Una omisión equiparable a la acción, en los fallecimientos y en las lesiones", concluye.

La magistrada hace un repaso de la lista de llamadas que Mazón dice haber mantenido en esa tarde, según el listado que él mismo hizo público, con una primera comunicación con Pradas a las 17:37 horas, tres horas después de entrar al restaurante, un periodo en el que "no consta que se efectuara ninguna llamada dando instrucciones, coordinando, preguntando, si se había convocado el Cecopi".

En todo caso, la instructora sostiene que en el proceso de decisión en el envío del ES-Alert, "en su contenido existe indicios de una eventual participación" de Mazón por un "triple motivo": la condición de secretario autonómico y jefe de gabinete de José Manuel Cuenca, que convierte sus mensajes con la exconsellera "no en meras opiniones o en consejos, sino en órdenes"; la "estrecha relación personal" que une a ambos y que la expresión 'De confinar nada, Salo', que le envió por WhatsApp el jefe de gabinete a Pradas "posee un carácter claramente imperativo" y en el que rechazaba "frontalmente" la parte del ES-Alert sobre esta cuestión.

La magistrada transcribe el contenido íntegro de ese intercambio de mensajes de Pradas y Cuenca, que van precedidos de una llamada a las 18:26 horas y de una comunicación a las 17:01 horas en la que ella le manifiesta su "preocupación" por que hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar.

"Estos mensajes sobre las 17:01 y las 17:17 ponen de manifiesto la situación en Utiel y termina diciendo que la UME no ha podido acceder con sus helicópteros. En buena lógica, teniendo en cuenta la estrechísima relación que vinculaba al President, su condición de Jefe de Gabinete, hubo de transmitir dicha circunstancia al President", sostiene la magistrada para la que, a partir de ese momento, "se produce una conversación, que a cualquiera que la lea partiendo de un análisis objetivo ha de entender que se daban órdenes concretas".

"Flagrante falta de coordinación" entre consellerias el 29-O y ausencia de órdenes de Justicia"

La jueza de Catarroja señala en la exposición razonada contra Carlos Mazón que eleva ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una "flagrante falta de coordinación y cooperación entre las distintas consellerías y específicamente la ausencia de cualquier orden" por parte de la de Justicia e Interior, dirigida por la investigada Salomé Pradas.

Así lo indica en el escrito de exposición en el que realiza un análisis con las distintas Consellerias que pudieran verse afectadas y qué medidas se habían adoptado y en el que señala que el departamento de Justicia e Interior no remitió a ninguna de ellas "ni orden, ni comunicación en relación con una emergencia de dicho calado", según las contestaciones recibidas de las distintas administraciones.

En el caso de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, señala que "no consta la recepción de solicitud de cooperación, solicitud de adopción de medidas ni comunicación alguna procedente de los órganos mencionados en relación con los hechos indicados, ni, en consecuencia la emisión de ninguna respuesta".

En parecidos términos indica que se pronunció la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en la que, por parte del subsecretario, se comunicó que no constaba recibida solicitud de cooperación ni de adopción de medidas de protección a los ciudadanos por la dana.

Sobre la Conselleria de Medio Ambiente, apunta que se aprecia igualmente "una falta de coordinación, ausencia de directrices respecto de la remisión de medios humanos destinados al control de los barrancos y su control permanente".

De igual modo, señala que en la Conselleria de Servicios Sociales, de la cual dependía la teleasistencia, no consta que recibiera tampoco órdenes específicas sobre la emergencia.

 "En este caso, la consellera asistió telemáticamente a parte de la reunión (del Cecopi), la abandonó para asistir a una entrega de premios y fue sustituida por un cargo de su propia Conselleria", indica la jueza, para quien la comunicación previa a personas tan vulnerables como las usuarias de teleasistencia que fallecieron el 29 de octubre de 2024, "es obvio que falló".

"Nadie les alertó. El hecho de que se califique como teleasistencia no impide en modo alguno que se les llamara para alertar. La comunicación es bidireccional. No sólo está prevista para recibir llamadas de auxilio y ayuda", apunta, y añade que "una oportuna gestión y coordinación permite ponerse en contacto con los usuarios para alertarlos. Que no se llevara a cabo es una cuestión distinta".

A juicio de la magistrada, esa "falta de de coordinación y cooperación" y "específicamente la ausencia de cualquier orden" por parte de la Conselleria de Justicia e Interior al resto "implica por las funciones propias del presidente de la Generalitat valenciana" a Carlos Mazón porque la emergencia "exigía la puesta disposición de todos los órganos de la administración".

La jueza argumenta que es "sumamente contradictorio" las afirmaciones "reiteradas y también injustificadas de falta de colaboración, auxilio e información que se atribuye a órganos externos de la propia Generalitat Valenciana, administración autonómica que tenía encomendada la gestión de la emergencia, y sin embargo obviar que la coordinación, la emisión de directrices u órdenes concretas fueran completamente inexistentes con consejerías con tanta relevancia como la de Agricultura y la de Educación y la que tenía encomendada los Servicios Sociales al objeto de adoptar medidas de precaución".

En el caso de Educación, sostiene que es "de especial relevancia", por los desplazamientos de menores, el caso de de los progenitores de los alumnos, e incluso del profesorado. Como ejemplo de la no suspensión de las clases, cita los casos del director del IES de Chetes y de un niño y sus padres --fallecidos al recogerle del colegio-- entre las víctimas que dejaron las riadas.

"Esto es especialmente significativo si atendemos a otros órganos educativos que sí que se adoptaron las medidas precisas. La conocida suspensión de clases adoptadas por la Universitat de Valencia", subraya la magistrada, quien destaca "esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos del presidente de la Generalitat, ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante, convertido en una oficina en la que le llevaron para firmar incluso algunos papeles, pero que no sirvió de centro de directivo".

Los tres posibles escenarios del TSJCV ante la petición de la jueza de la dana de investigar a Mazón

 VALENCIA.- La petición de la jueza de Catarroja al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de que investigue a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, en la causa de la dana, se resolverá con tres escenarios posibles.

Según han informado fuentes jurídicas, el tribunal valenciano, una vez reciba la exposición razonada de la jueza instructora del procedimiento --en el que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso--, podría admitir la investigación contra el 'expresident' y asumir toda la causa; rechazarla, con lo que la jueza de Catarroja seguiría con el procedimiento contra Pradas y Argüeso; o devolvérsela a la instructora hasta que se concreten más indicios contra Mazón.

Para adoptar una de estas tres medidas, según han apuntado las mismas fuentes, el TSJCV no dispone de un plazo concreto aunque lo previsible en este tipo de casos es que no se demore mucho en el tiempo puesto que se trata de un asunto muy mediático y sobre el que ya se hablaba hace unos meses de una posible exposición razonada.

La jueza se ha dirigido al TSJCV ante la condición de aforado de Carlos Mazón, quien dimitió en noviembre de 2025 como presidente de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. Esta condición, precisamente, le imposibilita a la instructora investigar al 'expresident'.

La petición de la jueza instructora al TSJCV llega 16 meses después de que tuviera lugar la riada en la provincia de Valencia y un año más tarde en que se archivaran las diferentes denuncias interpuestas contra Mazón por esta causa.

En concreto, en febrero de 2025 la sala de lo Civil y Penal del TSJCV desestimó dos recursos de súplica interpuestos contra su auto previo del pasado 23 de diciembre por el que el Pleno del Alto Tribunal valenciano acordó la inadmisión de las querellas y denuncias contra Carlos Mazón por su gestión de la dana.

Ante esta decisión, la jueza de Catarroja siguió con el procedimiento y practicó diferentes diligencias, documentales y testificales, para aclarar si hay algún tipo de responsabilidad en la gestión de la dana.

La jueza instructora dejó de lado la actuación que rodeaba a Mazón hasta un auto dictado por la Audiencia de Valencia en octubre de 2025 que dio un giro a la investigación penal. En esa resolución, el tribunal estimaba que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en El Ventorro el día de la dana, sí debía declarar en el procedimiento.

Al respecto, la Audiencia coincidía con la magistrada instructora en que el Mazón, por su condición de aforado, «queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación que dirige», pero matizaba que ello «no obsta para que deban practicarse diligencias que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación».

«De momento, procede avanzar en la investigación (...) y solo en el caso de que la juez de Instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el 'president' y, elevada la exposición razonada, el TSJCV compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería Tribunal Superior el órgano competente para ello», agregaba en ese momento.

Tras este pronunciamiento, la jueza de la dana acordó la citación de la periodista y, seguidamente, solicitó el listado de llamadas que hizo el 29 de octubre Carlos Mazón, una lista que había sido remitida previamente por Presidencia a la comisión de investigación sobre las riadas en la cámara autonómica.

Seguidamente, la magistrada ha ido citando a personas que estuvieron el día de la riada con Mazón, como sus escoltas o chóferes, con el objetivo de seguir arrojando luz a la investigación. Ahora, casi un año y medio después de la riada, la instructora ha decidido elevar exposición razonada al TSJCV contra Mazón, órgano que determinará la posible investigación al 'expresident'.

Diana Morant: "Mazón está más cerca del banquillo"

 VALENCIA.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón «está más cerca del banquillo y a los valencianos y valencianas y las víctimas de la dana, más cerca de obtener justicia».

Así lo ha valorado, en un comunicado, la también ministra de Ciencia después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón para pedir su investigación.

Morant ha señalado que esta decisión «tarde o temprano tenía que llegar» y ha incidido en que la magistrada «ya había realizado varias invitaciones para que Mazón declarara en calidad de testigo y ahora lo hace en calidad de investigado».

La dirigente socialista ha insistido en que «Mazón no es el único responsable, pero sí es el máximo responsable de la gestión negligente que causó muertes el día de la dana».

«Sabemos que estuvo en El Ventorro en plena emergencia y sabemos que a la una de la madrugada, cuando ya había muertos y centenares de rescates en marcha, se fue a casa a dormir». 

«En ningún caso estuvieron protegiendo la vida de las personas», ha lamentado.

Morant ha exigido al Partido Popular que actúe de inmediato: «El PP de la Comunitat Valenciana, el señor Pérez Llorca y el señor Feijóo a nivel estatal tienen que hacer algo. Tienen que cesar a Mazón, retirarle el acta de diputado y suspenderle de militancia».

Asimismo, ha advertido de que «si no lo hacen, estaremos ante el Partido Popular de siempre en la Comunitat Valenciana». Morant se ha referido a precedentes de expresidentes y altos cargos populares que acabaron en el banquillo, como Zaplana, Olivas, Camps y ahora Mazón. 

«La Comunitat Valenciana ya ha sufrido demasiado por la corrupción y la negligencia del PP como para volver a normalizarlo», ha concluido.

El PSPV denuncia ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el Hospital del Vinalopó

 
https://alicanteplaza.es/alicanteplaza/elcheplaza/el-pspv-denuncia-ante-la-fiscalia-presuntas-irregularidades-en-el-hospital-del-vinalopo

Una magistrada abre diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública de Alicante

ALICANTE.- La titular de la plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles, 11 de febrero, diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus en la Playa de San Juan.

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, una exdirectora general y otros empleados municipales.

La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal, explica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

Cabe recordar que el caso se origina tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento alicantino, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP. 

Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.