miércoles, 29 de febrero de 2012

Rebajan a una multa y diez años de inhabilitación la condena por prevaricación al alicantino juez Urquía

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado la multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella (Málaga) el alicantino Francisco Javier de Urquía por un delito de prevaricación en la 'Operación Hidalgo' pero le mantiene las penas de prisión de dos años e inhabilitación durante 17 que le fueron impuestas por el tribunal andaluz por este mismo delito y otro de cohecho.

   En la sentencia, el alto tribunal anula parcialmente la dictada por el TSJA en cuanto a que no ve que la actuación prevaricadora de De Urquía tuviera una "continuidad delictiva". Así, le rebaja la sanción económica de cien euros al día durante 18 meses a una de 25 euros al día durante doce meses pero mantiene la inhabilitación por diez años.
   Con respecto al delito de cohecho, el Supremo mantiene lo dictado por el TSJA, es decir, una pena de dos años de cárcel, el pago de una multa de 60.000 euros y la inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por tiempo de siete años.
   Durante la vista celebrada la pasada semana en el Supremo, la Fiscalía había pedido que se rechazasen los recursos presentados contra la sentencia andaluza y se mantuviesen las condenas por prevaricación continuada y cohecho al considerar que el juez se puso de acuerdo con un amigo para pedirle 60.000 euros a uno de los imputados en la operación a cambio de decretar los autos de libertad provisional para él, su mujer y su sobrino.
   Sin embargo, la Sala de lo Penal del TS ha estimado algunos de los motivos argumentados por la defensa del juez para señalar que no se puede apreciar un delito continuado ya que la decisión de poner en libertad a esos tres imputados se "adoptó en una única acción y un solo acto de voluntad".
   En este sentido, reconoce que el delito continuado exige varias acciones u omisiones y, en el caso del recurrente dictó el mismo día los tres autos acordando la libertad de los tres imputados. "Es claro que pudo haberlo hecho en una sola resolución, por lo que el que haya optado por hacerlo separadamente, dadas las demás circunstancias concurrentes, no permite apreciar la existencia de acciones autónomas dotadas de individualidad suficiente", recoge.
   Además, ha estimado parcialmente otro de los motivos argumentados por la defensa, sobre la cuantía de la multa impuesta por ese delito. Y es que, en este sentido, el TSJA fijó una cuota diaria de cien euros (3.000 al mes) atendiendo al hecho de que el recurrente ejerce como profesional de la abogacía pero "nada demuestra" que por ello la situación económica del juez sea buena.
   Así las cosas, el Supremo reconoce que esa actividad profesional "puede ser un ejercicio económicamente exitoso o no serlo", ya que no se aporta ningún dato "esclarecedor" que garantice esa supuesta buena posición económica, por lo que establece finalmente la cuota diaria en 25 euros.
   La defensa de De Urquía había pedido la absolución argumentando que la puesta en libertad de los tres imputados era "la única opción posible porque no se podía prolongar la detención" y que "no fue una solución discrecional". 
Asimismo, había calificado de "el absurdo más absurdo" que la sentencia del TSJA basase la existencia del cohecho en la prevaricación y que vea este delito solo en la intencionalidad mientras que la doctrina del Supremo pide que para demostrar prevaricación es necesario que haya un tipo objetivo.

Fabra dice que el Gobierno tiene que ayudarles con su deuda porque no obtendrán confianza hasta que paguen a proveedores

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha manifestado este miércoles que el Gobierno central "tiene que ayudarles" a resolver sus problemas de pago a proveedores e instituciones porque no obtendrán la "confianza necesaria" de éstos y de los inversores extranjeros hasta que no salden su deuda con los proveedores.

   Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de inauguración de la Feria Egética, Expoenergética, Ecofira, Novabuild y Green Up, al ser preguntado por la rebaja de S&P de la calificación de la deuda de la Comunitat por debajo del umbral del grado de inversión debido precisamente a las "incertidumbres" sobre el apoyo del Ejecutivo estatal a la hora de atender su deuda.
   Al respecto, Fabra ha achacado esa bajada de los 'ratings' de largo y corto plazo de la Comunitat a que se ven "arrastrados por una rebaja también que se ha hecho a nivel de Reino de España" y ha reivindicado que dados los "momentos de extrema dificultad" que atraviesan todas las autonomías y administraciones, el Gobierno tiene que ayudarles a resolver sus problemas de pago.
   De hecho, ha asegurado que esa fue una de las cuestiones que comentó este martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste le transmitió una garantía "absoluta" de que les ayudarían en este sentido.
   El jefe del Consell ha insistido en que la ayuda estatal "tiene que ir destinada en estos momentos a pagar a los proveedores y a ayudar a las administraciones a generar esa confianza necesaria de los países extranjeros".
   "Hasta que no generemos ese pago a proveedores no vamos a conseguir la confianza necesaria tanto de las instituciones y de los proveedores como también de inversores extranjeros", ha remarcado Fabra, quien ve "fundamental" cumplir esos compromisos para recuperar "esa confianza que luego se reflejará seguro en la valoración que puedan hacer esas agencias". "Y en eso estamos", ha dicho.
   En cuanto a las garantías que le ofreció Rajoy al respecto, ha asegurado que "absoluta" y ha recordado que la pasada semana "ya salió la ayuda a los ayuntamientos y esta semana en un principio saldrá también la ayuda de las comunidades autónomas".
   Según Fabra, "el concepto que transmite el Estado es de colaboración con el resto de administraciones, y eso es fundamental" dado que "todos somos parte del Estado y tenemos que ayudar a generar esa confianza necesaria que nos ayude a todos" y que "haga que los mercados exteriores, la Unión Europea y otros países inversores, tengan la confianza necesaria para poder venir a nuestro país".
   Así, ha subrayado que "la colaboración tiene que ser conjunta de todas las administraciones" y ha enmarcado en esa afirmación la "idea que tiene el Gobierno de ayudar a todos, tanto a los ayuntamientos la semana pasada como esta a las comunidades autónomas, para que podamos pagar a proveedores y ganar confianza de dentro y de fuera".

Alrededor de 300 alumnos de secundaria se manifestan en Alicante contra los recortes

ALICANTE.-   Alrededor de 300 estudiantes se han manifestado este miércoles en la ciudad de Alicante en protesta por los recortes en educación y donde se han escuchado alusiones a la acción policial en las marchas estudiantiles celebradas en Valencia. La manifestación se ha desarrollado de manera pacífica bajo vigilancia de efectivos de las Policías Nacional y Local.

   La manifestación de estudiantes ha partido sobre las 11.00 horas de la escalinata del IES Jorge Juan y ha discurrido por las céntricas avenidas de General Marvá y Federico Soto, para continuar hasta la sede del Consell en Alicante, en la avenida Doctor Gadea de Alicante. Los participantes portaban pancartas en las que podía leerse 'España también es campeona en recortes', 'No recortéis nuestro futuro, que se recorten ellos los trajes'.
   Además, junto a las pitadas, los jóvenes recordaban a gritos que los alumnos no son gasto "sino inversión", proponían a los políticos que "si quieren recortes, que empiecen por las Cortes" y hacían alusión a la acción policial en las protestas llevadas a cabo en Valencia con la frase Què valents que peguen als xiquets!.
   Llegados a la confluencia de las avenidas Federico Soto y Maissonnave, los estudiantes han decidido desviarse del itinerario inicialmente previsto --que les llevaba a la plaza de la Montañeta, donde iban a coincidir con una manifestación de delegados de CCOO y UGT contra los recortes en los servicios públicos--, y han optado por realizar una sentada en un parque situado junto a la sede del Consell en Alicante, en la avenida Doctor Gadea.

El Presidente de Cantabria aboga por reformular Estado de las Autonomías

SANTANDER.- El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, del PP, ha opinado este miércoles que habría que "repensar" el Estado de las Autonomías, del que, sin embargo, se ha declarado "partidario", porque, a su juicio, "se han dado muchas transferencias" a las comunidades que actualmente "no son sostenibles".

   En una entrevista en ABC Punto Radio,  Diego ha apuntado que no se trata de un "problema" sólo de Cantabria sino de "todas" las comunidades autónomas.
   Tras poner como ejemplo las transferencias realizadas a Cantabria en materias como la Sanidad --en la que ahora hay que reconocer ante el Parlamento 260 millones de euros de deuda farmacéutica porque el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) "no pudo pagar" las facturas o "no quiso hacer el esfuerzo"--, o la Justicia --a su juicio "mal negociada"--, Diego ha opinado que algunas se han convertido en un "problema añadido" porque "no son sostenibles" en las condiciones en que se hicieron.
   Sin embargo, y aunque ha precisado que habría que "reformular" el Estado de las Autonomías, el presidente regional ha reconocido que en sus 30 años de existencia en España este modelo de Estado "ha posibilitado avances importantes", "progreso" y "calidad de vida" para los ciudadanos.
   Diego también fue cuestionado anoche en relación a este asunto en una entrevista en 'La Brújula', de Onda Cero, en la que ha negado que "en absoluto" se trate de una "oleada de centralismo".
   De hecho, Diego ha asegurado que significa "todo lo contrario" y se trata de que "cada uno", cada comunidad autónoma, "asuma su responsabilidad".
   "Ahora lo fácil sería renunciar a nuestras competencias y recurrir al centralismo", ha dicho el presidente regional, quien, en cambio, ha opinado que lo que las comunidades autónomas tienen que hacer es reconocer su responsabilidad en la gestión y "cooperar" con el Gobierno central para corregir el déficit de España.
   Según ha explicado, se puede hacer si, "uno a uno", los responsables de las comunidades autónomas adoptan medidas y toman decisiones, algunas "no gratas", que sirvan para "corregir el camino" emprendido en años anteriores "sin esperar" a que el Estado les "inste" a ello.
   Durante la entrevista en el programa 'La Brújula', de Onda Cero, Diego ha explicado que el Gobierno de España aún no les ha trasladado el "máximo" de déficit público que se va a autorizar a las comunidades autónomas este año, un dato para el que aún no dispone con una "cifra exacta".
   Sin embargo, ha explicado que tendrá que tener en cuenta las "exigencias de Bruselas" para el déficit de España, porque el de las comunidades autónomas "computa" dentro de él.
   Durante su entrevista en ABC Punto Radio, y cuestionado por las exigencias de Bruselas a España para rebajar el déficit, el presidente regional ha explicado que "le gustaría pensar" que se suavizarán pero ha reconocido que, poniéndose en el lugar de los responsables económicos de la UE y con lo ocurrido con Irlanda, Portugal y Grecia y con los últimos datos del Ministerio de Economía sobre el déficit de las CC.AA, sería "muy reticente" a dar flexibilidad.
   En Onda Cero, y a preguntas del entrevistador, Diego ha afirmado que si el Gobierno de Cantabria no cumple este año los objetivos que se le marquen a la comunidad, entre otros aspectos en el del déficit, "asumirá la responsabilidad".
   El presidente del Gobierno de Cantabria ha afirmado que "asume el compromiso" de hacer lo mismo que se les ha pedido a los responsables de las empresas públicas: cumplir los objetivos para hacerlas viables ya que, de lo contrario, podrían ser despedidos.
   "No tengo inconveniente en hacerlo", ha dicho Diego, al ser cuestionado sobre si él mismo tomaría la decisión de dejar el Gobierno regional si, al cierre de 2012, no cumple los objetivos para la comunidad autónoma. "Tendré que hacerlo, por más que el objetivo sea complicado porque se ha acabado la fiesta".
   Diego ha subrayado que, de las cuatro comunidades autónomas más incumplidoras en el déficit, tres de ellas (Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron gobernadas el pasado año por el PSOE.
   Sin embargo, ha confiado en que Cantabria "podrá sobreponerse" de la situación dejada por un Gobierno PRC-PSOE "absolutamente irresponsable" gracias al Plan de Ajuste planteado por el actual Ejecutivo regional (PP).
   En relación a estas medidas de ajuste, y en una entrevista en la Cope, Diego ha reconocido que "quiere pensar que va a ser suficiente" con las medidas anunciadas.
   "Vamos a trabajar para que sea suficiente", ha garantizado el presidente de Cantabria, quien ha asegurado que, a través de la gestión de los gastos y del ahorro que se puede hacer "en muchísimas partidas presupuestarias" sin que se "resientan" los servicios a lo ciudadanos --"una cuestión vital que tiene que estar por delante de cualquier otra razón", ha dicho--, se va a conseguir que "sean suficientes".

Montoro anuncia que se definirán las competencias de las diputaciones provinciales

MADRID.-   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la reforma de las administraciones públicas que plantea el Gobierno para cumplir su idea de una administración, una competencia, será rápida y afectará a las diputaciones, cuyo "importante" papel se tiene que aclarar para que asuman competencias que están ejerciendo los municipios más pequeños "en condiciones no óptimas".

   Montoro ha comparecido en la comisión de Entidades Locales del Senado para explicar sus planes de trabajo. Ha asegurado que el país está "en condiciones" de reformar el mapa administrativo para aclarar las competencias de cada cual y lograr unas administraciones públicas "lo menos costosas posibles". El Gobierno quiere llevar a cabo esta reforma "con bastante rapidez" porque de no ser así, ha sentenciado, "no será posible" terminar con el déficit público.
   En lo que atañe a los ayuntamientos, supondrá reformar la ley de gobierno local para asegurar qué competencias son propias de los municipios y también su financiación. Cristóbal Montoro ha subrayado que se quiere "evitar" las llamadas competencias impropias, aquellas que ejercen los consistorios pero que corresponden a otra administración, y aclarar la financiación de cada servicio que se presta, lo que afecta también al Estado y a las Comunidades Autónomas.
   Esta reforma paralela de la financiación municipal, para que cada competencia sea financiada "correctamente", supondrá estudiar cómo se distribuyen los tributos y abordar también una mayor "autonomía financiera", lo que no deberá traducirse en más impuestos para los ciudadanos, ha agregado.
   El rediseño del mapa administrativo supondrá, según ha precisado hoy el ministro, reformar el papel de las diputaciones; lejos de plantear su desaparición, Cristóbal Montoro ha explicado que estas instituciones tienen un "importante papel que jugar" y que es necesario especificar su trabajo, porque pueden asumir competencias que ahora ejercen los ayuntamientos más pequeños "en condiciones no óptimas".
   "Necesitan una reforma que especifique sus actividades claramente y que conlleva una simplificación de las competencias que están ejerciendo los municipios de menor tamaño en condiciones no óptimas", ha subrayado.
   Cristóbal Montoro ha defendido el compromiso de su gobierno con los ayuntamientos y el respeto por su autonomía, como también por el autogobierno de las comunidades. "Este Gobierno pretende profundizar y mejorar ese Estado de las autonomías, no al contrario", ha dicho, aunque ha reconocido que dado el "agobio financiero" exista la "tentación" en algunas administraciones "de entregar las llaves" y devolver competencias. "Nos han votado para hacer lo contrario", ha sentenciado.
   El portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, le ha "confesado" al ministro que el "aliado natural" de los ayuntamientos es el Gobierno y viceversa, "independientemente del color político", y ha subrayado que los municipios tienen mejor relación con el Ejecutivo que con los gobiernos autonómicos.
   El alcalde y senador ha lanzado una batería de propuestas al ministro sobre las entidades locales, como una quita en la devolución que deben hacerle al Gobierno de los adelantos de 2008 y 2009, o convertir las tasas en impuestos y ponerles un suelo, un mínimo, para aproximarlas "al coste real de los servicios".
   Belloch ha exigido sobre todo que se termine con la existencia de las competencias impropias y ha asegurado que el déficit estructural de los ayuntamientos se terminaría sólo con que cobraran lo que les deben otras administraciones por ejercerlas. Como Montoro, ha reconocido que en algunos casos se está cerca de la quiebra técnica

Montoro sitúa "próximos a la quiebra técnica" a algunos ayuntamientos

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la "gravedad" de la crisis ha mermado "con virulencia" la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a "situaciones próximas a la quiebra técnica", con "enormes e inaceptables" retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas de los trabajadores. 

   Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Montoro ha considerado "inaceptable" la situación, por lo que ha resaltado la necesidad de conocerla y corregirla con diferentes medidas que mejoren la liquidez de las corporaciones locales y la situación de las empresas en España.
   En este sentido, el ministro ha resaltado la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo y se ha referido al mecanismo que implementará el Gobierno para que las administraciones públicas puedan hacer frente a los pagos pendientes con proveedores.
   De hecho, ha repasado las líneas generales del anteproyecto de ley y el real decreto ley aprobado el pasado viernes, que posibilitará la creación del mecanismo que se desarrollará para hacer frente a estas deudas y que, según Montoro, en ningún caso elevará el déficit público.
   Este mecanismo, según Montoro, será una "gran operación financiera" y se cerrará "bien pronto", de forma que esté vigente a lo largo de 2012 y habilite las condiciones necesarias para que las administraciones puedan cumplir con sus obligaciones pendientes.  
   Además, Montoro ha justificado esta medida al decir que no solo facilitará el pago de las deudas a las administraciones, sino que también promoverá la inyección de un gran volumen de dinero sobre la economía real, los autónomos, las pymes y las grandes empresas.
   "No se debe entender esta operación como una relajación o flexibilización", ha señalado Montoro, tras recordar que el objetivo es "sanear y clarificar" las cuentas y comprometerse con el principio de estabilidad presupuestaria.  
   El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la necesidad de trabajar en "acuerdos políticos y consensos" porque hay que "hacer de la necesidad virtud" y convertir la crisis en una "oportunidad" para sacar adelante reformas estructurales "útiles" para favorecer la salida de la crisis.  
   En este sentido, ha asegurado que la política del Gobierno se fundamenta en la consolidación fiscal y en un "amplio" programa de reformas. "Las metas son claras", ha dicho, tras recordar que el objetivo principal es conseguir el saneamiento del sector público y generar un escenario de confianza para poder crecer y crear empleo.
   Así, el ministro ha repasado algunas de las medidas implementadas por el Gobierno desde que llegó a La Moncloa, sobre todo aquellas que afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos, como el anticipo del 50% de las liquidaciones del año 2010 o el aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones de los años 2008 y 2009.
   De la misma forma, ha resaltado la intención del Gobierno de no exigir la licencia previa en los comercios y aplicar criterios "más efectivos de control, al tiempo que ha resaltado la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas en todas las administraciones de forma que se puedan coordinar en todo el territorio.  
   Finalmente, se ha referido al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que actualmente está en el Consejo de Estado, y ha asegurado que es uno de los grandes proyectos del Gobierno para recuperar la confianza frente a los socios europeos y los acreedores.
   "Muy pronto estaremos en condiciones de enviarlo a las Cortes", ha dicho Montoro, quien ha insistido una vez más en la "importancia" de los acuerdos políticos en esta materia porque se trata de una ley orientada a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza y reforzar los compromisos adquiridos por España.
   Montoro ha resaltado la novedad que supone que todas las comunidades tengan que elaborar techos de gasto, algo que no ocurre en otros países y que aporta mucho más "transparencia" y más compromiso democrático porque permite a las Cortes participar en todo el proceso previo a la elaboración a los Presupuestos.

Dos tercios de asistidos por Cáritas están derivados de los servicios sociales

MADRID.- El secretario general de Cáritas en España, Sebastián Mora, ha afirmado que el 65 por ciento de las personas que acceden a los recursos de atención primaria de Cáritas están derivados por los servicios sociales municipales y ha reconocido que, a pesar del deseo de la organización, "están sustiyendo alguna acción del Estado, entendido como administración pública".

   En declaraciones a RNE, Mora ha afirmado que desde la organización se está tratando de "estirar" lo máximo posible para ayudar porque "ni pueden, ni deben, ni sería conveniente sustituir al Estado".  
   En este sentido, ha explicado que han recibido tanto donaciones en especie como donaciones dinerarias y que en el último año "han crecido en 17 millones de euros de los cuales todo el crecimiento ha sido de donativos privados, de personas y de empresas e instituciones".  
   "Ha decrecido la ayuda de los gobiernos municipal, autonómico y central y sin embargo ha crecido mucho la ayuda de las donaciones privadas entre ellas las de empresas, restaurantes que donan tanto en especie como en dinero", ha añadido.
   Mora ha afirmado que un fenómeno que se está dando en España es el de los trabajadores pobres, "gente que está trabajando a jornada completa pero que sigue por debajo del umbral de la pobreza" y ha explicado que "un 14 por ciento de los trabajadores no pueden sacar a sus familias adelante a pesar de trabajar ocho o diez horas al día".
   En este sentido, ha señalado que en España hay dos redes asistenciales importantes, "la red familiar, que sigue sustentando a muchas personas" y las redes asistenciales entre las que se encuentra Cáritas.
   De este modo, Mora ha afirmado que "en los últimos años se han incrementado mucho a Cáritas las peticiones de ayuda para necesidades básicas como la alimentación, vestido, pagar la luz, pagar el gas, pagar un uniforme del niño o la compra de los libros para los niños".
 "Tras una necesidad básica hay una necesidad de desarrollo personal y tras una petición de alimentación hay una petición de autoestima, de escuha, de empleo, de una vivienda minimamente digna; de ser un ciudadano normal", ha explicado.
   Por ello, la organización diocesana realiza su labor en cuatro líneas de trabajo. Una primera de acogida, que significa "acoger a todas las personas que llegan a su servicio" y aunque "no solucionan todo, tratan al menos de escuchar a todas las personas".
   También, ofrecen ayuda, que puede ser "dineraria, en forma de talleres de formación, ayuda psicológica o de asesoría legal" y;  programas de desarrollo de las de empleo, vivienda, derechos sociales, en los que "tratan de recomponer lo que está descompuesto".
   Por último, Mora ha explicado que realizan la "denuncia pública de lo que ocurre", donde tratan de ser "el amplificador de la voz de las personas más pobres".
   El secretario general de la organización, ha explicado que el año pasado se atendió en Cáritas "a 1.500.000 personas y este año se prevé que ese número ascienda entre un 20 y un 17 por ciento".
   Así, ha señalado que se ha producido una importante "erosión de las clases medias y medias bajas" donde se encuentran familias en la que ambos cónyuges tenían trabajo y una vida normal y se va erosionando por diferentes factores, lo que ha producido, según ha explicado Mora, una "incorporación masiva de más de un millón de personas a vivir por debajo del umbral de la pobreza".
   Por ello, ha afirmado que a Cáritas le preocupa, "la fractura, la brecha y la desigualdad que se está generando en la sociedad", donde "los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen cada vez tienen menos y, además, cada vez son más los que tienen menos".  
   No obstante, Cáritas "cree que este aumento se puede detener" con una "concienciación ciudadana amplia, una concienciación empresarial amplia y con una política distintas".
   En este sentido, Mora ha afirmado que tienen encuentros con "la mayoría de partidos en los que presentan estudios, propuestas, se reflexiona y existe una receptividad importante en el trato aunque luego no se vea aplicado en políticas concretas.

Enrique Martín presenta su renuncia a la presidencia de Coepa y anuncia que no se presentará a la reelección


ALICANTE.- El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Enrique Martín, ha presentado este martes su renuncia al cargo, y ha anunciado que no se presentará a las elecciones el próximo día 22 de marzo, ni tampoco formará parte de ninguna candidatura, según ha informado en un comunicado la patronal alicantina. 

   Martín ha dado a conocer su decisión este martes por la tarde, en el transcurso de la Junta Directiva Extraordinaria celebrada en la sede de la Confederación, y ha recordado que el pasado mes de noviembre, cuando tomó posesión del cargo, ya adelantó su intención de no concurrir a la reelección "si había otra candidatura que aglutinase el suficiente consenso".
   Con ello, según ha indicado, pretende "preservar el principio de unidad empresarial que siempre ha defendido, y que en las circunstancias actuales de la Confederación es más importante que nunca", según las mismas fuentes.
   Martín, en el momento de su despedida, ha asegurado que en los cuatro meses que ha estado al frente de la Confederación ha centrado todos sus esfuerzos en resolver la delicada situación económica y financiera que sufre la organización.
   Gracias a esta labor, en las últimas semanas se han cerrado operaciones que han aportado recursos suficientes para afrontar los próximos meses "con cierta tranquilidad", hasta que la Generalitat Valenciana presente a las organizaciones empresariales un Plan de Pagos para cubrir la deuda que, solo con Coepa, ronda los 7,5 millones de euros.
   El vicepresidente primero y presidente de Hosbec, Antonio Mayor, asume la presidencia temporalmente, con el objetivo de liderar la organización hasta la celebración de las elecciones a presidente el próximo día 22 de marzo.

Más información de la Comunidad Valenciana en:

 http://valenciaconfidencial.blogspot.com

Ripoll reclama para Alicante la terminal de contenedores ferroviaria 'La Serreta'

ALICANTE.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), José Joaquín Ripoll, ha considerado "fundamental" que Alicante cuente en su término municipal con el denominado centro logístico de La Serreta, que incluye una terminal de contenedores ferroviaria, y ha advertido que, de lo contrario, "Alicante podría quedar desabastecida y en un segundo nivel respecto a otras ciudades".

 Ripoll ha recordado que la decisión definitiva de la ubicación de esta terminal compete a Adif.
   "Ahora todas las decisiones ferroviarias dependen de la financiación de la entrada del AVE, y de la ubicación de la terminal de contenedores de Alicante", ha comentado.
   Al respecto, ha aclarado que "la línea del AVE parece que ya no va a tener ningún inconveniente, y ya se ha solucionado el tema de la estación provisional, y los tiempos que se manejan son diciembre de este año".
   Por ello, en la actualidad, el Puerto está a la expectativa de la decisión de Adif sobre la ubicación del llamado centro logístico de La Serreta, que incluye una terminal de contenedores ferroviarios definitiva".
   Preguntado sobre los trámites para continuar con las obras de acceso sur de la ciudad de Alicante, ha comentado que, "en base a la decisión que (Adif) adopte, de si tiene que ver con la estación de Murcia o no", las gestiones relacionadas con el acceso sur de la ciudad "se agilizarán".
   Ripoll ha mostrado su disposición de "no poner ninguna objeción, sino todo lo contrario". 
"En estos tiempos de crisis, cuanto antes se ponga en valor esos terrenos, si podemos sacar alguna rentabilidad económica, mejor, y cuanto más ayudememos a la ciudad a que se defina la entrada sur, mejor".
   Por otra parte, el Puerto de Alicante proyecta volver a abrir una línea de pasajeros y mercancías con Ibiza y Mallorca, dado que la línea marítima establecida entre Valencia y Baleares "no tiene la suficiente rentabilidad".
   Ésta es una decisión, según ha comentado el presidente del Puerto, que "hay que madurar y que hay que ver los rendimientos económicos", porque la actual crisis económica obliga a estudir "la rentabilidad a semanas o a meses". 
No obstante, ha precisado que los datos del Puerto de Alicante del mes de febrero en número de toneladas les dan "otra vez la puerta a la esperanza".

El Gobierno da luz verde al reconocimiento de la profesión de palmerero

ELCHE.- La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ha anunciado que el gabinete de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, ha dado luz verde al reconocimiento del perfil profesional de palmerero, y con ello "por fin se ha dado respuesta a una reivindicación histórica de los palmereros", según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento ilicitano. 

   La primera edil ha detallado que este martes el Ministerio de Empleo se ha puesto en contacto con el teniente alcalde de Relaciones Institucionales, Antonio Luis Martínez Pujalte, para informarle de que esta profesión se incluirá dentro del certificado profesional de actividades forestales.
   "Este colectivo nos expresó su preocupación y desde el Ayuntamiento nos hicimos eco y nos comprometimos a estudiar este importante asunto y aportar soluciones", ha recordado.
   Por ello, el equipo de Gobierno del PP presentó una moción al pleno de este lunes pasado, que se convirtió en declaración institucional con el fin de solicitar este reconocimiento, y que en menos de 24 horas "ya ha obtenido respuesta y compromiso firme del ministerio en reconocer la profesión de palmerero".

Un contrato «confidencial» parece avalar la prejubilación de López Abad en la CAM

ALICANTE.- Tras romper la «fusión fría» que habían pactado, el entonces presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, firmó el pasado 6 de abril un «contrato confidencial» por el que se hacía efectiva la salida de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura del Banco Base que habían constituido conjuntamente las cuatro cajas.

Dicho contrato, al que ha tenido acceso Abc, incluye una cláusula según la cual si algún alto cargo del Banco Base reclama una compensación económica tras abandonar la entidad, será abonada por la caja de ahorros de la que procede.
En esta situación se encontraba Roberto López Abad, quien en noviembre de 2010 cesó a petición propia como director general de CAM, para asumir el mismo cargo en el Banco Base. Tras romperse la fusión, López Abad se reincorporó a Caja Mediterráneo y, tan sólo un mes antes de que la caja fuera intervenida por el Banco de España, se prejubiló el 29 de junio de 2011. La CAM le pagó una prejubilación de 5,5 millones de euros, en atención al cargo de director general que había desempeñado.
El expediente disciplinario que el Banco de España ha abierto a 48 ex directivos de la CAM indica que «existen dudas razonables de que la adhesión de Roberto López Abad al programa de prejubilaciones se llevase a cabo dentro del plazo establecido al efecto, aunque formalmente es así».
Y añade que, al igual que otros cinco miembros del comité de dirección, se benefició de condiciones económicas «mejores» que el resto de la plantilla de CAM acogida al Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En su descargo, López Abad aportó un dictamen de la firma Sagardoy Abogados según el cual tenía derecho a acogerse el ERE y a beneficiarse de las «mejoras establecidas vinculadas a su condición de director general», a pesar de que ya no ocupaba dicho cargo en el momento de la prejubilación.
 En su expediente, el Banco de España cuestiona este extremo y destaca que el ex directivo se embolsó 212.430 euros entre 2008 y 2010, a través de la prima establecida para el cumplimiento de objetivos.

S&P baja el rating de la Comunitat Valenciana a 'bono basura'

VALENCIA.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado los 'ratings' de largo y corto plazo de la Comunitat Valenciana debido a la existencia de "incertidumbres" sobre el apoyo del Gobierno central a la hora de atender su deuda, hasta situarlos por debajo del umbral del grado de inversión.

   En concreto, la calificación de largo plazo pasa de 'BBB-' a 'BB' --segundo nivel dentro del grado especulativo o de no inversión-- y la de corto de 'A-3' a 'B' --tercer nivel, un escalón más negativo que la anterior--. En el primer caso, advierte de que se enfrenta a una gran incertidumbre ante condiciones económicas adversas y en el segundo, que es aún más vulnerable aunque "tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras".
   Ambas se mantienen en vigilancia negativa --donde se situaron el 19 de diciembre-- por la posibilidad de acometer una nueva rebaja si consideran que el Gobierno "es menos capaz, en el largo plazo, de ayudar a las regiones a corregir sus desequilibrios" o si el Consell "no cumpla estrictamente con las condiciones establecidas por el Gobierno" para recibir ese apoyo, dado su "reciente historial de desviaciones con los objetivos fiscales oficiales".
   En su opinión, la Comunitat "tiene un perfil crediticio debilitado, con altos déficits fiscales, una alta carga de deuda y acceso limitado a la financiación externa más allá de la asistencia financiera" del Ejecutivo estatal.
   S&P augura que la línea creada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender vencimientos "no podrá cubrir el servicio de la deuda hasta junio" de modo que "serán necesarias medidas de apoyo gubernamental adicionales, todavía indefinidas", y sostiene que esa situación "no es compatible" con mantener la calificación de la Comunitat en categoría de inversión por su "débil perfil crediticio".
   De hecho, argumenta que el "deteriorado perfil de crédito individual" de la Comunitat únicamente podría tener un rating en grado de inversión --que oscila de BBB- hasta un máximo de AAA-- "si el apoyo extraordinario del Gobierno es explícito y transparente, y deja poco margen a la interpretación en relación con los importes, la puntualidad y las condiciones bajo las que recibiría apoyo".
   En cuanto al apoyo del ICO, precisa que el diseño actual de esa "nueva facilidad financiera" cubre "únicamente el 52 por ciento de las amortizaciones" de la Comunitat en la primera mitad de 2012.
   A juicio de S&P, el Gobierno central "probablemente proporcionará apoyo financiero para cubrir el servicio de la deuda en 2012, pero de forma extraordinaria".
   Respecto al mantenimiento de las calificaciones de largo y corto plazo "en CreditWatch con implicaciones negativas", S&P resalta que también refleja el "riesgo" de que el "equipo gestor" de la Comunitat "no cumpla estrictamente con las condiciones establecidas por el Gobierno central en el marco de su mecanismo de apoyo extraordinario", dado su "reciente historial de desviaciones con los objetivos fiscales oficiales".
   "No podemos descartar que un incumplimiento pudiera dificultar el acceso fluido de la Comunitat Valenciana a la financiación del gobierno y acentuar las tensiones de liquidez", remarca S&P, que podría rebajar el rating "un máximo de una categoría".
   La entidad también señala que podría sacar de esa vigilancia negativa las calificaciones de la Comunitat si ratifica "la fortaleza del marco institucional para las comunidades autónomas", si el Gobierno central "modificara los términos de su apoyo financiero de tal forma que el servicio de la deuda de Valencia estuviera cubierto de forma completa y explícita" y si considera que la Comunitat "podría cumplir con todas las condiciones establecidas por el Gobierno  para dar su apoyo (incluyendo los ajustes fiscales)".
   No obstante, precisa que en la actualidad ve "limitado el potencial de subida del rating" porque está "revisando" su valoración de ese marco institucional para ver si lo consideran "menos capaz, en el largo plazo, de ayudar a las regiones a corregir sus desequilibrios" y porque no esperan "una mejora sostenible en la posición de liquidez" de la Comunitat en estos momentos.
   "No tenemos visibilidad sobre la capacidad de Valencia para reequilibrar de forma rápida lo que vemos como fuertes desequilibrios presupuestarios estructurales, mejorar su ejecución presupuestaria y estabilizar sus ratios de carga de deuda", concluye S&P, que resolverá ese CreditWatch "lo antes posible" dentro de los próximos tres meses.

lunes, 27 de febrero de 2012

El CVC ve "sobradas razones" para declarar las Fogueres BIC Inmaterial por la Generalitat

VALENCIA.-   El Consell Valencià de Cultura (CVC) recomienda que la fiesta de las Fallas sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por la Generalitat, puesto que hay "sobradas razones" que acreditan su mérito para recibir esa distinción. 

   Igualmente, el organismo consultivo cree que la declaración debe hacerse extensiva a las 47 localidades con Junta Local Fallera y anima a las instituciones a iniciar los trámites para que las Fogueres de Sant Joan de Alicante y las Gaiates de Castellón puedan acceder a los mismos niveles de protección.
   El CVC ha aprobado este lunes en sesión plenaria el 'Informe sobre la declaración de la fiesta de las Fallas como BIC Inmaterial de la Comunitat Valenciana', a instancias del Gobierno valenciano, que el pasado 28 de diciembre inició un expediente destinado a conceder a las fiestas josefinas esa consideración con el fin de que, posteriormente, pueda optar también a ser reconocidas por la Unesco.
   La institución subraya que las Fallas poseen "sobradas razones históricas, artísticas, literarias, musicales, asociativas, populares, humorísticas, gastronómicas, de mantenimiento de las tradiciones y de atracción turística y promoción económica" para ser BIC Inmaterial. Por ello, añade, "merecían inscribirse en el Inventario de bienes del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en pie de igualdad con otras celebraciones populares, de raíz festiva, artística y cultural, del mundo".
   El Consell Valencià de Cultura agrega que las autoridades y las entidades culturales de la Comunitat "deben mostrar interés por el cuidado, protección y reconocimiento del gran acervo cultural, artístico, musical, histórico y asociativo que las Fiestas de las Fallas atesoran y proyectan, así como velar por el uso normalizado del valenciano.
   En el informe, según ha explicado su ponente, el consejero Francisco Pérez Puche, se hace un repaso del amplio repaso del bagaje cultural que acompaña a las Fallas y se alude a cuestiones como el humor, al artesanía, la música e, incluso, la gastronomía.
   Asimismo, se destaca la importancia en los festejos de la pirotecnia y la iluminación --se agradecen los "encomiables esfuerzos que se están realizando por hacer compatible la habitabilidad de la ciudad, la salud pública y el disfrute de la fiesta"-- y el sentido artístico, sobre el que se comenta que "el buen gusto y la calidad estética presiden, por lo general, el vestido de las mujeres y hombres que concurren".
   Durante el debate, varios de los miembros del CVC han destacado el grado de acuerdo que ha suscitado este documento, que ha llegado al pleno con el sexto borrador. Así, Ramon de Soto se ha felicitado por el hecho de que, "por fin, se ha manifestado en el pleno del CVC una postura de consenso respecto a las Fallas".
   Aun así, el consejero Martín Quirós ha hecho una propuesta para que en las conclusiones del texto se especificara de manera aún más clara que el informe solo se refiere a las Fallas, y no a otras fiestas de la Comunitat, porque así lo solicitó el Consell, aunque finalmente el documento se ha aprobado tal y como estaba redactado al considerar los integrantes de la institución que ya había quedado reflejado ese punto.

El Ayuntamiento de Elche aprueba el plan de saneamiento para reducir a la mitad su endeudamiento


ELCHE.- El pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado, con los votos mayoritarios del equipo de Gobierno del PP, el llamado Plan Económico, Financiero y de Saneamiento, con el que prevé reducir del actual 111 por ciento al 60 por ciento en 2014 el índice de endeudamiento de las arcas municipales.

   En el transcurso de la sesión plenaria, el equipo de Gobierno ha recordado que este plan ha sido redactado por los técnicos del departamento de Hacienda, y representa el paso previo para la aprobación de los presupuestos municipales de este año, con los parámetros a adoptar para reducir el endeudamiento municipal a tres años vista.
   Así, prevé eliminar la gratuidad del servicio de autobús urbano para los estudiantes --lo que permitirá un ahorro del 1,5 millones de euros--, y aumentar la recaudación del IBI con la subida del 5 por ciento y las nuevas altas previstas.
   Además, las medidas de ajuste también contemplan recortes en el capítulo de personal para conseguir un ahorro de entre tres y cuatro millones de euros.
   Tanto PSOE como Partido de Elche han votado en contra de este plan de saneamiento, por considerar que incrementará los impuestos para poder aumentar los ingresos municipales.
   Por otra parte, el pleno ha acordado por unanimidad el cambio de uso de la parcela en la que, en la actualidad se ubica el viejo Palacio de Justicia, de modo que a partir de ahora pueda acoger una función educativa-cultural, permitiendo con ello la implantación en el edificio de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche.
   La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ha insistido en que con la medida adoptada se evitará que el CEU "se vaya de la ciudad", y que la zona en la que se encuentra el Palacio de Justicia pueda dinamizarse de nuevo desde el punto de vista económico.
   Pese a que el Grupo Socialista ha dado su visto bueno, el portavoz adjunto, Antonio Rodes, se ha mostrado contrario a que la totalidad del inmueble se ceda a la universidad privada, lo que supone, según ha indicado, que los bienes de propiedad pública sean utilizados para beneficio de empresas privadas.
   Al respecto, la primera edil ha explicado que el Ayuntamiento ha pedido a cambio al CEU de Elche disponer de becas para ayudar a estudiar una carrera universitaria a jóvenes sin recursos que cuenten con buenas notas.
   Los componentes del grupo municipal socialista han abandonado el pleno diez minutos antes de su finalización, por desavenencias con la alcaldesa por los turnos de palabra durante los ruegos y preguntas. En este sentido, el portavoz socialista, Alejandro Pérez, ha acusado a Alonso de dirigir los plenos con un "talante antidemocrático".
   Ante esta postura, el portavoz del equipo de Gobierno del PP, Manuel Rodríguez, ha acusado al PSOE de "hacer demagogia" y actuar de forma premeditada "buscando la foto y titulares de prensa".

Cabré propone agrupar los partidos judiciales de Elda y Novelda

VALENCIA.-   El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha explicado este lunes que la propuesta de la Generalitat de reorganización de partidos judiciales plantea unir los de Nules y Villarreal; Sagunto y Massamagrell; Catarroja y Picassent; Moncada y Paterna, y Elda y Novelda. No obstante, ha señalado que se trata de una idea "abierta y discutible".

   Cabré ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts Valencianes, donde ha comparecido a petición de EUPV para explicar la reorganización de partidos judiciales.
   Jorge Cabré ha asegurado que no se eliminará ningún partido judicial y que se mantendrá el mismo número de juzgados, de funcionarios y de sedes. "Todos los municipios van a seguir mantenido sus partidos judiciales, sus palacios de justicia, sus funcionarios y sus juzgados", ha resaltado.
   No obstante, ante las críticas de los grupos de la oposición, ha advertido de que "si no tomamos el toro por los cuernos y vamos por esta vía, al final se eliminarán partidos judiciales". "Tiempo al tiempo", ha apostillado el titular de Justicia.
   El conseller ha asegurado que esta propuesta permitirá, entre otras ventajas, reducir las cargas de trabajo de los juzgados, disminuir los desplazamientos a los distintos partidos judiciales por parte de los fiscales y ahorrar.
   En esta misma línea, ha señalado que la agrupación de partidos judiciales dará lugar a una "agrupación de medios humanos, materiales y capacidades técnicas", lo que generará "un funcionamiento  más eficiente de la justicia".
   Los grupos de la oposición han criticado la "lectura veloz" que ha hecho el conseller durante su comparecencia en las Corts. Asimismo, la diputada del PSPV Verónica López ha asegurado que la agrupación de partidos puede provocar una justicia "más lenta", además de "un alejamiento preocupante entre el funcionamiento de la justicia y el ciudadano".
   Del mismo modo, los portavoces adjuntos de EUPV, Ignacio Blanco, y de Compromís, Mònica Oltra, han preguntado al conseller cuáles son los partidos judiciales afectados. Además, Oltra ha criticado que esta nueva medida solo sea una forma de "marear para evitar el foco en el verdadero problema de la justicia: la falta de medios materiales y humanos".
   Cabré, en su segunda intervención, ha explicado que el objetivo de la agrupación de partidos "no es ahorrar", sino conseguir "mayor calidad". Asimismo, ha destacado que lo que han hecho desde el Consell es "lanzar una idea que ha sido acogida por el Tribunal Superior de Justicia, por el Consejo General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia".
   El titular de Justicia ha pedido "apoyo" y "comprensión" a los grupos de la oposición. Verónica López ha tendido la mano del PSPV para una negociación, pero ha destacado que para ello necesitan tener "un documento de trabajo y una información".
Por otra parte, el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, respecto al incendio en la Audiencia Provincial de Alicante, ha explicado que dos funcionarios de refuerzo se están encargando de reconstruir los expedientes afectados por el fuego. Asimismo, ha asegurado que el edificio se encuentra "totalmente recuperado".
   Gastaldi ha respondido de este modo a una pregunta formulada por la diputada socialista Verónica López, respecto a qué hará el Consell con el inmueble que acoge las dependencias de la Audiencia Provincial de Alicante, tras el incendio registrado el pasado 23 de enero.
   López ha denunciado que el edificio es "obsoleto" y se encuentra "deteriorado y absolutamente insalubre" y, además, ha lamentado que el incendio destruyó cerca de 500 expedientes judiciales. Sin embargo, el secretario autonómico ha hecho hincapié en que el inmueble se encuentra en una situación "perfectamente digna" y que el incendio no ha provocado "ninguna pérdida de información vital", puesto que todos los expedientes destruidos tiene soporte informático.

Esquerra Unida pide la dimisión inmediata de Hernández Mateo como diputado en las Corts

ALICANTE.- El diputado autonómico de Esquerra Unida, Lluís Torró, ha pedido la "dimisión inmediata" del exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, como diputado autonómico, al considerar "insostenible que a estas alturas continúe sentado en el escaño, mientras comparece en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), acusado de delitos de prevaricación y falsedad documental en la concesión del contrato de la basura de Torrevieja", según ha indicado la formación política en un comunicado.

   Lluís Torró ha exigido al presidente del PPCV, Alberto Fabra, que actúe y "lo aparte a él y a todos los imputados por corrupción, para que no continúe habiendo un grupo en el hemiciclo que ensucian la institución".
   Torró ha lamentado que Fabra "no tenga la misma diligencia al apartar a los cargos imputados por casos de corrupción" porque, en su opinión, "parece que si son de segunda fila sí actúa, pero cuando se trata de diputados, actúa con un estilo muy permisivo".
   "Ya es hora que Pedro Hernández Mateo se aparte de la vida política pública" porque "está imputado por otros casos de corrupción y es vergonzoso que esté utilizando el aforo que tiene como diputado para guardarse las espaldas".
  "Si el PP y Fabra quieren limpiar de una vez por todo sus siglas, tienen que apartar a éste y a otros imputados en casos de corrupción, como es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, o Hernández Mateo", ha zanjado.
Hernández Mateo, ha defendido este lunes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no cometió ninguna irregularidad en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio en el año 2004.
   Hernández Mateo ha acudido al TSJCV, en Valencia, cerca de las 11.00 horas y ha estado declarando ante el tribunal durante una hora y media por la causa abierta contra él por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad.
   Los hechos se remontan al 4 de enero de 2007, cuando el concejal de Los Verdes, José Dolón, presentó una denuncia contra él por el proceso de adjudicación de un contrato de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad en el año 2004.
Tras ello, el juzgado nº de 4 de Torrevieja abrió una investigación que luego remitió al TSJCV ante la condición de aforado de Hernández Mateo. En concreto, el tribunal investiga la adjudicación de la contrata, presuntamente irregular, y la presunta contratación irregular de un informe externo sobre la contratación de este servicio.
   A su salida del tribunal valenciano, el exedil de Torrevieja ha indicado que la declaración "ha ido muy bien", y ha afirmado que ha defendido ante el TSJCV que no ha cometido ningún tipo de irregularidad en la adjudicación de la contrata de basuras.
   Al ser preguntado por si conocía el contenido del decreto que firmó para la adjudicación de las basuras ha respondido que "los decretos siempre los mandan al departamento correspondiente, y yo me remito a firmar. Soy el último que firma", ha dicho.
   Al respecto, interpelado por cuántos decretos podía firmar a la semana, ha indicado que "miles", y al día entre 500 y 1.000, ha puntualizado. Ha concluido diciendo que "aquí no pasa nada, hay que estar tranquilo", ha aseverado.

La Comisión Nacional de la Competencia multa a 'Balearia'

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 54 millones de euros a Trasmediterránea, Baleária, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa por haber participado en un cártel en las líneas de transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la Península con las Islas Baleares y las Islas Baleares entre sí.

   El 19 de abril de 2010, tuvo entrada en la Comisión Nacional de la Competencia un escrito del Consell Insular de Ibiza por el que se formulaba una denuncia contra Trasmediterránea y Balearia por supuestas conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia.
   Estas consistían en la adopción de acuerdos cuyo objeto sería el reparto de mercado y la fijación de precios y de condiciones comerciales, así como en la imposición de precios y condiciones comerciales no equitativos en el mercado de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías entre la Península y Baleares.
   Tras llevar a cabo las correspondientes inspecciones en las sedes de Trasmediterránea y de Balearia en mayo de 2011, la Dirección de Investigación de la CNC decidió incoar expediente sancionador contra Baleária, Trasmediterránea e Isleña Marítima de Contenedores, por posibles conductas anticompetitivas.
   Posteriormente se amplió la incoación a las empresas Sercomisa y Mediterránea Pitiusa, así como a la comunidad de bienes Trasmapi-Baleária.
   En su resolución de 23 de febrero de 2012, la CNC considera acreditada la participación, entre los años 2001 y 2010, de las empresas Baleária, Trasmediterránea, e Isleña Marítima de Contenedores, en un cártel de fijación de precios y de otras condiciones comerciales o de servicio en las líneas de transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la Península con las Islas Baleares, incluidas las líneas entre Menorca y Mallorca, y entre Ibiza y Mallorca.
   Además, entre los años 1995 y 2011, las empresas Baleária Eurolíneas Marítimas, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa llegaron a distintos acuerdos cuyo objeto era el reparto de mercado del transporte marítimo entre Ibiza y Formentera.
   Por todo ello, el Consejo de la CNC ha resuelto imponer la mayor multa a Transmediterránea (36,1 millones de euros), seguida de Baleária a la que impone una multa de 15,9 millones de euros. Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas ha sido multada con 1,1 millones de euros, Isleña Marítima de Contenedores con 495.826 euros, y Mediterránea Pitiusa con 402.453 euros.
   En 2011 el consejo de la CNC ya sancionó a distintas navieras, entre las que se encontraban también Balearia y Trasmediterránea, por su participación en acuerdos sobre reparto de mercado y fijación de precios, para las agencias en el transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea Algeciras-Ceuta.
   En esa ocasión se les impusieron multas por un importe total de 2,3 millones de euros y 12,1 millones de euros respectivamente.

Almunia avala que titulares de cuotas participativas de la CAM pierdan su inversión

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avalado que los titulares de las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pierdan su inversión tras su compra por parte del Banco Sabadell por considerar que deben contribuir a los costes de reestructuración de la entidad.

   "La Comisión es consciente de la pérdida de valor de las cuotas participativas emitidas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Las cuotas participativas son instrumentos equivalentes a acciones concebidas específicamente para las cajas de ahorros españolas y constituyen, al igual que otras participaciones tales como los valores, un instrumento financiero de absorción de riesgo", ha dicho Almunia en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de ICV, Raül Romeva.
   El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha dicho que una de sus "principales preocupaciones" al evaluar los planes de rescate de entidades financieras es "es aplicar el principio de 'reparto de cargas', en virtud del cual el coste de la reestructuración de una institución financiera beneficiaria de ayudas no solo corresponde al contribuyente, sino también a sus accionistas y, en particular, a los titulares de acciones e instrumentos subordinados".
   Almunia asegura no tener "una opinión específica con respecto a la emisión de esas acciones por la CAM en 2008" y se limita a señalar que "corresponde a las autoridades nacionales garantizar que los inversores, en especial los minoristas, sean plenamente conscientes de los riesgos que corren al invertir en productos financieros".
   En su interpelación, Romeva recordaba que la CAM colocó en bolsa un total de 155 millones en cuotas participativas en 2008 y que unos 54.000 inversores se han visto afectados por su pérdida total de valor.

Banco Sabadell iniciará acciones comerciales con impositores de la CAM afectados por preferentes

ALICANTE.-  El Banco de Sabadell iniciará acciones comerciales en las próximas semanas con impositores de la CAM "afectados" por las participaciones preferentes, y ha manifestado su disposición de atender en primer lugar a los afectados que tengan "problemas urgentes".

   La Asociación de Impositores Valencianos de CAM (AIVCAM) ha informado en un comunicado a sus sindicados de la reunión que mantuvieron este jueves cinco miembros de la asociación con el director general y responsable de la puesta en marcha de la CAM, Miquel Montes, en Barcelona.
   Según AIVCAM, de la reunión con los directivos del Sabadell se desprende que los "clientes de la CAM afectados con productos paralizados representan un fondo de comercio que tiene un valor intangible que se traduce en euros en el balance y que el Banco Sabadell no quiere perder".
   Por ello, ha añadido, pretende iniciar en unas dos semanas una serie de "acciones comerciales" con los "clientes afectados" por diversos productos comercializados por la CAM. El objetivo es "recuperar a los impositores y los fondos de aquellos que los sacaron".
   Así, según trasladaron desde el Sabadell a la asociación, están "estudiando cada caso" y "propondrán de mutuo acuerdo las soluciones comerciales", para las que tendrán prioridad los impositores con "problemas urgentes".
   En este sentido, AIVCAM apunta que el Banco Sabadell propone "amortizar con acciones las participaciones preferentes y resto de productos de renta fija", en un plazo estimado entre mayo y junio.
   No obstante, la asociación alerta de que el "tratamiento individual puede plantear el problema de que, independientemente de las instrucciones que vengan de la dirección, cada uno de los comerciales puede tener criterios subjetivos que pueden afectar a los más débiles".
   "La desconfianza no la podemos evitar dado que el mismo personal que ha colocado productos a personas inadecuadas es el mismo que ahora habrá de aplicar las acciones comerciales", ha dicho.
   Así, ha resaltado que hay "impositores con importantes fondos que no están dispuestos a que se les rebaje ni un euro de la pequeña cantidad --en comparación con lo que tienen-- de lo que entienden se colocó de manera no ética y si no es restituida la pequeña cantidad, retirarán todos sus fondos". Sin embargo, según la asociación, "otros impositores más humildes tal vez no estén en estas condiciones".
   Por ello, AIVCAM ha apostado por "defender colectivamente el fondo de comercio" que representan los impositores. Para ello, creará "un foro estricto para sindicados en la página web de www.impositorscam.com para intercambiar información de lo que esté sucediendo para homogeneizar al máximo el proceso", al tiempo que convocará una nueva asamblea para el próximo 10 de marzo en el Centro de Congresos Elche.

Un jurista avisó de las graves consecuencias para la CAM de abandonar el SIP

ALICANTE.- Los consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) eran conscientes en noviembre de 2010 de que la «fusión fría» que estaban negociando con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria constituía su última tabla de salvación: si el proyecto fracasaba, la caja de ahorros alicantina sería intervenida por el Banco de España. Un pronóstico que, efectivamente, se cumplió ocho meses después, el pasado 22 de julio, según 'Abc'.

El consejo de administración de CAM se reunió el 26 de noviembre de 2010 para estudiar las consecuencias legales del contrato de integración en el Sistema Integral de Protección (SIP) que el presidente de la entidad, Modesto Crespo, se disponía a firmar con los máximos responsables de las otras tres cajas implicadas. Durante la sesión, los consejeros analizaron un «informe confidencial» —al que ha tenido acceso 'Abc'— elaborado por el letrado del consejo, Juan Martínez-Abarca, sobre las consecuencias que la fusión tendría para la caja.
En su dictamen el letrado constataba que, tal como había sido redactado, el contrato de integración en el SIP constituía una «auténtica cesión de soberanía», mediante la cual CAM entregaba al Banco Base todo su negocio financiero y casi todas sus atribuciones, salvo la gestión de la Obra Social.
Pese a mostrar su desacuerdo con algunas cláusulas del contrato, el letrado constató que ya no había marcha atrás: a Modesto Crespo no le quedaba otra alternativa que aceptar las condiciones impuestas por el Banco de España, pues en caso de romper la fusión, Caja Mediterráneo se exponía a severas sanciones, dado que el acuerdo ya había sido ratificado por dos de las partes afectadas: Cajastur y Caja Extremadura.
El informe indica literalmente que «una negativa nuestra a firmar a estas alturas, podría ser considerada como un incumplimiento grave de la cláusula 23.1 del Contrato de Integración, que daría lugar a las penalizaciones y medidas de intervención» previstas. La cláusula citada del contrato establecía que si cualquiera de las cuatro cajas decidía desvincularse de la fusión tendría que afrontar una penalización equivalente al 30% de los recursos propios del Banco Base.
Dado que los recursos del banco resultante estaban estimados en 7.400 millones de euros, si Caja Mediterráneo decidía romper la fusión tendría que abonar a sus socios una multa de 2.220 millones de euros, una cifra completamente inasumible en esos momentos para la caja alicantina. De hecho, los 2.800 millones de euros que el Banco Base solicitó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se destinarían luego a sanear íntegramente Caja Mediterráneo, que había sufrido un grave proceso de descapitalización como consecuencia de la fuga de depósitos y de los créditos multimillonarios otorgados al sector de la promoción inmobiliaria, que resultaron fallidos.
Por tanto, si CAM abandonaba la fusión tendría que afrontar un pago de 2.200 millones de euros que haría inevitable su rescate por parte del Banco de España. Pese a todo, la firma del contrato de integración, rubricado por Crespo un mes después, el 28 de diciembre de 2010, sólo sirvió para retrasar este desenlace.
La fusión pactada quedó definitivamente rota en marzo de 2011, después de que el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, conociera los informes desfavorables que el Banco de España había emitido sobre la situación financiera de Caja Mediterráneo. Y finalmente, cuatro meses después, el Banco de España intervino la CAM y sustituyó a su consejo de administración por tres administradores designados por el FROB.
En la sesión celebrada el 17 de noviembre, los consejeros de CAM se interesaron por conocer si se les podía exigir alguna responsabilidad penal por las decisiones del Banco Base, una vez le hubieran cedido todas sus atribuciones. El letrado de CAM argumentó que «están exentos de responsabilidad quienes actúan en virtud de la obediencia debida».

La CAM garantizó la solvencia de la caja a sus consejeros una semana antes de quebrar

ALICANTE.- La cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) garantizó a sus consejeros la «solvencia» y «viabilidad» de la entidad sólo una semana antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España porque estaba en una situación de quiebra técnica.

Así lo acredita el correo electrónico que los máximos responsables de CAM remitieron a los miembros de su consejo de administración el 15 de julio de 2011, una semana antes de que todos ellos se vieran obligados a dimitir de sus cargos para que el Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) se hiciera cargo de la gestión de la caja.
El documento, al que ha tenido acceso 'Abc', fue enviado desde la dirección secorgob@cam.es, que corresponde a la secretaría de los órganos de gobierno de la CAM, que en aquel momento estaban encabezados por el presidente Modesto Crespo y la directora general, María Dolores Amorós. Bajo el título «El FROB ha confirmado a CAM que, como entidad viable, le continuará apoyando en su plan de recapitalización», pretendía enviar un mensaje de confianza a los directivos de la entidad, en medio de las informaciones cada vez más inquietantes que se estaban difundiendo sobre su futuro.
El FROB acababa de confirmar que inyectaría a Caja Mediterráneo 2.800 millones de euros para que pudiera cumplir los requisitos de recursos propios exigidos por el Banco de España y hacer frente a sus compromisos inmediatos de pago. Algo que, en la práctica, suponía la «nacionalización» de la caja, al convertirse el Estado en su accionista mayoritario. No en vano, las informaciones sobre el estado de CAM y sobre la ruptura de la fusión fría pactada con Cajastur habían causado una evidente alarma pública y provocado que la entidad con sede en Alicante perdiera más de 5.000 millones de euros en depósitos, retirados por sus clientes, en los siete meses precedentes.
En su correo electrónico, la cúpula de CAM recalcaba que la entrada del FROB en su capital «aporta fortaleza y seguridad, y refuerza la confianza en CAM de los mercados y de sus más de 3,3 millones de clientes». La nota dirigida a los miembros del consejo de administración insistía en que la inyección de capital público no afecta al normal funcionamiento del negocio y constituye, si cabe, una mayor garantía para nuestros clientes porque supone que contamos con uno de los socios más potentes que podemos tener»: el propio Estado español.
El escrito elaborado por la cúpula de la caja abundaba en el mismo argumento al afirmar que «los fondos del FROB se otorgan a entidades viables y solventes. CAM no ha dejado de obtener beneficios durante todos los ejercicios», para agregar que, «durante 2010, CAM obtuvo un beneficio de 244 millones de euros y continúa en esa misma línea durante el presente ejercicio». La dirección de la caja concluía su escrito dando instrucciones a sus consejeros para dejar claro que en absoluto nacionalización es sinónimo de intervención. Nacionalización supone garantía, confianza y futuro, ya que el Estado participa en nuestro proyecto».
Tan sólo una semana después de difundir esta nota, el 22 de julio de 2011, el consejo de administración de CAM presidido por Modesto Crespo dimitió en bloque y pidió la intervención del Banco de España ante la situación insostenible que atravesaba la caja, descapitalizada por la fuga de depósitos y por los créditos al sector del «ladrillo» que resultaron impagados. Tras asumir su gestión, los administradores del FROB constataron que la caja había perdido 1.135 millones en el primer semestre, en lugar de presentar 81 millones de beneficio como sostenía el equipo de Amorós.

domingo, 26 de febrero de 2012

El PSPV pregunta a Fabra "qué piensa hacer con un PPCV corrupto" y le pide "que sea contundente y actúe"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts, Carmen Ninet, ha preguntado este domingo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "qué piensa hacer con Camps, Barberá, Blasco, Josep María Felip, con Costa, con su padrino político 'el otro' Fabra, con Castedo y con un PPCV corrupto" y le ha pedido "que sea contundente y actúe" porque "los verdaderos enemigos de esta tierra son los corruptos y los amiguitos del alma".

   En un comunicado, la socialista se ha pronunciado así después de que Iñaki Urdangarin declarara ante el juez que el Valencia Summit se adjudicó a Nóos tres días después de reunirse con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Al respecto, Ninet ha lamentado que "una vez más, la imagen de la Comunitat Valenciana y la de sus dirigentes, del PPCV, aparezca estrechamente ligada a los casos de corrupción y los juzgados".
   En este sentido, le ha pedido "que no se olvide que son diputados autonómicos suyos y que les pida explicaciones de por qué en tan sólo tres días, presuntamente, se cerró un pacto para entregar tres millones de euros de dinero público a Nóos".
   Por ello, ha exigido a Fabra que sea "contundente y actúe, porque los valencianos se lo están reclamando en la calle a gritos y porque los verdaderos enemigos de esta tierra son los corruptos y los amiguitos del alma que han traído la quiebra a las instituciones de la Generalitat".
 "Que haga, porque es irrespirable la vergüenza diaria a la que nos somete", ha reiterado.
   La portavoz adjunta del PSPV ha instado al presidente de la Generalitat a que "si realmente está comprometido con la transparencia, depure responsabilidades ya". 
"¿O es que piensa mirar hacia otro lado y disimular no viendo lo evidente mientras todas las calles de esta Comunitat claman por la transparencia y el fin de una era, instaurada por el PPCV de la corrupción, el oscurantismo y el despilfarro?", se ha preguntado.
   "Los socialistas valencianos no nos vamos a cansar de denunciar la corrupción", ha señalado Ninet, quien ha insistido en que lo harán "tantas veces como sea necesario, porque los valencianos no se merecen unos dirigentes más preocupados en ocultar sus tejemanejes que en trabajar para salir de la crisis".
   Por otra parte, la diputada socialista ha vuelto a exigir a Fabra que le retire de forma inmediata el título de embajador de la Comunitat Valenciana al expresidente balear Jaume Matas y ha señalado  que "este es un claro ejemplo de que al PP, con tal de tapar sus trapos sucios, no le importa hipotecar la buena imagen de la Comunitat", una buena imagen "que no ensucian los estudiantes ni los manifestantes que libremente se expresan en la calle, sino los dirigentes de un partido corrupto que un día sí y otro también aparecen en los juzgados".
   Finalmente Ninet ha exigido a Fabra "que actúe por el bien de la Comunitat" y retire a Francisco Camps, Rita Barberá y Rafael Blasco de todos los cargos de responsabilidad que hoy día ejercen "porque han demostrado que sólo representan el oscurantismo y las políticas clientelistas que han llevado a esta Comunitat a tener más paro que ninguna otra y a que no quede dinero ni para pagar a los maestros, farmacéuticos y proveedores", ha concluido.

El PPCV condena la aparición de pintadas "ofensivas e insultantes" en su sede de Valencia

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha expresado, en nombre de la formación, su "más enérgica repulsa" al ataque perpetrado esta noche contra la sede del PPCV en forma de "pintadas ofensivas e insultantes".

   En un comunicado, ha condenado también "las continuas concentraciones que, sin notificar, se han sucedido a lo largo de esta semana en la sede del PPCV y en la que se han lanzado objetos, proferido todo tipo de insultos e incluso increpado a viandantes que pasaban por la calle Quart, así como al acoso al que se han visto sometidos dirigentes del PPCV en sus domicilios particulares".
   Por ello, el PPCV "hace un llamamiento a la serenidad y la responsabilidad para que aquellos que, en su legítimo derecho a protestar y manifestarse, lo hagan dentro de las normas del Estado de Derecho, el respeto y la legislación vigente".

El PSPV insta a Fabra a "manifestarse públicamente" en defensa del trasvase Tajo-Segura

VALENCIA.- El PSPV en las Corts ha registrado una proposición no de ley por la que insta al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a "manifestarse públicamente" en la defensa del trasvase Tajo-Segura. Además, pide al Parlamento valenciano que "acuerdan y reafirman" que esta infraestructura es "vital" para los intereses de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana, y que "cualquier reducción de sus condiciones de funcionamiento encontrará su firme oposición y rechazo".

   Se trata de una iniciativa socialista publicada en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV). En la propuesta piden que las Corts apoyen "incondicionalmente" la defensa que del trasvase Tajo-Segura vienen realizando los representantes de las comunidades de regantes y, de manera singular, la Federación de Regantes de la Provincia de Alicante.
   Asimismo, instan al Consell a realizar las actuaciones "necesarias, contundentes y oportunas" para exigir, de forma inmediata, el "cese de los ataques que, desde distintas instancias gubernamentales autonómicas limítrofes con nuestra Comunitat y desde organizaciones políticas, viene sufriendo en las últimas semanas el trasvase Tajo-Segura".
   Los socialistas valencianos "siempre hemos defendido los trasvases que sean viables desde todos los puntos de vista: económico, medioambiental y social". En caso del trasvase desde el Tajo "ha demostrado con creces", desde que entró en funcionamiento en 1979, que cumple esas condiciones. 
Por lo tanto, "lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo ante los ataques que viene sufriendo por parte del Partido Popular, consentidos por su presidente y con el beneplácito del presidente de la Generalitat".
   De esta manera, advierten de que cualquier reducción cuantitativa o temporal de las condiciones en las que este trasvase ha estado funcionando "puede poner en peligro los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Alicante, su economía y la de toda la Comunitat Valenciana".