ALICANTE.- La Policía Local de Alicante ha detectado durante las inspecciones realizadas en la urbanización de viviendas de protección pública (VPP) Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, «más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia» son adjudicatarios de pisos, «aunque podrían ser más», y que, en uno de ellos, son cinco los beneficiarios, con edades de entre 18 y 24 años.
Así lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda (PP), en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, en la que ha informado de las conclusiones del informe del cuerpo policial tras el operativo llevado a cabo hace unos días en el complejo, centro de la polémica desde hace unas semanas.
Un juzgado ya está investigando las adjudicaciones de estas VPP y se han producido varias dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos.
También la de la ahora exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios.
Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.
El consistorio ha informado de que ha entregado a la Conselleria de Vivienda este informe de la Policía Local sobre los residentes en las VPP de Les Naus, realizado por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios, por encargo del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a requerimiento de la Generalitat, con el objetivo de verificar 'in situ' quiénes viven en estos pisos y «comprobar si se han podido cometer irregularidades en el proceso de selección, adjudicación y posterior ocupación».
El dictamen refleja, entre otros casos, el de esos cinco miembros de una misma familia, con edades comprendidas entre 18 y 24 años, como adjudicatarios de sendas viviendas en la promoción.
«¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una VPP? Lo que está claro es que lo han conseguido», ha apostillado Cutanda.
En este punto, Cutanda ha reclamado «explicaciones» a la cooperativa de Les Naus «porque las competencias están muy claras en este asunto: las del Ayuntamiento fueron las de vender el solar y licitar la obra del edificio y las de la cooperativa fueron las de adjudicar las viviendas, como las de este caso, en el que otorgó un piso a cada uno de los cinco jóvenes de entre 18 y 24 años».
Y ha añadido que «compete» a la Conselleria de Vivienda «visar y dar el visto bueno a las solicitudes de los cooperativistas». «Como es sabido, el funcionario que se encargó de realizar esta función, ascendido por Compromís en la pasada legislatura del Botànic, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat», ha apostillado.
En el desglose del informe policial, Cutanda ha indicado que también figura una persona que ha obtenido una vivienda en Les Naus y «que tiene el mismo apellido que otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, que también se han quedado con un piso cada uno».
Según la portavoz municipal, otro de los datos «llamativos» de la inspección es que, de las 140 viviendas de esta urbanización de La Condomina, 89 figuran con un solo residente, «a pesar de que para la Policía Local existen indicios de que, en al menos una veintena de inmuebles, viven más personas».
«Este es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales, y esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas», ha abundado.
Asimismo, ha recalcado que, en el momento de la comprobación por parte de los agentes, que se inició a primera hora de la tarde del martes pasado, unas 46 viviendas «no contaban» con empadronados, «aunque eso no significa que no lo puedan hacer próximamente».
«Y también hay que señalar que en algunas de las viviendas con personas empadronadas no se ha logrado verificar que viva nadie», ha agregado.
Respecto a las comprobaciones que la Policía Local ha hecho de los 140 buzones de estas viviendas, se ha observado que «26 muestran una apariencia descuidada, con abundante correo y publicidad sin recoger».
«Esto puede indicar que no aparecen habitualmente por el edificio», ha sostenido Cutanda, quien ha precisado también «que hay un número considerable de pisos en los que no vive ninguna persona de forma habitual, aunque día a día se va incrementando la presencia de titulares que posiblemente no residieran en la urbanización».
Al mismo tiempo, ha asegurado que «también se han detectado hasta 12 personas que están viviendo en seis de estas viviendas de la cooperativa donde no reside el titular».
«Como saben, para vivir de alquiler en estos pisos es imprescindible contar con el permiso expreso de la Conselleria de Vivienda y todos los propietarios tienen la obligación de vivir en las viviendas adjudicadas en un plazo de seis meses desde que firmaron la escritura», ha sentenciado.
Cutanda también ha agradecido a la Policía Local el «gran trabajo» realizado para «esclarecer estos hechos, que el Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía desde el primer momento en que tuvo conocimiento» de ellos, ha defendido.
Del mismo modo, ha mostrado la disposición del consistorio a colaborar con el juzgado que investiga las adjudicaciones de estas VPP para «presentar y aportar» la documentación de la que disponga.
«Caiga quien caiga, como dijo el alcalde, porque no vamos a permitir ni una», ha enfatizado.
Junto a Cutanda también ha comparecido el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar (PP), quien ha precisado que el Ayuntamiento ha abierto tres expedientes informativos en relación con la adjudicación de VPP en Les Naus.
En concreto, uno que afecta a dos técnicos del área de Urbanismo; otro a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de conocerse que tiene familiares que son adjudicatarios, y, por último, un tercer expediente sobre el acceso a información reservada.
Por otro lado, Villar ha avanzado que el Ayuntamiento está valorando pedir al juzgado personarse como acusación particular en la investigación abierta por la titular de la plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, sobre las adjudicaciones de VPP.
A preguntas de los periodistas sobre si la administración local tiene constancia de que haya más personas que estén interesadas en renunciar a las VPP o de que ya lo hayan hecho, la portavoz municipal ha indicado que el consistorio lo desconoce y ha recalcado que eso se debe notificar a la Conselleria de Vivienda.
