VALENCIA.- Podem PV reclama depurar responsabilidades por la polémica de la
concesión de las viviendas de protección pública (VPP) de una promoción
construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. "La
asignación corrupta de las VPP de Alicante no es un error
administrativo, es una decisión política y una auténtica vergüenza",
manifiesta su portavoz Carlos Monsonís.
Así valora la polémica
surgida en la última semana al conocerse que la que hasta hace unos
días concejala 'popular' de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante,
Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de
Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María
Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal hayan adquirido y tengan
escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas de protección.
Posteriormente, la Generalitat abrió un expediente disciplinario a un
funcionario por un visado del expediente de adjudicación de VPP en Playa
de San Juan, al tener conocimiento que es cónyuge de una de las
solicitantes de vivienda pública.
En un comunicado, el
portavoz de la formación 'morada' enmarca la polémica en "una manera de
hacer política reiterada donde se confunde lo que es público con lo que
es privado. Además, advierte que el cambio normativo aprobado por el
Consell el diciembre de 2024 en materia de vivienda de protección
oficial, que amplió "de manera muy significativa" tanto los límites de
renta como el precio máximo de las VPP, "favorece más esta situación".
"Desde ese momento, se puede acceder a una vivienda 'protegida' con
ingresos de hasta 66.000 euros anuales y a pisos que pueden llegar a los
290.000 euros. Esto no es vivienda social; esto es redefinir la
vivienda pública para que deje de ser pública", asevera, cuando recuerda
que el precio de la vivienda ha marcado máximos históricos en los
últimos meses.
Desde Podem señalan que "algunas viviendas de
protección oficial del residencial de Alicante que se han quedado los
cargos del PP se encuentran para alquilar a un precio de 1.600 euros" y
lamentan que "miles de personas continúan esperando una vivienda a
través de registros públicos que no funcionan o no se respetan".
"Hablamos de un sistema opaco, sin control público, que no prioriza
la necesidad social, sino la proximidad al poder. Tanto es así que la
misma concejala de Urbanismo de Alicante tuvo que dimitir después de
hacerse público que era adjudicataria de uno de estas viviendas",
insisten, y exigen responsabilidades y explicaciones claras al alcalde
de Alicante, Luis Barcala (PP).
Por otro lado, Podem califica la comparecencia del líder del PP,
Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación sobre la dana en
el Congreso, que tuvo lugar el pasado martes, como "un ejercicio de
manipulación y de encubrimiento absolutamente intolerable".
"Intentó
culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cuando la jueza
ha dejado claro que las competencias correspondían a la Generalitat, y
negó haber mentido sobre cuando habló con Carlos Mazón ['expresident' de
la Generalitat], a pesar de estar demostrado que no se comunicaron
hasta la noche del martes 29", día de la catástrofe en octubre de 2024.
"Durante un año entero, el líder del PP ha protegido a Mazón y ha
desviado responsabilidades hacia el Gobierno de España, poniendo el foco
en la comunicación política en lugar de la protección de la ciudadanía.
Al Partido Popular no le importaban las víctimas, le importaba salvar
su imagen", reitera.
Finalmente, el partido 'morado' pone el foco en la sanidad valenciana
y en la relación de la Generalitat con la empresa Ribera Salud, ya que
denuncia "el conflicto de intereses existente por el hecho que la
directora financiera de la empresa sea cuñada del conseller de Sanidad
[Marciano Gómez] y negocie directamente con la Generalitat los pagos de
las concesiones".
"Desde la llegada del PP al Consell, la
cantidad que la Generalitat paga a Ribera Salud ha pasado de 146 a 186
millones de euros en un solo año. Cuarenta millones más, mientras la
empresa obtiene beneficios millonarios y la sanidad pública se
deteriora", asevera, y denuncia que "tanto la vivienda como la sanidad
responden al mismo patrón de gobierno del PP, con los mismos
beneficiados".
Frente a ello, "Podemos continuará denunciando, señalando y defendiendo los derechos de la gente común, porque gobernar no es servirse del poder, gobernar es estar al servicio de la ciudadanía".
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