"Lo que ha pasado en Les Naus es un fraude social. Se ha utilizado suelo y recursos públicos para facilitar vivienda protegida a quienes no la necesitan, mientras se deja fuera a quienes sí tienen dificultades reales para acceder a una vivienda.
La vivienda no
puede ser un premio para quienes están cerca del poder; es un derecho y
vamos a defenderlo en Alicante y en todo el País Valencià", expresa la
coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo.
Así valora, en un
comunicado, la polémica surgida en la última semana al conocerse que la
que hasta hace unos días concejala 'popular' de Urbanismo en Alicante,
Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de
Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María
Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal hayan adquirido y tengan
escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas de protección.
Posteriormente, la Generalitat abrió un expediente disciplinario a un
funcionario por un visado del expediente de adjudicación de VPP en Playa
de San Juan, al tener conocimiento que es cónyuge de una de las
solicitantes de vivienda pública.
EUPV sostiene que lo
ocurrido en la promoción de vivienda protegida de Les Naus "no es un
hecho aislado ni un simple error administrativo, sino la consecuencia
directa de una política deliberada del Partido Popular para vaciar de
contenido la vivienda protegida y poner el suelo público al servicio de
rentas altas y personas vinculadas al poder".
Según expone,
esta promoción, presentada como la primera vivienda pública tras más de
20 años en la ciudad, ha terminado permitiendo el acceso a viviendas
protegidas con ingresos de hasta 66.000 euros anuales en una ciudad con
emergencia habitacional, con miles de jóvenes y familias trabajadoras
expulsadas del mercado del alquiler y sin alternativas reales.
Desde Esquerra Unida señalan que "esta situación no puede entenderse
sin las decisiones adoptadas por el Consell del PP, que elevó los
umbrales de renta y desnaturalizó la función social de la vivienda
protegida; ni sin la gestión del Ayuntamiento de Alicante, que permitió
un proceso marcado por la opacidad, advertencias ignoradas y posibles
conflictos de intereses".
"Después de haber desmantelado las
políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios para
beneficiar a los de siempre, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ni
fingir sorpresa" --añade el portavoz municipal de EU-Podem en Alicante,
Manolo Copé--.
Cuando se elimina la planificación, se renuncia a la reserva de suelo para vivienda protegida y se amplían los límites de renta para que entren quienes no lo necesitan, lo que ocurre no es una anomalía: es el resultado buscado".
No hay comentarios:
Publicar un comentario