ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto celebrar este jueves a las
17.00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial un pleno
extraordinario y urgente, después de que lo hayan solicitado desde la Oposición, tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas
de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo
municipal en Playa de San Juan.
La sesión plenaria llega
después de que el consistorio remitiera el martes esta cuestión a la
Fiscalía para saber si hay "irregularidades" y tras anunciar que cruzará
datos de los adjudicatarios de las VPP con los de funcionarios
municipales.
La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP),
dimitió como edil de la corporación local tras conocerse que ella está
entre las adjudicatarias de esos pisos. La ya exedil justificó la
decisión en que se apartaba del cargo para que la investigación pudiera
"seguir su curso sin interferencias de ningún tipo" y "después de haber
aportado toda la documentación" requerida.
La renuncia de
Gómez se suma a la de María Pérez-Hickman como directora general de
Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el
Ayuntamiento, tras las informaciones periodísticas que señalan que
familiares suyos son beneficiarios de VPP. Dichas publicaciones apuntan
igualmente que un arquitecto municipal también está entre los
adjudicatarios.
Además, el consistorio está "a la espera de
verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo
cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y
sueldo" por parte de la Generalitat, por supuestamente omitir datos
relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte. El
consistorio estudia si las mismas medidas cautelares pueden ser
aplicadas "a esta empleada del Ayuntamiento".
Desde la
administración autonómica indican que se trata de un trabajador público
"que lleva muchos años en la dirección territorial" y cuyo caso han
puesto en conocimiento de la Fiscalía. Según sus datos, el funcionario
es "de larga trayectoria", ya que entró "hace años" en la administración
pública "y lleva desde el año 2019 ocupando este puesto".
El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, trasladó este martes la
"indignación" del equipo de gobierno del PP por los hechos conocidos y
defendió que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala ha actuado "con total
contundencia", "celeridad" y "transparencia".
Desde el
ejecutivo municipal han abogado por "revisar" la normativa autonómica
relativa a los procesos de adjudicación y acceso a este tipo de
viviendas, aunque habrá que determinar si hay o no "irregularidad" en el
caso de esta promoción de Playa de San Juan.
Igualmente, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda,
Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado este
miércoles que se ha detectado que "falta información" en algunos de los
expedientes de la promoción de VPP en Les Naus que se están revisando de
oficio y ha señalado que, si se confirma que hay irregularidades en la
adjudicación, se dará traslado a Fiscalía para que la ley actúe "caiga
quien caiga" si se ha cometido algún delito.
Camarero ha
descartado cuantificar cuántos casos se han detectado para "no alarmar",
porque, según ha afirmado, hay que esperar a comprobar si la
documentación extra reclamada, como los ingresos o propiedades del otro
cónyuge en casos de separación de bienes, es "correcta".
No ha querido
valorar los casos de la concejala y de la directora general dimitidas,
pero ha recalcado que "van a llegar hasta el final".
Por otro
lado, ha informado de que solo hay un propietario de VPP que ha
solicitado autorización a la Conselleria para vender el inmueble y otros
tres para alquilarlos, un trámite que es preceptivo. Al respecto, ha
anunciado que en los casos de venta la Generalitat ejercerá el derecho
de retracto para que "no haya posibilidad de que se especule con una
vivienda de protección pública".
En este contexto, este
martes trascendió que el Servicio de Gestión Patrimonial del
Ayuntamiento de Alicante constató que "algunos beneficiarios" de las
adjudicaciones de VPP "mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo
con empleados o cargos" del consistorio "que pudieron participar en
fases relevantes del expediente de enajenación" de la parcela municipal
sobre la que se construyeron los inmuebles.
PSPV Y SUMAR
Por su parte, el PSPV registró el pasado lunes en Fiscalía una
denuncia "tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos
vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una
parcela municipal", en lo que ha denominado "escándalo del reparto de
pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala".
A
juicio de los socialistas, "los hechos ocurridos bajo el mandato de
Barcala podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación
administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y
conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de
ley con relevancia penal".
Por otro lado, Moviment Sumar País
Valencià presentó el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalia para
"poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser
constitutivos de delitos contra la administración pública, relacionados
con la adjudicación" de VPP.
Entre otras cuestiones, desde
esta formación han reclamado en esa denuncia "esclarecer" si ese
procedimiento "se desarrolló conforme a los principios de igualdad y
transparencia" y si hubo "trato preferente".
El pleno que el consistorio alicantino prevé celebrar este jueves
incluye dos asuntos en el orden del día. El primero es la solicitud de
ocho concejales de los grupos socialista, Compromís y EU-Podem para que
comparezca Barcala con el fin de "dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
de su actuación en relación con la enajenación de la parcela de suelo
urbano" sobre la que se levantaron esas VPP y que fue adjudicada a la
cooperativa Residencial Les Naus.
También para que dé "respuesta" a "las
cuestiones formuladas en el escrito presentado".
El segundo
es una moción conjunta de PSPV, Compromís y EU-Podem "por la que se
acuerda la creación de una comisión no permanente o específica del pleno
para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de
imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo
municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por
el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat
Valenciana".
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