El PSPV de Sant Joan pide un pleno monográfico sobre la posible "comercialización irregular" de futuras VPP

 SAN JUAN.- El grupo socialista del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha reclamado este viernes "la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para abordar exclusivamente" la posible "comercialización irregular" por parte de la adjudicataria de una futura promoción de viviendas de protección pública (VPP) proyectada sobre suelo municipal en la zona de Nou Nazareth, en una parcela licitada por el consistorio en 2025, y que supuestamente habría llegado a solicitar "1.750 euros de reserva" a interesados.

De este modo lo ha expresado la formación en un comunicado, en el que también ha reclamado "la suspensión inmediata de la formalización del contrato con la adjudicataria" y "la solicitud inmediata de las listas completas de las personas que han reservado vivienda, con fecha de reserva y cantidades entregadas a cuenta".

Los socialistas aseguran que "la vivienda protegida es una política social, no una operación mercantil", y que Sant Joan "merece transparencia, control y garantías de que las viviendas públicas llegan a quienes verdaderamente las necesitan".

De este modo, el PSPV de este municipio alicantino cree que "lo ocurrido con la promoción" de 131 futuras VPP en Nou Nazareth "evidencia una pérdida total de control por parte del equipo de gobierno y demuestra las consecuencias de vender suelo público a empresas privadas sin garantizar mecanismos estrictos de regulación y supervisión".

El grupo municipal subraya que ha conocido, "a través de diversas informaciones y de los propios registros municipales", lo que ha calificado de "presunto caso de adjudicaciones irregulares en Sant Joan, con una comercializadora solicitando dinero para reservas de viviendas antes incluso de formalizarse la transmisión del suelo".

Igualmente, considera "claramente insuficiente" la "explicación" ofrecida por el alcalde Santiago Román (PP), quien ha enviado un requerimiento a la promotora adjudicataria de la parcela --que sigue siendo municipal-- en el que exige "la paralización inmediata de la comercialización" y alerta de "la posible revocación de la adjudicación".

"La cuestión no es cuándo se enteró la Conselleria. La cuestión es por qué el Ayuntamiento no tenía perfectamente blindado y regulado el proceso desde el minuto uno. Estamos hablando de suelo público y de vivienda protegida, no de una promoción privada cualquiera", ha señalado la portavoz socialista, Esther Donate.

De acuerdo con el grupo socialista, "a esta situación se suma un hecho especialmente grave", ya que "el 22 de febrero entró en el registro municipal un escrito en el que una persona denunciaba que las viviendas de tres dormitorios estaban agotadas tras un proceso presencial iniciado el 11 de febrero, sin publicidad institucional ni criterios públicos claros de adjudicación".

"En el documento se solicitaba al Ayuntamiento que fiscalizara el procedimiento por posible vulneración de los principios de igualdad y transparencia", sostiene, y luego añade que "al día siguiente, 23 de febrero, esa misma persona presentó un nuevo registro comunicando que había conseguido reservar una vivienda y desistía de su reclamación".

"La secuencia es muy clara: se presenta una queja formal porque no se ha podido acceder a vivienda y, 24 horas después, aparece una reserva firmada", ha afirmado Donate, quien ha abundado: "O no tenían ningún control sobre lo que estaba ocurriendo con 131 VPP o no establecieron las garantías necesarias para que la adjudicación fuera justa y transparente".

Desde el PSPV han hecho hincapié en que "esta situación es consecuencia directa de una decisión política", como es "subastar suelo público para ingresar 4,8 millones de euros y dejar en manos privadas la promoción de vivienda protegida".

"Cuando se vende suelo que era de todos para hacer caja, se debilita la capacidad de control público sobre cómo y a quién se adjudican las viviendas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo", ha añadido Donate.

A juicio del grupo socialista, "el Ayuntamiento ha actuado tarde y mal, sin aclarar todavía qué implicación ha tenido en todo el proceso y sin asumir responsabilidades políticas claras".

"No basta con abrir una audiencia. Como órgano de contratación, el Ayuntamiento tiene la potestad y la obligación de suspender inmediatamente la formalización del contrato si existen dudas fundadas sobre el proceso", ha sentenciado la portavoz sobre las medidas anunciadas por el primer edil.

Según han explicado desde el PSPV local, esta parcela pública inició su proceso de enajenación en octubre de 2025 y "el 9 de febrero de 2026 fue adjudicada a Promored Velilla por 4.824.139,75 euros más IVA".

"La empresa ha abonado el 35 por ciento del importe y queda pendiente el 65% restante para la formalización mediante escritura pública", han apuntado, al tiempo que han recalcado que en la actualidad "la venta no está formalizada y la mercantil no es titular definitiva del suelo".

"Sin embargo, pese a no haberse formalizado la transmisión, la promoción comenzó a comercializarse en redes sociales y portales inmobiliarios", resaltan desde el PSPV, al tiempo que sentencian: "Según ha reconocido el propio alcalde en el pleno, se estarían solicitando hasta 1.700 euros para formalizar reservas".