Los motivos por los que Europa no financia las permutas del plan de VPO del PP valenciano: especulación y pérdida de patrimonio

 

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Barcala ofrece "colaboración" a la jueza que investiga las adjudicaciones de vivienda protegida en Alicante

 ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha ofrecido "toda la colaboración del Ayuntamiento" y la suya "personal" a la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan.

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde ha asistido a la V Jornada de Trabajo de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Según Barcala, la jueza "necesita toda la colaboración", algo que ha ejemplificado en la aportación, por parte del consistorio, de dos expedientes que le fueron requeridos: "Hemos aportado no solo los dos expedientes, sino, además, todos los expedientes que teníamos abiertos".

"Todo el resultado, por ejemplo, de las gestiones de averiguación que hizo la Policía Local, a la que pusimos en marcha inmediatamente", ha concretado, en alusión a las averiguaciones realizadas por agentes municipales en Les Naus, donde detectaron "más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia" son adjudicatarios de VPP, "aunque podrían ser más". 

En concreto, en una de estas situaciones, tres hermanos y dos primos de entre 18 y 24 años tienen un piso cada uno, según el consistorio.

En este sentido, el alcalde ha mostrado su compromiso con "liderar" la "investigación" municipal por la polémica de esta promoción de VPP, algo en lo que, según ha dicho, está "centrado" para "facilitar" a la justicia los datos que pueda pedir la magistrada y los que vaya "sabiendo" el consistorio.

 "Seguimos trabajando en ello", ha apostillado.

Del mismo modo, ha recordado que el Ayuntamiento cruzó "todos los datos" que "tuvieran algo que ver con funcionarios" de la administración local para "ver si tienen o no tienen relación" con Les Naus.

Asimismo, se ha remitido de forma expresa al comunicado de la junta de personal del consistorio, que decía que "el mero hecho de ser funcionario", "de ser familiar", "de ser conocido" o "de haber saludado algún día a alguien no es suficiente" para "justificar en cualquier caso cualquier tipo de actuación".

 "Pero todo debe ser investigado", ha matizado.

El primer edil ha insistido en que "no" va a permitir que "alguien que no tuviera derecho a una vivienda en esa urbanización se quede" con ella, en el caso de que se pudieran haber cometido irregularidades en las adjudicaciones.

También ha reiterado que el Ayuntamiento "tramitó" dos expedientes --el de adjudicación de la enajenación de la parcela municipal donde se levantaron luego las VPP y el de licencia de obras--, que "se iniciaron en 2016, cuando gobernaba en Alicante un tripartito de izquierdas".

"Cuando yo llego al gobierno en Alicante en abril del 2018 continúo el expediente, pero la decisión de que esa parcela era para ese tipo de vivienda y que se hacía por gestión indirecta ya estaba tomada y rematamos ese expediente", ha añadido.

Y ha continuado: "Todo lo relativo a la captación de cooperativistas, todo lo relativo a la evaluación de su idoneidad, todo lo relativo a la adjudicación y a la venta de las distintas viviendas es ajeno a la gestión y a la competencia del propio Ayuntamiento, por eso también Conselleria está realizando su propia investigación y por eso el juzgado está investigando la totalidad del procedimiento".

Sobre los expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento, ha asegurado que se tomarán medidas si se determina alguna cuestión concreta, aunque ha avanzado que, si hay "algún tipo de trascendencia" para la instrucción, "la primera en conocerla" será la jueza.

Preguntado por otras parcelas en las que la administración local pretende promover vivienda pública, ha resaltado que el consistorio está "en contacto con la Generalitat para todas las medidas que implementen" y ha insistido en que "la competencia para establecer las medidas por las que se accede" a VPP "son autonómicas".

"Absolutamente todas las medidas que se puedan sugerir y que está estudiando Conselleria se incorporarán a los pliegos porque hay una cuestión que es ineludible y es que hay que garantizar al máximo que cuando una vivienda es social llegue a quien tiene que llegar y en ningún caso puede acceder quien no debe llegar y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir en el sentido de incorporarla absolutamente a todos los pliegos de licitación", ha añadido.

En palabras de Barcala, "el problema no es cómo se ejecuta la vivienda, la cuestión es cómo se establecen los controles necesarios" para que no haya "irregularidades".

 "Yo no voy a dejar de construir ni una sola vivienda social", ha espetado a la izquierda en respuesta a sus críticas, tras lo que ha zanjado: "Las viviendas sociales que están previstas se van a hacer todas y lo que voy a asegurarme es que todas las viviendas sociales que se hagan lleguen a quien tienen que llegar".

Barcala, que no ha contestado más preguntas al respecto porque, según ha recalcado, "hay unas diligencias penales" y "comisiones de investigación" sobre las VPP de Les Naus, ha defendido la "voluntad del pleno" del Ayuntamiento.

Cabe recordar que en la sesión plenaria de este jueves PP y Vox sumaron sus votos para tumbar una declaración institucional conjunta de los grupos de la oposición de izquierdas --PSPV, Compromís y EU-Podem--, en la que pedían su reprobación.

Así, los voxistas votaron junto con los 'populares' en contra de esta iniciativa y se justificaron en que "no" querían participar en el "teatro político de la izquierda". 

No obstante, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, habló de "responsabilidad política" por la polémica de las VPP y, pese a rechazar la reprobación, volvió a exigir a Barcala que dejara su cargo.

El PSPV de Sant Joan pide un pleno monográfico sobre la posible "comercialización irregular" de futuras VPP

 SAN JUAN.- El grupo socialista del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha reclamado este viernes "la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para abordar exclusivamente" la posible "comercialización irregular" por parte de la adjudicataria de una futura promoción de viviendas de protección pública (VPP) proyectada sobre suelo municipal en la zona de Nou Nazareth, en una parcela licitada por el consistorio en 2025, y que supuestamente habría llegado a solicitar "1.750 euros de reserva" a interesados.

De este modo lo ha expresado la formación en un comunicado, en el que también ha reclamado "la suspensión inmediata de la formalización del contrato con la adjudicataria" y "la solicitud inmediata de las listas completas de las personas que han reservado vivienda, con fecha de reserva y cantidades entregadas a cuenta".

Los socialistas aseguran que "la vivienda protegida es una política social, no una operación mercantil", y que Sant Joan "merece transparencia, control y garantías de que las viviendas públicas llegan a quienes verdaderamente las necesitan".

De este modo, el PSPV de este municipio alicantino cree que "lo ocurrido con la promoción" de 131 futuras VPP en Nou Nazareth "evidencia una pérdida total de control por parte del equipo de gobierno y demuestra las consecuencias de vender suelo público a empresas privadas sin garantizar mecanismos estrictos de regulación y supervisión".

El grupo municipal subraya que ha conocido, "a través de diversas informaciones y de los propios registros municipales", lo que ha calificado de "presunto caso de adjudicaciones irregulares en Sant Joan, con una comercializadora solicitando dinero para reservas de viviendas antes incluso de formalizarse la transmisión del suelo".

Igualmente, considera "claramente insuficiente" la "explicación" ofrecida por el alcalde Santiago Román (PP), quien ha enviado un requerimiento a la promotora adjudicataria de la parcela --que sigue siendo municipal-- en el que exige "la paralización inmediata de la comercialización" y alerta de "la posible revocación de la adjudicación".

"La cuestión no es cuándo se enteró la Conselleria. La cuestión es por qué el Ayuntamiento no tenía perfectamente blindado y regulado el proceso desde el minuto uno. Estamos hablando de suelo público y de vivienda protegida, no de una promoción privada cualquiera", ha señalado la portavoz socialista, Esther Donate.

De acuerdo con el grupo socialista, "a esta situación se suma un hecho especialmente grave", ya que "el 22 de febrero entró en el registro municipal un escrito en el que una persona denunciaba que las viviendas de tres dormitorios estaban agotadas tras un proceso presencial iniciado el 11 de febrero, sin publicidad institucional ni criterios públicos claros de adjudicación".

"En el documento se solicitaba al Ayuntamiento que fiscalizara el procedimiento por posible vulneración de los principios de igualdad y transparencia", sostiene, y luego añade que "al día siguiente, 23 de febrero, esa misma persona presentó un nuevo registro comunicando que había conseguido reservar una vivienda y desistía de su reclamación".

"La secuencia es muy clara: se presenta una queja formal porque no se ha podido acceder a vivienda y, 24 horas después, aparece una reserva firmada", ha afirmado Donate, quien ha abundado: "O no tenían ningún control sobre lo que estaba ocurriendo con 131 VPP o no establecieron las garantías necesarias para que la adjudicación fuera justa y transparente".

Desde el PSPV han hecho hincapié en que "esta situación es consecuencia directa de una decisión política", como es "subastar suelo público para ingresar 4,8 millones de euros y dejar en manos privadas la promoción de vivienda protegida".

"Cuando se vende suelo que era de todos para hacer caja, se debilita la capacidad de control público sobre cómo y a quién se adjudican las viviendas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo", ha añadido Donate.

A juicio del grupo socialista, "el Ayuntamiento ha actuado tarde y mal, sin aclarar todavía qué implicación ha tenido en todo el proceso y sin asumir responsabilidades políticas claras".

"No basta con abrir una audiencia. Como órgano de contratación, el Ayuntamiento tiene la potestad y la obligación de suspender inmediatamente la formalización del contrato si existen dudas fundadas sobre el proceso", ha sentenciado la portavoz sobre las medidas anunciadas por el primer edil.

Según han explicado desde el PSPV local, esta parcela pública inició su proceso de enajenación en octubre de 2025 y "el 9 de febrero de 2026 fue adjudicada a Promored Velilla por 4.824.139,75 euros más IVA".

"La empresa ha abonado el 35 por ciento del importe y queda pendiente el 65% restante para la formalización mediante escritura pública", han apuntado, al tiempo que han recalcado que en la actualidad "la venta no está formalizada y la mercantil no es titular definitiva del suelo".

"Sin embargo, pese a no haberse formalizado la transmisión, la promoción comenzó a comercializarse en redes sociales y portales inmobiliarios", resaltan desde el PSPV, al tiempo que sentencian: "Según ha reconocido el propio alcalde en el pleno, se estarían solicitando hasta 1.700 euros para formalizar reservas".

La Policía Local sigue en Les Naus para comprobar "piso por piso" si los adjudicatarios viven en las VPP

 ALICANTE.- La Policía Local de Alicante sigue este miércoles en la urbanización de viviendas de protección pública (VPP) Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, para determinar "piso por piso" si los adjudicatarios realmente residen en esos inmuebles.

Fuentes municipales consultadas han precisado que "los trabajos de comprobación continúan", aunque por el momento el consistorio no ha detallado en cuántas VPP se han realizado esas actuaciones ni si se han detectado posibles irregularidades.

Precisamente, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), publicó este martes por la tarde en redes sociales un vídeo en el que se puede observar a varios agentes del cuerpo policial entrando en este complejo residencial.

Horas antes, por la mañana, indicó en una rueda de prensa que había dado instrucciones a la Policía Local para comprobar "piso por piso" quién vive en las VPP. "Quiero que se inspeccionen inmediatamente las viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos adjudicados y si están ocupados legalmente", señaló.

Además, durante esa comparecencia, el primer edil desveló que dos adjudicatarios de Les Naus renunciaron a los inmuebles de los que eran beneficiarios. También dijo que confiaba en que hubiera "otras muchas" renuncias.

Cabe recordar que la Fiscalía ha enviado a la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante sus actuaciones relativas a la adjudicación de las VPP en Les Naus.

La jueza adoptó la decisión de abrir diligencias previas tras recibir una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada por Manos Limpias contra nueve personas.

 Entre ellas, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que dimitió tras conocerse que ella está entre las beneficiarias de las VPP, y también una exdirectora general y otros empleados municipales.

La polémica surgió tras conocerse que Gómez y familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios. 

Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

La oposición del consistorio, conformada por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, exigió a Barcala su dimisión como alcalde por estos hechos en un pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP. 

En estas semanas, el primer edil ha defendido las actuaciones y medidas adoptadas por el equipo de gobierno tras las informaciones conocidas.

El PSOE pide una fiscalización especial del Tribunal de Cuentas sobre la fundación de Abascal en los últimos cinco años

 MADRID.- El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización específica de la Fundación Disenso, que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los últimos cinco años, de 2020 a 2025.

Las fundaciones vinculadas a partidos políticos, aun siendo organizaciones privadas, ya son objeto de una fiscalización anual por parte del Tribunal de Cuentas en la medida que reciben financiación pública.

En el último examen, relativo al ejercicio de 2020, el año de su creación, la Fundación Disenso declaró haber recibido 370.000 euros de Vox, sin obtener subvenciones publicas y, según el Tribunal acabó el ejercicio con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros.

Lo que ahora pide el PSOE es que el Tribunal de Cuentas realice con urgencia un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación de Vox en el periodo 2020-2025, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse". 

Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niega toda irregularidad.

En el texto, el Grupo Socialista busca que el Tribunal de Cuentas, en ese informe específico sobre Disenso que se le pide, incluya, si procediera, "propuestas de medidas correctoras o sancionadoras".

Los socialistas ya presentaron una denuncia contra Vox por un supuesto delito de financiación ilegal por las donaciones particulares que el Tribunal de Cuentas vio irregulares, pero la Fiscalía Anticorrupción lo archivó alegando que la vía penal no era la adecuada.

La propuesta del PSOE se debatirá y votará en una próxima reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que el PP y Vox suman mayoría absoluta.

El PPCV carga contra José María Ángel: "Valencia no se merece a un falsificador como comisionado para la dana"

 VALENCIA.- El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación de la Dana en Les Corts, Nando Pastor, ha reclamado de nuevo este miércoles la dimisión del alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, tras las informaciones acerca de su supuesta falsificación de un título universitario: "Los valencianos no nos merecemos a un falsificador como comisionado para la dana".

Durante una atención a medios este miércoles en Les Corts Valencianes, el portavoz ha criticado el comunicado que Ángel realizó este martes acerca de las informaciones publicadas ese mismo día por el diario 'El Mundo' sobre su supuesta "falsificación" de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública.

En el comunicado, el comisionado afirmó que no había existido "ninguna irregularidad" en su acceso a la función pública en 1983 ni en el acceso a la plaza de ayudante técnico en 1986. Además, Ángel aportó la instancia de participación en el proceso de 1983, bases de las convocatorias y las actas de sus tomas de posesión.

"José María Ángel lo que hizo al dar explicaciones fue una auténtica tomadura de pelo a todos los valencianos. Nos ha tratado por tontos a todos. Él es un falsificador, porque si no lo fuera ya habría enseñado el título y ahí se habrá acabado la polémica, pero no lo ha hecho, porque no lo tiene, y si no tiene ningún título universitario, no podría acceder a la plaza que consiguió", ha continuado el diputado 'popular'.

De acuerdo a Pastor, solo dos personas pueden cesar a Ángel y esas son la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Pero no le van a tirar, porque si lo hacen, se quedan solos. Si se va uno se tiene que ir el resto", ha apuntado.

"Tenemos un ambiente de timo y de engaño en todo lo que rodea al actual PSPV. Tenemos un 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, que dice que es periodista y no lo es. Tenemos una delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que dice que tiene dos titulaciones universitarias y no tiene ninguna. Una delegada que, además, ha estado durante los últimos siete meses engañando a las víctimas, a los afectados y a los valencianos en general, sobre lo que ocurrió el día 29 de octubre en el Cecopi. Y tenemos un comisionado que además falsifica documentos públicos para avalar la mentira sobre su titulación universitaria", ha continuado.

Pastor ha criticado el silencio de Morant y ha valorado su postura como la de "cómplice del engaño de todos los demás". 

"Pero además, ese silencio lo que hace es dar credibilidad a lo que se ha publicado en los medios de comunicación, lo que se investiga en la Agencia Antifraude y lo que yo estoy diciendo ahora. Porque si no, habría salido inmediatamente a desmentirlo y llevar la contraria", ha añadido.

En esta línea, Pastor ha mostrado su preocupación sobre las "mentiras" del comisionado. "¿José María Ángel sólo ha mentido en esto, falsificando su título? ¿Un título universitario para acceder al puesto en el que hoy mismo se encuentra? ¿O está mintiendo continuamente en todo aquello que tiene que ver con la dana? Son cuestiones que me preocupan mucho, y hay preguntas que solo él puede responder, como quién falsificó el título y por qué", ha planteado.

Respecto a la petición del PPCV a Antifraude de presentar el expediente de la investigación al partido, que fue anunciada este martes por el síndic del grupo y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Pastor ha apuntado que ya han registrado en Les Corts un escrito solicitando el acceso al expediente: "A partir de ese momento, nuestros servicios jurídicos establecerán cuál es la fórmula más correcta y conveniente para recurrir o personarnos. Pero vamos a tomar todas las cartas en el asunto que consideremos pertinentes".

Según ha expuesto, Antifraude ha dado traslado a la Fiscalía, "y es la Fiscalía quien debe responder a cuestiones como la manera de proceder, a qué personas investigar y como consecuencia de esas investigaciones imputar o no". 

Mientras tanto, el Partido Popular se mantiene a la espera del acceso al expediente.

Anticorrupción investiga si el comisionado de Sánchez para la Dana falsificó un título para ser funcionario

  VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción investiga si el comisionado del Gobierno para la reconstrucción por la dana, José María Ángel Batalla, habría presentado un título universitario presumibleblemente falso que le permitió progresar en la Diputación de Valencia como funcionario.

Así, a partir de una denuncia anónima a la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, el organismo detectó que el citado comisionado podría haber presentado un documento falso fechado en el año 1983. 

En el informe del ente se concluye que "el Sr. Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencias de que dicha titulación sea real".

Además, apunta a dos funcionarios de la Diputación que, "mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas para establecer si el título que constaba en el expediente personal del Sr. Ángel Batalla en la Diputación de Valencia era veraz y, por ende, han consentido y validado la situación irregular del Sr. Ángel Batalla".

De este modo, añade, Batalla podría haberse beneficiado del reconocimiento "de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponderían como funcionario del grupo D (actual C2)". 

Es decir, como funcionario de un nivel básico, el correspondiente a funciones de apoyo administrativo, que exige solo haber completado la Educación Secundaria Obligatoria. La Agencia Valenciana Antifraude señala que Batalla, y quizás otros dos funcionarios, podrían haber cometido un "ilícito administrativo disciplinario".

El informe relata cómo, aparentemente, Batalla no superó el primer curso 1975-1976, en la Facultad de Filosofía, Sección Geografía e Historia, de Valencia. Y resuelve interrumpir sus indagaciones para dar traslado a la Diputación de Valencia, que en su caso deberá valorar qué acciones adoptar ante los "indicios de conductas presumiblemente constitutivas de ilícito administrativo disciplinario" por "varios funcionarios" de esa institución.

Además, solicita que "periódicamente, la Diputación Provincial de Valencia informe a esta Agencia respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones, así como que, en el caso de que se acuerde el archivo del procedimiento, se comunique a esta Agencia dicha circunstancia".

Por esta cuestión ha sido preguntada la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, que ha asegurada que se ha solicitado información sobre esta cuestión después de que fuera publicada en el diario El Mundo.

 "Lo prudente y lo correcto" es recabar la información, ha subrayado, para afirmar que se informará "con toda transparencia" sobre el caso cuando se reciban los datos solicitados. 

Por su parte, fuentes cercanas al comisionado aseguran que no era necesaria la titulación para el puesto de la Diputación al que accedió en su día y que nunca fue aportada por el dirigente, además de emplazar a un comunicado oficial de José María Ángel en las próximas horas.

En la otra orilla, el PP ha pedido ya el "cese fulminante" del comisionado, quien, de acuerdo con el informe en cuestión, presentó un informe como diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València pero no ha concluido los estudios universitarios.

Mazón recalca que es licenciado en Derecho y critica a Bernabé por "decir" que cuenta con carreras "cuando no las tiene"

 ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado que es licenciado en Derecho y ha instado a la prensa a preguntar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, «por qué durante cinco, diez, 12 o 13 años o todavía hoy va diciendo por ahí» que ella cuenta con carreras universitarias «cuando no las tiene».

Así se ha expresado el jefe del Consell en declaraciones a los medios este viernes en Alicante, donde ha respondido a las críticas de cargos socialistas que le han pedido que aclare si es o no abogado.

Mazón considera «absurda» la pregunta de si está o no licenciado en Derecho, porque, según ha reiterado, sí lo está. 

«No entiendo por qué tengo que estar dando explicaciones sobre si estoy licenciado o no. Creo que esta pregunta tiene que irse a la Delegación del Gobierno», ha espetado.

«Yo estoy un poco sorprendido. Yo lamento mucho que el PSOE esté tan acorralado con todo esto. Yo estoy licenciado en Derecho. Me licencié en el año 98. Mi título está colgado en la web de la Generalitat Valenciana», ha aseverado el 'president', que ha incidido en que la página de internet del Consell es obligatorio mostrar públicamente las titulaciones.

Mazón ha justificado dicha obligatoriedad de colgar los títulos, «entre otras cosas, porque antes había gente que decía que estaba licenciada y no lo estaba», como «el 'expresident' de la Generalitat Valenciana que decía que era periodista y no tenía la licenciatura de periodista y le preguntaban si era periodista y decía que era periodista porque se sentía periodista», ha señalado en referencia a Ximo Puig.

«El rey Juan Carlos I firmó mi licenciatura y, sí, tengo que reconocer que yo no tengo ningún máster, ningún 'míster' ni ningún 'móster'. No los tengo y como no los tengo pues no los he puesto en mi currículum público», ha manifestado.

Asimismo, el 'president' ha asegurado que estudió una carrera de cinco años y que tardó «un poquito más» en acabarla, casi seis. 

«Desgraciadamente, cuando llegaba la época de los exámenes a veces estaba pendiente de pegar carteles de las elecciones a estudiantes y a delegados de facultad que de algunos exámenes. Lo que sí que intentaba era, cuando me presentaba, aprobarlos, que eso sí que lo solía hacer», ha relatado.

Según Mazón, «quien más lecciones quiere dar es quien no las cumple» y, de nuevo, ha instado a la prensa a trasladar esa pregunta «a quien dice que tiene carreras y no las tiene» y «cuando se les pilla ni dimiten ni dan explicaciones». 

«Esto es lo que tengo que decir», ha zanjado.

El jefe del Consell, cuando se le ha inquirido por si está o no colegiado como abogado, ha apuntado: «Vayan ustedes a preguntar a quien dice que tiene carreras sin tenerlas y ya está. Es que creo que no pasa nada, independientemente del lenguaje común que se pueda utilizar en redes sociales. A lo mejor, lo que se trata ahora es de, no sé, de preguntarle a todos los médicos a los que habitualmente se les llama doctores si están doctorados o no están doctorados».

Y ha concluido: «Mi padre era médico y cuando le decían doctor él respondía que licenciado. Una cosa es el lenguaje común que se puede utilizar en las redes sociales y otra cosa es un título oficial que no es verdad. Y otra cosa es poner en tu currículum licenciaturas o títulos que no son verdad. Creo que hay una diferencia bastante importante».

Eduardo Beut toma posesión como director de Antifraude prometiendo "imparcialidad" y ser "transparentemente discreto"

 VALENCIA.- El nuevo director de la Agència Valenciana Antifrau (AVAF) , Eduardo Beut, ha tomado posesión de su cargo este martes en Les Corts con un discurso en el que ha asegurado «imparcialidad y objetividad». 

«Este tiempo lo dedicaremos a finalizar expedientes y a ser transparentemente discretos», ha remarcado.

Beut ha prometido el cargo acompañado del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, entre otras autoridades, tras ser elegido en el pleno de Les Corts del pasado 15 de julio con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo y críticas del PSPV y Compromís.

El nuevo director de Antifraude ha agradecido el trabajo de su predecesor, Joan Llinares, del director en funciones, Anselm Bodoque, y la confianza de los diputados que le dieron su apoyo.

«No esperen una agencia que sea la estrella de nada ni que genere noticias impactantes que puedan ser malinterpretadas», ha afirmado Beut, que ha subrayado que esta etapa se dedicará a «finalizar expedientes y a ser transparentemente discretos».

Del mismo modo, ha asegurado que trabajará «desde la proximidad, protegiendo la alertancia de la infracción o la mala práctica, desde el inicio del proceso hasta donde haya que llegar. Desde la responsabilidad, respetando la presunción de inocencia y las garantías».

Beut ha subrayado la necesidad de «ir avanzando en una cultura de integridad, ética y buenas prácticas de la Comunitat Valenciana», y de coordinarse y apoyarse en los órganos de control de la Generalilitat, la Sindicatura de Comptes, los diferentes órganos estatutarios, fuerzas de seguridad y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Asimismo, ha pedido la implicación de la sociedad, «a los más energicos y combativos para que perseveren y sirvan de ejemplo, y a los que por falta de confianza en el sistema, o por desidia, han permanecido pasivos en las actuaciones que afectaban a la justicia, a la igualdad y el libre mercado, afectando a la competencia, coherencia e imagen de la Comunitat Valenciana».

Beut ha indicado que esta desingnación es el «broche» a 25 años trabajando para la administración, en los que ha constatado que «la inmensa mayoría» de los empleados públicos son «competentes» y «rigurosos» y que los representantes de la ciudadanía con los que ha trabajado han sido «honestos, comprometidos y serios».

Compromís desenmascara a Rovira porque "okupa" una plaza de profesor universitario sin tesis doctoral

VALENCIA.- El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Gerard Fulllana ha criticado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), "okupa" una plaza de profesor universitario a pesar de no contar con un doctorado, mientras que el responsable de la política educativa del Consell le ha replicado que cuando consiguió su puesto en la Universidad de Alicante (UA) no era necesario.

"En estos años he podido hacer el doctorado. He estado bastante más dedicado a la política que a otra cosa y no quería hacer un doctorado 'fake'. A lo mejor, cuando me jubile de este puesto, haré un doctorado", ha expuesto el conseller en la sesión de control en Les Corts tras las críticas de Fullana.

En su intervención, el portavoz de Educación de Compromís ha criticado que Rovira de "lecciones de cultura del esfuerzo" a "profesores, asociaciones de padres, alumnos y sindicatos" cuando "es profesor titular universitario y no tiene el título de doctor cuando es un requisito indispensable".

Además, ha subrayado que "no tiene artículos de investigación y en Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) es un perfecto desconocido", mientras "no hay ni un solo valenciano al que se le permita ser profesor universitario sin tener ese título".

"Aznar hizo una ley de universidades para que gente como usted pudiera dar el salto a la titulación universitaria. Han pasado 20 años y usted es un okupa en su plaza", ha espetado Fullana a Rovira.

En su réplica, el conseller ha asegurado que el diputado habla "desde el más profundo desconocimiento" porque, según ha explicado, pertenece a la categoría de profesor titular de escuela universitaria que se creó en los años 60 "cuando funcionaban las escuelas universitarias".

"Para conseguir tal plaza, en su momento no era necesario tener un doctorado", ha esgrimido, y ha remarcado que este puesto figura en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) como un cuerpo a extinguir porque "digamos que ha cambiado todo".

En cualquier caso, Fullana ha hecho hincapié en que es "funcionario de carrera con oposición" que obtuvo con sus "propios méritos".

 "Y mi padre era empleado de un banco, no me pudo ayudar. Y creo que esto que estoy diciendo en su pueblo, en su comarca y en su partido lo entienden perfectamente", ha recalcado a Fullana.

Y ha rematado Rovira retando al diputado de Compromís a denunciarlo "si tiene un problema". 

"Y le digo más: igual que usted cobro los trienios", ha zanjado.

Detenidas 43 personas más por pagar hasta 400 euros para pasar fraudulentamente ITV en Crevillent y Santomera

ELCHE.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas más por la trama delictiva que presuntamente facilitaba de manera fraudulenta las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), en un entramado entre Crevillente (Alicante) y Santomera (Murcia). Los arrestados supuestamente habían pagado entre 250 y 400 euros al cabecilla para que mediara con la ITV.

Este operativo ha abarcado meses de investigación y ha desmantelado una compleja red criminal presuntamente enfocada en facilitar de manera fraudulenta ITV y que abarcaría la implicación de propietarios de vehículos que se desplazarían desde diferentes puntos de España hasta las localidades de Crevillente y Santomera, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación, liderada por el Grupo de Investigación de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional en Elche, con la colaboración del Cuerpo de Policía Local de Crevillente, reveló una trama delictiva que involucraba a ciudadanos de origen marroquí, senegalés y español.

En el centro de esta operación y como principal investigado se encontraba un individuo de nacionalidad marroquí, residente en Crevillente. Presuntamente desempeñaba un papel clave como intermediario entre empresas de compra-venta de vehículos de segunda mano e importación, talleres de la zona y una Estación de ITV en Santomera (Murcia).

Su participación abarcaba desde la supervisión de inspecciones fraudulentas dentro de la propia estación de ITV, hasta la revisión de documentos. Además, supuestamente llegaba a tener conexiones con propietarios de vehículos particulares con deficiencias, a los cuales cobraba para conseguir un resultado positivo en la inspección del vehículo en la estación.

La explotación de la investigación concluyó el pasado día 28 de noviembre, con el registro e inspección de una de las Estaciones que tiene concedida la Inspección Técnica de Vehículos en la localidad de Santomera (Murcia) así como dos empresas de compra-venta de vehículos de segunda mano en la localidad de Crevillente. 

En ese momento, se procedió a la detención de 13 personas, entre ellos empleados de la Estación de ITV, incluyendo directores técnicos, ingenieros y técnicos especializados.

Desde que el pasado día 28 de noviembre explotara la operación, donde los agentes adscritos al Grupo de Investigación de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional en Elche intervinieran numerosa documentación, dieron comienzo las gestiones de indagación para averiguar posibles irregularidades y sus responsables.

A través del análisis de dichos documentos se ha podido averiguar que al menos 43 personas, ciudadanos y usuarios, presuntamente habrían pagado cantidades económicas que van desde los 250 a los 400 euros al principal investigado y cabecilla de la trama, para que mediara con la Inspección Técnica de Vehículos de Santomera y así originar documentación creada al efecto pero no auténtica.

De esta forma, el cabecilla y por consiguiente los ciudadanos que contrataban sus servicios, con la connivencia de algunos de los trabajadores de la estación de ITV, obtenían de manera fraudulenta los informes de inspección de manera favorable, incluso aquellos que contaban con graves fallos que le impedirían superarla en condiciones normales.

Por ello, la Policía Nacional ha procedido a la detención de 43 personas más en esta segunda fase, ya que presuntamente se han aprovechado para obtener de manera fraudulenta sus informes de ITV, así como de los distintivos V-19 que actualmente ostentan en sus vehículos, por lo que habrían incurrido en un presunto delito de falsedad documental.

Los 43 detenidos ostentan nacionalidades de marroquí, argelina, francesa, senegalesa, española y palestina y edades comprendidas entre los 22 y 67 años de edad. Todo lo actuado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción que conoce de la causa en Elche.

La ilicitana PLD Space gasta un 1.500% más que una polaca en lanzar un cohete muy similar

 MADRID.- El coste del primer cohete español lanzado por una empresa privada fue una de las grandes incógnitas. Algunas informaciones apuntaron que este había sido de 65 millones de euros aunque su cifra se ha ido corrigiendo hasta los 30 millones (29,7) de euros, según desveló el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez hace unas semanas. 

Una cantidad que dentro del sector sigue retumbando, ya que el desembolso de un proyecto muy parecido en Polonia -ejecutado por la compañía privada SpaceForest- apenas supuso 1,8 millones de euros, matiza theobjective.com.

Según la página oficial de la empresa polaca SpaceForest, en el apartado de proyectos, aparece el coste real del cohete Perun, que fue de 8,3 millones de zloties polacos (1,8 millones de euros). Además, está financiado en un 80% por ayudas públicas, en total 6,3 millones de zloties (1,3 millones de euros). 

Lo que significa que la empresa ilicitana, que ya ha recibido fondos públicos, ha gastado un 1.500% más. El pasado 16 de diciembre de 2022, la ministra Diana Morant confirmó que el Ministerio de Ciencia e Innovación había destinado 2,5 millones de euros en ayudas públicas a la empresa. Una cantidad que se suma a la adjudicada a principios del pasado julio por valor de 1,5 millones de euros. Además, ahora parte como favorito para llevarse una licitación de 40,5 millones de euros.

PLD Space es una compañía que genera gran interés dentro del Gobierno, en concreto por parte de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que ha hecho su esfuerzo en promocionarla. Si uno acude a la página de análisis de empresas InsightView observará que está participada en un 11,48% por la compañía Invierte Economía Sostenible SICC SMP, una sociedad anónima, constituida el día 11 de julio de 2012, cuyo único accionista es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), una empresa que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación.

El cohete Perun de la empresa polaca ha despegado dos veces en 2023. La primera vez fue el 23 de junio, cuatro meses antes del vuelo del Miura I, y fue lanzado desde la base militar de Ustka, al norte de Polonia, alcanzando los 22 kilómetros de altitud. Más tarde fue recuperado de forma exitosa tras amerizar en paracaídas en el mar Báltico. Hubo un segundo lanzamiento el pasado 11 de octubre, que tuvo que ser abortado en pleno vuelo por un problema técnico. Aunque solo llegó a los 10 kilómetros de altura, pudo de nuevo ser recuperado.

Por otro lado, el único vuelo del Miura I data del pasado 7 de octubre, donde se elevó hasta los 46 kilómetros de altura aproximados (apenas 24 kilómetros más que el primer vuelo del Perun). A diferencia del cohete polaco, el español no pudo ser recuperado. Ninguno de los dos cumplió sus objetivos: cruzar la linea de Kármán de los 100 kilómetros, que marca el límite del espacio y la atmósfera.

Fuentes expertas del sector aseguran que para considerar el coste de un proyecto como los cohetes de PLD Space y SpaceForest hay que analizarlo desde el campo suborbital, que es al que pertenecen ambos. 

Para ello, hay que tener en cuenta cuatro aspectos, que están muy interrelacionados: la carga de pago (la cantidad de masa de ‘valor’ que puede transportar), la altitud (hasta qué altura se transporta la carga), el control del vuelo (si se puede maniobrar) y la tecnología (es decir, si el combustible es líquido, sólido e híbrido (una modalidad intermedia entre ambos).

Las mismas fuentes técnicas aseguran que «ambos cohetes (tanto el Miura I y como el Perun) «tienen cotas de altura objetivo similares y son capaces de controlar el vuelo mediante sistemas de control a reacción (propulsados por gas), además de tener control desde tierra y guiado. En este sentido, ambos son cohetes similares en complejidad y de un tamaño en el mismo orden de magnitud aunque la tecnología de propulsión es diferente«.

Por último, fuentes del sector aeroespacial afirman que el cohete polaco «en cargas de pago está en rangos similares con el español porque no hay mucha diferencia entre transportar 50 kilogramos (Perun) y 100 kilogramos (Miura I)». Por otro lado, sí reconocen que «la tecnología de propulsión hibrida del cohete Perun es supuestamente más barata que la propulsión líquida del Miura, aunque las diferencias de coste están en un 20 o 30%». Porcentajes muy inferiores a la suma del coste total del proyecto.

theobjective.com se ha puesto en contacto con la compañía PLD Space, que ha querido dejar claro las diferencias entre el cohete de PLD Space y el SpaceForest. «Nuestro objetivo es desarrollar un lanzador orbital para el mercado de los pequeños satélites, mientras que la otra empresa está centrada en el desarrollo de cohetes suborbitales para estudio de microgravedad. Por lo que no es nuestro competidor». Añaden que «ellos utilizan un cohete de propulsión líquida, mientras que los polacos uno de propulsión híbrida».

Por último apuntan que en cuanto a la masa al despegue «no es comparable ninguno de los dos cohetes entre sí, dada la sustancial diferencia de masa entre ellos. Sería como comparar un coche con una moto». 

También subrayan «la diferencia de capacidad de carga de pago entre ellos», «los tiempo de funcionamiento del motor», y «la fase propulsiva del vuelo, en la cual existe un control por GNC (gas natural comprimido) totalmente distinto». 

No obstante, sí reconocen que las dimensiones entre el Miura I y Perun son similares.

Escándalo en el Instituto de Medicina Legal de Alicante por informes de psicólogos sin colegiar

ALICANTE.- Escándalo en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. Varias trabajadoras sociales y psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante (IMLCF), incluida la Jefa de los Gabinetes Psicosociales Comarcales, no están colegiadas como indica la ley, pudiendo hacer nulo cualquier informe psicosocial (donde se hace una valoración psicológica de la familia ante un proceso de divorcio con menores) emitidos por ellas.

 Además, el Instituto tampoco dispone de ningún tipo de protocolo, pese a que están funcionando desde el año 1998, ni registra las entrevistas con los usuarios de estos sistemas, según publica The Objective.

Así lo reconoce la misma Jefa de los Gabinetes Psicosociales Comarcales ante un requerimiento del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcoy al que ha tenido acceso The Objective. A mediados del mes de septiembre, este Juzgado, solicitó al IMLCF –a petición de uno de los progenitores– que procediera a identificar a los profesionales que debían realizar el informe, así como que informaran sobre si estaban colegiados en los respectivos colegios de psicólogos y trabajadores sociales.

Ante este requerimiento, el Instituto de Medicina Legal remitió oficio al Juzgado, firmado el 21 de septiembre de 2023, en el que se señala –según el documento facilitado a este medio– que ni la trabajadora social, ni la psicóloga ni la propia Jefa de los Gabinetes Psicosociales Comarcales disponen de número de colegiación actualmente.

El artículo 3.2 de la Ley 2/1974 (estatal) de Colegios Profesionales establece que «será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal». 

Además, son nueve las sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 3/2013, 46/2013, 50/2013, 63/2013, 89/2013, 123/2013, 201/2013, 150/2014 y 82/2018), las que establecen la obligatoriedad de cualquier perito judicial a estar colegiado, esté o no adscrito a un gabinete psicosocial, pues es el Colegio Oficial quien acredita la capacitación y solvencia profesional del colegiado. 

«Al no estar colegiados, estas profesionales no pueden ser sancionadas por sus respectivos colegios oficiales aún cuando incurran en infracciones graves», señalan a este medio letrados expertos en Derecho de Familia.

«Las Comunidades Autónomas con competencia de desarrollo del régimen jurídico de los colegios profesionales de conformidad con las bases estatales, no pueden introducir excepciones a la exigencia obligatoria de colegiación, aunque sea de manera acotada o limitada, porque ello no constituye un desarrollo sino una contradicción de las mismas, que las desvirtúa y excede de su competencia», recoge la última sentencia del Tribunal Constitucional (82/2018, de 16 de julio), estimando la cuestión de inconstitucionalidad.

Por otro lado, el texto, firmado por la Jefa de los Gabinetes Psicosociales Comarcales, reconoce que el Instituto de Medicina Legal de Alicante no dispone de ningún tipo de protocolo de actuación. 

«Este Instituto de Medicina Legal se encuentra en proceso de elaboración de los protocolos de actuación solicitados», se lee en el documento, que agrega que actualmente lleva a cabo su labor atendiendo «a la información de las asociaciones de profesionales forenses, la literatura científica al respecto y las guías de buenas prácticas de los colegios oficiales de psicología y trabajo social». 

«Los protocolos son necesarios para evitar la arbitrariedad y para interpretar siempre en el mismo sentido los datos obtenidos», explican a este medio expertos en derecho familiar, que agregan: «Una guía no es suficientes porque no deja de ser meras orientaciones, mientras que un  protocolo es un procedimiento reglado de obligado cumplimiento».

 «En el caso de este tipo de informes es necesario un protocolo ya que si no resultaría que, por ejemplo, en un caso se dice que el conflicto impide la custodia compartida, y en otro caso, se dice que el conflicto no la impide».

En este sentido, también se ha pronunciado el Colegio Social de Trabajo Social de Madrid que señala los profesionales de trabajo social «tienen una reserva de actividad y sus actos profesionales tienen consecuencias frente a terceros». 

«Es decir, la emisión de un informe social, por ejemplo, no es un acto neutral para el usuario/paciente. Se trata de un acto personalísimo, no achacable a la institución. Las responsabilidades, por tanto, en este caso, son profesionales y no institucionales», se leen en su web oficial.

«Precisamente por ello, y para garantizar una actividad profesional de calidad, debe sujetarse a un código deontológico, lo que se configura en un derecho para la ciudadanía, de la misma manera que el reconocimiento de la adecuación deontológica de la actividad profesional se constituye en un derecho del profesional», agregan.

De esta forma, dada la subjetiva de estos informes y la complejidad de las evaluaciones de la custodia de los hijos, aún más al carecer de protocolos de actuación, los psicólogos «tienen la responsabilidad profesional y ética de desarrollar  y mantener registros (por ejemplo, en papel, en video y electrónicos)» para facilitar la prestación de servicios y garantizar el cumplimiento de la ley (Código de Ética de la APA, Estándar 6.01).

Sin embargo, según reconoce el Instituto de Medicina Legal de Alicante en la contestación del oficio no disponen de medios técnicos (una grabadora) para el registro de las entrevistas «por ser una práctica no habitual». Esto, explican los expertos a The Objective, deja a los usuarios de este servicio en una «absoluta falta de garantías legales, ya que el sujeto evaluado no tiene forma de acreditar sus afirmaciones al no tener acta del resultado de las entrevistas, ni tampoco copia de los test realizados, por lo que no hay forma de protegerse frente a cualquier error u opinión sesgada que pudiera existir en el proceso evaluador».

De esta forma, los expertos consultados por este medio aseguran que, ante esta situación, la emisión de cualquier informe psicosocial por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante «no tiene validez jurídica ninguna». 

 «Por lo que en el momento en que los justiciables sepan (lo cual se ignoraba hasta  ahora) de estas irregularidades podrán solicitar la nulidad radical de las actuaciones jurídicas, así como las correspondientes indemnizaciones por error judicial o mal funcionamiento de la Administración de Justicia», concluyen.

Un 22% de los vacunados en EE UU menores de 50 años fueron diagnosticados con una nueva enfermedad después de la vacuna

 NUEVA YORK.- La organización crítica de Robert F. Kennedy «Children’s Health Defense» encargó encuestas a un instituto de investigación de mercado para averiguar, entre otras cosas, cuáles eran las consecuencias de la campaña de vacunación Covid para la población estadounidense.

Los resultados dan que pensar: el 22% de los menores de 50 años, que no tienen nada que temer de Covid-19, fueron diagnosticados con una nueva enfermedad poco después de la inyección.

El instituto de estudios de mercado John Zogby Strategies realizó dos encuestas: La primera, con 1.038 participantes, estaba dirigida a los adultos de todas las edades; la segunda, con 829 participantes, se centró en las personas de 18 a 49 años.

Los resultados de la primera encuesta ya eran preocupantes: De los 1.038 participantes, el 67% se había vacunado al menos una vez.

Entre los vacunados, el 15% declararon haber sido diagnosticados con una nueva enfermedad unas semanas o meses después de la inyección.

Han sido sobre todo los encuestados más jóvenes los que se han visto afectados: entre los que tienen entre 18 y 29 años la proporción más alta es del 30%, mientras que entre los que tienen entre 30 y 49 años es del 23%.

Entre las personas de 50 a 64 años, sólo el 5% tenía nuevos diagnósticos, en comparación con el 4% entre los mayores de 65 años.

Los afroamericanos (21%) y los hispanos (32%) fueron diagnosticados de nuevas enfermedades con mucha más frecuencia que los blancos (7%), según la encuesta.

Las nuevas enfermedades mencionadas por los encuestados coinciden con los efectos secundarios de las vacunas: los coágulos de sangre fueron los más citados, seguidos de los infartos de miocardio, los daños hepáticos, las embolias y los accidentes cerebrovasculares.

El 67% de las personas vacunadas encuestadas siguió pensando que la vacunación fue una buena decisión, el 24% se declaró neutral y el 10% se arrepiente de su decisión.

De hecho, también se les preguntó si habían aparecido nuevas enfermedades en su propio entorno tras la vacunación.

Una vez más, fueron principalmente los encuestados más jóvenes los que dijeron conocer a personas que habían sido diagnosticadas recientemente después de la inyección.

Las enfermedades observadas fueron similares: coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares, enfermedades autoinmunes, embolias pulmonares e infartos de miocardio fueron las más mencionadas.

Las personas más jóvenes se ven más afectadas por los efectos secundarios

La encuesta realizada entre personas de 18 a 49 años confirmó lo que ya era evidente en la primera encuesta: la proporción de personas que padecen nuevas enfermedades después de ser vacunadas era significativamente mayor.

De las 829 personas encuestadas, el 62% se había vacunado.

De ellos, al 22% se le diagnosticó una nueva enfermedad poco después de la inyección.

Estas enfermedades fueron las más mencionadas:

El 21% informó de enfermedades autoinmunes

20% de coágulos de sangre

19% de accidentes cerebrovasculares/embolia pulmonar

17% daño hepático / trombosis en las piernas / infarto de miocardio

15% de alteración del ciclo menstrual / síndrome de Guillain-Barré / parálisis de Bell

El 47% dijo que la enfermedad había sido leve, el 43% dijo que había sido grave y el 10% de los afectados aún no están curados.

Además, el 30% de los encuestados conocía a personas de su entorno a las que se les había diagnosticado una nueva enfermedad después de la vacunación. 

Entre los menores de 50 años, el 58% seguía pensando que la vacunación era una buena idea, el 28% era neutral y el 14 por ciento lamentaba la inyección.

No existe necesariamente una relación causal con la vacunación para los nuevos diagnósticos mencionados; sin embargo, el hecho de que los posibles efectos secundarios coincidan con los que se producen con mayor frecuencia tras las inyecciones tóxicas experimentales debería llamar la atención.

La proporción elevada de jóvenes afectados, para los que el Covid-19 nunca supuso un peligro significativo, demuestra una vez más que la vacunación general de la población fue, como mínimo, una grave negligencia.

Lo que ya sabemos mediante análisis independientes es que han introducido un tóxico no declarado en las vacunas, el óxido de grafeno y éstas son las enfermedades que causa.

Las compañías aéreas buscan pilotos que no se dejaron inocular porque los otros ya no son aptos para volar

https://rumble.com/v1g06vv-los-pilotos-timo-vacunados-no-son-aptos-para-volar.html

Canadá destruye 13,6 millones de dosis de la vacuna de AztraZeneca porque nadie la quiere ni en el extranjero

OTTAWA.- El gobierno canadiense anunció esta semana que destruirá 13,6 millones de dosis caducadas de la vacuna COVID-19 de Oxford-AstraZeneca debido a la falta de demanda en el país y en el extranjero. 

Según los informes, más de la mitad de todas las dosis que ha comprado han expirado después de que Canadá no pudo encontrar ningún país extranjero dispuesto a aceptar las vacunas, a pesar de que se comprometió a donarlas, según la publicación The Gateway Pundit. 

“Debido a la demanda limitada de la vacuna y los desafíos del país receptor con la distribución y absorción, no fueron aceptados”, dijo Health Canada en un comunicado . 

En julio de 2021, Canadá prometió donar el resto de su suministro adquirido, alrededor de 17,7 millones de dosis, según CBS . “El vencimiento de 13,6 millones de dosis sigue al vencimiento de 1,2 millones de dosis de AstraZeneca informado en abril y mayo. La mayoría de las dosis vencidas nunca salieron de los almacenes de los fabricantes. 

Un número desconocido pero menor de dosis también caducó después de la distribución a los gobiernos provinciales”, según el comunicado de prensa . Al principio de la pandemia, Canadá fue criticado por ser uno de los "compradores más agresivos" y "acaparadores de vacunas" entre las naciones ricas. 

“Más de cuatro millones de dosis de AstraZeneca llegaron a Canadá desde Covax en la primavera de 2021, pero al mismo tiempo comenzaron a circular informes en Europa sobre eventos raros de coagulación de la sangre después de su administración. Esto llevó a Noruega y Dinamarca a hacer una pausa y finalmente detener el uso de la vacuna”, indicó el comunicado de prensa.

 “Pronto siguieron otros países, y Canadá detuvo el uso de la vacuna en menores de 55 años justo cuando comenzaba a llegar en grandes cantidades. La confianza del público en la inyección se derrumbó, y su destino en Canadá quedó sellado por la llegada a gran escala de la vacuna de Pfizer semanas después”. 

The Gateway Pundit informó anteriormente que un padre de 40 años de Columbia Británica fue una de las primeras personas en Canadá en recibir una compensación después de sufrir una reacción adversa relacionada con la vacuna COVID-19. 

Ross Wightman, ex piloto y agente inmobiliario, fue diagnosticado con  el Síndrome de Guillain-Barré (GBS) , que es un trastorno raro en el que el sistema inmunológico de su cuerpo ataca sus nervios, luego de recibir una primera dosis de la vacuna Oxford AstraZeneca COVID-19 el pasado abril de 2021.

Wightman quedó parcialmente paralizado de la cintura para abajo y sufrió una parálisis facial completa después de que le diagnosticaran la enfermedad debido a la vacuna COVID-19. 

El mes pasado, Wightman publicó una carta que recibió del Programa federal de apoyo para lesiones por vacunas en su cuenta de redes sociales en la que afirmaba que “existe una probable asociación causal entre las lesiones sufridas y la vacunación”.

Casi 13.000 tailandeses han recibido indemnizaciones por los efectos adversos de las llamadas "vacunas Covid"

BANGKOK.- Del 19 de mayo del año pasado hasta el 8 de marzo del presente la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Tailandia (NHSO) había pagado aproximadamente 1.509 millones de baht (45,65 millones de dólares) en indemnizaciones a las personas que murieron tras recibir las vacunas contra el coronavirus o sufrieron reacciones adversas.

El 9 de marzo la NHSO informó de que, desde el 19 de mayo del año pasado hasta entonces, un total de 15.933 personas habían presentado reclamaciones sobre reacciones adversas a las vacunas (*).

La NHSO ha rechazado 2.328 quejas tras decidir que los efectos secundarios no estaban relacionados con las vacunas. De los casos rechazados, 875 denunciantes recurrieron la decisión anterior de la NHSO.

Otros 891 casos estaban en revisión.

La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSA) es responsable del fondo financiero creado para hacer frente a las indemnizaciones, según informa el Phnom Penh Post.

En caso de muerte o invalidez permanente, cada familia recibirá 400.000 baht (11.900 dólares). Se pagarán 240.000 baht (7.178 dólares) a quienes pierdan una extremidad o sufran una discapacidad que afecte a su sustento, y 100.000 baht (2.990 dólares) a quienes padezcan una enfermedad crónica.

Hasta ahora la NHSO ha pagado 1.509 millones de baht (45,65 millones de dólares) en indemnizaciones a 12.714 personas que desarrollaron efectos secundarios tras recibir las vacunas.

La larga historia de la conducta más que sospechosa de Pfizer, contada en parte por "The New York Times"

NUEVA YORK.- Una de las transformaciones culturales más significativas de los últimos dos años ha sido la nueva glorificación de la industria farmacéutica. Una industria plagada de décadas de fraude, corrupción y criminalidad logró renombrarse rápidamente como el salvador de la Humanidad durante la crisis del covid-19.

Pero nada cambió inherentemente. Big Pharma todavía valora las ganancias de los accionistas más que la vida de las personas. Las agencias reguladoras todavía funcionan como puertas giratorias para los gigantes farmacéuticos que supuestamente regulan.

Big Pharma todavía domina los esfuerzos de lobistas en Washington DC y gasta miles de millones cada año en publicidad de productos farmacéuticos.

A pesar de la notoria naturaleza corrupta de la industria farmacéutica, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, afirmó durante una entrevista de noviembre de 2021 que un pequeño grupo de “profesionales médicos” que circulan intencionalmente “información errónea” crítica con la narrativa de la vacuna de Pfizer son “criminales”.

Bourla parecía haberse olvidado de la historia de su propia empresa.

• En 1992, Pfizer acordó pagar entre $ 165 millones y $ 215 millones para resolver las demandas que surgieron de la fractura de su válvula cardíaca Bjork-Shiley Convexo-Concave, que en ese momento había resultado en casi 300 muertes, y para 2012 había resultado en 663 muertes. .

• En 1994, Pfizer acordó pagar 10,75 millones de dólares para resolver los reclamos del Departamento de Justicia de que la empresa mintió para obtener la aprobación federal para una válvula cardíaca mecánica que se fracturó y mató a cientos de pacientes en todo el mundo. Según el acuerdo, Pfizer también acordó pagar $9.25 millones en los próximos años para monitorear a los pacientes que recibieron el dispositivo en los hospitales de la Administración de Veteranos o pagar su retiro. El acuerdo fue criticado por activistas de los derechos del consumidor que instaron a los funcionarios del gobierno a presentar cargos penales y presionaron por una sanción civil más severa para la empresa multimillonaria que había encubierto preocupaciones de seguridad incluso cuando el dispositivo estaba matando a los pacientes.

En 1996, Pfizer administró un fármaco experimental durante un ensayo clínico a 200 niños en Nigeria, pero nunca les dijo a los padres que sus hijos eran sujetos de un experimento. Once de los niños murieron y muchos otros sufrieron efectos secundarios como daño cerebral e insuficiencia orgánica. Un informe del Ministerio de Salud de Nigeria concluyó que el experimento fue “una prueba ilegal de una droga no registrada”, un “caso claro de explotación de los ignorantes” y una violación de las leyes nigerianas e internacionales. Pfizer no obtuvo el consentimiento ni informó a los pacientes que eran sujetos de un experimento, no receptores de un medicamento aprobado. 

• En 2002, Pfizer acordó pagar $49 millones para resolver las acusaciones de que la compañía farmacéutica defraudó al gobierno federal ya 40 estados al cobrar demasiado por su tratamiento para el colesterol Lipitor. Lipitor tuvo ventas de $ 6,45 mil millones en 2001.

• En 2004, Pfizer acordó declararse culpable de dos delitos graves y pagó $430 millones en multas para resolver los cargos de promoción fraudulenta del medicamento Neurontin para usos no aprobados. Pfizer estuvo de acuerdo en que comercializó agresivamente el medicamento para la epilepsia por medios ilícitos para afecciones no relacionadas, como el trastorno bipolar, el dolor, las migrañas y la abstinencia de drogas y alcohol. Las tácticas de Pfizer incluían plantar agentes de la compañía en la audiencia en eventos de educación médica y sobornar a los médicos con viajes de lujo.

En 2008, el New York Times publicó un artículo titulado “Los expertos concluyen los estudios manipulados de Pfizer”. Pfizer retrasó la publicación de estudios negativos, giró los datos negativos para colocarlos bajo una luz más positiva y controló el flujo de datos de investigación clínica para promover su medicamento para la epilepsia, Neurontin. Pfizer descontinuó su programa de marketing para Neurontin en 2004 después de que el medicamento estuvo disponible como genérico. Ese mismo año, la compañía pagó $430 millones para resolver demandas penales y civiles federales de que una de sus subsidiarias había promocionado la droga para usos no aprobados.

• En 2009, Pfizer recibió una multa de $ 2.3 mil millones , entonces el mayor acuerdo por fraude de atención médica y la multa penal más grande jamás impuesta en los Estados Unidos. Pfizer se declaró culpable de etiquetar erróneamente el analgésico Bextra con “la intención de defraudar o engañar”, promocionando el medicamento para tratar el dolor agudo en dosis que la FDA había considerado previamente peligrosamente altas. El gobierno alegó que Pfizer había pagado sobornos a médicos obedientes y también promovía ilegalmente otros tres medicamentos: el antipsicótico Geodon, un antibiótico Zyvox y el medicamento antiepiléptico Lyrica.

• En 2009, Pfizer pagó 750 millones de dólares para resolver 35.000 reclamaciones de que su medicamento, Rezulin, era responsable de 63 muertes y docenas de insuficiencias hepáticas. La retirada de Rezulin del mercado estadounidense el 21 de marzo de 2000 siguió a las negociaciones entre el fabricante del fármaco y la FDA. Altos funcionarios de la FDA respaldaron durante mucho tiempo el medicamento a pesar del creciente número de muertes y la ausencia de beneficios comprobados de Rezulin para salvar vidas. La posición de los funcionarios de la FDA contrastaba con la de sus homólogos en Gran Bretaña, donde Rezulin fue retirado a partir del 1 de diciembre de 1997.

• En 2010, se ordenó a Pfizer que pagara 142,1 millones de dólares por daños y perjuicios por violar la ley federal contra el crimen organizado mediante la venta y comercialización fraudulentas de Neurontin para usos no aprobados por la FDA. El jurado encontró que la comercialización de ‘Neurontin’ por parte de Pfizer violó tanto la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO) como la Ley de competencia desleal de California.

En 2010, el New York Times publicó un artículo titulado “Pfizer brinda detalles sobre los pagos a los médicos”. Pfizer admitió que pagó alrededor de $20 millones a 4500 médicos y otros profesionales médicos por consultar y hablar en su nombre en los últimos seis meses de 2009. Pfizer también pagó $15,3 millones a 250 centros médicos académicos y otros grupos de investigación para ensayos clínicos en el mismo período. Las divulgaciones fueron requeridas por un acuerdo que la compañía firmó para resolver una investigación federal sobre la promoción ilegal de drogas para usos no autorizados. 

• En 2010, Blue Cross Blue Shield presentó una demanda contra Pfizer acusando al gigante farmacéutico de sobornar ilegalmente a 5.000 médicos con lujosas vacaciones en el Caribe, juegos de golf, masajes y otras actividades recreativas para convencer a los médicos de usar Bextra para un uso no autorizado.

• En 2010, cables filtrados entre Pfizer y funcionarios estadounidenses en Nigeria mostraron que Pfizer había contratado a investigadores para descubrir pruebas de corrupción contra el fiscal general de Nigeria con el fin de chantajearlo para que abandonara las acciones legales por el controvertido juicio de Trovan de 1996 que involucraba a niños con meningitis. En 2009, Pfizer acordó pagar $75 millones a las familias dañadas durante el juicio por drogas de 1996, pero los cables sugieren que el gigante estadounidense de las drogas estaba buscando chantaje para que el fiscal general de Nigeria retirara la demanda federal de $6 mil millones contra Pfizer. Las filtraciones mostraron que los investigadores de Pfizer estaban pasando información ‘dañina’ a los medios locales y amenazando al fiscal general con que saldría información mucho más dañina si no retiraba la demanda. La demanda de $ 6 mil millones se retiró en 2009.

• En 2012, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Pfizer Inc. con violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) cuando sus subsidiarias sobornaron a médicos y otros profesionales de la salud empleados por gobiernos extranjeros en Bulgaria, China, Croacia, República Checa, Italia, Kazajstán, Rusia y Serbia para ganar negocios. Según la SEC, los empleados de las subsidiarias de Pfizer autorizaron y realizaron pagos en efectivo y brindaron otros incentivos para sobornar a los médicos del gobierno para que utilizaran los productos de Pfizer.

• En 2012, Pfizer había pagado 1.200 millones de dólares para resolver las reclamaciones de casi 10. 000 mujeres de que su medicamento de terapia de reemplazo hormonal, Prempro, causaba cáncer de mama. Los acuerdos de Prempro se producen después de seis años de juicios, en los que varios demandantes recibieron decenas de millones de dólares, incluidos daños punitivos por las acciones del fabricante de medicamentos al ocultar información sobre el riesgo de cáncer de mama a Prempro.

• En 2013, Pfizer acordó pagar $55 millones para resolver los cargos penales por no advertir a los pacientes y médicos sobre los riesgos de enfermedad renal, lesión renal, insuficiencia renal y nefritis intersticial aguda causada por su inhibidor de la bomba de protones, Protonix.

• En 2013, Pfizer reservó 288 millones de dólares para resolver las denuncias de 2.700 personas de que su medicamento, Chantix, provocaba pensamientos suicidas y trastornos psicológicos graves. La FDA determinó que Chantix probablemente está asociado con un mayor riesgo de ataque cardíaco.

• En 2014, Pfizer pagó 35 millones de dólares para resolver una demanda que acusaba a su subsidiaria de promover el medicamento para trasplante de riñón, Rapamune, para usos no aprobados, incluido el soborno de médicos para que se lo recetaran a los pacientes. Según el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien dirigió la investigación, Wyeth hizo que los médicos promovieran el medicamento para usos no aprobados, basándose en “presentaciones engañosas de datos”.

En 2016, Pfizer recibió una multa récord de £ 84,2 millones por cobrar de más al NHS por su medicamento contra la epilepsia, la fenitoína, en un 2600 por ciento (de £ 2,83 a £ 67,50 por cápsula), lo que aumentó el costo para los contribuyentes del Reino Unido de £ 2 millones en 2012. a alrededor de £ 50 millones en 2013. 

Hay otros ejemplos de Pfizer probando productos farmacéuticos de manera poco ética en las naciones más pobres del mundo.

Si bien el CEO de Pfizer cree que es criminal cuestionar la integridad de su compañía farmacéutica, varios denunciantes ya se han presentado para exponer la falta de integridad de los ensayos de la vacuna covid-19 de Pfizer.

La revista médica líder, The BMJ , publicó un informe que expone datos falsos, fallas en ensayos ciegos, vacunadores mal capacitados y un seguimiento lento de las reacciones adversas en el ensayo de fase tres de las inyecciones de terapia génica de Pfizer.

Cuando la denunciante informó sus preocupaciones a la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA), fue despedida más tarde ese mismo día con el argumento de que “no encajaba bien”. La FDA nunca inspeccionó el sitio del ensayo clínico de la denuncia del denunciante.

Otra denunciante llamada Maddie de Garay se ofreció como voluntaria para el ensayo de Pfizer para niños de 12 a 15 años. 24 horas después de su segunda dosis, estaba en una sala de emergencias.

Ahora está en silla de ruedas, requiere una sonda de alimentación a través de la nariz y sigue sufriendo 9 meses después. Maddie fue 1 de 1131 niños en el ensayo clínico de Pfizer para niños de 12 a 15 años.

Pfizer registró oficialmente el evento adverso de Maddie como “dolor abdominal” al informar los resultados de los ensayos clínicos a la FDA. Si sabemos que la devastadora lesión que le cambió la vida a Maddie se registra como “dolor abdominal” en los ensayos clínicos: ¿qué otros eventos adversos graves ha ocultado Pfizer e ignorado la FDA?

El abogado Aaron Siri y un grupo de más de 30 científicos, profesionales médicos y periodistas solicitaron a la FDA “todos los datos e información sobre la vacuna de Pfizer”, incluidos datos de seguridad y eficacia, informes de reacciones adversas y una lista de ingredientes activos e inactivos. .

La FDA logró considerar las 329 000 páginas de datos y otorgar la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer en solo 108 días, pero ahora solicita 75 años para divulgar esa información al público en su totalidad.

Siri escribió en su Substack : “Entonces, aclaremos esto. El gobierno federal protege a Pfizer de responsabilidad. Le da miles de millones de dólares. Hace que los estadounidenses tomen su producto. Pero no le permitirá ver los datos que respaldan la seguridad y eficacia de su producto. ¿Para quién trabaja el gobierno?

En una entrevista de diciembre de 2021, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo que Pfizer no administrará inyecciones de ARNm a países donde enfrentan responsabilidades legales por efectos secundarios.

Malpass compartió : “Pfizer ha dudado en ingresar a algunos de los países debido a los problemas de responsabilidad, no tienen un escudo de responsabilidad”. Esto muestra claramente que Pfizer no está operando desde algún camino moral superior para el mejoramiento de la sociedad. Se trata de ganancias y la gente del mundo tiene todo el derecho de cuestionar la integridad de Pfizer en función de su historial criminal y sus acciones actuales.

Como se hea escrito en artículos anteriores, esto sigue siendo una pandemia de los que no reciben tratamiento debido al hecho de que las agencias reguladoras capturadas se niegan a proporcionar protocolos de tratamiento temprano con medicamentos sin patente, baratos y efectivos.

¿Cuánto de esta negativa a tratar a los pacientes se debe a la influencia de Big Pharma sobre las agencias reguladoras capturadas?

Y, según todos los informes, las inyecciones de terapia génica de ARNm covid no están logrando detener la propagación en todo el mundo , pero Pfizer espera generar $ 33.5 mil millones en ingresos por vacunas en 2021 y espera aún más ganancias en 2022 si es capaz de continuar y convencer al mundo de que sus productos farmacéuticos son los salvadores de la Humanidad.