ALICANTE.- La Policía Local de Alicante sigue este miércoles en la urbanización de
viviendas de protección pública (VPP) Les Naus, ubicada en Playa de San
Juan, para determinar "piso por piso" si los adjudicatarios realmente
residen en esos inmuebles.
Fuentes municipales consultadas han precisado que "los trabajos de comprobación
continúan", aunque por el momento el consistorio no ha detallado en
cuántas VPP se han realizado esas actuaciones ni si se han detectado
posibles irregularidades.
Precisamente, el alcalde de la
ciudad, Luis Barcala (PP), publicó este martes por la tarde en redes
sociales un vídeo en el que se puede observar a varios agentes del
cuerpo policial entrando en este complejo residencial.
Horas
antes, por la mañana, indicó en una rueda de prensa que había dado
instrucciones a la Policía Local para comprobar "piso por piso" quién
vive en las VPP. "Quiero que se inspeccionen inmediatamente las
viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos
adjudicados y si están ocupados legalmente", señaló.
Además,
durante esa comparecencia, el primer edil desveló que dos adjudicatarios
de Les Naus renunciaron a los inmuebles de los que eran beneficiarios.
También dijo que confiaba en que hubiera "otras muchas" renuncias.
Cabe recordar que la Fiscalía ha enviado a la titular de la plaza
número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de
Alicante sus actuaciones relativas a la adjudicación de las VPP en Les
Naus.
La jueza adoptó la decisión de abrir diligencias previas
tras recibir una denuncia por presuntos delitos de prevaricación
administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias,
fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue
presentada por Manos Limpias contra nueve personas.
Entre ellas, la
exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que dimitió tras conocerse que
ella está entre las beneficiarias de las VPP, y también una exdirectora
general y otros empleados municipales.
La polémica surgió tras
conocerse que Gómez y familiares de la también dimitida directora
general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban
entre los adjudicatarios.
Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo
de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación
y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la
madre de sus dos hijas.
La oposición del consistorio,
conformada por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, exigió a Barcala su
dimisión como alcalde por estos hechos en un pleno extraordinario y
monográfico sobre las VPP.
En estas semanas, el primer edil ha defendido las actuaciones y medidas adoptadas por el equipo de gobierno tras las informaciones conocidas.
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