EU-Podem alerta de "colapso" en el sistema de cita previa del Ayuntamiento de Alicante y pide "reforzar" atención

 ALICANTE.- El grupo de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha alertado este jueves de "colapso" en el "sistema de cita previa" del consistorio "para trámites básicos como el cambio de empadronamiento", por lo que ha pedido "reforzar el servicio de atención".

Así lo han señalado fuentes de la coalición en un comunicado, después de que, según han asegurado, hayan recibido "quejas vecinales por la imposibilidad de obtener cita ni por internet ni por teléfono".

El portavoz municipal de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado que este no es "un trámite menor", sino "el acceso a un derecho básico". "Sin empadronamiento hay personas que pueden encontrar dificultades para escolarizar a sus hijos, acceder a servicios públicos, regularizar situaciones administrativas o acreditar su residencia en la ciudad", ha añadido.

La coalición ha indicado que, "según las quejas recibidas, la página de cita previa no permite completar la gestión y remite a llamar al 010 o al 900153862", aunque "las personas afectadas aseguran que llaman reiteradamente sin obtener respuesta o sin conseguir cita".

"Nos trasladan que el propio servicio habla de miles de llamadas diarias y que, aun así, pasan los días y las semanas sin solución. Eso es sencillamente inaceptable", ha añadido el portavoz de EU-Podem.

Desde este grupo municipal consideran que "el Ayuntamiento no puede escudarse en un sistema informático que no funciona ni en una atención telefónica saturada".

"La administración tiene la obligación de garantizar que cualquier vecino o vecina pueda realizar un trámite esencial sin quedar atrapado en una especie de laberinto burocrático", ha afirmado Copé.

Así, el portavoz de EU-Podem ha dicho que "esta situación golpea especialmente a las personas con menos recursos, con más dificultades digitales o con situaciones administrativas más frágiles".

"Cuando una administración no funciona, no perjudica por igual a todo el mundo. Quien tiene tiempo, contactos o conocimientos acaba encontrando una salida; quien vive al día se queda bloqueado", ha señalado.

En este contexto, la coalición ha pedido al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, "que adopte medidas urgentes para reforzar el servicio de atención, habilitar más citas, garantizar alternativas presenciales y permitir que determinados trámites de empadronamiento puedan resolverse con certificado digital cuando sea posible".

"Un ayuntamiento serio no puede permitir que para empadronarse en Alicante haya que estar probando de madrugada, llamando durante días o esperando a que el sistema tenga un hueco. Esto no es modernización administrativa, es abandono", ha concluido Copé.

Barcala evita aclarar si se reunió con el promotor de 'Les Naus': "No voy a hacer ninguna declaración"

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha evitado aclarar si en algún momento se reunió con el promotor de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. "No voy a hacer absolutamente ninguna declaración", ha asegurado a preguntas de la prensa este lunes en la Playa de San Juan.

El primer edil ha justificado su negativa a hacer manifestaciones al respecto en que "hay una investigación judicial" y "dos comisiones" al respecto. Estas son la municipal, constituida en el Ayuntamiento de Alicante, y la de investigación que está en marcha en Les Corts Valencianes, donde PP y Vox pactaron que Barcala comparezca.

"Y por respeto a esas dos comisiones y por respeto, por supuesto, a la investigación judicial yo no voy a hacer absolutamente ninguna declaración", ha remarcado Barcala.

Estas palabras del alcalde llegan después de que, según fuentes conocedoras, el promotor, de la mercantil Fraorgi, declarara en el juzgado como investigado que se reunió con Barcala y la ahora ex edil de Urbanismo Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de una VPP en el complejo y dimitió tras conocerse la polémica.

Preguntado por este tema, ha dicho que él no estuvo presente en la declaración y "ni siquiera" los "medios que lo han publicado".

 "Como está abierta una declaración judicial, pues, ya la juez, si tiene que preguntar algo, lo preguntará", ha añadido.

En otro orden de cosas, días después de que la jueza encargara a la Policía Nacional que se personara en el Ayuntamiento de Alicante para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación que aún no remitieron, el primer edil ha indicado:

 "Toda la información que se está requiriendo la estamos facilitando".

"Hoy ha llegado un requerimiento del juzgado en el que se recuerda que hay un plazo para remitir una documentación de toda la que se había remitido ya, de toda la que se ha preparado y que mañana estará completamente cumplimentada", ha agregado.

Y ha apuntado: "Y sobre Les Naus, ya lo digo de antemano, eh, no hago absolutamente ninguna declaración. Ninguna es ninguna. No hago valoraciones y mucho menos valoraciones de terceros, vamos. Eso sería una irresponsabilidad absoluta".

Barcala ha sostenido que desde el consistorio se va trasladando al juzgado "toda" la documentación que "se va generando" y considera que la jueza, "dentro de su investigación", puede decidir, "en función de testimonios", "contrastar" datos.

El alcalde alicantino ha insistido en que desde la administración local se han puesto a "entera disposición" del órgano judicial y que "todo lo que" la magistrada "estime que es necesario para la instrucción" se pondrá "a su disposición".

 "Y ya está", ha sentenciado.

Barcala expulsa del pleno a personas que han interrumpido con gritos de apoyo a la huelga educativa

 ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha ordenado expulsar a varias personas que estaban entre el público del pleno municipal de mayo --algo de lo que se han encargado agentes de la Policía Local-- después de que estas hayan interrumpido la sesión proclamando con gritos el lema 'Educació pública i de qualitat i en valencià', en apoyo a la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que se alarga ya durante tres semanas.

Los hechos han ocurrido este jueves después una pregunta formulada por el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, que se ha interesado en saber "cuál es el plan de actuación municipal para mejorar las infraestructuras educativas", y tras una intervención de la concejala del PP Cristina García.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, y Copé han llevado puesta una camiseta con el lema 'Estimem l'escola pública'. Precisamente, personas expulsadas del público también portaban en sus manos una camiseta con la misma inscripción.

"Desalojen a las personas que están alterando el orden de este pleno", ha manifestado Barcala ante esas protestas, tras lo que ha afirmado mirando a la bancada donde estaban los grupos de la izquierda:

 "Y los dos concejales, ustedes dos están llamados al orden, por favor".

Anteriormente, Copé ha alertado de que se estaba "impidiendo el acceso" al pleno a "profesorado" que llevaba camisetas con el lema 'En valencià i prou'. 

 "Quiero denunciarlo públicamente, es una vergüenza que no puedan acceder profesores a este salón de plenos para ejercer sus derechos democráticos de participación en este pleno", ha sentenciado.

El caso Les Naus vuelve al pleno de Alicante: PSPV y Compromís preguntan a Barcala si se reunió con el promotor

 ALICANTE.- Los grupos municipales de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, que están en la oposición, han preguntado durante el pleno ordinario de mayo al alcalde Luis Barcala, del PP, si se reunió con el promotor de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Mientras tanto, desde el equipo de gobierno de Barcala defienden «absoluta transparencia» como «siempre».

Así, el caso Les Naus se ha vuelto a colar en el pleno municipal. Todo ello, después de que, según fuentes conocedoras, el pasado miércoles 20 de mayo, en el juzgado, el promotor, de la mercantil Fraorgi, declarara que se reunió con Barcala y la ahora ex edil de Urbanismo Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de una VPP en el complejo y dimitió tras conocerse la polémica.

Este jueves, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha resaltado que Barcala dijo que «llegaría hasta el final» en este tema, «pidió ejemplaridad» y «endurecería los controles» e «hizo un frente común contra la Generalitat Valenciana para que cambiara» la normativa de vivienda.

«¿Dónde ha quedado todo eso, señor Barcala? Ha quedado en puro teatro», ha aseverado Barceló, quien ha abundado en que han pasado cuatro meses desde que trascendió la polémica de Les Naus y el primer edil «no» ha hecho «nada».

Según la portavoz socialista, mientras Barcala hacía esos «anuncios» y «se ponía al frente cual Cid Campeador», la comisión municipal de VPP «se ha vaciado de contenido». 

«La ha vaciado usted con un informe 'ad hoc' del secretario municipal», ha espetado al alcalde.

Barceló ha afirmado que comparecer es voluntario, pero que si lo pidiera el presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar, «deja de ser voluntario», según ha afirmado la edil, quien ha insistido en que la documentación está «blindada» y «las respuestas no llegan».

«Usted ríase, que a lo mejor el que ríe último ríe mejor», ha sentenciado, al tiempo que ha preguntado a Barcala si comparecerá en la comisión municipal o si acudirá «obligatoriamente» a la de investigación de Les Corts.

 Igualmente, Barceló se ha interesado en saber si el alcalde se reunió con el promotor.

Posteriormente, el portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa Mas, en una pregunta 'in voce', ha criticado la gestión del equipo de gobierno de Barcala, al que ha acusado de ser «el alcalde más antidemocrático y opaco».

Del mismo modo, ha aseverado que el primer edil se reúne «con empresas», «con fondos de inversión» y «con promotoras». 

«¿Por qué no lo pone en agenda?», ha añadido, para luego pedir a los concejales del gobierno local que hagan público en agenda con quién se reúnen, con el fin de «evitar conflictos de interés y tráfico de influencias».

Así, Mas ha preguntado a Barcala: «¿En qué fechas el alcalde de Alicante se reunió con los representantes de la cooperativa de Les Naus? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? 

Hemos conocido, según la cooperativa, que usted se reunió incluso con la imputada amiga suya, Rocío Gómez, esa señora que tiene amnesia, que no se acuerda absolutamente de nada, ni que fue concejala de Urbanismo, al igual que su directora general, la señora [María] Pérez-Hickman, que no se acuerda de nada».

«¿De qué hablaron? ¿Para que se reunieron? ¿Cuántas veces? Dé la cara», ha trasladado el portavoz de Compromís al alcalde, a quien ha llamado «cobarde», tras lo que ha apuntado: 

«En su comparecencia omitió que se reunió con la cooperativa».

Por parte del equipo de gobierno, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha criticado la «soberbia moral» de Barceló .

En la misma línea, De España ha pedido a Barceló «humildad política».

«Deje ya de crear ficciones», ha espetado a la portavoz socialista, para posteriormente incidir en que el PSOE y el Gobierno son «una ficción» y que «se puede».

Según De España, el equipo de gobierno de Barcala actuará «como siempre, dentro de la legalidad y con absoluta transparencia».

Barceló ha formulado su pregunta y luego ha intervenido De España, mientras que Mas lo ha hecho posteriormente para trasladar una cuestión 'in voce'. 

La edil del PP ha precisado que se contestará a Compromís en el próximo pleno.

El Ayuntamiento de Alicante defiende que preserva y protege Tabarca "como se merece"

 ALICANTE.- La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha asegurado que protegen y preservan Tabarca "como se merece", tras la petición de los vecinos de la isla alicantina de ser considerada como una entidad local menor y no depender del consistorio.

Así lo ha manifestado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, tras la petición de los residentes del enclave natural el pasado 7 de abril de ser una entidad local menor y asumir así algunas competencias y gestionar fondos propios o procedentes de otras administraciones.

En este contexto, la concejala ha señalado que el gobierno local ha realizado "muchas actuaciones" en Tabarca y ha recordado que el Ayuntamiento compró en 2022 todo el campo disponible en la isla, un total de 23 hectáreas, para "preservar su valor paisajístico y medioambiental y evitar usos no deseados".

También ha apuntado que se acordó con el Ministerio del Interior la cesión de la Torre de San José para destinarla a "usos museísticos y medioambientales".

Además, Cutanda ha remarcado las actuaciones llevadas a cabo para "reactivar la actividad en la isla", como la adjudicación de la gestión del servicio de dinamización medioambiental, cultural y turística del Centro de Educación Ambiental (CEAM) o el servicio de alojamiento, con la renovación de la gestión del Hotel Casa del Gobernador para los próximos 15 años.

El pasado verano, de acuerdo con la edil, se reforzó "un 60 por ciento la plantilla de limpieza" y se dobló "la retirada de residuos en la hostelería de la isla", tras la implantación del servicio de puerta a puerta.

Cutanda también ha destacado la organización en la isla de ciclos de cine y del primer concierto sinfónico en la iglesia, así como la mejora de la zona de jardines y la renovación de las vallas de las calas por "razones de seguridad".

En la misma línea, ha recordado que se instaló un nuevo retén de bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), además de otras infraestructuras, como la ampliación del cementerio y la reforma del edificio de servicios municipales, con una inversión de 1,7 millones de euros.

"Creo que es una muestra evidente de que este equipo de gobierno actúa en la isla de Tabarca. La consideramos parte de nuestro patrimonio y por lo tanto la protegemos y la preservamos como se merece", ha aseverado.

Finalmente, Cutanda ha subrayado que el gobierno local considera que Tabarca tiene "muchísimas mejoras" que "ya" acometen y ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja por la isla y por los vecinos de Alicante que la forman.

El PP de Alicante reivindica la atención a Tabarca frente a su solicitud de 'independencia'

 

https://alicanteplaza.es/alicanteplaza/alicante/el-pp-de-alicante-reivindica-la-atencion-a-tabarca-frente-a-su-solicitud-de-independencia

El PP asegura que los expedientes aportados a la comisión de VPP están "completos" y el PSPV lo niega

 ALICANTE.- El vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), el 'popular' Manuel Villar, ha defendido este martes que "todos los expedientes" que se han aportado a este órgano "están completos" y que esa misma documentación es la que se va a remitir al juzgado que investiga las adjudicaciones de pisos en Les Naus. Desde la oposición, el PSPV considera que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "oculta documentación clave sobre el escándalo de Les Naus".

En la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, Villar, al ser preguntado por los expedientes de averiguación interna a funcionarios, ha precisado que se está acabando de "redactar el informe final" y que solo se facilitará ese "documento final de conclusiones".

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento no va a emitir informes sobre "parentescos" y ha abundado en que ve carente de sentido hacer una "caza de brujas" en el consistorio alicantino tras la polémica de las VPP.

Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha dicho que "es rotundamente falso" que se haya entregado "toda la documentación" a los otros grupos, ha indicado el grupo municipal socialista en un comunicado.

"No vamos a permitir que la comisión se convierta en un traje a medida para que Barcala no asuma ninguna responsabilidad. Vamos a investigar hasta el final para que los alicantinos y alicantinas sepan qué ha pasado con la adjudicación de vivienda pública a cargos del PP y allegados", ha afirmado.

Barceló ha hecho hincapié en que en "la documentación aportada a los miembros de la comisión faltan informes clave como, por ejemplo, el redactado por la Policía Local durante las inspecciones al residencial, el expediente de contratación de las obras o el informe clave de Patrimonio".

 "También falta información sobre el Plan Vive o el inventario de las parcelas destinadas a vivienda pública en el Plan General", ha añadido el grupo socialista.

La comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP acuerda pedir las primeras comparecencias técnicas y políticas

ALICANTE.- La comisión del Ayuntamiento de Alicante constituida tras la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, ha planteado este viernes solicitar las primeras comparecencias, que son voluntarias, tanto de carácter técnico como político, con la previsión de que se puedan desarrollar entre abril y mayo.

Así se ha acordado en una reunión celebrada en el consistorio, donde los diferentes grupos políticos municipales representados, que son PP, PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, han trasladado sus propuestas. De momento, se ha establecido que este órgano se vuelva a reunir el 13 y 24 de abril y el 11 y 22 de mayo.

En concreto, para la siguiente sesión, la del 13 de abril, se van a solicitar comparecencias de carácter funcionarial. Entre estas peticiones, figuran nombres como el del arquitecto municipal que tiene una VPP en Les Naus y que fue apartado de trámites vinculados con el futuro Plan General Estructural (PGE).

Para otra reunión posterior, proyectada para el día 24 de ese mes, se ha acordado pedir otras, como la de la arquitecta del consistorio cuyo esposo, empleado de la Conselleria de Vivienda, fue suspendido de empleo y sueldo por su intervención en la validación del visado relativo al residencial.

Asimismo, para el 11 de mayo se van a solicitar más comparecencias. Entre ellas, la de María Pérez-Hickman, jefa de Contratación que dimitió como directora general en el Ayuntamiento y que, además, tiene familiares entre los adjudicatarios de las VPP de Les Naus.

Para esa misma jornada, también se han pedido las de Gabriel Echávarri, exalcalde de Alicante, y las de los exediles Natxo Bellido, Sofía Morales, Carlos Castillo y Dolores Padilla, así como la de la concejala Mari Carmen de España.

En la sesión de este viernes, el vicealcalde de la ciudad y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), ha recordado que las comparecencias son voluntarias y que a quienes decidan asistir se les recordará que el caso de Les Naus está judicializado y que lo que digan en este órgano municipal "puede que vaya" al juzgado.

También se han abordado cuestiones sobre la documentación procedente de distintas áreas municipales, como Patrimonio, Contratación, Urbanismo y el Patronato de la Vivienda. En ella, se incluyen expedientes no solo de Les Naus, sino también de las VPP proyectadas en la calle Ceuta y otros relativos al Plan Vive de la Generalitat Valenciana.

De hecho, este órgano, en su propia denominación oficial, establece que es una comisión no permanente o específica del pleno para "evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana".

Los grupos municipales podrán tener acceso a esa información en una carpeta compartida que se podrá consultar en un ordenador municipal o en uno particular desde una red segura, según ha trasladado la secretaria de la comisión a los concejales presentes en la reunión.

Villar ha hecho hincapié en que existe un "compromiso" de confidencialidad respecto a esa documentación, que puede contener "cierta información" que "no se puede compartir", y ha apuntado que ese material no se podrá ni descargar ni imprimir.

La jueza de las VPP de Alicante pide una fianza a Ciudadanos para su personación como acusación popular

 ALICANTE.- La jueza titular de la plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha dictado este viernes una providencia por la que requiere al partido Ciudadanos que presente una querella y pague una fianza de 3.000 euros para aceptar su solicitud de personación en la causa como acusación popular.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que también detalló el pasado 18 de marzo que la magistrada aceptó la personación del grupo municipal del PSPV del Ayuntamiento de Alicante como acusación popular, después de que esta formación política depositara la fianza que le fue solicitada, también de 3.000 euros.

Esta semana, la jueza acordó, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres cargos de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana en Alicante.

 En concreto, al director territorial de la Conselleria en Alicante y dos funcionarios: la jefa del servicio territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.

El PP defiende en el pleno de Alicante que impulsa "controles" sobre VPP y la izquierda recuerda el caso de 'Les Naus'

ALICANTE.- La polémica por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, se ha vuelto a colar en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, que ha celebrado este jueves la sesión ordinaria de marzo. Mientras el equipo de gobierno ha defendido que el PP impulsa "mecanismos de control" para este tipo de inmuebles, los grupos de izquierdas (PSPV, Compromís y EU-Podem) han recordado el caso de Les Naus.     

La cuestión se ha abordado fundamentalmente durante el debate de dos declaraciones institucionales, que han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox. La primera, ha sido una presentada por el PSPV en la que se ha pedido "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la creación la Unidad de Inspección en materia de vivienda prevista en el Decreto-Ley 3/2023, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer sus funciones". La han respaldado, además de los socialistas, Compromís y EU-Podem.

La edil Silvia Castell, del PSPV, ha señalado que desde el equipo de gobierno 'popular' deben decidir si "votar a favor de esta propuesta y demostrar que quieren establecer controles en la adjudicación de vivienda pública o votar en contra y demostrar que el PP no va a hacer nada para que la vivienda pública no acabe en manos de cargos públicos".

En este sentido, Castell ha recordado el caso de Les Naus, al tiempo que ha pedido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que solicite al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "que ponga en marcha este cuerpo de inspectores".

Además, ha dicho que la modificación de los pliegos de los pisos de la calle Ceuta es "una cortina de humo" y ha aseverado que "los promotores siguen controlando la adjudicación de vivienda pública" con el "permiso" del gobierno local.

Sobre este asunto, cabe apuntar que el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante anunció un refuerzo de "las medidas de control" de inmuebles públicos con la actualización de los pliegos de la licitación de las futuras VPP de la calle Ceuta.

 "Las medidas que se incorporan y de las que se dará cuenta en la junta rectora del organismo municipal de este viernes mejorarán el control de todo el proceso de comercialización de las VPP, control de pagos y transacciones, acceso de los compradores y ausencia de conflictos de intereses, refuerzo del arraigo y seguimiento posterior", señaló el equipo de gobierno en un comunicado.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha expresado que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala está "salpicado por la corrupción". 

"Una panda de sinvergüenzas traficaron con nuestro suelo", ha enfatizado, en relación con la polémica de las VPP.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha manifestado que, "cuando las leyes no se aplican, la gente puede pensar que los derechos quedan en papel mojado". 

En relación con las inspecciones, ha trasladado que estas acciones no suponen "un fin en sí mismo", sino que son "una herramienta precisamente para controlar que la vivienda protegida sirva a quien tiene que servir". Y ha exigido a la Generalitat Valenciana que cumpla con "sus obligaciones" y ha afirmado que la ciudad necesita "una política de vivienda mucho más decidida", así como "más planificación" y "más participación".

De otro lado, el concejal de Vox Óscar Castillo ha criticado que la izquierda dé "lecciones de transparencia, de ética y del uso correcto de los recursos públicos". 

"Si hay un partido en España que ha convertido lo público en una oportunidad de negocio, para unos pocos, eso sí, ha sido el Partido Socialista", ha agregado.

En este contexto, Castillo ha recordado el "escándalo de las mascarillas", en el que, según el concejal de Vox, "intermediarios vinculados a entornos socialistas se llevaron comisiones millonarias en plena pandemia, mientras españoles estaban encerrados en sus casas".

No obstante, ha indicado que están de acuerdo en que "la vivienda pública no puede ser un negocio", si bien ha remarcado que están "cansados" de "discursos vacíos", de "doble moral" y de que "quienes han fallado sistemáticamente pretendan ahora presentarse como árbitros de la honestidad". 

"Mucho titular, pero ninguna solución real", ha concluido el edil voxista.

Por su parte, el concejal de Vivienda en el consistorio alicantino, Carlos de Juan, del PP, ha dicho que "el decreto en ningún momento habla de los mecanismos de control", como tampoco de "la promoción de vivienda pública".

Así, el edil ha defendido que "los únicos" que implementan "mecanismos de control" son los 'populares': "De una forma la Generalitat y de otra forma el Ayuntamiento, modificando los pliegos".

"Su resultado a día de hoy de cero viviendas es inamovible y nosotros vamos a seguir trabajando para sacar más viviendas", ha espetado a los grupos de izquierdas el concejal de Vivienda, que ha criticado la gestión del anterior Consell del Botànic.

Posteriormente, se ha rechazado la otra declaración institucional, en este caso presentada por Compromís, en la que se ha planteado "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar el proceso de modificación de la Ley 8/2024, de Vivienda, con el objetivo de que las viviendas de protección pública lo sean de forma permanente, así como para que tanto las promociones públicas como las privadas tengan la misma consideración y los mismos requisitos de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público".

En el pleno de marzo también se ha aprobado instar al Gobierno de España a que declare "acontecimiento de excepcional interés público" el evento Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, es decir, la salida de la Volvo Ocean Race desde la ciudad. Se ha acordado en una declaración institucional del PP, que, además de los 'populares', han respaldado PSPV, Vox y Compromís, mientras EU-Podem se ha abstenido, según detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Igualmente, se ha dado luz verde por unanimidad a otra declaración institucional del PP para instar al Ejecutivo central a "aprobar un plan de choque de inversión en carreteras" que "revierta el creciente deterioro del conjunto de la Red de Carreteras del Estado y el déficit inversor y garantice que los elementos del patrimonio viario se conserven en condiciones de funcionalidad".

Asimismo, han salido adelante dos declaraciones institucionales de Vox. Por un lado, la reprobación de la concejala socialista Silvia Castell "por llamar futuro pederasta" en el pleno de febrero a Juan Utrera. La propuesta ha sido aprobada con los votos de los ediles voxistas y 'populares', mientras PSPV, Compromís y EU-Podem la han rechazado.

Sobre este último punto, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha reconocido que esas palabras "no debieron decirse" y que "precisamente por eso fueron retiradas". 

"Hubo rectificación, hubo marcha atrás y eso debería haber bastado para cerrar un episodio desafortunado", ha aseverado sobre las declaraciones de Castell, respecto a lo que ha apuntado que fueron fruto de "una reacción espontánea, humana, un impulso desafortunado en defensa de un compañero que acababa de ser insultado y tratado con una falta de respeto intolerable por parte de Vox".

También se ha acordado "llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para erradicar la proliferación de asentamientos ilegales en lugares públicos, incluyendo la acción social y atención a las personas afectadas", así como "las actuaciones policiales y de otros servicios públicos para alcanzar tales objetivos". 

 Esta declaración presentada por la formación voxista ha salido adelante con el sí de PP, Vox y PSOE, frente al rechazo de Compromís y EU-Podem.

La comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP fijará este viernes el calendario y la relación de comparecientes

 ALICANTE.- La comisión específica del pleno constituida el pasado lunes en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, volverá a reunirse este viernes para fijar el calendario de sus próximas sesiones y concretar la relación de comparecientes llamados a declarar por los diferentes grupos municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El presidente de este órgano, vicealcalde de la ciudad y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar (PP), ha destacado este jueves que las declaraciones prestadas ante esta comisión no permanente del pleno "pueden acarrear responsabilidades judiciales para los declarantes ante el órgano jurídico que instruye la causa sobre el residencial Les Naus en la zona de La Condomina".

Villar ha recordado que las comparecencias ante este órgano municipal "son voluntarias y nadie está obligado a prestar declaración ante una comisión cuyo verdadero objetivo es aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción de Les Naus".

El vicealcalde ha recalcado que la función de la citada comisión es "arrojar luz sobre la intervención municipal en esta promoción de vivienda pública" y ha abundado en que el consistorio "se limitó a enajenar la parcela de suelo público para la construcción de las viviendas en La Condomina y a otorgar la licencia de obras".

"No vamos a entrar en otros ámbitos jurídicos o legales, en los que el Ayuntamiento no tiene competencias", ha subrayado, al tiempo que ha apostillado que "corresponde al juzgado investigar y dilucidar posibles responsabilidades" y que el Ayuntamiento "colabora con la justicia desde el primer momento en que se conoció el caso y presentó la correspondiente denuncia en la Fiscalía".

El Ayuntamiento constituyó el lunes la comisión no permanente y entre las propuestas de comparecencias que trasladaron los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y quien, además, es adjudicataria de un piso en Les Naus. En esta petición, coincidieron todas las formaciones.

Antes de finalizar esa sesión constitutiva, se acordó que la comisión de las VPP se volviera a reunir este viernes a las 13.00 horas, con el objetivo de poder concretar un calendario de sesiones. Cada grupo municipal planteó su plan de trabajo.

Barcala espera que la comisión municipal de VPP sirva para "aclarar lo que no esté suficientemente claro"

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), espera que la comisión municipal sobre las viviendas de protección pública (VPP), que se ha constituido este lunes en el Ayuntamiento, sirva para "terminar de aclarar lo que no esté suficientemente claro" y "que todos los partidos puedan formular sus preguntas" y, "con la máxima transparencia", dejar "bien claro cuál es la posición en la intervención" del consistorio en relación con el residencial Les Naus, foco de la polémica de los últimos meses.

En declaraciones a los medios de comunicación en Casa Mediterráneo, tras asistir al acto de toma de posesión de Manuel Pineda como subdelegado del Gobierno en Alicante, el primer edil ha abundado en que pretende que queden "lo suficientemente claros" las "posibles o no interferencias o accesos que se haya podido tener por parte de algún personal municipal" respecto a la tramitación del expediente de enajenación de la parcela municipal donde se construyó el complejo y el de tramitación de la licencia de obras.

Sobre si el Ayuntamiento pedirá personarse en la causa judicial que investiga las adjudicaciones de las VPP, ha dicho que eso se hará o no "en función de la instrucción". 

"Si de la instrucción que se realiza resultan hechos de los que el Ayuntamiento deba ser parte para ejercitar acciones penales, el Ayuntamiento se va a personar", ha apostillado.

En este contexto, Barcala ha resaltado que la denuncia presentada por el consistorio en la Fiscalía se trasladó al juzgado, órgano ya ha pedido a la administración local que aporte documentación. 

En este punto, ha reiterado su "colaboración" con la justicia y ha afirmado: "Es más, creo que se aportará también toda la documentación pertinente que surja de la propia comisión".

EU Podem plantea cambiar el reglamento del pleno de Alicante tras el fallo judicial sobre el 'veto' al edil Manuel Copé

 ALICANTE.- EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante presentará una moción en la próxima sesión plenaria para pedir el cambio del reglamento orgánico del pleno (ROP), tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha declarado la nulidad de la decisión del alcalde Luis Barcala (PP) de no permitir al portavoz de la coalición, Manolo Copé, la participación y votación en el pleno de junio de 2025, cuando estaba de permiso por guarda con fines de acogimiento de un menor.

La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación presentado por Copé, ya que no acepta la solicitud de nulidad de los acuerdos adoptados en la sesión plenaria. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valenciano ha señalado que "la baja por incapacidad no genera una situación de suspensión en la condición de concejal, pudiendo asistir a los plenos y ejercer su derecho de voto".

Copé, acompañado por el abogado que lo ha asistido en el procedimiento, Joan Petruschansky, y la coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez, ha resaltado este viernes en una rueda de prensa que en este caso estaba en juego "el derecho a la participación política de un representante público elegido por la ciudadanía". 

Así, el portavoz de EU-Podem ha subrayado que "cuando se impide participar a un concejal en un pleno, no solamente se está limitando la intervención de una persona, sino también el derecho de representación política de las miles de personas que depositaron su voto en las urnas".

Asimismo, ha alertado de que "los derechos de representación política no pueden depender de la voluntad de un concejal, de un alcalde o de un equipo de gobierno". 

"Están protegidos por la Constitución", ha enfatizado.

Copé ha incidido en que esta sentencia "no es ninguna victoria personal", sino "un reconocimiento de los derechos de las personas que, siendo trabajadoras, participan temporalmente en política para representar a la ciudadanía".

No obstante, ha advertido de que la sentencia "no es firme", por lo que "se puede recurrir", si bien ha expresado que en la coalición les costaría "mucho" entender que eso se hiciera, y ha recalcado que, en caso de que ocurra, "quien se pondría en evidencia sería el propio equipo de gobierno" que encabeza Barcala.

Debido a ello, desde el grupo municipal se han mostrado "convencidos" de tener "la razón", tanto en el pleno de junio como en el de julio de 2025, donde Copé abandonó la sesión "para que no se generase mayor crispación de la que ya se había generado".

 "Quien reventó el pleno del Ayuntamiento de Alicante, según la sentencia, ha sido Barcala y el equipo de gobierno", ha agregado.

En este contexto, Copé ha anunciado que EU-Podem presentará una moción de urgencia en la próxima sesión plenaria para impulsar la modificación del ROP. Al ser preguntado por su contenido, ha afirmado que la propuesta se centrará en otra que ya presentó el año pasado.

Desde la coalición pedirán al pleno que se haga "efectiva" la ejecución de la sentencia en este Ayuntamiento, ya que, según Copé, "el reglamento no lo reconoce". 

También exigirán que la Secretaría elabore "los informes jurídicos y técnicos pertinentes" para que la modificación se pueda hacer "cuanto antes".

Copé ha indicado que lo "importante" es "que no vuelva a ocurrir" esta situación "en ningún ayuntamiento de toda España", al tiempo que ha puesto en valor el "precedente" que se crea con esta resolución judicial. 

También se han mostrado "contentos", ya que "es una sentencia que viene a refrendar derechos", algo que para la coalición "no deja de ser una alegría".

De otro lado, Petruschansky ha destacado la "satisfacción" por el resultado de la sentencia, porque, según ha manifestado, es "la primera en España a nivel tribunales superiores que aborda esta temática".

Además, ha aseverado que la resolución aplica doctrina del Tribunal Constitucional (TC) en cuanto a que "el derecho de participación política es un derecho autónomo que tiene un contenido esencial, como todos lo derechos fundamentales", por lo que "solo se puede limitar por ley y por causas expresamente contempladas" en ella, "cosa que en este caso no ha existido".

Finalmente, el abogado ha apuntado que la sentencia se refiere a "la posibilidad de establecer el voto telemático para casos futuros", como ha ocurrido, según Petruschansky, en las Cortes Generales o en consistorios como los de Madrid o Benidorm.

Por su parte, Ibáñez ha alertado de la "deriva autoritaria" que, a su juicio, caracteriza al equipo de gobierno municipal del PP y ha incidido en que esta "asociación de hechos" forma parte de "una estrategia para limitar la participación democrática en este Ayuntamiento".

Respecto a esto último, la coordinadora de EU Alacant se ha referido a la "restricción" de "la presencia y la participación en órganos de este Ayuntamiento" de Copé "desde el minuto uno" en el que entró a formar parte de la corporación, así como la "expulsión" del pleno y la elaboración de un informe por parte del secretario.

Asimismo, ha expresado que desde la coalición ahora dan "un paso más" y "limitan el aforo del pleno", porque, según ha señalado, se ponen "todo tipo de barreras para coartar la libertad de expresión y la participación democrática".

 "Todo responde a un mismo objetivo: silenciar las voces críticas", ha sentenciado.

El Ayuntamiento de Alicante sigue sin fecha para la comisión de las VPP y reitera que se están acabando expedientes

ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante todavía no ha concretado una fecha para comisión municipal tras la polémica surgida por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. El ejecutivo local, del PP, ha explicado que aún se están acabando los expedientes sobre este asunto.

Así lo ha trasladado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la junta de gobierno. A preguntas de los periodistas, ha incidido en que espera que «en pocos días» se pueda concretar una jornada para la sesión constitutiva de dicho órgano.

El edil 'popular' ha sostenido que los «primeros interesados» en que se convoque la comisión son los integrantes del ejecutivo del alcalde Luis Barcala, que denunció el caso en la Fiscalía y aboga por que se sepa «realmente» lo que ha pasado, según ha defendido.

Villar ha hecho hincapié en que el papel del Ayuntamiento en Les Naus fue la enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantó el residencial y el relativo a la licencia urbanística, así como lo que pudiera derivarse de estas circunstancias.

Preguntado por esos expedientes que todavía se están elaborando, el vicealcalde ha abundado en que estos van dirigidos a averiguar hechos relacionados sobre tres funcionarios del consistorio y sobre plusvalías.

Asimismo, ha resaltado que los encargados de su elaboración han tomado varias declaraciones, que acabaron la semana pasada, y que ahora están siendo recopiladas para elaborar conclusiones y completar dichos expedientes.

Sin fecha para la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP de 'Les Naus'

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha asegurado este lunes que "no" sabe la fecha en la que se iniciará la comisión del Ayuntamiento tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en Playa de San Juan, y que ya está investigando un juzgado. El primer edil ha resaltado que la intención es que este órgano se reúna "lo más rápidamente posible".

El primer edil alicantino se ha expresado en la misma línea que el vicealcalde Manuel Villar, quien el pasado martes, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, afirmó que "muy probablemente" esta semana se podría celebrar, al menos, la sesión constitutiva de la comisión y que se estaba a la espera de concluir expedientes "reservados".

Por otro lado, Barcala ha aseverado que Antonio Peral continuará como concejal de Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez, que dejó el cargo después de conocerse que es beneficiaria de una VPP en Les Naus.

A preguntas de los periodistas, el alcalde no ha desvelado las competencias del nuevo edil que se incorporará al grupo municipal 'popular' próximamente, aunque ha afirmado que sí las tiene decididas.

El Ayuntamiento de Alicante dice ahora que proyecta el "mayor parque" de la ciudad en Lagunas de Rabasa con 152 hectáreas

 ALICANTE.- El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante contempla el desarrollo del "mayor parque" de la ciudad en el ámbito de las Lagunas de Rabasa y que contará con 152,3 hectáreas de terreno, "una superficie mayor que la de todos los parques existentes" en la capital alicantina en estos momentos.

El proyecto prevé la conservación y puesta en valor de las lagunas y su entorno, la creación de una red de senderos, miradores y áreas de descanso y la habilitación de un centro de interpretación ambiental, observatorios de fauna y zonas de estancia.

 Además, proyecta la creación de un "gran corredor verde transversal" conectado con el futuro Parque Central, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha explicado que el equipo de gobierno "ultima" la tramitación del borrador y documento inicial estratégico del PGE, "el documento urbanístico más importante para la ciudad de los últimos 39 años, que define y regula el desarrollo social y económico de Alicante, así como la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años".

Según ha anunciado este miércoles el concejal de Urbanismo, Antonio Peral (PP), el Ayuntamiento tiene previsto iniciar en marzo un proceso de divulgación y participación en el que se darán a conocer y se debatirán los proyectos incluidos en el PGE, entre los que se encuentra el Parque Lagunas de Rabasa, cuyas conclusiones se incorporarán al borrador del plan.

"El PGE incluye entre los grandes hitos transformadores de la ciudad la creación de este gran parque al oeste de Alicante, un pulmón verde que rehabilita un patrimonio paisajístico de gran valor y fomenta su uso y disfrute por los ciudadanos", ha añadido Peral.

Al mismo tiempo, ha remarcado que este parque "actuará como enlace natural entre el núcleo urbano y el entorno rural y estará conectado con los barrios y con otras zonas verdes del municipio, como el Parque Central".

La propuesta del Parque Periurbano de las Lagunas de Rabasa contempla cuatro estrategias principales: la protección y restauración ambiental del ámbito; el fomento de su uso social, recreativo y educativo como gran parque natural urbano; su integración con el municipio y con otras zonas verdes y, finalmente, la puesta en valor de su patrimonio paisajístico y cultural.

Además, está prevista la implantación de sistemas para la captación del agua de escorrentía y drenaje urbano, de forma que el parque se convierta "en un elemento natural de protección frente a las inundaciones y frente a la contaminación del frente litoral".

También se contempla la instalación de equipamientos de uso público ligero: centro de interpretación ambiental, observatorios de fauna y zonas de estancia, que se complementarán con el desarrollo de programas de educación ambiental y participación ciudadana en colaboración con asociaciones y centros educativos. 

Y está prevista la señalización unificada de los distintos hitos paisajísticos y recreativos con criterios de diseño paisajístico y materiales sostenibles.

Otro "objetivo estratégico" en el diseño del nuevo parque es su "integración con el núcleo urbano" y la creación de "ejes verdes de conexión" con los principales elementos verdes de la ciudad y, "de forma prioritaria", con el futuro Parque Central, para crear "un gran corredor verde transversal".

"Los desarrollos urbanos colindantes deberán garantizar la permeabilidad física, visual y ecológica hacia el parque, evitando comportarse como barreras o frentes cerrados", ha apuntado el Ayuntamiento.

Del mismo modo, está prevista la creación de sendas ciclistas y peatonales que enlacen el parque con los barrios colindantes de San Blas, Rabasa, Tómbola y Ciudad Jardín y el establecimiento de franjas de transición paisajística entre el parque y las zonas productivas o residenciales adyacentes, mediante elementos vegetales y arbolado de borde.

El proyecto incluye actuaciones para la puesta en valor de los elementos patrimoniales y etnológicos vinculados al territorio, como antiguas canteras, caminos y estructuras hidráulicas, así como la creación de miradores naturales y puntos escénicos, especialmente en las zonas elevadas del norte y el oeste, para contemplar el paisaje de las lagunas y del entorno urbano.

Todas estas actuaciones previstas tienen como objetivo final convertir el Parque Lagunas de Rabasa en un "gran hito paisajístico y natural" que los alicantinos y visitantes puedan conocer, recorrer y disfrutar, según el consistorio.

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves un pleno monográfico tras la polémica por las adjudicaciones de VPP

 ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto celebrar este jueves a las 17.00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial un pleno extraordinario y urgente, después de que lo hayan solicitado desde la  Oposición, tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

La sesión plenaria llega después de que el consistorio remitiera el martes esta cuestión a la Fiscalía para saber si hay "irregularidades" y tras anunciar que cruzará datos de los adjudicatarios de las VPP con los de funcionarios municipales.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), dimitió como edil de la corporación local tras conocerse que ella está entre las adjudicatarias de esos pisos. La ya exedil justificó la decisión en que se apartaba del cargo para que la investigación pudiera "seguir su curso sin interferencias de ningún tipo" y "después de haber aportado toda la documentación" requerida.

La renuncia de Gómez se suma a la de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, tras las informaciones periodísticas que señalan que familiares suyos son beneficiarios de VPP. Dichas publicaciones apuntan igualmente que un arquitecto municipal también está entre los adjudicatarios.

Además, el consistorio está "a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo" por parte de la Generalitat, por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte. El consistorio estudia si las mismas medidas cautelares pueden ser aplicadas "a esta empleada del Ayuntamiento".

Desde la administración autonómica indican que se trata de un trabajador público "que lleva muchos años en la dirección territorial" y cuyo caso han puesto en conocimiento de la Fiscalía. Según sus datos, el funcionario es "de larga trayectoria", ya que entró "hace años" en la administración pública "y lleva desde el año 2019 ocupando este puesto".

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, trasladó este martes la "indignación" del equipo de gobierno del PP por los hechos conocidos y defendió que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala ha actuado "con total contundencia", "celeridad" y "transparencia".

Desde el ejecutivo municipal han abogado por "revisar" la normativa autonómica relativa a los procesos de adjudicación y acceso a este tipo de viviendas, aunque habrá que determinar si hay o no "irregularidad" en el caso de esta promoción de Playa de San Juan.

Igualmente, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado este miércoles que se ha detectado que "falta información" en algunos de los expedientes de la promoción de VPP en Les Naus que se están revisando de oficio y ha señalado que, si se confirma que hay irregularidades en la adjudicación, se dará traslado a Fiscalía para que la ley actúe "caiga quien caiga" si se ha cometido algún delito.

Camarero ha descartado cuantificar cuántos casos se han detectado para "no alarmar", porque, según ha afirmado, hay que esperar a comprobar si la documentación extra reclamada, como los ingresos o propiedades del otro cónyuge en casos de separación de bienes, es "correcta". 

No ha querido valorar los casos de la concejala y de la directora general dimitidas, pero ha recalcado que "van a llegar hasta el final".

Por otro lado, ha informado de que solo hay un propietario de VPP que ha solicitado autorización a la Conselleria para vender el inmueble y otros tres para alquilarlos, un trámite que es preceptivo. Al respecto, ha anunciado que en los casos de venta la Generalitat ejercerá el derecho de retracto para que "no haya posibilidad de que se especule con una vivienda de protección pública".

En este contexto, este martes trascendió que el Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante constató que "algunos beneficiarios" de las adjudicaciones de VPP "mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos" del consistorio "que pudieron participar en fases relevantes del expediente de enajenación" de la parcela municipal sobre la que se construyeron los inmuebles.

PSPV Y SUMAR

Por su parte, el PSPV registró el pasado lunes en Fiscalía una denuncia "tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal", en lo que ha denominado "escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala".

A juicio de los socialistas, "los hechos ocurridos bajo el mandato de Barcala podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal".

Por otro lado, Moviment Sumar País Valencià presentó el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalia para "poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública, relacionados con la adjudicación" de VPP.

Entre otras cuestiones, desde esta formación han reclamado en esa denuncia "esclarecer" si ese procedimiento "se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia" y si hubo "trato preferente".

El pleno que el consistorio alicantino prevé celebrar este jueves incluye dos asuntos en el orden del día. El primero es la solicitud de ocho concejales de los grupos socialista, Compromís y EU-Podem para que comparezca Barcala con el fin de "dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de su actuación en relación con la enajenación de la parcela de suelo urbano" sobre la que se levantaron esas VPP y que fue adjudicada a la cooperativa Residencial Les Naus.

 También para que dé "respuesta" a "las cuestiones formuladas en el escrito presentado".

El segundo es una moción conjunta de PSPV, Compromís y EU-Podem "por la que se acuerda la creación de una comisión no permanente o específica del pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana".

Aplazada la presentación del Parque Central de Alicante tras el accidente de Adamuz

 ALICANTE.- La presentación del proyecto del futuro Parque Central de Alicante ha sido aplazada "por la situación que se ha generado" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que han recalcado que esto "no es una anulación", sino que, de momento, "se cae" ese acto. "Lo haremos en el momento que podamos hacerlo porque sabemos en el Ministerio que es un proyecto clave para Alicante", han añadido.

Aunque hasta el momento no ha habido una confirmación oficial de una fecha concreta, varias informaciones periodísticas apuntaron recientemente que la presentación se iba a realizar el 2 de febrero con la presencia del ministro Óscar Puente y el alcalde Luis Barcala.

De hecho, la portavoz municipal, Cristina Cutanda, al ser preguntada por esa fecha, no desmintió esas publicaciones. Sin embargo, tras el accidente de Adamuz, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ya avanzó que los planes de presentación previstos "podrían" variar.

Además, Cutanda dijo este pasado martes que el consistorio estaba "a disposición" de la administración estatal para esa presentación y que entendía que "hay otras prioridades" tras el accidente ferroviario. También resaltó que ambas instituciones tienen "muy claro" el proyecto del Parque Central.

Varias personas interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Alicante para protestar contra los desahucios y son desalojadas

 ALICANTE.- Varias personas han protestado contra los desahucios durante el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Alicante, donde han proferido gritos en varias ocasiones. Ante estos hechos, que han obligado a interrumpir la sesión, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha ordenado su desalojo de la zona del público, algo que han realizado agentes de la Policía Local.

Los hechos han ocurrido este jueves mientras el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, estaba formulando varias preguntas 'in voce'. 

Ante las primeras señales de protesta, el primer edil ha señalado que "no es así como se interviene en este pleno" y ha pedido "silencio".

En este contexto, quienes han protestado han afirmado que se ha producido "otro desahucio en la ciudad de Alicante" a "una familia" con "tres menores de edad". 

Además, han pedido a los representantes políticos del pleno que vean "la realidad que se vive ahí fuera", con "familias desahuciadas", y han lanzado otras proclamas como "quien siembra la miseria recoge la rabia".

Como no han cesado las protestas, el alcalde alicantino ha ordenado la expulsión del pleno de este grupo de personas que ha lanzado gritos. Posteriormente, Copé ha continuado con su intervención.

Tirar la basura fuera de horario, motivo de la mitad de multas por la nueva ordenanza de limpieza

 ALICANTE.- Más de la mitad de las sanciones impuestas desde que entró en vigor la nueva ordenanza municipal de limpieza en Alicante a finales de mayo han sido por "depositar la bolsa de basura en el contenedor fuera del horario establecido".

Después de estas multas, están las producidas por orinar en la vía pública, abandonar escombros y dejar residuos fuera de los contenedores, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El consistorio ha incidido en que el pleno "respaldó mayoritariamente la nueva ordenanza de limpieza viaria y gestión de los residuos con el voto favorable de 25 de los 28 ediles presentes en la sesión ordinaria de marzo".

Y ha resaltado que "la nueva normativa municipal que entró en vigor a finales de mayo endurece las sanciones y refuerza la inspección", al tiempo que "introduce una nueva regulación del uso y limpieza de los espacios públicos y la selección de los residuos especiales de escombros, enseres y poda, para combatir" las conductas que afectan "a la imagen de la ciudad y a la convivencia".

De esta manera, la ordenanza busca reforzar "la labor inspectora" y amplía el régimen sancionador con multas que van de los 300 hasta 3.000 euros. Además, introduce nuevos hechos sancionables, que pasan de los 63 de la anterior a 86, con el fin de "dar respuesta a los aspectos que preocupan a los usuarios", como "el abandono de escombros y enseres, las micciones en la calle o sacar la basura a los contenedores fuera del horario permitido".

En este contexto, el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha señalado este jueves en el pleno ordinario de diciembre que entre junio y noviembre se han impuesto un total de 304 multas y el consistorio ha concretado que, de ellas, 167 han sido "por no respectar los horarios a la hora de bajar la basura".

Desde el equipo de gobierno han resaltado que la carpa informativa itinerante, que se encuentra por las plazas de los barrios de la ciudad, refuerza "la recogida selectiva del residuo orgánico", así como que continúan con la campaña publicitaria de concienciación 'Tu haces Alicante' en medios de comunicación.

Entre las diferentes sanciones interpuestas, depositar la bolsa de basura en el contenedor fuera del horario establecido ha registrado 167 multas, el 54,9 por ciento del total. Le siguen miccionar en la vía pública con 38 (12,5%), arrojar o dejar escombros en la vía pública con 25 (8,2%) y depositar junto a los contenedores bolsas de basura o residuos varios con 17 (5,6%).

Le siguen en este listado las sanciones por abandonar enseres con diez (3,3%), realizar quemas no autorizadas con nueve (3%), arrojar papeles y otros objetos a la vía pública con otros nueve (3%), reparar vehículos en el entorno urbano con ocho (2,6%), lavar ropa y otros enseres en una fuente pública con ocho (2,6%) e introducir recipientes de vidrio y otros no autorizados dentro de la playa con tres (1%). 

También se han puesto tres multas por contenedores de escombros mal gestionados (1%) y siete del resto de tipologías (2,3%).

Por otro lado, desde el equipo de gobierno han recordado el lanzamiento del plan de choque de limpieza "con refuerzos en todos los barrios y los fines de semana". 

Esta iniciativa, de acuerdo con el gobierno del PP, se implementará en acuerdo con Vox y contempla un incremento de la plantilla que supera los 120 puestos de trabajo y al que se destinarán cerca de seis millones anuales.

El nuevo servicio será complementario al ordinario, para lo que se activarán 20 equipos de lunes a viernes y 13 los fines de semana, dotados, "en gran parte", de vehículos con hidrolimpieza. 

Asimismo, se prevé incorporar más equipos a la limpieza de plazas y zonas de juegos y ampliar el servicio de recogida previa en las islas de contenedores con cuatro vehículos en horario de tarde.