La libertad de información no es una concesión de los Gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder. Es un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía y una condición imprescindible para que exista una democracia digna de este nombre.
Las organizaciones profesionales y sindicales firmantes de este comunicado consideramos intolerable que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios sean insultados, perseguidos, amenazados o agredidos cuando informan desde una manifestación, una concentración, un conflicto social, una emergencia o cualquier otro escenario de interés público.
Y consideramos todavía más grave que desde algunos grupos políticos se contribuya a señalar a periodistas concretos, se les convierta en adversarios personales o se utilicen términos como "terrorista" para referirse a profesionales que están haciendo su trabajo.
Las organizaciones firmantes de este comunicado advertimos con toda rotundidad: no vamos a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo.
Las palabras tienen consecuencias
Cuando un responsable político señala a quien ejerce el periodismo ante miles de seguidores, cuando se le deshumaniza, se cuestiona su derecho a estar allí para informar a la ciudadanía o se le presenta como enemigo, está creando un clima que puede terminar convirtiendo la hostilidad en acoso y el acoso en violencia.
No aceptamos esa deriva.
El sector periodístico no pide privilegios. Nuestro trabajo puede ser criticado, discutido y cuestionado y, cuando cometemos errores, debemos responder por ellos. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión.
Por ello, reclamamos a todas las fuerzas políticas y a todos los responsables institucionales, sin excepción, que condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra profesionales de la información y que abandonen definitivamente las estrategias de señalamiento personal contra periodistas.
Pedimos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen el derecho de los profesionales de la información a desarrollar su trabajo con seguridad, especialmente en situaciones de tensión, manifestaciones, disturbios o escenarios donde exista riesgo para su integridad.
Demandamos una mayor vigilancia para ofrecer una adecuada protección a los profesionales de la información, así como a profesionales técnicos de radio y televisión que los acompañan y que, al ir identificados, son, con frecuencia, víctimas de acoso y hostigamiento.
Cualquier profesional de la información identificado como tal y que está trabajando debe ser protegido, no dejado a su suerte.
Demandamos también que las amenazas, coacciones y agresiones contra periodistas sean investigadas con diligencia y que sus responsables respondan ante la ley. La impunidad de una agresión no afecta únicamente a quien la sufre: envía a toda la profesión el mensaje de que informar puede tener un precio.
Hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad. Defender a los profesionales de la información no significa estar de acuerdo con ellos. Significa defender el derecho de la ciudadanía a recibir información y a disponer de testigos allí donde están ocurriendo hechos relevantes.
Y hacemos un llamamiento especialmente firme a nuestra propia profesión, al periodismo.
La solidaridad no puede depender de la cabecera, la empresa, el sindicato, la asociación o la ideología del periodista agredido.
Cuando atacan a uno de nosotros mientras informamos, con rigor, veracidad y profesionalidad, nos atacan a todos.
Por eso queremos construir un compromiso común entre asociaciones profesionales, sindicatos, colegios de periodistas, comités de empresa y organizaciones defensoras de la libertad de prensa para responder unidos ante cualquier agresión o señalamiento.
Madrid, a 8 de septiembre de 2026
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