"Aquí ha habido claramente una perversión de lo que debe de ser una promoción de vivienda pública y de protección oficial, y lo que pedimos es responsabilidades porque estamos hablando de hechos muy graves que apuntan a la implicación no solo del Ayuntamiento de Alicante, sino también de la Generalitat Valenciana", ha aseverado en declaraciones a los medios.
Por tanto, Morant ha señalado que "tendrá que responder a esto también la vicepresidenta primera y el propio 'president' de la Generalitat, porque si lo que hemos sabido se está extendiendo a toda la Comunitat Valenciana, el PPCV está utilizando la mayor crisis de la vivienda de la historia para hacer negocio y para su propio beneficio, y eso desde luego es absolutamente denunciable".
Según ha expuesto, ya se puede afirmar que no son "ni presuntas" irregularidades: "Que una concejal de urbanismo de un ayuntamiento quede como adjudicataria de un piso, que los técnicos municipales que han participado del concurso de esa adjudicación también se queden dos pisos, que haya un jefe de gabinete de una consellera que anteriormente era el jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Alicante también se ha adjudicatario de un piso, estas cosas nunca son casualidad".
Además, la dirigente socialista ha reclamado la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, "como máximo responsable, porque es imposible que con todo lo que ha sucedido en el Ayuntamiento y todo lo que queda por saber no estuviera al corriente y lo haya permitido".
Respecto a qué medidas tomará el PSPV para que esto no vuelva a suceder, ha indicado que "hay muchas formas de adjudicar vivienda de protección oficial sin cometer fraudes o tráfico de influencias", mientras en este caso ha advertido que "se apunta a cinco delitos como mínimo que se hayan podido cometer".
"Lo que han hecho es infringir la ley cuando ya existen las leyes para que esto no ocurra. Lo que hay que vislumbrar es precisamente si han incumplido la ley y qué responsabilidades tienen que asumir; no solo las penales, sino también las políticas", ha argumentado, y ha lamentado que la ciudadanía pueda pensar si los políticos "se dedican a construir vivienda para repartírsela a ellos mismos".
Por contra, ha defendido que "normalmente, en una promoción de vivienda pública en la que el ayuntamiento ha cedido el suelo, salen unas viviendas con un precio mejor y más equitativo, pero salen para las familias que tienen una vulnerabilidad o que necesitan estas viviendas. No ni para venderlas, ni para alquilarlas, desde luego no para venderlas por el doble del precio y en dinero B".
Y ha enmarcado la polémica en
"la manera que ha tenido siempre de trabajar el Partido Popular y el
modelo de sociedad que defiende el PP".
La
polémica ha llegado tras conocerse que la hasta hace unos días concejala
de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la
también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un
arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.
Ante estos
hechos han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de gabinete de la
Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que negó tener
vinculación "jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción,
aunque una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Del mismo modo, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un
funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una
solicitante que resultó adjudicataria y que es "funcionaria del
Ayuntamiento de Alicante" y por supuestamente omitir datos relevantes
sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
Sobre la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala afirmó en el pleno
al respecto que "al menos dos familiares estaban también implicados" y
avanzó: "Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente
han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan".
El alcalde también anunció la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.
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