El alcalde de Alcoy pierde la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos

 ALCOY.- El alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, ha perdido la cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal en un pleno extraordinario celebrado este martes. La propuesta ha contado con el respaldo de PSPV y Compromís, que gobiernan en minoría, y con el rechazo de la mayoría de la corporación, concretamente de PP, Vox y Guanyar.

De esta forma, la oposición tiene un mes para presentar, si lo considera, una moción de censura con un candidato alternativo a primer edil. Si finalizado este plazo no se impulsa o no prospera dicha moción, las cuentas municipales quedarán aprobadas automáticamente de forma definitiva, después de pasar por el plazo de exposición pública correspondiente, según detalla el Ayuntamiento.

El pleno rechazó el pasado jueves, con la mayoría que suman PP, Vox y Guanyar, el presupuesto de 76,9 millones de euros para 2026 planteado por el ejecutivo local de PSPV y Compromís. Ante este resultado, Francés convocó esa cuestión de confianza.

Tanto en esa sesión como en la de este martes, el futuro proyecto del polígono industrial Alcoi Sud ha sido el tema que ha centrado el debate entre las distintas formaciones que integran la corporación municipal.

En este sentido, el alcalde ha insistido en que se está estudiando si ese proyecto es o no "viable" y "sostenible" y ha abundado en que sin unos presupuestos no se pueden desarrollar las políticas municipales, ni tampoco hacer "inversiones" o "respaldar" a la industria.

Por parte de Compromís, el vicealcalde de la ciudad, Àlex Cerradelo, ha defendido su postura "responsable, de futuro y claramente de izquierdas" y ha lamentado que "Guanyar se haya alejado de la unidad progresista necesaria para hacer frente a PP y Vox".

En un comunicado, Cerradelo ha puesto en valor la "cultura del diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos". Un posicionamiento que, según la coalición, se traduce en "avances concretos en materia social, sostenibilidad y servicios públicos".

"Somos un gobierno de coalición y evidentemente hay diferencias entre Compromís y PSOE, pero las gestionamos en beneficio de la ciudadanía", ha señalado el vicealcalde, al tiempo que ha hecho hincapié en que ese proyecto industrial "no aparece" en el presupuesto y que "seguirá siendo así" mientras los valencianistas estén en el ejecutivo local.

Por ello, han sentenciado que "no es un proyecto viable" y que "todos" los informes "darán la razón" a la coalición: "Compromís hemos dicho siempre no a La Canal. Hemos dicho que no en Alcoy, en Ibi, en Xixona y donde haga falta. Somos los únicos que lo hemos hecho, con coherencia".

Desde la oposición, el PP ha sostenido que su "prioridad" es "impulsar el empleo y desarrollar suelo industrial" en Alcoi Sur "que permita atraer inversiones y crear puestos de trabajo" para los vecinos.

"No queremos el bloqueo de la ciudad", han afirmado desde el grupo 'popular' en un comunicado, en el que consideran que "la situación actual se podría haber evitado si los presupuestos municipales se hubieran aprobado en tiempo y forma, y no a mediados de año".

El PP cree que "una gestión responsable exige planificación, previsión y diálogo", elementos que, bajo su punto de vista, "han faltado en este proceso". Así, su portavoz municipal, Carlos Pastor, ha dicho que "sin una posición clara" sobre Alcoi Sur "no" pueden dar su "apoyo" a las cuentas municipales.

Según Pastor, la ciudad "no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por una mala planificación". 

"Necesitamos unos presupuestos útiles, que lleguen a tiempo y que apuesten de verdad por el empleo y el desarrollo industrial", ha agregado.

Desde el grupo municipal de Vox, consideran que el equipo de gobierno de PSPV y Compromís pretende "aferrarse al sillón" mediante un "mecanismo legal que solo busca imponer unas cuentas que los alcoyanos no respaldan". A su juicio, el ejecutivo local ha convertido Alcoy "en una ciudad estancada"

Sobre el proyecto de Alcoi Sud, han dicho que es "el mejor monumento a su incapacidad para atraer inversiones" y han lamentado que, "mientras los jóvenes se ven obligados a marcharse, el dinero público se malgasta" en "agendas ideológicas". Todo ello, han continuado, "mientras los baches y la falta de limpieza degradan el día a día de los vecinos".

Para esta formación, es "vergonzoso" que "las necesidades históricas de la ciudad sigan bloqueadas", porque, a su juicio, "los egos de la izquierda pesan más que el bienestar de los alcoyanos". 

"Ni entre ellos se entienden", ha zanjado.

Por su parte, desde Guanyar han remitido un artículo de opinión a los medios de comunicación en el que señalan que Alcoy ha asistido este martes a un "nuevo capítulo de la política de gestos vacíos" y han incidido en que el alcalde ha vinculado su cargo a unos presupuestos "que el pleno ya había rechazado" y "buscando una carambola legal para imponer sus cuentas ante la incapacidad de sumar voluntades".

"Desde Guanyar Alcoi, queremos ser claros: ni nuestra confianza ni el futuro de nuestra ciudad están en venta", han aseverado, al tiempo que han calificado como "curioso", "por no decir cínico", que "se pretenda señalar" a sus ediles "como los responsables" de "una supuesta parálisis".

En ese artículo, Vicky Llàcer, miembro de Guanyar Alcoi, también apunta que la formación ha sido "el motor de los avances sociales" y afirma que no serán "el coche escoba de sus contradicciones en la defensa del medio natural". 

"La confianza se gana con coherencia, no con amenazas", ha concluido.

El pleno de Alcoy rechaza el presupuesto de 2026 y el alcalde plantea una cuestión de confianza

 ALCOY.- El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha rechazado con la mayoría de los grupos de la oposición, que son PP, Vox y Guanyar, el presupuesto de 76,9 millones de euros para 2026 planteado por el ejecutivo local de PSPV y Compromís, que gobierna en minoría. Ante este resultado, el alcalde de la ciudad, el socialista Toni Francés, ha avanzado que el próximo martes se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

En una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el futuro proyecto del polígono industrial Alcoi Sud ha sido el tema que ha centrado el debate entre las distintas formaciones que integran la corporación municipal.

La edil de Hacienda, Vanessa Moltó (PSPV), ha defendido que el planteamiento de cuentas, que ascienden a 76,9 millones de euros, suponen aproximadamente un cuatro por ciento más respecto a las del año pasado.

Asimismo, se ha referido al presupuesto como uno de los "más ambiciosos" de los últimos años y, en una intervención posterior, ha afeado a la oposición que en el pleno no se haya debatido sobre el "contenido real". 

A su juicio, se intenta "condicionar" la aprobación de las cuentas a cuestiones que "no" forman parte de ellas, en alusión a Alcoi Sud.

Por parte de Guanyar, el concejal Sergi Rodríguez ha sostenido que el equipo de gobierno "aún está a tiempo de rectificar y de llegar a un acuerdo presupuestario desde la izquierda para 2026", al tiempo que ha sostenido que su formación ha mostrado "voluntad" de "facilitar la estabilidad" para las cuentas en 2024 y 2025, con la "única línea roja" para abrir la negociación en "evitar cualquier avance en la posibilidad de ubicar" ese futuro complejo industrial en la zona de La Canal.

Rodríguez ha acusado al ejecutivo municipal, de PSPV y Compromís, de "optar por la inestabilidad" y ha trasladado que tiene la "esperanza" de que se pueda "reorientar" la situación actual. 

Igualmente, ha aseverado que cuenta con un listado que, según ha trasladado, recoge lo "imprescindible" para posibilitar un acuerdo de presupuestos.

Por su parte, la concejala de Vox María Teresa Peidro ha abundado durante su intervención en que el presupuesto "ha sido rechazado en comisión informativa" y que el debate y aprobación "queda al albor de negociaciones de última hora, de posibles abstenciones y de lo que prometa o deje de prometer el equipo de gobierno, apremiado por un nuevo rechazo".

Según ha manifestado Peidro en relación con Alcoi Sud, "proteger el acuífero" del Molinar y "hacer las cosas correctamente no está reñido con reconocer y promover la posibilidad manifiesta de la existencia de desarrollo y actividades compatibles".

Desde Compromís, Àlex Cerradelo, vicealcalde de la ciudad, ha sostenido que el presupuesto planteado es "claramente de izquierdas" y está "a favor de la gente", al tiempo que ha incidido en que es el "más alto de la historia" del Ayuntamiento de Alcoy.

Cerradelo cree que el polígono de Alcoi Sud es "inviable" en la ubicación planteada y que eso es algo que ha defendido Compromís "siempre".

 "A pesar de ello, desde Guanyar lo utilizan como un argumento para justificar un voto en contra. De hecho, el PP también utiliza ese argumento", ha reflexionado.

Desde el PP, su portavoz, Carlos Pastor, ha avanzado el voto en contra de los 'populares', que ha justificado en que el presupuesto "no responde ni al presente ni al futuro" del municipio: 

"Vamos a votar en contra, pero no por tacticismo ni por confrontación".

Pastor también ha criticado que en estas cuentas falta "dirección", "ambición" y "proyecto de ciudad", por lo que considera que "no hay un rumbo definido". Sobre Alcoi Sur, ha lamentado la "falta de liderazgo" del equipo de gobierno.

Antes de la votación en la que la oposición ha tumbado las cuentas planteadas por el gobierno local, el alcalde ha defendido que "nunca" aceptará "chantajes" ni "presiones". 

"Sobre todo cuando ese chantaje o esa presión va en contra de lo que yo creo que es mejor para mi ciudad", ha enfatizado.

En su intervención, Francés ha trasladado que el rechazo de la oposición lleva al consistorio a una situación "complicada" y ha defendido que el ejecutivo que lidera tiene una "estrategia de ciudad".

En relación con el debate sobre Alcoi Sud, el primer edil ha sostenido que el gobierno local, ante la "necesidad" de suelo industrial, ha abierto, junto con la Cámara de Comercio y la Generalitat Valenciana, la posibilidad de que "se estudie la viabilidad técnica, económica y medioambiental" del futuro complejo.

Y ha indicado que, si no hay garantías medioambientales que avalen la puesta en marcha del polígono, no se mostrará partidario de sacarlo adelante en esos términos, al tiempo que ha concretado que técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tienen ya el proyecto de perímetro de protección del acuífero del Molinar.

Tras lamentar el "bloqueo" a las cuentas, Francés ha dicho que ante una situación como esta la normativa contempla que el alcalde puede presentarse a una cuestión de confianza "sujeta al presupuesto".

En este punto, ha avanzado que la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo martes en el que se someterá a ella ha instado a los grupos que han rechazado la propuesta a que, si consideran que él como primer edil supone un "problema", presenten una moción de censura, para lo que "tendrán la oportunidad".

 "Si no, dejen gobernar", ha sentenciado.

Después del pleno, el Ayuntamiento de Alcoy ha emitido un comunicado en el que ha recordado que "este mecanismo legal, regulado concretamente en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), permite establecer una herramienta diseñada específicamente para evitar la parálisis institucional de los ayuntamientos".

En este sentido, ha añadido que, "tal y como establece la normativa vigente", la legislación otorga a la Alcaldía "la potestad de vincular la aprobación presupuestaria a una cuestión de confianza para asegurar la gobernabilidad".

"En caso de que la moción no obtenga el respaldo mayoritario del pleno, la oposición dispondrá de un plazo inaplazable de un mes para presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía", ha resaltado el consistorio, al tiempo que ha subrayado que, "si finalizado este plazo no se presenta o no prospera dicha moción", el presupuesto "quedará aprobado automáticamente de forma definitiva" después de pasar por el plazo de exposición pública correspondiente.

Benidorm no descarta "llamar a cualquier puerta" ante el pago de más de 283 millones por suelo de Serra Gelada

VALENCIA.- El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, no ha descartado que el Ayuntamiento acabe por «llamar a cualquier puerta» en el caso de que finalmente tenga que afrontar la sentencia que condena al consistorio a pagar 283 millones de euros más intereses a dueños de terrenos del parque natural de Serra Gelada en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

Así lo ha deslizado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat, donde el primer edil se ha reunido en su condición de presidente de la Diputación de Alicante con el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Al ser preguntado sobre si cree que la administración autonómica valenciana debería contribuir a ese pago, el alcalde ha manifestado: «Cuando los técnicos nos trasladen las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Benidorm para hacer frente a esa sentencia, pues daremos buena cuenta, en primer lugar, si me lo permiten, a la propia corporación municipal, porque a ella nos debemos, porque somos miembros de esa corporación».

Y ha añadido: «Si hay que llamar a cualquier puerta, pues llamaremos, y por qué no, el Estado. Si estamos hablando de proteger un parque natural, ¿por qué no también el Gobierno de España? ¿Y por qué no Europa?».

Asimismo, el primer edil ha confirmado que este lunes por la mañana, «diez minutos después» de acabar el pleno del Ayuntamiento de Benidorm, ha convocado a la junta de portavoces del consistorio a una reunión para informar sobre un escrito presentado ante el juzgado por los dueños de esos terrenos en el que piden la ejecución forzosa de la sentencia.

Según ha publicado 'Información', los propietarios de ese suelo incluido en el parque natural de Serra Gelada concretan en «más de 352 millones de euros» la cifra de la compensación económica, que se desglosaría en 283 millones de euros y los intereses.

En este contexto, Pérez ha explicado que en ese encuentro ha trasladado a los portavoces que en los próximos días los servicios jurídicos municipales y los económicos «tendrán la oportunidad» de exponer a toda la corporación «cuál es el camino» que la administración local deberá «seguir». 

«Como hemos hecho siempre desde el minuto uno», ha apostillado.

De nuevo, el alcalde ha defendido la «transparencia absoluta» del consistorio en este proceso y ha reiterado que «todas las cuestiones» se tienen que analizar, «fundamentalmente, desde el rigor y el criterio de los técnicos, como, al menos, se ha venido haciendo en el Ayuntamiento de Benidorm desde el año 2015, y no de otra manera».

«Siempre he defendido que, al contrario de lo que promueven otras ideologías, que las propiedades privadas privadas son y que, cuando alguien quiere proteger el medio ambiente y quiere proteger una sierra, como la Serra Gelada, y quiere que las generaciones presentes y futuras disfruten de un parque natural y que ese sea un parque natural que al poco tiempo de convertirse como tal es el más visitado de la Comunitat Valenciana, pues eso tiene un precio que debe pagar la administración», ha apostillado.

Tras ello, el alcalde de Benidorm ha señalado: «Ahora que lo dice un tribunal de justicia, pues creo que no habrá ninguna duda con respecto a ese cumplimiento».

«Esa ha sido nuestra línea desde el minuto uno, desde que las propiedades presentaron una reclamación dineraria, multimillonaria, en el año 17, y hemos estado, en primer lugar, defendiendo el interés general, que era el interés de todos los benidormenses, según el criterio técnico», ha recalcado.

Y ha incidido en que «ahora llega» el «final» de un proceso judicial «en el que se da la razón en cuanto a la cuantía económica a abonar por esos suelos que todos los valencianos» y «todo el mundo» están «disfrutando como parque natural desde hace ahora ya 21 años». 

«Y, por lo tanto, quien está debe resolverlo y en eso estamos», ha sentenciado.

Vox "rompe" el pacto en Xàbia tras la retirada de competencias a su concejal denunciado por acoso

 JÁVEA.- Vox ha anunciado que se "rompe" el pacto alcanzado en el gobierno municipal de Xàbia, que hasta ahora integraba junto a PP y Ciudadanos, tras la decisión de la alcaldesa 'popular' de retirarle las competencias al edil José Marcos Pons a raíz de una acusación por presunto acoso sexual presentada por su anterior asesora.

Según han explicado fuentes municipales, la decisión se ha adoptado por "un criterio de ejemplaridad y responsabilidad institucional", con el objetivo de "preservar la estabilidad municipal y garantizar que el Ayuntamiento actúe con la máxima transparencia ante la ciudadanía".

En todo caso, han subrayado que esta decisión "no supone ninguna valoración sobre los hechos" y "se mantiene plenamente la presunción de inocencia". La medida se toma "hasta que los hechos se esclarezcan" de forma definitiva, han apostillado.

Sin embargo, el Grupo Municipal Vox en Xàbia ha criticado, en un comunicado difundido a última hora de la tarde de este viernes, "el cese arbitrario y sin justificación alguna del concejal y portavoz de nuestro partido por parte de la alcaldesa del municipio".

 "Una decisión unilateral que rompe por completo la confianza y la colaboración institucional existente hasta la fecha", resumen.

Desde Vox avanzan que "se estudiarán las acciones legales que sean pertinentes por las acusaciones que se están vertiendo desde este consistorio en contra del portavoz".

En este punto, recuerdan a la alcaldesa "su deber de acudir a los tribunales si conoce hechos ilícitos protagonizados por cualquier ciudadano".

"El cese en las funciones de gobierno de nuestro concejal, supone una falta de respeto a los votantes que depositaron su confianza en Vox en las pasadas elecciones y demuestra la incapacidad de la alcaldesa para ejercer sus responsabilidades. Una vez más, el PP actúa como títere de la izquierda, sin principios y entregado a perpetuar los modelos de gobierno basados en el interés propio", consideran.

Recalcan que Vox "no está en política para mirar hacia otro lado ante cualquier sospecha de conducta irregular, pero tampoco para criminalizar gratuitamente a quien resulta incómodo por cumplir su palabra con los votantes".

Por todo ello, anuncian que el concejal y portavoz de Vox pasa a la oposición, "donde ejercerá una labor firme y vigilante a una alcaldesa deslegitimada y en minoría, denunciando cualquier deriva autoritaria, cualquier decisión sectaria y cualquier intento de gobernar desde la oposición".

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha retirado las delegaciones y la tenencia de alcaldía al concejal José Marcos Pons tras una acusación por presunto acoso sexual presentada por su anterior asesora.

La decisión se adopta por "un criterio de ejemplaridad y responsabilidad institucional", con el objetivo de "preservar la estabilidad municipal y garantizar que el Ayuntamiento actúe con la máxima transparencia ante la ciudadanía", según ha señalado la administración local en un comunicado.

El consistorio ha subrayado que esta decisión "no supone ninguna valoración sobre los hechos" y ha indicado que "se mantiene plenamente la presunción de inocencia". Además, ha asegurado que esta medida se toma "hasta que los hechos se esclarezcan" de forma definitiva.

La alcaldesa 'popular' también ha subrayado que la confianza en las instituciones se refuerza cuando se actúa "con rigor y responsabilidad", con el fin de garantizar "el respeto a las personas" y "el comportamiento ejemplar del Ayuntamiento".

Mientras dure esta situación, asevera la institución local, las competencias y responsabilidades que tenía el concejal de Vox serán asumidas por la alcaldía. 

El gobierno de PP y Vox en Elche contempla un presupuesto municipal de 342 millones para 2026

 ELCHE.- El ejecutivo del Ayuntamiento de Elche, conformado por PP y Vox, ha aprobado este jueves en la junta de gobierno local el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 342 millones de euros.

De ese total, 294 millones corresponden a las cuentas municipales, Visitelche contará con 2,5 millones, Pimesa con 46,4 millones y Mevesa (Espais Verds) con 1,6 millones. 

En cuanto a inversiones, la cifra total será de 50,9 millones, "lo que supone un crecimiento del 7,2 por ciento" en comparación con el año anterior, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), ha afirmado que "un gobierno serio es un gobierno con presupuestos" y que los que se han presentado este jueves son "muy buenos para Elche, inversores, sociales y centrados en potenciar un municipio que está en pie con la mirada puesta en las personas".

Durante una rueda de prensa, el primer edil ha explicado "algunas de las principales inversiones que se llevarán a cabo" en 2026 como el Centro Sociocultural de Jayton, con cuatro millones de euros reflejados en las cuentas públicas; la obra de rehabilitación del Mercado Central y reurbanización del entorno, con 5,5 millones, o el Centro Social de Torrellano, con 2,7 millones.

Por otro lado, los presupuestos también contemplan otras inversiones como el inicio de las expropiaciones de la Ronda Sur, para lo que se estiman dos millones; asfaltado en casco urbano y pedanías, con 1,45 millones; el comienzo de la reforma de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona, con dos millones, y otras cantidades como 900.000 euros para la rehabilitación del edificio Riegos el Progreso, 900.000 euros para la reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico y 800.000 euros para continuar con Elx Natura.

Además, el alcalde ha destacado algunas de las inversiones "clave" para la ciudad "financiadas por la Generalitat Valenciana", como por ejemplo la financiación de las obras de rehabilitación de Clarisas, dos millones de euros para el colegio Les Arrels, 1,2 millones para el de Rodolfo Tomas i Samper de El Altet, cuatro millones para el colegio de educación especial Virgen de la Luz y 350.000 euros para el gimnasio del colegio Blasco Ibáñez.

Por su parte, la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil (Vox), ha mostrado su satisfacción por "sacar adelante un proyecto de presupuestos para la ciudad en tiempo y forma".

 "Un documento que nos permite gobernar con normalidad y donde se estimula la inversión de una ciudad que está en pie y en claro proceso de transformación", ha agregado, para luego recalcar: "Un año más aprobamos unos presupuestos muy sociales con cerca de 16 millones de euros destinados a las personas, a la acción social, familia, mayores y discapacidad".

Asimismo, según el equipo de gobierno, "las cuentas destinan 2,2 millones a las ayudas de emergencia que se reorganizan en ayudas de acogida, ayudas de familia y mayores" y "aumenta la partida de ayudas al alquiler de 125.000 a 500.000 euros", a lo que hay que sumar las ayudas al pago del IBI o las destinadas a la maternidad.

En otro orden de cosas, el documento contempla 300.000 euros a la escuela municipal del calzado, "un compromiso del gobierno municipal destinado a la formación, una recurrente reivindicación del sector del calzado en el municipio".

De otro lado, el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler (PP), se ha referido al incremento del capítulo primero de personal, "que pasa de los 100,5 millones de euros de este año a los 108 millones para 2026, debido principalmente a la implantación de la carrera profesional de los funcionarios municipales, tras años de reivindicaciones".

Igualmente, los capítulos dos y cuatro de gasto corriente y subvenciones "ascienden hasta los 128 millones de euros con el pago de todos los contratos de servicios que tiene el Ayuntamiento". 

En este sentido, se ha referido al aumento en tres millones de euros del contrato de limpieza, hasta los 25 millones de euros.

También hay 8,5 millones para la limpieza en colegios e instalaciones municipales, con "un incremento de 2,4 millones", y se espera destinar cuatro millones a la externalización del contrato de mantenimiento de parques y jardines de Elche.

Asimismo, el sexto teniente de alcalde y edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz (Vox), ha remarcado que "un año más este equipo de gobierno cumple y Elche va a volver a tener unos presupuestos que los ilicitanos merecen".

Así, ha apuntado que "estos son los presupuestos que cumplen con la estabilidad financiera, que anteponen a los ilicitanos ante cualquier otra circunstancia, continúan con el proceso de transformación en todos los rincones del municipio y con la previsión de control de la deuda".

Del mismo modo, se ha referido a la "capacidad" del gobierno municipal de "demostrar que también es un gran gestor" y de "trabajar por nuevas infraestructuras, mejores servicios y nuevas viviendas, poniendo el acento en quien de verdad lo necesita".

El interventor del Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar ve "gestión irregular de fondos" recaudados en efectivo

ALICANTE.- Un informe del secretario-interventor del Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar subraya que se ha producido una "gestión irregular de fondos públicos realizada fuera del sistema económico municipal", al hilo de que el alcalde de la localidad, César Palmer, "al parecer y según sus propias manifestaciones", denunciara "ante la Guardia Civil la sustracción de 6.300 euros" en efectivo procedentes de la recaudación de servicios municipales que estaban "en su despacho".

Además, destaca que "se desconoce el estado de tramitación de la denuncia y/o su resolución, ya que dicho documento no figura expedientado y a disposición" del departamento de Intervención, que está "a la espera de conocer los antecedentes y resolución a los efectos de proceder a la práctica de las operaciones contables que, en su caso, procedan".

Así se desprende de este informe, fechado a 25 de noviembre de 2025, en el que el interventor busca "examinar la gestión de la recaudación en efectivo obtenida en la piscina municipal", "analizar la actuación seguida respecto a su recogida, custodia, utilización y posterior sustracción" y "determinar su adecuación o no al ordenamiento jurídico económico-presupuestario".

En este documento, el propio interventor asegura que "nunca" fue informado "de la existencia de dicho efectivo ni de su custodia extraordinaria" y que "tampoco" hubo "comunicación oficial del robo". 

 "La custodia de fondos públicos en un despacho político, sin estar habilitado como caja y sin someterse a los sistemas de Tesorería y control interno, configura una custodia irregular que queda fuera del marco jurídico", añade.

Y asevera que el alcalde César Palmer "mantuvo en su poder durante más de un año la cantidad de 1.625 euros, procedente de la recaudación municipal, sin ingreso en la caja ni en la cuenta bancaria, hasta el momento en que reconoció haberlo hecho, y sin comunicación alguna".

Igualmente, sostiene que "la recaudación diaria del servicio de piscina era realizada por el conserje, quien entregaba periódicamente el efectivo" al primer edil "atendiendo a sus instrucciones como superior jerárquico, sin formular liquidación, sin justificar los importes y sin ponerlos a disposición de Tesorería ni de Intervención".

En este sentido, se fundamenta en varios artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que "establecen que todos los fondos públicos deben integrarse en la Tesorería municipal, sometiéndose a contabilidad pública y a Intervención".

El interventor recalca que no está permitida "la existencia de cajas paralelas" ni "fondos en despacho" ni "custodias políticas de efectivo". Por ello, "la disponibilidad y custodia de fondos públicos al margen de la Tesorería constituye una infracción directa del régimen legal de la caja única".

"La retención de 1.625 euros durante más de un año y la custodia de 6.300 euros en un despacho son radicalmente incompatibles con dicho régimen jurídico, además de haber sido realizadas por un órgano que, pese a ser el superior jerárquico en el Ayuntamiento, resulta manifiestamente incompetente para la realización de esas funciones", argumenta el interventor en este informe en el que, según subraya, "no prejuzga responsabilidades, sino que cumple la función legal de advertencia prevista en el control interno".

Por otro lado, en el informe recoge que "se han identificado tres pagos realizados con fondos de la recaudación retenida". En concreto, "200 euros" por "clases de monitor", algo "acreditado únicamente mediante mensajes de WhatsApp"; "200 euros adicionales por idéntico concepto, sin documentación válida", y "50 euros" en concepto de "publicidad", reflejado "en un archivo Excel elaborado unilateralmente". En conjunto, observa "pagos irregulares" que sumarían 450 euros.

Al hilo de estos pagos, resalta que "ninguno de estos documentos cumple los requisitos del ordenamiento jurídico para justificar un gasto público" porque "carecen de factura" y "de expediente" y, además, "no fueron autorizados" ni "fiscalizados" y "no están contabilizados". "Operaciones de este tipo se sitúan de plano fuera de la legalidad", apostilla.

Con todo ello, concluye que "la gestión de la recaudación de la piscina municipal se ha realizado al margen de la legalidad, sin integrar los fondos en Tesorería ni comunicarlos a Intervención" y que "la retención de efectivo y los pagos no documentados son prácticas incompatibles con el ordenamiento jurídico".

En este contexto, ha insistido en que la "responsabilidad" por estos hechos recae "íntegramente" en "quien asumió la posesión, gestión y destino de los fondos", al tiempo que ha apuntado que "los hechos descritos podrían ser susceptibles de valoración" por "responsabilidad contable por alcance, ante la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Cuentas"; "responsabilidad disciplinaria y política", conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; "responsabilidad patrimonial", conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, por último, "responsabilidad penal", en los términos de los artículos 253 y 433 del Código Penal.

En el mismo dictamen, el interventor resalta que su función se circunscribe "a los actos formalmente tramitados y documentados" y alerta de que "la falta total de comunicación" supone "una imposibilidad jurídica y material de ejercer fiscalización, arqueo o control de los fondos", tras lo que añade: "No puede exigirse control sobre operaciones no notificadas, no documentadas y desarrolladas al margen del circuito económico-contable".

El informe del departamento de Intervención de este consistorio de la comarca del Comtat se ha conocido días después de que César Palmer, ex de Compromís y que en la actualidad es miembro del grupo de no adscritos, se haya quedado como único integrante del equipo de gobierno, tras la marcha de dos concejales del PP y de otra que también es no adscrita y se presentó a las últimas elecciones municipales junto a él bajo las siglas de la coalición valencianista.

En un comunicado difundido este pasado lunes, el alcalde señaló que "el responsable de esta contabilidad" es "el actual interventor del Ayuntamiento" y sostuvo que "el 4 de noviembre" se celebró "una reunión con el secretario-interventor, el asesor jurídico, el contable y el equipo de gobierno", en la que "todos" le "recriminaron la gestión de ese efectivo".

"Yo reconocí que la custodia no fue la más adecuada y pedí disculpas, a pesar de que se trata de una práctica habitual. A pesar de esto, apliqué inmediatamente medidas para evitar que volviera a pasar", agregó.

También mostró su confianza en "el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad" para que "se aclare el robo con fuerza", del que dijo que "no" podía dar "más detalles" por "recomendación de la Policía Judicial y la Guardia Civil". 

"Continuaré trabajando con más fuerza que nunca. No voy a dimitir. El Ayuntamiento no se para", resaltó.

El alcalde de L'Alqueria d'Asnar se queda solo en el gobierno tras salir una concejala no adscrita y el PP

 ALICANTE.- La edil no adscrita del Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar  Saray González ha anunciado que renuncia a sus competencias en el equipo de gobierno municipal que ha compartido en lo que va de legislatura con el alcalde César Palmer, que también es no adscrito. La decisión se produce horas después de que otros dos concejales del PP también se marcharan del ejecutivo local tras no lograr la alternancia en la alcaldía y por "diferencias de criterio".

Palmer y González se presentaron a las elecciones municipales de 2023 bajo las siglas de Compromís, que criticó y calificó de "contra natura" el pacto con los 'populares' que le dio la vara de mando. Precisamente, ambos dejaron la coalición el año pasado y se pasaron al grupo de no adscritos.

La marcha de esta edil y de los otros dos concejales del PP, con la consiguiente ruptura del acuerdo de gobierno, se produce después de que recientemente el grupo socialista haya alertado de supuestas irregularidades en el ingreso de 1.625 euros en la caja del consistorio procedentes de recaudación del polideportivo y la piscina municipal.

 El alcalde negó esas acusaciones en una rueda de prensa en la que también denunció haber sido víctima de insultos, persecuciones e incluso amenazas de muerte.

En su carta de renuncia, Saray González ha explicado que esta decisión "difícil" responde "a una serie de circunstancias que hacen imposible continuar desarrollando" su labor "con la dignidad y coherencia con las que siempre", según ha subrayado, ha "intentado actuar".

"He llegado a un punto en el que considero que han desaparecido las condiciones políticas y personales necesarias para continuar trabajando con honestidad y confianza y con la cohesión suficiente dentro del equipo de gobierno", ha añadido.

González ha reconocido que a la desaparición de esas "condiciones iniciales" se suma "la incomprensión que ha provocado un desencanto que se ha generado en los últimos tiempos", lo que ha "deteriorado de manera irreparable la relación y el proyecto" compartido en el ejecutivo local.

"Me resulta inaceptable la manera en la que se han gestionado determinados asuntos económicos y decisiones internas, mostrando reiteradamente a mis compañeros de gobierno y recordando, pública y privadamente, que siempre he defendido la transparencia, la responsabilidad y el buen uso del dinero público. Por ello, no puedo ni quiero permanecer en un entorno donde esos principios se ven comprometidos", ha agregado.

Según la edil no adscrita, su "principal objetivo" ha sido "siempre trabajar en equipo y con honestidad". 

"Por eso, cuando esos valores dejan de ser compartidos, mantener cargos deja de tener sentido", ha valorado.

"Por todo eso, y con la serenidad de quien sabe que ha actuado con lealtad y coherencia, presento mi renuncia definitiva a todas las concejalías que me fueron delegadas. No obstante, por respeto y lealtad a todos aquellos que han confiado en mí durante este tiempo, siempre estaré agradecida y a disposición para todo aquello que necesiten, deseando lo mejor a los vecinos y vecinas de L'Alqueria d'Asnar y esperando que cambien las circunstancias que me han llevado a tomar esta decisión tan dolorosa para volver a la primera línea de defensa de los intereses del pueblo", ha sentenciado.

Por su parte, César Palmer, ha asegurado que esta situación era un "posible escenario" y que tanto Saray González como el PP "querían la alcaldía".

 "Al no darla, esta salida era una de las opciones que yo esperaba por su parte", ha apostillado.

Ante este escenario, el alcalde ha dicho que continuará "sin nadie" a su lado hasta que o bien la edil no adscrita o bien los dos concejales del PP "acepten una moción de censura con el PSOE", que fue la lista más votada en 2023 y cuenta con tres ediles.

"Yo no voy a irme y puedo llevar el ayuntamiento solo porque tengo un equipo de técnicos detrás y a gente que, aunque no sea concejala, trabajará igual que si lo fuera", ha sentenciado el primer edil y único integrante del ejecutivo municipal.

De otro lado, el concejal del PSPV Andreu Ripoll ha afirmado que este jueves ha tenido otra "sorpresa" que se suma a la salida del PP del ejecutivo del consistorio y ha resaltado que "las sospechas van cumpliéndose" tras las "denuncias" públicas que ha realizado su grupo municipal.

 "Si no, no se explica que los socios de gobierno del alcalde se hayan ido", ha concluido.

En el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar, la mayoría absoluta está en cuatro concejales. En los últimos comicios locales, el PSPV fue la lista más votada y cuenta con tres ediles. Le siguen el PP y, finalmente, Compromís, ambas formaciones con dos ediles.

Villena denuncia la llegada de 380.000 toneladas de residuos de la dana sin información de Conselleria

 VILLENA.- El Ayuntamiento de Villena ha denunciado públicamente la “opacidad” y el “oscurantismo” de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio tras constatar que más de 380.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados por la DANA del pasado año han sido enterrados en un vertedero privado ubicado en el término municipal.

La información, facilitada por la propia empresa gestora a requerimiento de la Sindicatura de Greuges, llega después de meses de solicitudes sin respuesta por parte del Ayuntamiento. 

Según explicó el alcalde, Fulgencio Cerdán, desde marzo el consistorio ha reclamado sin éxito datos oficiales al Consell sobre el tipo de material que llega, su tratamiento y la duración del desvío de residuos hacia la ciudad.

Cerdán lamentó que la Conselleria “ha dado carta blanca a la empresa para que haga lo que considere con los residuos que llegan a sus instalaciones”, y advirtió de que el Ayuntamiento sigue sin disponer de la información que ha solicitado a la administración autonómica. 

“Necesitamos una llamada, una respuesta o una aclaración sobre lo que está llegando a nuestra ciudad, que nos permita estar tranquilos sobre lo que se entierra bajo nuestro suelo”, afirmó.

De acuerdo con el documento remitido por la empresa a la Sindicatura, solo 34.000 toneladas de las más de 380.000 han recibido algún tipo de tratamiento para su valorización, lo que implica que más del 90% del material ha sido enterrado directamente.

 “Me preocupa mucho no saber qué se está enterrando en este vertedero. No tenemos información”, insistió el alcalde.

El primer edil recordó, además, que la situación resulta especialmente “contradictoria” para Villena, después de los “esfuerzos” que el Ayuntamiento realizó en su momento para conseguir el cierre del vertedero de VAERSA. 

Sin embargo, añadió, en la actualidad existe otro vertedero privado en el municipio “donde se entierra el 90% del material que llega sin ningún control ni información por parte del Ayuntamiento”.

A pesar de todo, Cerdán reiteró la “disposición absoluta” del consistorio para colaborar con el resto de administraciones en la gestión de los efectos de la DANA, pero reclamó transparencia a la Generalitat.

 “Los vecinos tienen derecho a saber qué se está depositando en su término municipal y por qué la Conselleria no informa”, concluyó.

El PP abandona el gobierno de L'Alqueria d'Asnar tras no lograr la alternancia en la alcaldía

 ALICANTE.- Los dos concejales del PP en el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar han anunciado que abandonan el equipo de gobierno del alcalde César Palmer, tránsfuga de Compromís y perteneciente al grupo de no adscritos, por "determinadas diferencias de criterio" y no conseguir la alternancia en la alcaldía. De esta forma, el ejecutivo local queda en minoría y con solo dos miembros: el primer edil y Saray González.

En un comunicado difundido por redes sociales, los 'populares' han desvelado su decisión de renunciar "a todas las delegaciones" que les fueron otorgadas tras el pacto que dio la vara de mando a Palmer, cuya candidatura fue la menos votada en las elecciones municipales de 2023. El partido con más apoyos fue el PSPV, seguido del PP y, finalmente, la coalición valencianista, si bien las dos últimas lograron el mismo número de ediles.

Compromís criticó el pacto de sus dos concejales con el PP y lo calificó de "contra natura". Precisamente, el año pasado Palmer y González dejaron la formación y se pasaron al grupo de no adscritos del consistorio.

Los 'populares' han señalado que ante esas "diferencias de criterio" propusieron que hubiera una "alternancia en la alcaldía" y que, de esta forma, pudieran ostentarla, algo que no ha aceptado el primer edil, César Palmer. 

"La no aceptación de esta propuesta, unida a las mencionadas diferencias en algunos asuntos, nos han abocado a tomar esta decisión", han sostenido.

"Estamos dispuestos y abiertos a cualquier tipo de diálogo y consenso, pero siempre basados en un principio fundamental: rechazamos cualquier situación de denuncias que interfieran en el buen nombre de nuestro pueblo y supongan una publicidad que menosprecie a este", ha añadido el grupo municipal del PP, que ha asegurado que seguirá "trabajando por y para" el pueblo como venía "haciendo desde el principio de la legislatura, pero desde otra perspectiva".

Por su parte, el alcalde de L'Alqueria d'Asnar, César Palmer, ha manifestado que desde el PP le pidieron la alcaldía y que como no aceptó esa propuesta "ellos decidieron irse". 

"No se la dimos porque no hay ningún pacto que así lo diga", ha añadido, al tiempo que ha sentenciado: "No puedo decir más porque ya no sé mas".

Desde el PSPV, que ha formado parte de la oposición desde el inicio de la legislatura a pesar de ser la lista más votada, el concejal Andreu Ripoll ha mostrado su "sorpresa" por la salida del PP.

El edil socialista ha indicado que recientemente mantuvo una reunión con el PP durante la que "no" pudo "sospechar" de que los ediles 'populares' iban a adoptar esa decisión. 

 "No tenemos explicación oficial", ha añadido.

Ripoll ha defendido que el PSPV ha hecho su "trabajo" en la oposición desde el inicio de la legislatura y ha aseverado que "no" va a entrar al equipo de gobierno "con el actual alcalde" en el hipotético caso de que este le ofreciera un pacto.

 "Hemos visto cosas que no nos han gustado", ha resaltado, para finalmente valorar que un gobierno en minoría "no es viable" para el consistorio.

La izquierda fuerza a PP y Vox a rectificar en San Vicente la ordenanza de la basura

 SAN VICENTE.- La portavoz del grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig, Asun París, ha señalado sobre las modificaciones que quiere aplicar la derecha en la tasa de basura que ha sido la izquierda la que ha forzado a PP y Vox a “rectificar” el texto injusto que aprobaron en 2024, y que a raíz de interponer recursos contenciosos administrativos y presentar alegaciones, “se ha demostrado que otra ordenanza era posible”.

Así se ha referido la concejala del PSOE respecto a la nueva ordenanza sobre la tasa de la basura que el equipo de gobierno quiere aprobar próximamente, la cual incluirá cláusulas de carácter social y tarifas reducidas, pese a que hace apenas nueve meses, el equipo de Pachi Pascual rechazó una batería de enmiendas presentadas por vecinos y la oposición que pedían incorporar algunas de las mismas. 

No obstante, una vez estudiada el contenido de la nueva ordenanza, el PSOE considera “insuficientes” los cambios porque, según afirman, sigue sin cumplirse el fin de la Ley europea de “quien contamina paga”. 

“PP y Vox siguen apostando por una subida lineal, aunque han hecho el amago de aproximarse a lo que podría ser una ordenanza de cierto carácter social. Sigue sin ser la ordenanza que nosotros habríamos hecho”, sostiene Paris.

Igualmente, la portavoz defiende que el criterio más justo para lograr una tasa de basura adecuada sería equipararla al consumo de agua en las viviendas, tal y como el PSOE propuso el año pasado. Es decir, no es justo que una vivienda en la que viven cuatro personas pague la misma tasa de basura que una casa en la que habite tan solo una persona.

Ruz rechaza que Elche acoja menores no acompañados: "No son niños, en muchos casos son postadolescentes"

 VALENCIA/ELCHE.- El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), se ha reafirmado en su rechazo a que la ciudad acoja menores migrantes no acompañados, al hilo de los traslados planteados por el Gobierno entre las comunidades autónomas, porque, según ha dicho el primer edil, "no son niños" y "en muchos casos son postadolescentes".

 "Son, en fin, pues hombres de 16, 17 y 18 años", ha apostillado.

Así lo ha expresado este martes en declaraciones a los medios en Valencia, donde ha asistido al Debate de Política General en Les Corts, al ser preguntado por unas declaraciones que realizó recientemente en COPE Elche, donde dijo: "Los menas no son niños. Los menas son tíos de 16, 17 y 18 años".

El primer edil del PP en Elche, donde gobierna en coalición con Vox, ha insistido en que sus palabras reflejan "lo que la inmensa mayoría de la calle sabe y piensa" y que "esto no son especulaciones" sino "realidades". 

Asimismo, ha apuntado que ya ha trasladado a la Generalitat y a las autoridades nacionales que Elche no va a acoger a menores migrantes no acompañados.

"Yo al respecto tengo que decir varias cosas. La primera, esto no es un debate de inmigración sí inmigración no, porque ese debate creo que tampoco existe. La inmigración es necesaria, regulada, ordenada", ha apuntado.

Además, ha señalado que él es nieto de inmigrantes andaluces: "Imaginaos hasta qué punto entiendo que la inmigración es buena y hasta qué punto el nieto de unos inmigrantes puede llegar a ser alcalde por la derecha de una ciudad. O sea que, en ese sentido, la inmigración es oportunidad".

Ruz ha manifestado que "lo que no puede ser es que este descontrol de fronteras luego repercuta negativamente en los municipios", ya que estos son los que "tienen que sostener" la acogida de estas personas. De nuevo, ha insistido en que su gobierno local, formado por PP y Vox, rechaza que estos menores no acompañados lleguen a la ciudad.

"En la ciudad hay un consenso generalizado, lo digo con toda la rotundidad. Es difícil hablar de consensos, pues, esto, en la ciudad de Elche, genera consenso y no me voy a mover, y mirad que llevo unas cuantas horas de comentarios y de apreciaciones, pero no me voy a mover al respecto. En Elche no va a haber menas", ha concluido.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Mariano Valera, ha indicado que el grupo socialista ha pedido la comparecencia de Ruz para que explique en el pleno previsto para el lunes la postura del gobierno local de PP y Vox sobre la acogida de menores migrantes no acompañados en el municipio, ya que es "un tema de gran sensibilidad social y humana que afecta directamente a la imagen de Elche como ciudad solidaria".

En un comunicado, Valera ha manifestado que "Pablo Ruz siempre está en el centro de la polémica y no en la gestión", algo que, bajo su punto de vista, "mancha la imagen del municipio en los medios de comunicación a nivel nacional con cuestiones como la inmigración, los carriles bici o incluso el yihadismo, que no se corresponden con la realidad de Elche".

En ese sentido, el edil socialista ha puesto como ejemplo "la bochornosa intervención en directo" de Ruz este lunes en el espacio televisivo 'En boca de todos' de Cuatro. Para Valera, "resulta imprescindible" que Ruz "dé la cara ante la corporación y la ciudadanía y defina la posición de la totalidad del gobierno municipal con serenidad, con transparencia y responsabilidad".

Asimismo, ha pedido al alcalde que "se aleje del conflicto permanente con el objetivo de tapar su falta de gestión".

 "Elche es una ciudad abierta, solidaria y acogedora, y esa es la imagen que debe proyectarse, no la de un alcalde instalado en la confrontación y la polémica permanente", ha añadido, al tiempo que ha apelado "a la solidaridad comunitaria", que "es lo que siempre" ha caracterizado a Elche.

A su juicio, "el discurso de la derecha y la ultraderecha de establecer una relación directa entre migración y delincuencia se basa en desinformación y en bulos, en argumentos racistas y xenófobos".

Así, ha tildado ese debate de "ficticio" porque "tanto la inmigración irregular como la tasa de criminalidad han descendido, en concreto, según los últimos datos, un 36 y un 2,8 por ciento, respectivamente".

En la actualidad, ha agregado Valera, "la tasa de criminalidad es la más baja de toda la serie histórica" y "la inseguridad está fuera de los 15 principales problemas de los españoles, según datos del último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)". 

El edil socialista ha subrayado que "España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo".

Jávea prorrogará otros seis meses la suspensión de pisos turísticos en edificios plurifamiliares

 JÁVEA.-  La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Jávea ha aprobado por unanimidad elevar al próximo pleno la propuesta de prorrogar durante seis meses la suspensión de la emisión de informes de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico (VUT) en tipología plurifamiliar en todo el término municipal.

La medida, que deberá ser ratificada por el pleno municipal, se plantea con el objetivo de seguir analizando los efectos de las VUT sobre el acceso a la vivienda y la convivencia ciudadana en bloques de pisos y apartamentos, donde se concentran las principales tensiones, según ha informado este viernes el consistorio.

Un estudio encargado por la corporación municipal a la Universidad de Alicante (UA) concluye que los problemas de convivencia y presión residencial se producen principalmente en edificios plurifamiliares, donde la proliferación de VUT puede provocar "dificultades en el acceso a la vivienda habitual por el aumento de precios, conflictos entre residentes permanentes y turistas en el uso de zonas comunes y riesgo de pérdida de población residente, sobre todo en áreas como el puerto y el casco urbano".

Por ello, la propuesta mantiene la suspensión para este tipo de tipología, a fin de disponer del tiempo necesario para consensuar estrategias de regulación equilibradas, según el ayuntamiento.

En cambio, tanto el estudio universitario como la comisión sectorial de trabajo sobre vivienda turística apuntan que las viviendas unifamiliares (chalés, casas independientes, adosados) no generan los mismos problemas.

En este tipo de inmuebles, según la misma fuente, "no existen espacios comunes, lo que reduce los conflictos vecinales, su mercado es distinto al de los pisos y no afecta de forma directa al acceso a vivienda habitual y contribuyen positivamente a la desestacionalización turística y al mantenimiento del empleo en zonas de playa y urbanizaciones como el Cabo de la Nao". Por ello, la propuesta no contempla continuar con la suspensión en esta tipología.

El estudio de la UA refleja que el número de VUT registradas en Jávea ha descendido de 6.161 en agosto de 2024 a 4.321 en la actualidad, lo que supone una reducción de 1.840.

La propuesta que se elevará al pleno pretende compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal, favoreciendo un modelo sostenible para el municipio, según el consistorio.

De aprobarse, el acuerdo incluiría la exposición pública del estudio durante 30 días hábiles para que cualquier persona interesada pueda consultarlo en el Servicio de Urbanismo, así como su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la sede electrónica municipal.

El alcalde de Elche anuncia una querella al PSPV por difundir la dirección de su domicilio

 ELCHE.-  El alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha anunciado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el PSPV-PSOE local por, supuestamente, hacer pública la dirección de su domicilio. Además de una querella.

Ruz ha hecho referencia a una rueda de prensa ofrecida este martes por la concejala socialista Patricia Macià en torno a la polémica surgida por la licencia de obras concedida para la reforma de su nuevo chalé a las afueras de la ciudad y ha dicho este miércoles que presentará la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos y también se querellará contra la edil del PSPV-PSOE, después de que el martes el concejal Claudio Guilabert asegurara que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que todo está correcto.

“Lo que sucedió ayer no tiene precedentes en la historia democrática de esta ciudad. La señora Maciá divulgó públicamente dónde vivo y eso es gravísimo", ha recalcado el alcalde antes de añadir que si su domicilio es objeto de "alguna agresión o si mi familia o yo mismo sufrimos algún daño, haré responsable directamente al Partido Socialista de Elche y a la señora Maciá”.

El alcalde ha recordado que hace apenas una década los cargos públicos contaban con escolta y vivían bajo amenazas, por lo que considera “inadmisible” la exposición pública de datos personales de un representante público.

“Violar el derecho a la intimidad es una barrera que no se puede franquear nunca", ha proseguido Ruz, para quien "ayer la señora Macía la superó y me ha puesto en el disparadero de muchas cosas", por lo cual se encuentra "enfadado y muy preocupado por la seguridad de mi casa”.

La controversia comenzó este martes cuando la concejal Macià denunció en una conferencia de prensa lo que, a su juicio, fue una tramitación exprés de la licencia de obras del alcalde, resuelta en 70 días frente a los plazos de entre seis y ocho meses que aseguran sufrir otros vecinos. 

Los socialistas acusaron al equipo de gobierno, formado por el PP y Vox, de falta de transparencia y de otorgar un “trato de favor” a Ruz.

La polémica, no obstante, vino después de que Macía hiciera pública, a través de la pregunta de un periodista, la ubicación exacta del inmueble.

Campello sube al 95% la bonificación de la plusvalía a descendientes, ascendientes y cónyuges

 CAMPELLO.- El pleno extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de El Campello ha tenido una fuerte contenido económico y tributario. Los tres primeros puntos del orden del día afectaban directamente a otras tantas ordenanzas fiscales, que se han modificado.

En concreto, se trata del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras (conocido como ICIO), el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y la plusvalía aplicable a la transmisión por causa de fallecimiento de terrenos y propiedades inmobiliarias. 

Los tres puntos han salido adelante con los votos de los concejales de PP y Vox, mientras que PSPV-PSOE, Compromís, Per El Campello, EU-Unides Podem y los concejales no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal han votado en contra.

La plusvalía se ha modificado, a propuesta del alcalde y concejal de Hacienda, Juanjo Berenguer, ante le necesidad de hacerla más comprensible para los ciudadanos y reordenar los apartados y los artículos que fueran de mejor aplicación.

Desde el punto de vista material, se ha aprobado un aumento del tipo de gravamen hasta el máximo legalmente permitido por la ley, el 30% (al igual que la mayoría de municipios del entorno), pero se modifica en paralelo la bonificación prevista para las transmisiones de terrenos e inmuebles, por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, subiendo dicha bonificación hasta el máximo legalmente permitido, que es el 95%, estableciéndose como requisito para beneficiarse de esta bonificación el empadronamiento durante al menos dos años.

“De esta forma, eliminamos hasta lo que nos permite la ley el llamado impuesto a la muerte”, ha señalado el alcalde Juanjo Berenguer.

También ha salido adelante una modificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que compete a los ayuntamientos.

Se ha establecido una adecuación de las cuotas, pasando a un sistema de coeficientes que permita que, durante la vigencia de la ordenanza, la cuota a satisfacer por los propietarios de vehículos se sitúe siempre dentro de los límites de la legalidad.

Por otro lado, se reformulan las bonificaciones establecidas a un sistema actualizado que tiene en cuenta las nuevas tecnologías de combustión. 

Así, se deja de bonificar aquellos vehículos que tengan más de 25 años (dado que la legislación actual se centra en criterios medioambientales y contra el cambio climático, en favor de nuevas tecnologías que consiguen una mayor reducción de la contaminación). 

Se considera pues que no se puede bonificar a vehículos de 25 años o más, que son mucho más contaminantes. Se mantiene, eso sí, la bonificación del impuesto a favor de vehículos de carácter histórico, que por ley tienen otra consideración.

El acuerdo alcanzado hoy modifica la bonificación establecida relativa para vehículos híbridos (30%), y vehículos eléctricos (50%), que pasan a desarrollarse conforme a las etiquetas “0 emisiones” y “vehículos ECO”. 

Se tienen en cuenta de esta forma numerosas tecnologías al objeto de aplicar las bonificaciones, estableciéndose un 75% por ciento para aquellos vehículos 0 emisiones y un 50% para los vehículos ECO.

Por último, también se ha modificado el impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), subiendo el tipo de gravamen del 3% al 3,5%, al tiempo que se modifican las bonificaciones.

Así, la bonificación relativa a primera implantación de actividades comerciales, aumenta de un 70% a un 75%. La relativa a obras de acondicionamiento en locales comerciales ya existentes, siempre que se localicen en las calles Doctor Fleming, avenidas de San Bartolomé, Generalitat, Carrer La Mar y calles Pal y Mayor, se aumenta también de un 70% a un 75%.

Se mantiene la bonificación a establecimientos hoteleros, en un 80%, y se introduce una bonificación del 50% para las construcciones, instalaciones y obras que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar.

Por último, se introduce en la correspondiente ordenanza fiscal una bonificación del 50% en el impuesto para las construcciones, instalaciones y obras necesarias para la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos.

San Vicente adjudica la mayor contrata de su historia dotada con 85 millones para mejorar limpieza y recogida de residuos

 SAN VICENTE DEL RASPEIG.- El equipo de Gobierno de PP y Vox ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado esta mañana la adjudicación a la mercantil Prezero España del nuevo contrato para la gestión de los servicios municipales de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos  para un periodo de 10 años y con un importe de cerca de 85 millones de euros. 

El acuerdo ha salido adelante con la abstención del PSOE y los votos en contra de los tres concejales de EU-UP  y Compromís.

Una de las novedades anunciadas es la flexibilidad para adaptar los trabajos a las necesidades que surjan hasta 2035. Se recoge también el compromiso de mejorar la limpieza, especialmente en parques, jardines, plazas, zonas de juegos infantiles, pavimentos, mobiliario urbano o fachadas de edificios públicos, y el control y evaluación del cumplimiento del contrato. 

Para acometer las mejoras previstas, el gasto anual se incrementará un 72,3% en limpieza, pasando de 2,3 a 4 millones de euros por ejercicio, y un 17,76% en recogida de residuos, que crece desde los 3,77 a 4,4 millones anuales. Actualmente desde el Ayuntamiento se está realizando un estudio técnico económico para determinar la repercusión de estos costes.

Prezero ha sido la empresa seleccionada entre las ocho ofertas estudiadas por la Mesa de Contratación. En los próximos días se iniciará un periodo de exposición pública de 15 días, tras el cual se espera poder formalizar el nuevo contrato que reemplazará el actual, que fue adjudicado en 2012 por un periodo de ocho años y se mantiene prorrogado desde 2020. 

El Ayuntamiento de Elche sigue afectado por un ciberataque y trabaja en restablecer servicios "cuanto antes"

 ELCHE.- El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la ciudad "sigue avanzando con el objetivo de restaurar cuanto antes la normalidad y restablecer los servicios municipales progresivamente" tras el ciberataque que azotó este lunes a la administración local y que mantiene paralizado su sistema informático.

El Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del consistorio, presidido por el primer edil, se ha vuelto a reunir para hacer un diagnóstico de los daños sufridos por el ataque y tomar las decisiones "adecuadas" para recuperar el funcionamiento del sistema informático "lo antes posible".

"48 horas después del haber sufrido el ciberataque más grave de la historia del Ayuntamiento de Elche, el comité de crisis sigue en marcha para evaluar los daños, buscar soluciones y garantizar los servicios fundamentales del Ayuntamiento", ha asegurado Ruz.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que se ha contratado a una empresa externa para seguir con el diagnóstico y evaluación del alcance del ataque informático, con el principal objetivo de "tomar las decisiones para el restablecimiento del sistema, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales", que cuentan, además, con apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) y del Centro Criptológico Nacional.

El alcalde también ha explicado que este miércoles firmará manualmente el decreto de pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento, que se percibirán "con normalidad en tiempo y forma". 

Además, este martes ha rubricado la liquidación del pago de la Seguridad Social y en los próximos días se establecerá el método "para garantizar el pago a proveedores y servicios asistenciales".

Según Ruz, "esta es una situación inédita" para el consistorio, "pero los técnicos están trabajando de manera incansable para dar respuesta a situación". 

"Ningún ciberataque va a poder doblegar al Ayuntamiento", ha sentenciado.

La administración local también ha explicado que la Policía Nacional ha abierto una investigación en colaboración con la Europol "debido a los ciberataques registrados en las últimas fechas en diversos puntos y con características similares". 

En este sentido, ha afirmado que "ha habido una nota de rescate" que ya está en manos del cuerpo policial.

Precisamente, el Ayuntamiento presentó este lunes una denuncia ante la Policía Nacional tras el ciberataque, que ha generado problemas en el sistema informático municipal, que sigue sin estar operativo.

De otro lado, las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) mantienen la atención presencial aunque no se pueden realizar trámites administrativos. Cuando se logre restablecer el sistema, el consistorio contactará con quienes tenían cita previa para facilitarles una nueva. 

El teléfono de atención es el 010, en horario de 08.30 a 13.45 horas.

El PSOE de Benidorm desvela que un informe de Intervención augura la "quiebra técnica" del Ayuntamiento por la sentencia millonaria de Serra Gelada

 BENIDORM.- Una vez que el Ayuntamiento de Benidorm ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar el pago de casi 345 millones de euros por el convenio de los terrenos de Serra Gelada, la portavoz socialista, Cristina Escoda, ha vuelto a exigir al alcalde Toni Pérez que asuma sus responsabilidades, pida disculpas y dimita. 

 “Toni Pérez tiene que asumir sus responsabilidades y dimitir por llevar a Benidorm al precipicio. El informe elaborado por el departamento de Intervención es demoledor y pone negro sobre blanco lo que venimos advirtiendo desde hace más de un año: esta sentencia supone la quiebra técnica del Ayuntamiento y va a hipotecar el futuro de varias generaciones”, ha afirmado.

Así, Escoda ha explicado que este informe, que se ha adjuntado al recurso de amparo, cifra ya los intereses legales en más de 61 millones que se suman a los 283 millones del principal de la sentencia. 

 

 Una cifra que, tal y como refleja el documento, “originará, sin ningún género de dudas, un gravísimo trastorno y quebranto de la Hacienda municipal, con las consiguientes repercusiones en la prestación de servicios públicos que reciben los ciudadanos y las personas que visitan una ciudad turística como Benidorm”.

 

La concejala ha vuelto a mostrar su preocupación y la del PSOE de Benidorm por todo lo que conlleva esta millonaria sentencia y ha criticado la famosa hoja de ruta del alcalde y su cambio de postura con respecto al convenio que firmaron las partes en 2003, cuando él formaba parte de aquel gobierno, para compensar a los propietarios de los terrenos en Serra Gelada por no edificar. 

 

“Tenemos que recordar que Toni Pérez votó a favor de este convenio en 2003, mientras el PSOE votaba en contra. Un convenio que una vez aprobado fue ratificado y renovado por los gobiernos del PSOE en 2010, con el voto a favor del señor Pérez y el PP, y en 2013. Fue en 2013 cuando el grupo popular y su portavoz Toni Pérez cambiaron de postura. Un posicionamiento que reafirmó al llegar a la Alcaldía en 2015 negándose a renovar los convenios”, ha indicado. 

 

Así, ha remarcado que Toni Pérez fue protagonista cuando se originó el problema en 2003 y ha sido el máximo responsable de la mayor condena a un Ayuntamiento de España.

 

 “No calibró las consecuencias de sus acciones, actuó por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos”, ha indicado.

 

 Con todo, Escoda ha remarcado que cuando se gobierna se tienen que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman, y “pedir perdón cuando llevas a esta situación al Ayuntamiento”.

 

  “En estos momentos se demuestra si un gobierno está a la altura o no”, ha afirmado.

 

La portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha recalcado este lunes que “el PSOE nunca se ha opuesto a los pasos marcados por los servicios jurídicos ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) sobre los suelos del APR-7” en las sucesivas Juntas de Portavoces “en las que se les informa puntualmente de cualquier paso que se da en este procedimiento”.

Caselles ha respondido así a la nota lanzada hoy por los socialistas, asegurando que “ni la portavoz del PSOE, la señora Escoda, ni nadie de su grupo ha dicho nunca de no seguir la hoja de ruta que marcan los técnicos”. 

Es más, ha agregado, “en las Juntas de Portavoces siempre está de acuerdo con las explicaciones que se dan por parte de los técnicos municipales”.

La portavoz popular ha trasladado que “desde el minuto uno” que Toni Pérez asumió la Alcaldía los sucesivos gobiernos han seguido las “determinaciones” e “informes técnicos y jurídicos” evacuados por los servicios municipales en relación a los convenios de los suelos del APR-7, y siempre “bajo la premisa de defender el interés general”. 

“Siempre hemos votado en base a los informes, no como el PSOE que dependiendo quién sea el peticionario votan a favor o se abstienen”, ha recalcado.

Por último, Caselles ha recordado a Escoda que “hay varias sentencias en primera instancia, pendientes de apelación ante el TSJ, que dan la razón al Ayuntamiento al declarar la nulidad de pleno derecho de los convenios en los que se origina la indemnización millonaria” recogida en la sentencia del TSJ de mayo de 2024.

El Ayto. de Benidorm pide al Constitucional que suspenda la ejecución del fallo que le condena a pagar más de 300 millones

 BENIDORM.- El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia 343, de 23 de mayo de 2024, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre el APR-7 de la Serra Gelada, así como la anulación de la misma, ordenando la retroacción de actuaciones para que se dicte una nueva sentencia. 

Así se recoge en el recurso de amparo que el Consistorio ha presentado ante el alto tribunal frente al último auto del TJS, fechado el pasado 5 de junio y que desestimaba el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento contra dicha sentencia, que le obliga a pagar 283 millones de euros más los correspondientes intereses legales a varios propietarios por el aprovechamiento urbanísticos de esos suelos.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha trasladado este lunes públicamente todos los detalles de este recurso de amparo, que tiene como objetivo “seguir defendiendo el interés general de toda la ciudadanía, según los pasos que en cada momento han ido marcando los técnicos municipales y al servicio del Ayuntamiento en este litigio”. 

Así, el primer edil ha explicado que el recurso de amparo fue presentado el pasado jueves, 31 de julio, ante el Constitucional y que un día después, el viernes 1 de agosto, se informó a los grupos de la Corporación, como paso previo a su inclusión en el orden del día de las comisiones informativas que se han celebrado esta misma mañana. 

Asimismo, Pérez también ha expuesto que, antes de su comparecencia de este lunes, ha vuelto a convocar a la Junta de Portavoces para facilitar a los grupos todos los informes que han servido de base para la presentación del recurso, “desde la máxima transparencia a la que nos comprometimos y que hemos venido practicando desde el primer momento”.

El recurso de amparo presentado ante el TC alega que, tanto en la sentencia 343 del TSJ como en el auto del 5 de junio, se habría vulnerado el derecho fundamental del Ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, “en su dimensión de derecho a una resolución judicial fundada en Derecho, no incursa en error patente, manifiesta irrazonabilidad o arbitrariedad”. El Consistorio solicita al alto tribunal que declare que se ha vulnerado este derecho fundamental y que, por tanto, anule ambas resoluciones judiciales, ordenando la retroacción de actuaciones para que el TSJ dicte una nueva sentencia respetando el mencionado derecho fundamental.

Entre otras cuestiones, el recurso indica que la sentencia del TSJ impone “una indemnización sin precedentes en el urbanismo español” a partir de “razonamientos manifiestamente contradictorios e inconsistentes”, ya que reconoce que por parte de los propietarios de los terrenos en el APR-7 no se han cumplido los requisitos que la legislación española establece para que un propietario de suelo tenga derecho a ser indemnizado, como son la cesión, equidistribución y urbanización del mismo, a la vez que considera que dicho incumplimiento no sería “determinante” para obtener dicha indemnización.

Asimismo, mientras el TC resuelve estas peticiones, el recurso de amparo también solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia 343, ya que, de lo contrario, se ocasionarían “perjuicios de imposible o difícil reparación”. 

Para llegar a esta conclusión, el recurso se sustenta en el informe emitido por la Intervención municipal que establece, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento de Benidorm, de no contar con financiación estatal o autonómica, entraría en “quiebra técnica”, lo que “implicaría una gravísima merma en la prestación de los servicios públicos municipales que reciben los ciudadanos de Benidorm”.

Además de poner esta situación negro sobre blanco, la Intervención municipal indica que “adoptar un calendario de pagos parciales” de la deuda, que en estos momentos alcanzaría los 344 millones de euros, “mientras se mantienen los litigios judiciales abiertos supondría ya un perjuicio grave a la ciudadanía”, por lo que no es partidaria de esta solución ya que, a su juicio, “sería imprescindible implicar a las administraciones estatal y autonómica para poder obtener algún tipo de financiación que permitiera ejecutar la sentencia”, algo que “ya se ha hecho por parte del Estado con otros ayuntamientos por deudas no sobrevenidas de sentencias judiciales, pero con cuantías muy similares fruto de la gestión ordinaria”, ha recordado el alcalde. 

Asimismo, el informe de la Intervención añade “la dificultad real de recuperar el dinero ya pagado en el caso de que finalmente la Justicia –en los pleitos que todavía están vivos en distintas instancias, varios de ellos favorables al criterio defendido por el Ayuntamiento– diera la razón a los intereses municipales”.

Ante todo ello, Toni Pérez ha manifestado que “siempre hemos sido muy conscientes de la repercusión de este asunto y ante él estamos ejercitando todas las vías que, a criterio de los servicios jurídicos y económicos municipales, tenemos a nuestro alcance para defender el interés general de Benidorm, de todos los benidormenses presentes y futuros y también de nuestros visitantes”.

El primer edil ha finalizado reiterando, una vez más, la “plena confianza en la Justicia” y ha vuelto a apelar nuevamente a la cautela y la tranquilidad: “En el supuesto que se hiciera efectivo el peor de los escenarios, no les quepa duda que este es el único gobierno capaz de trabajar en la defensa del interés general y de sacar adelante una situación que no puede ser más compleja para el interés general de Benidorm”.

La mesa de edad de San Fulgencio vuelve a suspender la moción de censura del PSPV contra el alcalde del PP

 SAN FULGENCIO.- La mesa de edad del pleno del Ayuntamiento de San Fulgencio, conformada por dos ediles del PP, ha tumbado por segunda vez la moción de censura presentada por el socialista José Sampere y el no adscrito Alain Franz, procedente del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), contra el alcalde 'popular' José María Ballester, con Sampere (PSPV) como candidato.

El primer intento tuvo lugar el pasado 18 de junio. En esta ocasión, el concejal del PP Paulino Herrero ha argumentado que la ley no permite que un miembro de la corporación pueda presentar más de una moción contra el primer edil en una misma legislatura. Por este motivo, ha dicho, "no puede ser objeto de debate".

El consistorio de este municipio de la Vega Baja está integrado por 13 ediles y la mayoría absoluta está en siete concejales. 

El PSPV fue la lista más votada en las elecciones locales de 2023, con seis concejales, por lo que el apoyo de Franz (PIPN) a la moción permitiría devolver la alcaldía a Sampere (PSPV), aunque la vara de mando va a seguir de momento en manos de Ballester (PP), que sigue gobernando en minoría tras la salida del edil independiente del ejecutivo municipal.

Sampere, primer edil durante la legislatura anterior y actual miembro de la corporación municipal, ha manifestado que el comportamiento de los ediles del PP era "previsible".

 "Que se atengan a las consecuencias. Les parará los pies la Justicia", ha apostillado.

Por su parte, el PSPV-PSOE ha reclamado al líder del PPCV y 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "que expulse" a los ediles 'populares' que "han impedido" que se vote la moción de censura, "después de que en el mes de junio la mesa de edad impidiera que el pleno municipal se pronunciara al respecto".

En un comunicado, el secretario de Organización del partido a nivel autonómico, Vicent Mascarell, ha anunciado que los socialistas instarán "de nuevo" a la secretaría municipal para que "convoque por tercera vez el pleno", con el fin de que este "se pueda pronunciar sobre la moción de censura".

"De nuevo, el municipio de San Fulgencio ha sido testigo de un ataque contra la democracia inédito al impedir que se vote una moción de censura. Es una situación intolerable que debe ser respondida con una decisión drástica", ha añadido.

A su juicio, "lo ocurrido es intolerable y va contra los derechos fundamentales de los ciudadanos" y ha subrayado que "no se puede permitir que un grupo político", en este caso el PP, "utilice el poder institucional para bloquear la voluntad democrática de la mayoría del pleno".

Con todo ello, Mascarell ha afirmado que "Mazón no puede mirar hacia otro lado y mucho menos convertirse en cómplice de este tipo de actitudes que van contra los cimientos" de la democracia. 

 "Esperamos decisiones por parte del PPCV", ha concluido.

Una jueza cita como investigado al alcalde de La Vila Joiosa por el contrato a policías que suspendieron una oposición

 VILLAJOYOSA.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Vila Joiosa ha citado a declarar el 15 de septiembre en calidad de investigados al alcalde del municipio, Marcos Zaragoza (PP), y a un concejal en el marco del procedimiento abierto por la presunta contratación de dos inspectores de Policía Local que suspendieron una oposición.

También ha llamado a declarar como testigo a un oficial del cuerpo policial municipal, según ha avanzado 'elDiario.es' y han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado medio apunta que las pesquisas parten de una denuncia de la Fiscalía contra los dos investigados y que el Ministerio Público considera que presuntamente se habría cometido un delito al nombrar a dedo a dos inspectores de la Policía Local que no habían aprobado la oposición para ese puesto.

Tras conocerse la citación como investigado de Zaragoza (PP), el PSPV de La Vila Joiosa ha anunciado que pedirá personarse en la investigación judicial abierta al primer edil, según ha informado este viernes la formación en un comunicado.

El grupo socialista del municipio ha incidido en que «la designación ahora investigada se remonta a noviembre del pasado año, un mes después de que el propio Marcos Zaragoza anunciara sus intenciones de modificar la estructura organizativa de la Policía Local en el día del patrón del cuerpo, en los Santos Ángeles Custodios».

«Una reestructuración de competencias sobre la que se pronunció meses más tarde en un pleno afirmando que la realizaba porque se lo permitía la ley como jefe de personal que dijo ser. En ese momento defendió el nombramiento de los agentes por su experiencia en el puesto, omitiendo toda referencia a las oposiciones fallidas por los agentes para ocupar las citadas plazas», ha apuntado el PSPV.