Además, destaca que "se desconoce el estado de tramitación de la denuncia y/o su resolución, ya que dicho documento no figura expedientado y a disposición" del departamento de Intervención, que está "a la espera de conocer los antecedentes y resolución a los efectos de proceder a la práctica de las operaciones contables que, en su caso, procedan".
Así se desprende de este informe, fechado a 25 de noviembre de 2025, en el que el interventor busca "examinar la gestión de la recaudación en efectivo obtenida en la piscina municipal", "analizar la actuación seguida respecto a su recogida, custodia, utilización y posterior sustracción" y "determinar su adecuación o no al ordenamiento jurídico económico-presupuestario".
En este documento, el propio interventor asegura que "nunca" fue informado "de la existencia de dicho efectivo ni de su custodia extraordinaria" y que "tampoco" hubo "comunicación oficial del robo".
"La custodia de fondos públicos en un despacho político, sin estar
habilitado como caja y sin someterse a los sistemas de Tesorería y
control interno, configura una custodia irregular que queda fuera del
marco jurídico", añade.
Y asevera que el alcalde César Palmer
"mantuvo en su poder durante más de un año la cantidad de 1.625 euros,
procedente de la recaudación municipal, sin ingreso en la caja ni en la
cuenta bancaria, hasta el momento en que reconoció haberlo hecho, y sin
comunicación alguna".
Igualmente, sostiene que "la recaudación diaria del servicio de
piscina era realizada por el conserje, quien entregaba periódicamente el
efectivo" al primer edil "atendiendo a sus instrucciones como superior
jerárquico, sin formular liquidación, sin justificar los importes y sin
ponerlos a disposición de Tesorería ni de Intervención".
En
este sentido, se fundamenta en varios artículos del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que "establecen
que todos los fondos públicos deben integrarse en la Tesorería
municipal, sometiéndose a contabilidad pública y a Intervención".
El interventor recalca que no está permitida "la existencia de cajas
paralelas" ni "fondos en despacho" ni "custodias políticas de efectivo".
Por ello, "la disponibilidad y custodia de fondos públicos al margen de
la Tesorería constituye una infracción directa del régimen legal de la
caja única".
"La retención de 1.625 euros durante más de un
año y la custodia de 6.300 euros en un despacho son radicalmente
incompatibles con dicho régimen jurídico, además de haber sido
realizadas por un órgano que, pese a ser el superior jerárquico en el
Ayuntamiento, resulta manifiestamente incompetente para la realización
de esas funciones", argumenta el interventor en este informe en el que,
según subraya, "no prejuzga responsabilidades, sino que cumple la
función legal de advertencia prevista en el control interno".
Por otro lado, en el informe recoge que "se han identificado tres
pagos realizados con fondos de la recaudación retenida". En concreto,
"200 euros" por "clases de monitor", algo "acreditado únicamente
mediante mensajes de WhatsApp"; "200 euros adicionales por idéntico
concepto, sin documentación válida", y "50 euros" en concepto de
"publicidad", reflejado "en un archivo Excel elaborado unilateralmente".
En conjunto, observa "pagos irregulares" que sumarían 450 euros.
Al hilo de estos pagos, resalta que "ninguno de estos documentos
cumple los requisitos del ordenamiento jurídico para justificar un gasto
público" porque "carecen de factura" y "de expediente" y, además, "no
fueron autorizados" ni "fiscalizados" y "no están contabilizados".
"Operaciones de este tipo se sitúan de plano fuera de la legalidad",
apostilla.
Con todo ello,
concluye que "la gestión de la recaudación de la piscina municipal se ha
realizado al margen de la legalidad, sin integrar los fondos en
Tesorería ni comunicarlos a Intervención" y que "la retención de
efectivo y los pagos no documentados son prácticas incompatibles con el
ordenamiento jurídico".
En este contexto, ha insistido en que
la "responsabilidad" por estos hechos recae "íntegramente" en "quien
asumió la posesión, gestión y destino de los fondos", al tiempo que ha
apuntado que "los hechos descritos podrían ser susceptibles de
valoración" por "responsabilidad contable por alcance, ante la
Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Cuentas"; "responsabilidad
disciplinaria y política", conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; "responsabilidad
patrimonial", conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y, por último, "responsabilidad penal", en
los términos de los artículos 253 y 433 del Código Penal.
En el mismo dictamen, el interventor resalta que su función se
circunscribe "a los actos formalmente tramitados y documentados" y
alerta de que "la falta total de comunicación" supone "una imposibilidad
jurídica y material de ejercer fiscalización, arqueo o control de los
fondos", tras lo que añade: "No puede exigirse control sobre operaciones
no notificadas, no documentadas y desarrolladas al margen del circuito
económico-contable".
El informe del departamento de
Intervención de este consistorio de la comarca del Comtat se ha conocido
días después de que César Palmer, ex de Compromís y que en la
actualidad es miembro del grupo de no adscritos, se haya quedado como
único integrante del equipo de gobierno, tras la marcha de dos
concejales del PP y de otra que también es no adscrita y se presentó a
las últimas elecciones municipales junto a él bajo las siglas de la
coalición valencianista.
En un comunicado difundido este
pasado lunes, el alcalde señaló que "el responsable de esta
contabilidad" es "el actual interventor del Ayuntamiento" y sostuvo que
"el 4 de noviembre" se celebró "una reunión con el
secretario-interventor, el asesor jurídico, el contable y el equipo de
gobierno", en la que "todos" le "recriminaron la gestión de ese
efectivo".
"Yo reconocí que la custodia no fue la más adecuada
y pedí disculpas, a pesar de que se trata de una práctica habitual. A
pesar de esto, apliqué inmediatamente medidas para evitar que volviera a
pasar", agregó.
También mostró su confianza en "el trabajo de
las fuerzas y cuerpos de seguridad" para que "se aclare el robo con
fuerza", del que dijo que "no" podía dar "más detalles" por
"recomendación de la Policía Judicial y la Guardia Civil".
"Continuaré trabajando con más fuerza que nunca. No voy a dimitir. El Ayuntamiento no se para", resaltó.
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