El TSJCV alerta de "perjuicios" por la "denegación de refuerzos" para los órganos judiciales valencianos

 VALENCIA.- La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un acuerdo en el que expresa su «preocupación» ante las «negativas consecuencias» y «perjuicios» que generará la «denegación» de la autorización económica por parte del Ministerio de Justicia para la prórroga de «numerosas medidas de refuerzo» en los órganos judiciales de la autonomía.

El órgano de gobierno de los jueces y tribunales valencianos, que se ha reunido este miércoles bajo la presidencia del presidente del TSJCV, Manuel Baeza, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que inste al Ministerio a «reconsiderar» su decisión, según ha informado el alto tribunal valenciano en un comunicado.

El acuerdo llama «especialmente» la atención sobre la denegación de la prórroga de las nueve comisiones de servicio con que contaban las plazas judiciales del orden civil con competencias exclusivas y excluyentes a nivel provincial en materia de condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, los conocidos como juzgados de 'cláusulas suelo', en Castellón (uno), Valencia (cuatro) y Alicante (otros cuatro).

El Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo con informe favorable de la inspección del CGPJ que habían sido solicitadas para la Comunitat Valenciana, en su mayor parte como prórrogas de medidas anteriores en vigor.

Además de las plazas judiciales número 6, 5 y 25 de las secciones civiles de los Tribunales de Instancia de Castellón, Alicante y Valencia, respectivamente, que tramitan las demandas por cláusulas hipotecarias abusivas, se han visto afectados también los Tribunales de Instancia de Benidorm y Quart de Poblet y las Audiencias Provinciales de Valencia y Alicante.

La Sala de Gobierno del TSJCV ha trasladado al CGPJ en su acuerdo de este miércoles su «preocupación» por esta situación, así como «por la forma y momento en que se ha producido» y ha destacado las «negativas consecuencias» que tendrá la denegación de estos refuerzos tanto para los órganos afectados, sobre todo los que se ocupan de las condiciones generales de la contratación, como para «el servicio público que se presta a los ciudadanos».

Los juzgados de la Comunitat reciben en 2025 un 5,1% menos asuntos que el año anterior y resuelven un 1,5% más

 VALENCIA.- Los órganos judiciales de la Comunitat recibieron durante 2025 un 5,1% menos de asuntos al haberse registrado un total de 789.466. La capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos, 771.851, experimentó un incremento interanual del 1,5%. Los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre, 480.974, aumentaron un 5,6%.

Los datos de la actividad de los juzgados y tribunales valencianos durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestra cómo el número de nuevos asuntos se redujo en 2025 en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Contencioso-Administrativo.

En el orden Civil, los órganos judiciales de la Comunitat registraron 354.632 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 8,4% respecto al año anterior. En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 7,1% respecto al año anterior, con un total de 359.175 asuntos resueltos. Por último, la pendencia se mantuvo estable al quedar en trámite 268.357 asuntos, un 0,1% menos que en 2024.

Con un incremento interanual del 13%, la jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la única en la que el número de nuevos asuntos, 16.723, superó al de 2024. Los resueltos durante el pasado ejercicio sumaron 16.584, un 3,5 más que el año anterior, mientras que los que quedaron en trámite, 12.039, experimentaron un crecimiento del 4%.

En la jurisdicción Penal, la entrada de 367.017 nuevos asuntos supuso un descenso del 2,4%. También disminuyeron, en este caso un 4,1%, los asuntos resueltos, que sumaron 351.995. En este orden jurisdiccional la pendencia se redujo, siendo los 140.030 asuntos que quedaron en trámite un 15,3% más que en el ejercicio anterior.

El ingreso de 51.094 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un decremento del 5,1% respecto a 2024. El número de asuntos resueltos subió un 5,1% respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 44.097, mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 60.548, un 12,5 % más.

Los órganos judiciales de la provincia de Valencia registraron 396.347 asuntos durante el año 2025, lo que significa un descenso del 5,6% respecto del año anterior. En esta provincia, la capacidad de resolución se incrementó un 0,5% respecto al año anterior, con un total de 385.410 asuntos resueltos. Por último, el número de asuntos en trámite en la provincia de Valencia fue de 226.869 asuntos, un 6,9% más que en 2024.

En la provincia de Alicante ingresaron 279.459 asuntos durante el año 2025, esto es, un 5,2% menos que el año anterior. Los asuntos resueltos aumentaron en este caso un 4% con 279.672 y 178.235 quedaron pendientes al final del año, un 1,6% más.

Los juzgados y tribunales de la provincia de Castellón recibieron 81.393 asuntos en el periodo analizado, un 4,9% menos que en 2024. Los asuntos resueltos crecieron un 2,1% con 77.284 mientras que a final de año quedaron pendientes 63.130, esto es un 10% más que en 2024.

En general, la tasa de litigiosidad Comunitat, esto es, el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, en 2025 fue de 145,52, lo que sitúa a la valenciana por debajo de la media nacional que en el periodo analizado fue de 153,7.

Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

Perelló avisa de que la selección de jueces para integrar en la carrera judicial corresponde "en exclusiva" al CGPJ

 ALICANTE.- La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha avisado este miércoles de que "el proceso de selección de jueces y magistrados" para integrarlos en la carrera judicial corresponde "en exclusiva" al CGPJ, "que velará por la estricta observancia de los principios de mérito y capacidad y por su adecuada formación técnica".

Así lo ha manifestado este miércoles en Alicante, en alusión al anuncio del Ministerio de Justicia de la creación de nuevas plazas para este 2025, para el que, según ha remarcado, no se ha concretado un calendario. También ha señalado que el "déficit de planta" es una "realidad sostenida que supone un gran problema".

Perelló ha participado en la inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados y Jueces Decanos de España, donde ha estado acompañada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel José Baeza, y el magistrado-juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, entre otras autoridades judiciales.

Durante su intervención, también ha reivindicado que los cambios que genera la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, vayan acompañados de incrementos de personal y presupuesto.

Sobre esta norma, que implica la modificación de la estructura judicial y, entre otras cosas, la atribución de nuevas funciones a las presidencias de los tribunales de instancia, que asumirán los jueces decanos, ha señalado que el CGPJ sigue "muy de cerca" las modificaciones que supone.

Perelló ha remarcado que los jueces decanos ejercen "una función central en la estructura organizativa de estos nuevos tribunales de instancia, lo cual, como es lógico, genera preocupación si no hay medios para ello", y ha recordado que el CGPJ ha reiterado "cada vez que ha tenido ocasión que todos los cambios que genera esta ley deben ir acompañados de incrementos de personal y de presupuesto".

Igualmente, ha aseverado que el órgano de gobierno de los jueces es consciente "de las inquietudes sobre diversas materias que en la actualidad atañen de plano a la justicia", que son "en gran parte" compartidas por el CGPJ, "como ha quedado reflejado en los informes que este órgano ha elaborado sobre determinados proyectos normativos sometidos a su consideración".

En referencia al contenido de esos proyectos, ha señalado que el legislador "tiene como límite el respeto a la Constitución y no puede desviarse de la configuración del poder judicial como un poder rodeado de las garantías que lo hacen digno de ese nombre ni tampoco puede el legislador degradar el estatuto de los jueces ni afectar negativamente aspectos que atañen a principios sustanciales o nucleares como son la independencia, el mérito y la capacidad".

"No os quepa duda de que estaremos atentos a la evolución que se vaya produciendo y, en su caso, a cualquier cuestión que pudiera suponer el más mínimo atisbo de merma en vuestra independencia o que pueda afectar a vuestras condiciones de trabajo", ha agregado.

De otro lado, José María Páez, vocal del CGPJ, ha afirmado que le hubiera gustado que la Ley de Eficiencia de la Justicia, que supone un "vuelco muy importante", hubiera estado "dentro de un pacto de Estado" porque "era muy importante una sintonía global" para recoger "aportaciones de todos".

"También tenemos que ser críticos y señalar aquellas cuestiones que creemos que son manifiestamente mejorables", ha aseverado Páez sobre esta norma, que, según sus palabras, conlleva un "cambio absoluto". 

"Vamos a estar muy vigilantes", ha enfatizado.

En la misma línea, Lucía Avilés, vocal del CGPJ, ha reivindicado el papel de "liderazgo" del órgano judicial del que forma parte para "dar una respuesta y bases" para "servir de apoyo" ante las "muchas certezas e incertidumbres" que surgen en cuanto al desarrollo de la Ley de Eficiencia.

Así, ha abogado por sacar "conclusiones claves" de este encuentro que se desarrolla en Alicante y por llevar a cabo un "liderazgo conjunto y colaborativo, que también está en el espíritu de la ley", para "intentar construir entre todos un servicio público de calidad que pueda ser una auténtica garantía de derechos para la ciudadanía".

Por su parte, Baeza ha remarcado durante su intervención que este encuentro de decanos "se consolida como un espacio indispensable para reflexionar, compartir experiencias y avanzar en la mejora de la justicia".

Además, ha asegurado que estos son "el pilar que garantiza no solo el buen funcionamiento de la oficina judicial, sino también la eficiencia que la ciudadanía exige", en el marco de una labor que "a menudo es silenciosa" pero "es esencial para mantener la cohesión y calidad del sistema de justicia".

El presidente del TSJCV confía en que estas jornadas de "diálogo y trabajo conjunto" sirvan para "extraer conclusiones prácticas que fortalezcan" la labor judicial y "sean una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos con una justicia cercana, moderna y al servicio de la ciudadanía".

Asimismo, el magistrado-juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, quien ha introducido la jornada y ha dado la bienvenida a los asistentes, también ha asegurado que en el ámbito judicial hay "preocupación por distintas cuestiones" en este contexto.

Al acto también ha asistido la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, quien ha reclamado, en un comunicado, que los principios constitucionales como la igualdad, mérito y capacidad "se mantengan como requisitos de acceso a la carrera judicial y fiscal".

De esta forma, Martínez ha respaldado la jornada de paro convocada por las asociaciones de jueces y fiscales para mostrar su "rechazo" a dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo central.

Según la consellera, esta acción sirve para "mostrar la disconformidad respecto al proyecto de Ley Orgánica por la que el Gobierno pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, por considerar que pone en riesgo la independencia judicial, y, por otro, para rechazar el proyecto de ley que pretende reformar la Fiscalía con el objetivo de que las investigaciones penales pasen a manos de los fiscales".

"El Gobierno de Sánchez quiere vender un supuesto fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, pero estas reformas ponen en riesgo la independencia judicial", ha apuntado, para luego incidir en que "estas reformas no solo rompen con la división de poderes y la independencia del poder judicial, sino que permiten la politización y la intervención" por parte de la administración central.

Según Martínez, el Ejecutivo central "ya se ha manifestado inclinado a restar, en los procesos penales, la competencia de investigación a los jueces para atribuírsela a los fiscales, cuando estos se encuentran sometidos a la dependencia jerárquica de un Fiscal General del Estado nombrado a propuesta del Gobierno".

La Generalitat reclama a Bolaños 40 nuevas plazas judiciales para garantizar la "correcta prestación del servicio"

 VALENCIA.- La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha remitido un escrito al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños, en el que le reclama "los medios precisos para garantizar la correcta prestación del servicio público de Justicia y poder contar con una administración de Justicia adecuada a la realidad y necesidades de los valencianos".

En concreto, la consellera le ha solicitado la creación de 40 plazas de jueces y magistrados y 30 de letrados de la Administración de Justicia, en este caso a la vista de las necesidades derivadas de la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025.

"Se trata de una propuesta que ofrece una solución equilibrada, sostenible y ajustada a los parámetros de racionalidad organizativa, así como permitirán cubrir las nuevas funciones de dirección de servicios comunes en los tribunales de instancia, fortalecer las estructuras de tramitación y garantizar la continuidad del servicio público de Justicia", remarca la consellera Martínez, según informa el departamento que dirige en un comunicado.

Estas necesidades están consensuadas en el marco de la Comisión Mixta de coordinación de Administración Autonómica y la Sala de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el Consejo General del Poder Judicial, y a las que se han sumado otras necesidades identificadas por la propia Conselleria de Justicia y Administración Pública.

"Realizamos un diagnóstico con informes del Consejo General del Poder Judicial, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, que muestran cargas de trabajo superiores al 200%, que incluso llegan al 300 % en algunos casos de unidades judiciales en la Comunitat. Esto es absolutamente inaceptable", afirma la titular de Justicia.

Además, Martínez asegura que en la reunión que mantuvo en febrero con el ministro Bolaños tuvo oportunidad de trasladarle esta "injusticia".

 "Y por ello --precisa-- le envío esta carta para que tome nota de nuestra reivindicación y nos dote de las plazas judiciales necesarias, así como de la necesidad de trabajar de forma coordinada para acometer esta problemática".

Tal y como se recoge en los informes del TSJCV se solicitan 20 plazas para Juzgados de Primera Instancia (8 para Valencia, 7 para Alicante, 3 para Castellón y 2 para Elche); 6 plazas para Juzgados de lo Social (4 para Valencia y 2 para Alicante); 9 plazas para Juzgados Mixto que superan el 150 % de carga de trabajo, esto es: Quart de Poblet, Requena, Elda, Llíria, Picassent, Paterna, Alzira, Sant Vicent del Raspeig y Catarroja, enumeran desde la administración autonómica.

Adicionalmente, la Conselleria ha detectado la necesidad de 5 plazas judiciales adicionales no contempladas a las concretadas por el TSJCV, cuya creación se considera esencial para garantizar la correcta prestación del servicio público de Justicia.

Se trata, entre otras, de una nueva plaza judicial en el partido judicial de Segorbe, cuyo juzgado mixto soporta una carga del 201 %, y que sería necesaria por tanto para paliar la sobrecarga que sufre ante el alto nivel de litigiosidad que presenta.

Además, se reclama la creación de dos nuevas plazas judiciales especializadas en violencia sobre la mujer: una en el partido judicial de Xàtiva y otra en Novelda.

En el caso de Xàtiva, sus juzgados mixtos soportan una carga de 173 %, al margen de la situación de agravio que se produce para las mujeres que son víctimas de violencia de género, como consecuencia de la comarcalización que se llevó a cabo en el año 2022. 

"Una reforma que supuso la desprotección y desatención de las víctimas, presentando más dificultades y obstáculos en la consecución de justicia y fomentando la revictimización de las víctimas y la extracción de su entorno", ha manifestado Nuria Martínez.

De igual manera, desde la Conselleria se solicita que las plazas judiciales de Castellón y Benidorm que el Gobierno pretende reconvertir en plazas de violencia sobre la mujer para hacer frente a la sobrecarga de trabajo derivada de la implantación de la LO 1/2025 en estos juzgados sean en su totalidad de nueva creación y no de transformación, para no "sobrecargar juzgados que ya cuentan con una carga de trabajo considerable".

El Gobierno aprueba la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años

 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2025/130525-rueda-de-prensa-ministros.aspx?gfe=es20250513

Justicia realiza el pago de 10,2 millones de euros del primer bimestre de 2025 del Turno de Oficio en la Comunitat

 VALENCIA.- La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha realizado la transferencia del pago del primer bimestre de 2025, de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y del Consejo Valenciano del Colegios de Procuradores, por un importe de 10.224.918,12 euros.

En concreto, las actuaciones abonadas por el Turno de Oficio al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía ascienden a 8.977.713,71 euros y el importe destinado al Consejo Valenciano de Procuradores a 1.244.135,50 euros. 

Por otro lado, las inversiones realizadas por la Procura y la Abogacía ascienden a 2.329,79 y 739,12 euros, respectivamente, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Los honorarios por los trabajos en el Turno de Oficio se abonan, según la normativa, cada dos meses, conforme los colegios de la Abogacía y de la Procura certifican los servicios prestados a la Generalitat. De esta forma, el actual pago de los servicios corresponde a los meses de enero y febrero de 2025.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado que el Turno de Oficio "no es un simple trámite administrativo".

 "Es una garantía de que nadie se quede excluido del sistema judicial por falta de recursos. Es justicia con mayúsculas, hecha desde la vocación y el compromiso diario de cientos de profesionales", ha sostenido.

"Este pago cumple con los compromisos del Consell de dignificar la compensación económica de abogados y procuradores, garantizando el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía", ha remarcado la consellera.

Asimismo, ha subrayado que la justicia gratuita "es el salvavidas de muchas personas en situaciones especialmente vulnerables".

 "Como institución, tenemos la obligación de que ese salvavidas funcione con eficacia y respeto hacia quienes lo sostienen día a día", ha concluido.

UGT y CSIF critican la "irrisoria" subida salarial anunciada por Mazón en Justicia y recalcan que abandonaron la Mesa

VALENCIA.- Los sindicatos UGT y CSIF han criticado la "irrisoria" e "indignante" subida salarial para los funcionarios de la administración de Justicia anunciada este lunes por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y han recalcado que las centrales sindicales abandonaron la Mesa Sectorial al no estar de acuerdo con la propuesta.

El sector de Justicia de UGT Serveis Públics del País Valencià ha calificado en un comunicado de "irrisoria" la subida salarial y ha trasladado a Mazón que este personal "sigue en el furgón de cola de España en cuanto a percepción del complemento autonómico, por lo que los salarios son los más bajos del territorio español".

En esta línea, CSIF ha expresado su "desacuerdo" ante una oferta que "no está a la altura del sector ni de la media salarial a nivel nacional" ya que "apenas alcanza los 65 euros" y mantiene a los funcionarios de la Comunitat Valenciana "muy por debajo de la media nacional, lo que genera una clara desigualdad retributiva", ha señalado en un comunicado.

Mazón anunció este lunes que el Ejecutivo valenciano destinará cinco millones de euros en 2025 para "mejorar" la retribución de los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana y aumentar el complemento autonómico transitorio (CAT) de los trabajadores de la Administración de Justicia, un incremento que "beneficiará a los 5.774 empleados públicos de Justicia en 2025", según señalaba.

Sin embargo, UGT Serveis Públics ha expresado su "perplejidad" por la manera en la que la Generalitat "ha 'vendido' un supuesto acuerdo de Mesa sectorial que en realidad no fue tal, ya que los sindicatos presentes se levantaron en bloque de la reunión ante la falta de voluntad negociadora de la Conselleria de Justicia".

Según la propuesta, las subidas mensuales quedan así: el personal de Gestión Procesal administrativa cobrará 65.38 euros más; TPA/Ayudantes de Laboratorio, 62,11; Auxilio Judicial, 58,84 y Personal Médico Forenses/Facultativo, 65,38.

"Estas cantidades se quedan muy por debajo de las expectativas creadas a raíz del de los acuerdos alcanzados el diciembre de 2023 para impulsar la dignificación del trabajo de médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares judiciales en 2025", denuncia UGT, que añade que la comparativa con otras comunidades, que a lo largo de los últimos años han llegado acuerdos para mejorar sus complementos retributivos, "deja en muy mal lugar al Gobierno valenciano que, a pesar de la palabrería, no parece tener interés en mejorar sus órganos judidiciales".

En esta línea, ha añadido que Mazón dijo que la última vez que los funcionarios y funcionarias de Justicia vieron incrementado el concepto retributivo fue en 2016, "una afirmación incorrecta ya que, aunque las cantidades no han sido para lanzar campanadas al vuelo, desde el 1 de enero de 2022, se vienen aplicando sucesivos incrementos del CE/CAT de los puestos de trabajo del personal funcionario de Justicia de la Comunitat Valenciana", fruto del Acuerdo de la Mesa General de Negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat de 29 de julio de 2021, durante la etapa de Gobierno del Botànic.

Entre los compromisos incluidos en ese acuerdo se establecía la creación de un programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, y se consignaba en los presupuestos para los años 2022, 2023 y 2024, una dotación con esta finalidad y "racionalizar" los "desfases" en las clasificaciones y tablas retributivas sobre los complementos específicos del personal.

Por su parte, CSIF ha incidido en la idea de que la subida "mantiene a los funcionarios de la Comunitat Valenciana muy por debajo de la media nacional, lo que genera una clara desigualdad retributiva".

 "Seguimos estando a la cola retributiva de todo el país. De hecho, a pesar de la oferta del día de ayer, seguimos a 200 euros por debajo de la media nacional", ha detallado.

El sindicato ha denunciado "la falta de voluntad política para abordar esta situación" y que "no existe un compromiso de mejora a largo plazo". 

"Es inaceptable que, mientras el resto de comunidades autónomas firman acuerdos trianuales con subidas salariales más altas y sin presupuesto, nosotros sigamos esperando una oferta retributiva que cumpla con el acuerdo de legislatura que se firmó en diciembre de 2023", ha cuestionado.

CSIF ha abundado en la situación de los funcionarios, que están "sobrecargados, quemados y sin incentivos para afrontar el sobreesfuerzo que supone el suplir las carencias de la nueva aplicación de gestión procesal justa, unido a la adaptación al nuevo modelo organizativo que se pretende implantar en este 2025 con los tribunales de instancia".

El sindicato ha advertido que no parará "hasta que no haya una propuesta seria que nos equipare a la media" y ha exigido "un calendario de pagos y un plan de incremento del complemento específico acorde con las funciones que realizamos".

El PP local insta al Gobierno a crear siete nuevos juzgados en Alicante

 ALICANTE.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), ha elevado a debate en el pleno ordinario de enero, este jueves, una declaración institucional en la que insta al Gobierno de España a crear "siete nuevos juzgados en la ciudad de Alicante para fortalecer la administración de Justicia". 

"La capital de la provincia cuenta en la actualidad con una planta de 87 juzgados, el 44% de toda la provincia, siendo una de las principales ciudades en volumen de trabajo y donde existen jurisdicciones como la Social, donde se sigue trabajando con el mismo número de juzgados que hace 37 años", según informan fuentes del grupo municipal, a través de un comunicado.

La declaración institucional insta al Gobierno de España y al Ministerio de Justicia a crear tres nuevos juzgados de Primera Instancia, dos de lo Social, un cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer y un segundo Juzgado de Guardia, con carácter urgente.

La portavoz popular, Mari Carmen de España, señala en la declaración que "la ciudad de Alicante se enfrenta a una preocupante saturación en sus órganos judiciales, lo que repercute directamente en la calidad y agilidad de la administración de justicia. Esta situación ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por las peticiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que reflejan un déficit estructural de juzgados en la ciudad".

En el documento se recuerda que, al inicio del curso judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reclamaba la creación de una treintena de nuevas unidades para la provincia de Alicante. 

"Algunos de ellos se necesitan con urgencia, ante la saturación de la Justicia. A mediados de año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe donde se reclamaba la creación prioritaria de siete juzgados, encontrándose esos siete dentro de la necesidad de más juzgados reclamados por la demarcación judicial alicantina", añade la iniciativa política.

El documento explica que, en primer lugar, se precisan nuevos juzgados de Primera Instancia. 

"El volumen de entrada de asuntos en los juzgados de Primera Instancia de Alicante ha crecido un 20 % desde 2015, alcanzando niveles alarmantes que superan en un 237 % los límites establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 La creación de tres nuevos juzgados de Primera Instancia es imprescindible para garantizar la celeridad en la resolución de litigios civiles, como reclamaciones de deudas e impagos, entre otras muchas materias, puesto que, de conformidad con el art. 85.1 de la LOPJ, cuando un asunto no tenga determinado un Juzgado en concreto por razón de materia, éste deberá resolverse por los Juzgados de Primera Instancia", detalla el texto de la declaración.

En segundo lugar, se apunta también que son de imperiosa necesidad dos nuevos juzgados de lo Social.

 "En la jurisdicción social, encargada de resolver pleitos laborales y reclamaciones de prestaciones, los retrasos actuales alcanzan los dos años y medio. Es preciso recalcar la necesidad de esta tipología de Juzgados, puesto que, como ya se ha puesto de manifiesto, la reclamación por parte de un trabajador de que su despido ha sido improcedente o nulo, podría no verse resuelta hasta dos años después de la notificación de su carta de despido. 

Esta demora es inaceptable, puesto que pone en peligro la tutela de derechos laborales y sociales fundamentales. La creación de dos nuevos juzgados de lo Social en Alicante contribuirá a reducir estos tiempos, reduciendo asimismo el perjuicio que supone para un trabajador la espera para dilucidar si su despido ha sido ajustado a Derecho o no", concreta el texto.

Y, en tercer lugar, continúa el documento, "resulta imprescindible un cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer".

 "Huelga decir que la lucha contra la violencia de género exige recursos judiciales especializados que en muchos casos precisan de urgencia. La posibilidad de que un Juzgado pueda adoptar medidas cautelares a tiempo en esta materia, podría salvar vidas.

 Por ello, la creación de un cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer permitirá instaurar un sistema de guardias de 24 horas en la ciudad, aspecto que incidiría de forma crucial en la protección de las víctimas", añade.

Por último, se reclama un segundo Juzgado de Guardia. 

 "La alta incidencia de detenciones en Alicante, con una media de 20 detenidos diarios, pone de manifiesto la necesidad de un segundo juzgado de guardia. Este nuevo órgano aliviará la carga de trabajo de los actuales juzgados de instrucción, que llevan más de veinte años sin incrementarse, y mejorará la capacidad de respuesta ante los procedimientos penales en curso", recalca el texto.

De España señala, finalmente, que "la creación de estos nuevos órganos judiciales no solo aliviará la saturación existente, sino que reforzará el acceso a la justicia, promoverá la seguridad jurídica y garantizará una protección más efectiva de los derechos fundamentales de los alicantinos".

Prorrogan un año el servicio de grabación de vistas en procedimientos judiciales

VALENCIA.- La Conselleria de Justicia prorrogará un año, hasta el 30 de enero de 2026, los servicios del sistema de grabación de vistas y servicio de control de la Administración de Justicia instalado en 470 salas.

A esta prórroga destinará 1,2 millones de euros para garantizar grabaciones audiovisuales de calidad, la seguridad de la información y de los archivos audiovisuales, y que el acceso a las mismas resulte rápido, sencillo y productivo por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados, jueces y magistrados, y fiscales, incluidas las presidencias de las Audiencias Provinciales, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según informa la Conselleria, con el sistema de grabación de vistas también se permite el acceso seguro y descarga de los archivos audiovisuales a los distintos intervinientes en los procedimientos judiciales desde el Portal de descarga de Vistas, accesible desde la Sede Judicial Electrónica.

Este sistema de grabación está instalado en un total de 470 salas, como las salas de vista, salas multiuso, salas de exploración de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF; también llamadas Salas Gesell), salas de autopsias de los IMLCF y la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia para macrojuicios.

Las salas de vistas permiten la grabación de audio y video de las vistas orales que forman parte del procedimiento judicial, dotadas además de videoconferencia que se incorpora a dicha grabación.

Las salas multiusos tienen la misma funcionalidad que las salas de vista, a excepción de que en la mayoría de los casos no disponen de equipamiento para realizar videoconferencias, y suelen ser de un tamaño menor que las salas de vistas.

Las salas de exploración de los IMLCF (Salas Gesell) se utilizan para la grabación de exploraciones, la mayoría de las veces a menores, donde se intenta disimular los elementos propios de la videoconferencia (micrófonos y cámara) de forma que pasen desapercibidos para los usuarios.

Las salas de autopsias de los IMLCF disponen asimismo de sistemas de grabación similares a los de las salas de vistas o multiusos, teniendo en cuenta el problema de ambiente en el que se instalan, relativos a las medidas higiénicas y de ergonomía propias del trabajo de los forenses. 

La señal proveniente de estas salas se puede enviar a salas de formación desde donde se pueden visualizar las autopsias en el momento en que se realizan.

La Sala Tirant, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, dispone de una equipación distinta a una sala de vistas convencional adaptada a macrojuicios.

Justicia digitaliza más del 50% de los tomos de Juzgados de Paz y Registros Civiles de la Comunitat Valenciana

 VALENCIA.- La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha digitalizado un total de 7.142 tomos documentales de los Juzgados de Paz y Registros Civiles de la Comunitat Valenciana. 

Esto significa que se ha ejecutado un 55 por ciento de la digitalización de los 13.000 libros de los Registros Civiles de la Comunitat Valenciana previstos, tanto los ubicados en las cabezas de partido judicial como en los Juzgados de Paz, que ya han sido digitalizados y subidos al sistema general de consulta de información INFOREG.

La estimación de finalización completa del proyecto se sitúa ahora en junio de 2025, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado que la digitalización "es la base de la modernización y de la mejor prestación de los servicios públicos y, en este caso, el objetivo es la implantación del nuevo modelo de Registro Civil en los próximos años, incorporando los avances tecnológicos, y con el que se pasa de documentos de papel a documentos electrónicos, con el fin de que sea más ágil y cercano a los ciudadanos".

En este nuevo modelo de Registro Civil, partiendo de una situación en la que los documentos físicos son los que tienen valor y se encuentran dispersos en las distintas oficinas que los custodian, se pone en marcha una plataforma digital, denominada DICIREG.

Sobre esta plataforma se tramitarán los expedientes por medios electrónicos, se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilitará el acceso telemático mediante identificación electrónica a la ciudadanía.

La información que se digitaliza corresponde a las cuatro secciones en las que se divide cada Registro Civil, es decir, nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas y representaciones legales. El proceso de volcado de datos se hará en orden cronológico inverso, es decir, desde los más nuevos a los más antiguos. Con este proceso se podría alcanzar a digitalizar hasta la década de 1960.

La iniciativa se enmarca en los proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Next Generation EU, y tiene por objeto la prestación del servicio de Generación de Estructuras de datos e imágenes de Libros de Registros Civiles en la Comunitat Valenciana.

La AJFV pide al CGPJ y a Justicia revisar el protocolo judicial ante grandes catástrofes

 MADRID.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia una "revisión y actualización" del protocolo judicial ante grandes catástrofes como la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana y que data de 2011.

A través de una nota de prensa, recogida, la asociación ha explicado que cerca de 250 jueces que se han reunido en Benidorm para la XXXVIII Asamblea General de la AJFV han instado a revisar "la actuación concreta en el caso de Valencia" y a analizar motivo por el que no se constituyó desde el primer momento la Comisión Judicial de Crisis.

Los magistrados han debatido en una mesa redonda la respuesta judicial y forense ante grandes catástrofes, analizando en concreto la respuesta judicial ante la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre.

La mesa redonda ha contado con la participación de José Manuel Muñoz-Quirós, médico forense y responsable de grandes catástrofes de Alicante; Pablo Ignacio Luján, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Massamagrell y portavoz de AJFV en la Comunidad Valenciana; así como con las aportaciones de Antonio Téllez Plaza, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Picassent; y José Luis Rubido de la Torre, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia.

EL CGPJ ratifica la propuesta de suspensión de plazos del TSJCV en Valencia del 4 al 10 de noviembre

  MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida este domingo en sesión extraordinaria, ha ratificado la propuesta de suspensión de plazos para la provincia de Valencia entre los días 4 y 10 de noviembre, realizada este domingo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La propuesta, hecha este domingo por la Sala de Gobierno del TSJCV a la vista de las consecuencias de la DANA, señala que todas las notificaciones y comunicaciones remitidas por los órganos judiciales durante los días 4 a 10 de noviembre, a través del servicio LEXNET, deberán entenderse notificadas con fecha del lunes 11 de noviembre.

En cuanto al cómputo de los plazos procesales, apunta que quedarán excluidos los días 4 a 10 de noviembre, "sin perjuicio de que si la fuerza mayor persiste más allá del día 10 de noviembre se adoptarán los acuerdos necesarios que exijan las concretas circunstancias".

También se ha aprobado la suspensión de la actividad judicial ordinaria, durante los días 4 a 10 de noviembre, en los partidos judiciales de Catarroja, por imposibilidad material de actuación física en el mismo --las funciones de guardia se realizarán en la Ciudad de la Justicia de Valencia--, Requena y Torrent, "dada la situación calamitosa en que se encuentran estas poblaciones y las del partido judicial que impide el normal desplazamiento y operatividad de la mayoría de los funcionarios y población afectada".

El Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, junto al Consejo Valenciano de Procuradores y el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, había solicitado a la Sala de Gobierno del TSJCV la suspensión de señalamientos, vistas y plazos procesales durante la semana del 4 al 10 de noviembre en la provincia de Valencia.

La razón que han argumentado el CVCA y los consejos de procuradores y graduados sociales es "la persistencia de las consecuencias de la tragedia" que ha vivido la provincia de Valencia, "que sigue imposibilitando o dificultando los desplazamientos para centenares de miles de personas, así como las conexiones telemáticas o cuestiones tan básicas como tener luz o garantías de salubridad en los territorios afectados, habiendo todavía miles de profesionales que carecen de la posibilidad de desplazarse, preparar o gestionar los asuntos encomendados".

También han expuesto que esta problemática, además, "se extiende a las partes, los testigos o los peritos que tengan que intervenir en la Administración de Justicia". Por ello, habían solicitado "que se lleven a cabo los trámites necesarios para que se decrete la suspensión de los señalamientos, vistas y plazos procesales durante la semana del 4 al 10 de noviembre de 2024 en los procedimientos que se tramiten en las sedes judiciales de la provincia de Valencia".

Aumenta un 9,5% el número de asuntos recibidos en los órganos judiciales de la Comunitat en un año

 VALENCIA.- El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fue de 219.385, lo que supone un aumento del 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 200.392, según se desprende del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2024' que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este lunes.

La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en la de lo Contencioso-Administrativo. El mayor incremento en el número de procedimientos registrados se dio en la jurisdicción Social, con un 21,9%, al situarse en 14.448, frente a los 11.849 de un año antes.

En la jurisdicción Civil tuvieron entrada 102.373 nuevos asuntos, por los 92.225 del periodo abril-junio de 2023, lo que representa un aumento del 11%. Por su parte, los 98.776 casos en el orden Penal significaron un crecimiento interanual del 7,4%, ya que un año antes fueron 91.995. Finalmente, en lo Contencioso-Administrativo se registraron 3.788 nuevos asuntos, un 12,4% menos que los 4.323 de 2023.

Por otro lado, los órganos judiciales de la autonomía resolvieron entre abril y junio de este año 204.726 asuntos, es decir, un 9,6% más que en el mismo trimestre del pasado año. A pesar de ese incremento, quedaron en trámite al final del periodo 417.001 asuntos, un 16,2% más.

Con estas cifras, la tasa de resolución --cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo-- mejoró un 0,1%, mientras que las tasas de pendencia --cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo-- y congestión --cociente entre la suma de asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en relación a los resueltos-- aumentaron un 6% y un 3,9%, respectivamente.

En la jurisdicción Civil el número de asuntos resueltos durante el trimestre fue 89.953, un 10,6% más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo 245.591, un 22% más.

En la Penal, la cifra de asuntos resueltos se situó en 98.113, con un incremento interanual del 8,7%, y los pendientes de resolución al acabar los tres meses en 111.840, lo que implica un aumento del 4,2%. Por su parte, en la jurisdicción Contencioso-Administrativo se resolvieron 4.419 asuntos, un 5,9% menos que en el segundo trimestre de 2022, y quedaron en trámite 11.507, un 13,4% menos, mientras que en el orden Social se resolvieron 12.241, un 16% más que el año anterior, y quedaron en trámite 48.063, un 29,9% más.

Entre abril y junio de este año los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana dictaron 51.340 sentencias, con un aumento interanual del 15,7%, 100.511 autos, un 6,1% más que un año antes, y 46.010 decretos.

De este modo, las tasas de pendencia y congestión aumentaron en Civil, un 10,3% y un 7,6%, respectivamente, y en Social, con un 12,% y un 8,9%, en este segundo trimestre de 2024, en tanto que disminuyeron en el orden Penal, un 4,1% y un 2,6%, y en lo Contencioso-Administrativo, con descensos respectivos del 7,9% y del 5,7%.

En la provincia de Alicante los órganos judiciales registraron entre abril y junio de este año un total de 77.186 nuevos asuntos --38.874 en Civil, 32.699 en Penal, 812 en lo Contencioso-Administrativo y 4.801 en lo Social--, lo que implica un incremento interanual del 10,2%. En ese periodo se resolvieron 71.525 asuntos, un 10,6% más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo un total de 159.372 procedimientos y causas, un 15,7% más.

En la provincia de Castellón, la cifra total de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año llegó a 20.736 --10.067 en Civil, 9.040 en Penal, 286 en Contencioso-Administrativo y 1.343 en Social--, con un aumento del 0,6% respecto al segundo trimestre de 2023. Los juzgados castellonenses resolvieron en el periodo analizado 19.449 asuntos, un 1,5% más que el año anterior, y dejaron en trámite al final del trimestre 53.411, un 18,7% más.

Por último, en la provincia de Valencia tuvieron entrada 112.570 nuevos asuntos --53.416 de la jurisdicción Civil, 50.579 de la Penal, 1.341 de la Contenciosa y 7.234 de la Social--, lo que implica un crecimiento del 11,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los asuntos resueltos entre abril y junio de 2024 fueron 104.859, un 12,2% más, mientras que los asuntos en trámite al final del trimestre llegaron a los 192.844, un 17,9% más que un año antes. 

La magistrada progresista Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo

 

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En la Comunidad Valenciana se necesita un centenar de juzgados más, la mayoría de Instrucción

 VALENCIA.- La Justicia en la Comunitat presenta en la actualidad algunas carencias en medios personales y materiales y desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a través de su memoria de 2023, se han reclamado un total de 95 juzgados más a lo largo de todo el territorio, la mayoría de ellos de Primera Instancia.

En concreto, según se desprende la memoria, harían falta 20 nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en toda la Comunitat --14 de ellos repartidos por la provincia de Valencia--; otros 48 de Primera Instancia --la mayoría, 31, para la provincia de Valencia--; cinco más de Instrucción; cuatro Penales; uno de Menores; ocho nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer; seis de lo Social; un Mercantil; uno Contencioso-Administrativo; y otro más de Vigilancia Penitenciaria.

Respecto a los Juzgados de Primera Instancia, se reclaman, en concreto, 10 Juzgados en Alicante en los próximos 10 años --con urgencia, al menos tres--; el Juzgado Juzgado de Primera Instancia número 6 de Benidorm; el número 7 de Denia; el número 9, 10 y 11 de Elche; y el número 7 de Orihuela.

Para Castellón se solicita el Juzgado de Primera Instancia número 11; mientras que, para la provincia de Valencia, se reclaman 28 Juzgados de Primera Instancia no especializados y uno de especial ayuda a la discapacidad; así como el Juzgado 7 de Gandia; y el 7 de Torrent.

Respecto a Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en la memoria se reclaman tres para Alicante --el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Alcoy comarcalizado que aglutine Ibi, Alcoy y Villena; el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Villena; y el número 4 de Alicante.

En Castellón se solicita el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Vila-real; mientras que en Valencia se piden cuatro órganos más --el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Llíria; el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Paterna; el de Requena (transformar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 en Juzgado de Violencia Exclusivo); y el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Xàtiva--.

En cuanto a medios personales, desde el TSJCV se han reclamado siete magistrados más para el tribunal valenciano --dos para la Sala de lo Civil y Penal; cuatro para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y uno para la Sala de lo Social-- y otros 11 magistrados para las tres Audiencias Provinciales de la Comunitat --siete para Valencia, tres para Alicante y uno para Castellón--.

Otro apartado de la memoria se dedica a analizar las "deficiencias" que persisten en "muchas" sedes judiciales de la Comunitat "con edificios poco funcionales, cuando no totalmente obsoletos, del todo inadecuados para ejercer la labor jurisdiccional y prestar un servicio público de calidad para los ciudadanos".

En la actualidad, y desde hace muchos años, conviven en el territorio dos modelos. Uno que incluye inmuebles modernos, luminosos, espaciosos y bien dotados, y otro con instalaciones anticuadas y poco prácticos, "en las que son precisas continuos parches y reparaciones", señalan.

Por ello, en la memoria se deja constancia de que "resulta perentorio" acelerar la construcción y los proyectos en marcha de nuevos palacios judiciales, en la medida en que los plazos administrativos y los rigores presupuestarios lo permitan.

Entre estos proyectos hay dos que, por sus dimensiones y su relevancia, destacan por encima del resto: la rehabilitación integral de la sede histórica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ubicada en la antigua Real Casa de la Aduana de Valencia, y la futura Ciudad de la Justicia de Alicante.

Respecto a la primera, las obras, que cuentan con un presupuesto de 25,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses, arrancaron en octubre de 2022 y avanzan a muy buen ritmo, como se ha podido constatar en diversas visitas.

En cuanto al segundo proyecto, la anhelada Ciudad de la Justicia de Alicante, planeada desde hace ya dos décadas, en enero del pasado año se firmó el acta de replanteo, lo que permitió el inicio de los trabajos, aunque su culminación se antoja aún muy lejana. Se trata de un edificio esencial, que debe dar servicio a más de 400.000 habitantes censados en el partido judicial y que está llamada a acabar con la dispersión actual de sedes, hasta ocho, en la capital alicantina.

"Es precisamente la dispersión de sedes en un mismo partido judicial, que se reproduce en múltiples demarcaciones judiciales de nuestra autonomía, la cuestión más lacerante, ya que no resulta operativa, genera continuos gastos derivados del pago de rentas de alquiler y dificulta la implantación de nuevas formas de organización como la Oficina Judicial o los servicios comunes. Esa dispersión es, en definitiva, altamente perjudicial para todos: usuarios, profesionales y la propia Administración prestacional", alertan.

Las juezas representan el 59,2% de la carrera judicial en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Las mujeres representan el 59,2 por ciento de la carrera judicial en la Comunitat Valenciana, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 57,2%, frente al 40,8% de los hombres, cuya mayor presencia se da en órganos como las Audiencias Provinciales, el Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Mercantil o Registro Civil.

En la Comunitat Valenciana hay un total 564 juezas y jueces (334 y 20, respectivamente), con una edad media de 52,7 años y una antigüedad en la carrera judicial de 21,6. La edad media de las mujeres juezas en la Comunitat Valenciana se sitúa en 51,8 años, con 20,8 años de antigüedad, mientras que los hombres tienen una media de 54,1 y una carrera de unos 22,8 años, según los datos dados a conocer este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.

En el caso de la Comunitat Valenciana, las juezas son mayoría en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (75 por 31 hombres) y en Primera Instancia (62 por 33). Las mujeres magistradas superan en número a los hombres en todos los tramos de edad, con excepción del de 61 a 70 años, donde son 48 mujeres frente a 52 hombres, mientras que de edad superior solo hay un magistrado, que es varón.

El porcentaje con mayor diferencia en la presencia de féminas se da en el primer tramo de la carrera, entre los 25 y 30 años, donde el 66,7% son juezas y el 33,3% jueces.

El fiscal general propone a Felipe Briones para fiscal de Sala del Tribunal Supremo

MADRID.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presidido este jueves la segunda sesión del Pleno del Consejo Fiscal, en la que ha formulado varias propuestas de nombramiento para cargos discrecionales en el ministerio público. Entre ellos, el del fiscal Anticorrupción de Alciante, Felipe Briones, para fiscal de Sala del Supremo.

La Fiscalía General trasladará todas estas propuestas al Ministerio de Justicia que será el encargado de llevarlas al Consejo de Ministros para su formalización.

Una  de las propuestas es la de Felipe Briones para fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Penal). 

Ingresó en la Carrera Fiscal en 1985. Su primer destino fue la Fiscalía de Las Palmas y desde 1986 hasta la actualidad ejerce en la Fiscalía Provincial de Alicante. Es también juez de Primera Instancia e Instrucción desde 1986, actualmente en excedencia.

Briones ha desempeñado las especialidades de coordinador de lo Social, Siniestralidad Laboral, Medio Ambiente, Consumo, Extranjería y Fiscal de Registro Civil. 

Desde 2004 hasta la actualidad es Fiscal Delegado en Alicante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Justicia pone en servicio cinco nuevos juzgados en Castellón, Alicante, Elche y Valencia, con la incorporación de 32 funcionarios

 VALENCIA.- La Conselleria de Justicia e Interior ha puesto en servicio cinco nuevos juzgados en Castellón, Alicante, Elche y Valencia, correspondientes a la programación de 2023 aprobada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 27 de diciembre.

La apertura de estos juzgados ha supuesto una inversión total de más de 1,8 millones y la incorporación de un total de 32 funcionarios de la Administración de Justicia, correspondientes a los cuerpos de cuerpos de tramitadores, gestores y auxilios

Las nuevas unidades judiciales que han entrado en servicio son los Juzgados de lo Penal número 5 de Castellón, el número 11 de Alicante y el número 20 de Valencia, así como el Juzgado de lo Social número 4 de Elche y el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 6 de Valencia, el cual extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de Quart de Poblet y de Mislata.

La Conselleria de Justicia ha invertido 570.988 euros en las infraestructuras y la adecuación de las instalaciones necesarias para la puesta en marcha de estas nuevas unidades, así como en la compra de mobiliario y equipos informáticos. La dotación para el personal que se incorporado para el funcionamiento de estas nuevas unidades judiciales asciende a 1.245.934 euros.

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha destacado que “a pesar de que el Gobierno aprobó el Real Decreto de creación de las nuevas unidades judiciales para 2023 el 27 de diciembre, es decir, cuatro días antes de que finalizara el año, hemos reaccionado con efectividad para ponerlos en marcha en tan sólo un mes de tiempo”.

Según Elisa Núñez, esto demuestra “nuestro compromiso de inicio de Legislatura para descongestionar la carga de trabajo existente y, por tanto, conseguir mayor agilidad y efectividad de la justicia para los ciudadanos”.

 La titular de Justicia ha asegurado que “vamos a continuar dotando de más y mejores medios a la Administración de Justicia para que pueda realizar su trabajo con eficacia y con absoluta independencia”.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Castellón ha supuesto una inversión de 54.925 euros en mobiliario y equipos, y 327.869 euros para personal. Incorpora una plantilla de 9 funcionarios (2 gestores, 6 tramitadores y 1 de auxilio judicial). Además, está previsto en los próximos meses ampliar la plantilla, ya que la Comisión Permanente del CGPJ de 24 de enero acordó atribuir al Juzgado de lo Penal 5 de Castellón el conocimiento de la ejecución de forma exclusiva y excluyente.

En el Juzgado de lo Penal número 11 de Alicante se han invertido 48.347 euros en infraestructuras y 256.825 euros en personal. La plantilla está formada por 2 gestores, 4 tramitadores y 1 auxilio judicial.

En el Juzgado de lo Penal número 20 de Valencia, la inversión ha sido de 50.017 euros en infraestructuras, y 145.618 euros en personal, formado por 1 gestor, 2 tramitadores y 1 auxilio judicial.

El Juzgado de lo Social número 4 de Elche ha supuesto una inversión de 277.108 euros en infraestructuras y de 256.825 en personal. Componen la plantilla 2 gestores, 4 tramitadores y 1 auxilio judicial

La Conselleria ha invertido 140.589 euros en las infraestructuras para el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 6 de Valencia y 258.795 euros en personal. La plantilla está formada por 2 gestores, 4 tramitadores y 1 auxilio judicial.

La Generalitat refuerza los juzgados de Alicante con 36 funcionarios

ALICANTE.- La Conselleria de Justicia e Interior ha nombrado a un total de 36 funcionarios interinos para reforzar el trabajo que realizan los juzgados de la ciudad de Alicante y agilizar los expedientes en tramitación.

Este refuerzo supondrá una inversión de 679.983 euros en los refuerzos para los primeros seis meses de 2024 La consellera de Justica e Interior, Elisa Núñez ha explicado la adopción de esta medida “ante la necesidad de suplir la falta de creación de juzgados por parte del Ministerio de Justicia”.

“Es una demanda histórica de todos los gobiernos de esta Comunitat la creación de más juzgados. En las dos legislaturas anteriores en las que gobernaba el partido socialista tanto en el Ministerio de Justicia de Madrid como en la Comunitat Valenciana no resolvieron este grave problema, en el último año de la legislatura del Botánico solo permitieron que se crearan cinco juzgados en toda la Comunitat, sólo uno de ellos en la ciudad de Alicante”, ha manifestado Elisa Núñez.

La Comunitat Valenciana es la región con la tasa de litigiosidad más alta y la carga del trabajo de los juzgados supera ampliamente los módulos de trabajo recomendados por el Consejo General del Poder Judicial.

En la Audiencia provincial de Alicante se han nombrado cuatro tramitadores, en los Juzgados de Instancia doce funcionarios (de los cuales diez son tramitadores, un gestor y un funcionario del Cuerpo de auxilio). 

En la Fiscalía de Alicante se han nombrado seis funcionarios de refuerzo; en el Instituto de Medicina legal se han nombrado dos forenses y un tramitador; en el servicio común procesal y asuntos generales seis funcionarios y, finalmente, en la Unidad administrativa de Alicante cinco funcionarios interinos de refuerzo.

"Jueces para la Democracia" advierte de que las concentraciones ante juzgados dañan la imagen de neutralidad de la Magistratura

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido este domingo que las concentraciones que se han convocado ante sedes judiciales para protestar contra el acuerdo entre PSOE y Junts “pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”.

En un comunicado, la asociación progresista de jueces se refiere a “las concentraciones que se están convocando ante las sedes judiciales”, como las celebradas el pasado martes en Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca, en las que hubo unos 800 jueces.

“Se trata de actos que, dado el actual contexto, pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”, sostiene Jueces para la Democracia.

Destaca que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial y los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial insisten en que tan importante como el valor mismo de la independencia judicial, es la apariencia de tal y de imparcialidad que la judicatura debe transmitir”.

“Consideramos que las concentraciones que se están realizando pueden dañar esa imagen de neutralidad e imparcialidad, mezclando a la judicatura en un contexto de enfrentamiento partidista en el que no debe participar, razón por las que nuestra asociación no tomará parte en las mismas”, concluye.

Las cuatro asociaciones judiciales con más representación, entre ellas Jueces para la Democracia, publicaron el pasado 9 de noviembre un comunicado conjunto en rechazo a la referencia al lawfare en el pacto entre PSOE y Junts. Si bien, finalmente no se ha incluido una mención a este término en el documento.