VALENCIA.- La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha
remitido un escrito al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones
con las Corts, Félix Bolaños, en el que le reclama "los medios precisos
para garantizar la correcta prestación del servicio público de Justicia y
poder contar con una administración de Justicia adecuada a la realidad y
necesidades de los valencianos".
En concreto, la consellera
le ha solicitado la creación de 40 plazas de jueces y magistrados y 30
de letrados de la Administración de Justicia, en este caso a la vista de
las necesidades derivadas de la implementación de la nueva Ley Orgánica
1/2025.
"Se trata de una propuesta que ofrece una solución
equilibrada, sostenible y ajustada a los parámetros de racionalidad
organizativa, así como permitirán cubrir las nuevas funciones de
dirección de servicios comunes en los tribunales de instancia,
fortalecer las estructuras de tramitación y garantizar la continuidad
del servicio público de Justicia", remarca la consellera Martínez, según
informa el departamento que dirige en un comunicado.
Estas
necesidades están consensuadas en el marco de la Comisión Mixta de
coordinación de Administración Autonómica y la Sala de Gobierno de
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el Consejo
General del Poder Judicial, y a las que se han sumado otras necesidades
identificadas por la propia Conselleria de Justicia y Administración
Pública.
"Realizamos un diagnóstico con informes del Consejo
General del Poder Judicial, en coordinación con el Tribunal Superior de
Justicia, que muestran cargas de trabajo superiores al 200%, que incluso
llegan al 300 % en algunos casos de unidades judiciales en la
Comunitat. Esto es absolutamente inaceptable", afirma la titular de
Justicia.
Además, Martínez asegura que en la reunión que
mantuvo en febrero con el ministro Bolaños tuvo oportunidad de
trasladarle esta "injusticia".
"Y por ello --precisa-- le envío esta
carta para que tome nota de nuestra reivindicación y nos dote de las
plazas judiciales necesarias, así como de la necesidad de trabajar de
forma coordinada para acometer esta problemática".
Tal y como
se recoge en los informes del TSJCV se solicitan 20 plazas para Juzgados
de Primera Instancia (8 para Valencia, 7 para Alicante, 3 para
Castellón y 2 para Elche); 6 plazas para Juzgados de lo Social (4 para
Valencia y 2 para Alicante); 9 plazas para Juzgados Mixto que superan el
150 % de carga de trabajo, esto es: Quart de Poblet, Requena, Elda,
Llíria, Picassent, Paterna, Alzira, Sant Vicent del Raspeig y Catarroja,
enumeran desde la administración autonómica.
Adicionalmente,
la Conselleria ha detectado la necesidad de 5 plazas judiciales
adicionales no contempladas a las concretadas por el TSJCV, cuya
creación se considera esencial para garantizar la correcta prestación
del servicio público de Justicia.
Se trata, entre otras, de
una nueva plaza judicial en el partido judicial de Segorbe, cuyo juzgado
mixto soporta una carga del 201 %, y que sería necesaria por tanto para
paliar la sobrecarga que sufre ante el alto nivel de litigiosidad que
presenta.
Además, se reclama
la creación de dos nuevas plazas judiciales especializadas en violencia
sobre la mujer: una en el partido judicial de Xàtiva y otra en Novelda.
En el caso de Xàtiva, sus juzgados mixtos soportan una carga de 173
%, al margen de la situación de agravio que se produce para las mujeres
que son víctimas de violencia de género, como consecuencia de la
comarcalización que se llevó a cabo en el año 2022.
"Una reforma que
supuso la desprotección y desatención de las víctimas, presentando más
dificultades y obstáculos en la consecución de justicia y fomentando la
revictimización de las víctimas y la extracción de su entorno", ha
manifestado Nuria Martínez.
De igual manera, desde la
Conselleria se solicita que las plazas judiciales de Castellón y
Benidorm que el Gobierno pretende reconvertir en plazas de violencia
sobre la mujer para hacer frente a la sobrecarga de trabajo derivada de
la implantación de la LO 1/2025 en estos juzgados sean en su totalidad
de nueva creación y no de transformación, para no "sobrecargar juzgados
que ya cuentan con una carga de trabajo considerable".
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