Vox plantea al gobierno de Barcala (PP) 23 exigencias para aprobar el plan de ajuste en el pleno

 ALICANTE.- El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha planteado un total de 23 exigencias al gobierno local de Luis Barcala para sumar sus votos a los del PP en el pleno y que, de esta forma, el plan de ajuste o económico-financiero salga adelante.

En concreto, la formación de Santiago Abascal pide al ejecutivo municipal el cese del edil de Hacienda, Toni Gallego; solicitar a la Generalitat, mediante un escrito firmado por el primer edil o con una declaración institucional secundada por PP y Vox, el cierre de los centros de menores no acompañados en la ciudad; eliminar los actos municipales de apoyo al movimiento LGTBI y por el 8 de marzo, Día de la Mujer, y "reformular" los del 25 de noviembre "para la condena de todo tipo de violencia doméstica e intrafamiliar".

En esta "propuesta de negociación" del plan económico-financiero, difundida por el partido que lidera Carmen Robledillo en el consistorio, Vox también pide el "inicio inmediato de los trabajos para el cierre de los patronatos de la vivienda y de escuelas infantiles por incumplir la regla de gasto", además de la "eliminación de los nichos del cementerio específicos para musulmanes, al igual que lo acordado por PP y Vox en Elche".

Asimismo, solicitan que el Ayuntamiento suscriba un convenio con una "entidad especializada" para que gestione la Oficina de Atención a la Maternidad y la "eliminación de todos los fondos concedidos por cualquier vía a los sindicatos UGT y CCOO, así como su participación en los órganos municipales".

Vox también exige a Barcala su "rechazo público" al Pacto Verde Europeo, así como una "revisión inmediata del Plan Municipal de Inclusión 2030, con eliminación de todo contenido ideológico relacionado con la Agenda 2030".

Igualmente, pide modificar la ordenanza de ocupación de vía pública y las zonas acústicamente saturadas (ZAS) "para una aplicación progresiva" y "la revisión de mediciones y actuaciones planteadas", además de una "revisión inmediata de la ampliación anunciada de la zona azul" en Alicante y el "cierre" del Consejo de la Juventud y la "derogación" del Plan de Juventud, entre otras exigencias.

En este contexto, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, ha destacado en un comunicado que el ejecutivo de Barcala "mantiene su mano tendida y total predisposición al diálogo para confeccionar el mejor plan económico y financiero posible" para el Ayuntamiento.

"Seguimos trabajando y lo vamos a continuar haciendo todo el tiempo que haga falta con el objetivo de que los múltiples proyectos en marcha, que son necesarios para la transformación física y urbana de la ciudad, no se vean interrumpidos y Alicante siga avanzando como viene haciendo en los últimos años", ha indicado Cutanda en un comunicado.

La portavoz del ejecutivo local ha recalcado que, "en este proceso de negociación, el principal objetivo del equipo de gobierno es dotar de estabilidad y seguridad a las cuentas municipales para no comprometer la ejecución de ninguna de las actuaciones y proyectos actualmente en curso para la mejora de la ciudad".

"En esta línea, vamos a seguir buscando soluciones en defensa del interés general de los alicantinos y a corregir aquello que pueda modificarse sin generar otros problemas dentro de la elaboración de este plan económico y financiero", ha aseverado.

Por su parte, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha ofrecido a Barcala la abstención de los ediles del PSPV en el pleno "para poder sacar adelante el plan de ajuste". Todo ello, "a cambio de que no ceda ante el chantaje de la ultraderecha" de Vox y "no claudique ante ninguna de las medidas racistas, misóginas y homófobas planteadas" por los de Abascal.

A través de un comunicado, Barceló ha calificado las propuestas de Vox como una "declaración de guerra contra la ciudad de Alicante" y "un chantaje que afecta a la infancia, a la inmigración, a las mujeres, a los jóvenes y al colectivo LGTBI".

"En definitiva, un ataque contra los derechos humanos que es intolerable. Para el grupo socialista no existe ninguna duda entre si se debe claudicar para asumir la ruta ideológica de la ultraderecha o defender los derechos fundamentales", ha indicado.

Y ha enfatizado: "Es evidente que Vox somete a chantaje al gobierno de Barcala, que no ha medido bien las consecuencias de romper ese pacto. Ha sido Barcala quien ha dado alas al discurso de la ultraderecha, pero ahora tiene la oportunidad de frenar este ataque contra los derechos fundamentales y defender la democracia, con la abstención del PSOE a la aprobación del plan de ajuste".

El grupo socialista entiende que "no puede seguir al frente de la Concejalía de Hacienda quien tiene gran parte de la responsabilidad de la actual situación" y también pide al primer edil que cese a Gallego "en todas sus responsabilidades" porque, a su juicio, este concejal es causante de "esta situación tan complicada".

Desde Compromís y EU-Podem no han hecho todavía una valoración concreta sobre estas propuestas de Vox al gobierno del PP.