sábado, 14 de junio de 2025

'Salvem la Vall' denuncia que el PAI de Llíber sigue sin concesión hídrica cuatro años después de su tramitación

 ALICANTE.- La Plataforma Salvem la Vall ha denunciado que "el Ayuntamiento de Llíber  y la constructora VAPF siguen adelante con las obras del PAI de 488 chalets sin tener la concesión hídrica que garantice el suministro, que lleva diez meses paralizada".

Así lo ha revelado Salvem la Vall, que ha destacado que las 800 alegaciones contra la tramitación de la consesión, presentadas en la campaña del pasado mes de agosto, "demuestran las falsedades en la solicitud del consistorio de Llíber y las empresas contratadas por la VAPF para realizar los informes", según ha manifestado la plataforma en un comunicado.

La entidad ha criticado la "manipulación" de las necesidades de agua del PAI, que, a su parecer, se han aprobado "a la baja" en las solicitudes respecto a la documentación oficial tramitada por el Ayuntamiento. 

Por ello, Salvem la Vall ha acusado a la administración local y a la constructora de "seguir con la destrucción de la Muntanya Llarga con la estrategia de hechos consumados", aunque ha señalado que "se mantienen vigentes irregularidades que podrían paralizar el PAI".

La plataforma ha destacado que se prevé, en las próximas semanas, la publicación de la sentencia de la primera de las causas judiciales. En ella se pedía la "anulación" del PAI y se denunciaba que el Ayuntamiento de Llíber y la constructora "aprovechan la dilación para provocar daños irreparables al medio natural".

Del mismo modo, Salvem la Vall ha subrayado que "se siguen estudiando nuevas vías judiciales" y ha aseverado que "si en el futuro hay sentencias que hagan inviable el PAI, se exigirá en los tribunales que los responsables asuman los gastos de la regeneración del espacio".

El PAI Medina Llíber se aprobó en enero de 2021, "sin incluir ninguna concesión hídrica que garantice el suministro de agua", ha puntualizado la plataforma. Su principal impulsor político, el alcalde de Llíber, José Juan Reus, está siendo juzgado por haber aprobado en su primera etapa de gobierno 300 viviendas ilegales, presuntamente "a cambio de comisiones y regalos".

"Es surrealista que a los mismos nombres del escándalo urbanístico de hace 20 años se les permita, ahora, destruir un paraje natural para construir 488 chalets sin suministro hídrico", han censurado desde la plataforma Salvem la Vall.

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