ALICANTE.- La cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) garantizó a sus consejeros la «solvencia» y «viabilidad» de la entidad sólo una semana antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España porque estaba en una situación de quiebra técnica.
Así lo acredita el correo electrónico que los máximos responsables de CAM remitieron a los miembros de su consejo de administración el 15 de julio de 2011, una semana antes de que todos ellos se vieran obligados a dimitir de sus cargos para que el Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) se hiciera cargo de la gestión de la caja.
El documento, al que ha tenido acceso 'Abc', fue enviado desde la dirección secorgob@cam.es, que corresponde a la secretaría de los órganos de gobierno de la CAM, que en aquel momento estaban encabezados por el presidente Modesto Crespo y la directora general, María Dolores Amorós. Bajo el título «El FROB ha confirmado a CAM que, como entidad viable, le continuará apoyando en su plan de recapitalización», pretendía enviar un mensaje de confianza a los directivos de la entidad, en medio de las informaciones cada vez más inquietantes que se estaban difundiendo sobre su futuro.
El FROB acababa de confirmar que inyectaría a Caja Mediterráneo 2.800 millones de euros para que pudiera cumplir los requisitos de recursos propios exigidos por el Banco de España y hacer frente a sus compromisos inmediatos de pago. Algo que, en la práctica, suponía la «nacionalización» de la caja, al convertirse el Estado en su accionista mayoritario. No en vano, las informaciones sobre el estado de CAM y sobre la ruptura de la fusión fría pactada con Cajastur habían causado una evidente alarma pública y provocado que la entidad con sede en Alicante perdiera más de 5.000 millones de euros en depósitos, retirados por sus clientes, en los siete meses precedentes.
En su correo electrónico, la cúpula de CAM recalcaba que la entrada del FROB en su capital «aporta fortaleza y seguridad, y refuerza la confianza en CAM de los mercados y de sus más de 3,3 millones de clientes». La nota dirigida a los miembros del consejo de administración insistía en que la inyección de capital público no afecta al normal funcionamiento del negocio y constituye, si cabe, una mayor garantía para nuestros clientes porque supone que contamos con uno de los socios más potentes que podemos tener»: el propio Estado español.
El escrito elaborado por la cúpula de la caja abundaba en el mismo argumento al afirmar que «los fondos del FROB se otorgan a entidades viables y solventes. CAM no ha dejado de obtener beneficios durante todos los ejercicios», para agregar que, «durante 2010, CAM obtuvo un beneficio de 244 millones de euros y continúa en esa misma línea durante el presente ejercicio». La dirección de la caja concluía su escrito dando instrucciones a sus consejeros para dejar claro que en absoluto nacionalización es sinónimo de intervención. Nacionalización supone garantía, confianza y futuro, ya que el Estado participa en nuestro proyecto».
Tan sólo una semana después de difundir esta nota, el 22 de julio de 2011, el consejo de administración de CAM presidido por Modesto Crespo dimitió en bloque y pidió la intervención del Banco de España ante la situación insostenible que atravesaba la caja, descapitalizada por la fuga de depósitos y por los créditos al sector del «ladrillo» que resultaron impagados. Tras asumir su gestión, los administradores del FROB constataron que la caja había perdido 1.135 millones en el primer semestre, en lugar de presentar 81 millones de beneficio como sostenía el equipo de Amorós.
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