MADRID.- La madre de la niña de seis años asesinada en el atentado de Santa Pola (Alicante), Toñi Santiago, ha increpado con calificativos de "asesinos cobardes" e "hijos de puta" a los etarras que la Audiencia Nacional juzga por estos hechos y ha pedido "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA".
Santiago, que ha sido amonestada en dos ocasiones por el presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, ha dirigido estos calificativos durante su declaración, en la que ha llegado a girar la cabeza para mirar a los acusados, que han permanecido indiferentes a su relato. Después los ha repetido mirándoles a la cara y con tono desafiante cuando abandonaba la sala de vistas.
La testigo ha explicado entre llantos cómo se produjo el atentado y ha dejado "en manos" de los magistrados que los terroristas "no se vuelvan a cruzar con ninguna criatura".
"¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", ha pedido con un hilo de voz.
Ha comenzado su relato indicando que en el momento de la explosión la pequeña, Silvia Martínez Santiago, jugaba en el patio con su primo Borja, de tres años. "En unos instantes todo se volvió oscuro, todo se movía, no sabía lo que pasaba, le preguntaba a mi hermano y noté como corría por mi cara un chorro de sangre", ha contado visiblemente afectada.
Cuando por fin la encontró vio que estaba "cubierta de escombros y sólo se le veían los ojos" e intentó "desesperada" sacarla de allí. "Conforme iba viendo su cuerpo sabía que mi hija moría", ha señalado antes de indicar que por un boquete gritó: "¡Auxilio, socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude, mi hija se muere!".
Tras ser ayudada por su hermano y dos agentes, notó cómo los cristales se le "incrustaban en los pies" y mientras tanto gritaba "hijos de puta, hijos de puta". En este punto, Santiago se ha dado la vuelta para mirar a los acusados, Andoni Otegi y Óscar Celarain, lo que ha provocado que el presidente del tribunal le haya pedido que, aunque entendía el "estado" en el que se encontraba, se abstuviera de hacer ese tipo de comentarios.
"Cuando terminé de bajar las escaleras Silvia ya estaba en la ambulancia -ha continuado la testigo--. Subí con la niña, le pedía por favor al conductor que corriera y la persona que iba con nosotras decía que tenía una parada cardiorrespiratoria. Entonces, empecé a rezarle y a cantarle al oído hasta que llegamos al hospital. Una vez allí los médicos dijeron que no podían hacer nada por la niña y que habia fallecido".
Desde ese momento Santiago ha dicho que su vida ha sido "una continua lucha por defender la memoria y la dignidad".
"Que se haga justicia por nuestra pequeña", ha añadido antes de señalar que el atentado no le amputó "una pierna ni dos dedos".
"A mí me han amputado el alma y el corazón", ha aseverado.
En el banquillo de los acusados se sientan los miembros del 'comando Argala' de ETA Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', que se enfrentan a 1.180 años de cárcel por colocar el 4 de agosto de 2002 un coche-bomba que estalló frente a la casa cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó la muerte de la pequeña Silvia Martínez Santiago y de Cecilio Gallego Alaminos, que se encontraba en la parada del autobús. Además, resultaron heridas otras 56 personas.
En la primera jornada del juicio, que quedará visto para sentencia este miércoles, un mando de la Comandancia de Alicante de la Guardia Civil declaró que la hora escogida por los terroristas, las 20.15 de la tarde, era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo agosto, verano y un lugar de costa".
"Para lo concurrido del lugar, poco pasó", añadió otro agente, que realizó la inspección ocular.
Otegi y Celarain fueron condenados en 2006 en Francia a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa.
En mayo pasado, la Audiencia Nacional les impuso 18 años y 3 meses de cárcel por atentar en junio de 2002 en Marbella (Málaga) y en noviembre pasado les condenó a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica.
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