ALICANTE.- Los administradores del FROB designados por el Banco de España para gestionar Caja Mediterráneo (CAM) no se fían de los miembros de la comisión de control de la entidad financiera alicantina. Al menos eso se desprende de lo ocurrido ayer en la sede central de la caja, según revela hoy el diario 'Abc'.
Varios miembros de la comisión de control, entre los que se encontraba su presidente, el murciano Juan Ramón Avilés Olmos, acudieron ayer a las dependencias situadas en la avenida Oscar Esplá para consultar la documentación interna solicitada el lunes, con el fin de preparar sus alegaciones al expediente disciplinario que les ha abierto el Banco de España.
Cuando el personal de la caja les condujo a una sala habilitada para que pudieran consultar estos informes, les consejeros se llevaron la sorpresa al descubrir que los administradores del FROB habían ordenado colocar en la puerta a un guardia de seguridad, encargado de vigilar sus movimientos.
No sólo esto, sino que un segundo guardia tenía instrucciones de permanecer en todo momento en el interior de la sala, para evitar que pudieran llevarse cualquier documento. Indignados con esta situación, los consejeros —que continúan en sus funciones, pues no han sido destituidos— le instaron a abandonar inmediatamente el despacho, alegando que se debe respetar la confidencialidad de sus conversaciones.
«Nos han tratado peor que a los abogados que visitan a un preso en la cárcel», declaró gráficamente a 'Abc' el presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, «hemos tenido que decirle al vigilante que somos letrados, en el ejercicio de nuestra defensa, para que desistiera de estar presente en nuestras conversaciones». Recurriendo a un símil, Avilés recordó ayer que el juez Garzón acaba de ser condenado como autor de un delito de prevaricación, «por espiar las conversaciones entre unos abogados y sus clientes».
Tal como había adelantado 'Abc', los administradores del FROB sólo han permitido a los miembros de la comisión de control consultar los documentos internos y tomar notas de sus datos, pero se han negado a facilitarles cualquier copia de ellos.
Entre los documentos puestos a su disposición para que puedan ejercer su defensa frente al expediente disciplinario se encuentran las actas de las reuniones del consejo de administración, la asamblea general, la comisión de control y otras comisiones internas, correspondientes a los cinco últimos años. En declaraciones a 'Abc', Avilés Olmos reiteró su voluntad de defenderse con todos los recursos legales frente a las «falsedades» del expediente disciplinario.
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