VALENCIA.- El 48,3 por ciento de las personas que viven de alquiler en la Comunitat
Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza y la vivienda, sumada a
unos salarios insuficientes, se ha transformado en el "epicentro de la
desigualdad".
Esta es una de las principales conclusiones del
Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat
Valenciana que han presentado este miércoles la miembro del equipo
técnico de Fundación FOESSA Marina Sánchez-Sierra Ramos; la referente de
FOESSA del informe, María Moscardó, y el presidente de Cáritas
Comunitat Valenciana, Víctor Mellado.
El informe describe "un
proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso y el
desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores", ha
detallado Marina Sánchez-Sierra. Se observa "un retroceso de las
situaciones más favorables, las de integración plena, y un aumento de la
precariedad".
El noveno FOESSA revela que la Comunitat
Valenciana presenta unos niveles de desigualdad similares a los de
España, "que a pesar del crecimiento económico mantiene una de las tasas
de desigualdad más elevadas de Europa".
"El actual contexto
socioeconómico no logra recuperar los niveles de bienestar alcanzados en
2018, lo que evidencia un ensanchamiento del espacio de la
vulnerabilidad social", ha expuesto.
En concreto, una de cada
cinco familias de la Comunitat Valenciana vive en exclusión social y en
2024, alrededor de 1,3 millones de personas están en riesgo de pobreza,
un 24% de la población, por encima del 19% nacional.
"El hecho de que la
incidencia apenas haya variado en los últimos seis años nos indica que
se han cronificado los procesos de exclusión social", ha comentado la
experta.
El informe se basa en distintos indicadores sobre la
situación de familias encuestadas y apunta a que la integración precaria
se amplía respecto a 2018 del 32% al 37% y se reduce el espacio de la
integración plena --sin ningún indicador de pobreza o exclusión-- del
51% al 44%.
Cuatro de cada diez personas no pueden afrontar
gastos imprevistos y el 16% de la población declara no poder participar
con regularidad en actividades de ocio.
Además, se multiplica por cuatro
la población que no puede permitirse mantener su casa a una temperatura
adecuada, en torno al 18%, y se duplican las familias que tienen
retrasos en pagos relacionados con la vivienda, en torno al 16%.
Según FOESSA y Cáritas, "la exclusión social en la Comunitat
Valenciana funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan:
la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una
vivienda digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para
rescatarnos de esa expulsión".
Sánchez-Sierra ha expuesto que
entre 2018 y 2024 el índice de precios a la vivienda subió un 85% en la
Comunitat Valenciana y el precio del alquiler "se ha duplicado" desde
2025, "muy lejos" del incremento de los salarios" .
Ha recordado que el
mapa de precios sitúa el punto caliente en Valencia, seguida por
Alicante ciudad.
El resultado es que 1,2 millones de personas
tienen dificultades en el ámbito de la vivienda. 367.000 hogares de la
Comunitat Valenciana dedican tantos recursos al pago de la vivienda y
los suministros que una vez pagados se quedan por debajo del umbral de
la pobreza severa.
Además, 400.000 personas residen en una vivienda
insegura por inestabilidad en la tenencia y 410.000 personas en una
vivienda inadecuada con problemas de habitabilidad, insalubridad o
hacinamiento. Las entidades alertas que cada vez hay más familias
habitando en una misma habitación alquilada.
El informe
advierte también que más de 38.500 personas no disponen de un sistema de
evacuación de aguas residuales en la vivienda y más de 19.000 personas
viven sin agua caliente.
"Esta realidad golpea con más fuerza a
los hogares en situación de pobreza y a aquellos encabezados por
personas menores de 45 años. La vivienda es el cuello de botella de la
integración social en la Comunitat Valenciana y, ahora más que nunca, un
derecho que debería convertirse en un pilar del estado de bienestar.
Para ello, es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una
estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor
de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no
se traduce en integración social", ha defendido.
Por otro lado, entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha
incrementado en la Comunitat Valenciana casi un 15% y el sueldo medio ha
crecido un 16% entre 2017 y 2023, pero aunque los salarios han subido,
las familias "no han ganado apenas poder de compra".
"Con la inflación y
el coste de la vivienda disparados, esta mejora se queda muy corta", ha
explicado Sánchez-Sierra.
Además, la precariedad no
desaparece y el 14% de los hogares valencianos están afectados por
problemas de exclusión en el empleo, como inestabilidad laboral grave o
parcialidad involuntaria. El informe estima que 126.000 hogares
valencianos tienen a todos sus miembros activos en desempleo.
Asimismo, el 10,5% de las personas que trabajan se encuentra en
exclusión social y el informe calcula que existen 120.000 personas que
tienen un empleo de exclusión (venta a domicilio, ambulante, temporeros,
reparto de propaganda, empleadas del hogar no cualificadas y otros
trabajos).
Por su parte,
Marina Moscaró ha explicado que el informe que las personas extranjeras
enfrentan tasas de exclusión social dos veces superiores a las personas
de nacionalidad o procedencia española. El 45,5% de los extranjeros se
encuentra en exclusión social.
La infancia y la juventud
configuran el segundo condicionante de la vulnerabilidad. La tasa de
exclusión entre menores de 18 años es casi cuatro veces superior a la de
las personas de 65 años y los hogares con menores de edad suponen el
63% de toda la población excluida de la comunidad valenciana. Esto
sugiere que "el sobrecoste en etapas de crianza tensa los presupuestos y
eleva los riesgos".
Asimismo, la vulnerabilidad afecta más a
los jóvenes, con una tasa de paro del 20%.
"La fuerte presencia de
inestabilidad laboral entre la juventud reduce la capacidad de ahorro y
emancipación. Además, una vivienda encarecida y precaria actúa como
embudo", ha explicado María.
El tercer condicionante es el
género: "La exclusión afecta al 29% de la población en hogares
encabezados por una mujer, frente al 18% de hogares cuando el
sustentador principal es un hombre".
Para Cáritas y FOASSA, "seguir con las mismas políticas y valores nos
conduce al colapso social y ecológico".
Frente a ello, proponen
"construir un nuevo pacto social que ponga la vida en el centro, combata
la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural".
Los representantes de ambas entidades han pedido abordar "de forma
estructural la vivienda". En concreto, han reclamado ampliar el parque
de alquiler social y generar mecanismos que permitan frenar subidas
abusivas de precios.
El presidente de Cáritas CV, preguntado por la limitación de los precios de alquiler, ha precisado que se necesita una "combinación de distintas políticas" en vivienda, y tener en cuenta factores como los costes de construcción.
"Tenemos que ser más creativos
en pensar en cómo mejoramos la oferta", ha dicho.
También han
apostado por una "tolerancia cero a la precariedad" y, en términos de
fiscalidad, han abogado por "más capacidad recaudatoria y progresividad
real".
Para la población migrante, han defendido "un sistema de acogida
digno y estable, con itinerarios más allá de lo laboral", y "agilizar
los procesos de regularización para reducir la irregularidad y así
garantizar derechos".
