El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 12.974,2 millones en diciembre, un 7% más

 MADRID.- La Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 12.974,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 7,04% más que en igual mes de 2023, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes ha vuelto a marcar un nuevo récord, cerca ya de alcanzar los 13.000 millones de euros, tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para 2024.

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, con 9.491,8 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.116 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.160,8 millones; la de orfandad, a 171 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,5 millones.

En diciembre de este año se han abonado 10.281.477 pensiones contributivas, casi un 1,7% más que hace un año, a algo más de 9,3 millones de pensionistas.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en diciembre un 5,2% interanual, hasta los 1.449,9 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 5,3% interanual, hasta situarse a 1 de diciembre de este año en 1.261,9 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.607,4 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 967,4 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.812,2 euros, y de 1.605,4 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.548,5 euros de media, según los últimos datos disponibles. En cuanto a la pensión media de viudedad, en diciembre alcanzó los 899,3 euros al mes.

Crecen las jubilaciones demoradas

Entre enero y noviembre de 2024, último dato disponible, se han registrado 338.771 nuevas altas en pensiones de jubilación. Del análisis de los datos, se desprende que la cifra de jubilaciones anticipadas se ha reducido considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (29%).

En total, son 98.204, lo que supone un descenso del 11% de jubilaciones anticipadas respecto a 2019 cuando se anticipaba el 40% de las nuevas jubilaciones. El 71% accedieron con edad ordinaria (216.772).

En este mismo período, el 9,4% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 31.876 altas de este tipo, mientras que en 2024 no llegaron a 14.000.

La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos la demora en el acceso a la jubilación y también se ha reconfigurado el marco de la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en noviembre (último dato disponible) fue de 11 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,48 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Complemento para la reducción de la brecha de género

En diciembre, 913.208 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 89% de sus titulares son mujeres (812.130). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 70,1 euros. Del total de pensiones complementadas, el 24,7% corresponde a pensionistas con un hijo (225.927); el 47,1% de los beneficiarios, con dos hijos (429.967); el 18,5% lo percibe por tres hijos (168.855), y por cuatro hijos, el 9,7% (88.459).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.612,6 millones de euros en el mes de noviembre (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 106,4 millones de euros respecto a la del año anterior, un 7,1% más.

El número de pensiones en vigor fue de 721.275, que son 14.810 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,1% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Subida de pensiones en 2025

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2025, por el que desde el 1 de enero del próximo año más de 12 millones de pensiones verán incrementadas sus cuantías.

Por su parte, las pensiones mínimas subirán el 6% en 2025. Un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas se revalorizarán un 9%.

Esta medida se aplicará a los 6,5 millones de pensiones de jubilación y a los 2,4 millones de pensiones de viudedad del sistema de Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (995.503), orfandad (339.837) y en favor de familiares (46.312). La revalorización también se aplicará a las 721.275 pensiones de Clases Pasivas (fundamentalmente, funcionarios).

En cuanto al número de pensionistas, en diciembre ascendió a 9,3 millones, que serán los que vean revalorizadas sus pensiones. De ellos, 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,8% en 2025

 MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado este jueves un Real Decreto-ley con medidas en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y catástrofes.

La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado "permiso climático", que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.

En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo.

 "Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha subrayado Díaz.

La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.

La ministra ha precisado que estos permisos que se incorporan a la legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA de finales de octubre.

"España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la DANA. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país", ha señalado la ministra en un vídeo remitido a la prensa.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "estos permisos climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.

"Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota", ha apuntado Cuerpo.

Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.

La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

"Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas", ha apuntado la ministra.

La representación legal de las personas trabajadoras contará, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.

Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.

Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.

Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos.

"Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas. Por tanto, hoy España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano de la emergencia climática", ha remarcado la ministra.

Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.

"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI", ha explicado esta mañana la ministra en una entrevista con TVE.

La Comunitat Valenciana registra 1.048.954 pensiones en septiembre, un 1,64% más, con una cuantía media de 1.161 euros

 VALENCIA.- El número de pensiones contributivas en la Comunitat Valenciana se ha situado en 1.048.954 en septiembre, un 1,64% más que el año pasado, con una cuantía media de 1.161 euros, por debajo de la media nacional que alcanza los 1.258,04 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este viernes.

La cuantía media de las pensiones en la Comunitat Valenciana ha crecido un 5,25% en comparación con el mismo mes del año anterior, ligeramente por encima del incremento registrado en el resto del país (5,16euro). Hay 945.745 pensionistas en la Comunitat Valenciana.

De las 1.048.954 pensiones registradas en la Comunitat Valenciana, 567.367 se corresponden a pensionistas de Valencia, con una pensión media de 1.211,23 euros; 342.649 son de Alicante (1.089,3 euros); y 138.938 pensionistas son de Castellón (1.132,75 euros).

Asimismo, del total de pensiones concedidas en septiembre, 96.825 son de incapacidad permanente, con un importe medio de 1.112,05 euros; 666.463 son jubilaciones, con una media de 1.326,75 euros; 245.296 son pensiones de viudedad, de 840,79 euros de media; 37.731 son de orfandad, por una media de 471,19 euros, y 2.639 son a favor de familiares, con 725,85 euros de media.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 245.947 y suponen el 23,4% del total, porcentaje que sube al 30,1% en el caso concreto de las mujeres, mientras que baja al 16% para los hombres.

Más de un 39% de pensionistas de la Comunitat Valenciana están por debajo del umbral de la pobreza

VALENCIA.- El Observatorio de Personas Mayores de CCOO ha alertado que el 39,3 por ciento de personas pensionistas en la Comunitat Valenciana se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en 2023, a pesar de los incrementos de pensiones que se han llevado a cabo en los últimos años.

Así lo ha revelado este viernes la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, quien ha presentado las principales conclusiones del observatorio, junto con los responsables de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y de CCOO PV, Evaristo Soto.

El documento analiza cuestiones como el sistema de atención a la dependencia, la protección de la salud, la soledad no deseada, la salud mental, las brechas digitales o la atención de servicios sociales.

En este sentido, García ha lamentado el alto número de pensionistas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza. "No queremos ni pensar en qué situación estarían si no hubiéramos alcanzado ese acuerdo en el diálogo social", ha añadido.

Además, ha mencionado otras cifras como que más de un 30% de las personas mayores no puede hacer frente a un gasto imprevisto, por lo que considera que "sería importante que se estableciese un control de precios, y más en la crisis inflacionista actual, y una reducción de precios en los servicios esenciales".

En la misma línea, ha apuntado que, en cuanto al acceso a suministros básicos, un 9,4% de las personas mayores no pueden tener la vivienda a una temperatura adecuada. También ha citado la importancia de la brecha digital, ya que la tecnología "en muchos casos se está convirtiendo en un obstáculo, con dificultades y riesgos para las personas mayores".

"Creemos que se tienen que reforzar los servicios públicos y, en especial, en la sanidad y en los servicios sociales. Estamos hablando de reforzar la atención primaria, el sistema de dependencia, de cambiar el modelo de residencias donde se busque el bienestar de las personas y no el beneficio económico", ha recalcado García.

Asimismo, ha abogado por crear "más residencias públicas, mejora de la atención domiciliaria, mejorar la formación, los salarios y las condiciones de trabajo de las personas profesionales que atienden a las personas mayores".

Por su parte, Sepúlveda se ha referido a las pensiones y ha puesto en valor las modificaciones "como consecuencia del diálogo social" y "la eliminación de la limitación que había de la subida del 0,25% de la reforma que hizo el Gobierno del Partido Popular en 2013".

"Con esta nueva reforma que se ha hecho, se garantiza la revisión de las pensiones con el IPC. Una diferencia clara de un sistema a otro es que, con este nuevo sistema de regularización con la inflación media, cada pensionista ha ganado de media 1.264 euros más que si hubiéramos mantenido la reforma que hizo el Gobierno de Rajoy", ha sostenido.

En la misma línea, ha hecho hincapié en las medidas para "intentar limitar la brecha de género entre hombres y mujeres", con el complemento para el cuidado de los hijos.

Por su lado, Soto se ha centrado en la Ley de Dependencia y ha criticado el "claro incumplimiento" de está legislación, al tiempo que ha denunciado que, en 2023, en la Comunitat "ha aumentado un 70% la lista de espera", con 21.087 personas en esta situación --hace 13 meses eran 13.997 personas-- y un tiempo de espera medio que "se ha alargado a 324 días, cuando la que establece la norma es de 180 días".

En cuanto a las residencias, ha lamentado que las plazas ofertadas en 2023 sean 27.534, una cifra menor que en 2010, pese a que desde ese año "se han incrementado considerablemente el número de personas dependientes", y ha apuntado que el Observatorio planteaba un plan de choque de inversiones para crear 7.000 plazas de 2021 a 2025.

Quien cobre 1.000 euros de pensión recibirá unos 25 euros más al mes, 350 al año en 2022

MADRID.- El 1 de enero de 2022, las pensiones que se cobran en España experimentaron un aumento en su importe, en mayor o menor medida, gracias al incremento previsto en los Presupuestos Generales del Estado (el 3% de subida para las pagas mínimas, no contributivas y salario mínimo vital) y a la nueva fórmula de revalorización para las pensiones contributivas, que también entra en vigor el día 1, fruto de la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, comúnmente conocida como ley de reforma de las pensiones, que al fin ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de diciembre. 

Así pues, los pensionistas españoles notarán la subida de sus pagas ya en la nómina de enero, aunque por culpa de la espiral de inflación que sufre España desde hace meses, los euros extras que pasarán a cobrar a duras penas van a servirles para mantener su poder adquisitivo.

El importe de todas las pensiones contributivas (un total de 9.916.966 en diciembre) aumenta este año un 2,5% debido a la nueva fórmula de revalorización, que liga el incremento de las pagas al dato del IPC medio anual que se registre en cada ejercicio. 

Eso significa que, desde el 1 de enero, quienes ganen 1.000 euros verán su nómina incrementarse 25 euros mensuales, o lo que es lo mismo, en torno a 350 euros más anuales (las prestaciones contributivas se perciben en 14 pagas al año). 

Esto es así porque la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de poco más de 1.000 euros mensuales (en concreto, 1.039,54 euros con datos oficiales de diciembre).

En el caso de un jubilado medio, que en diciembre percibía 1.196,17 euros al mes, la subida le reportará aproximadamente 30 euros más cada mes, que multiplicados por las 14 pagas a las que tienen derecho, serían casi 420 euros anuales.

Si hablamos de un autónomo jubilado, cuya pensión media es de 796,41 euros mensuales, tras la subida del 2,5% pasaría a cobrar 20 euros más cada mes, es decir, 278,7 euros extras al año.

Para el bolsillo de los perceptores de viudedad, cuyas pagas tenían un importe promedio de 743,03 euros al mes en diciembre, la revalorización les supondrá cobrar 18,5 euros más al mes, o lo que es equivalente, 260 euros anuales por encima de los que percibían en 2021.

Por su parte, los nuevos jubilados, que en noviembre cobraban 1.370,51 euros mensuales, percibirán 34 euros más cada mes, es decir, 479 euros al cabo del año.

La Comunidad Valenciana en el furgón de cola de las pensiones en España

 MADRID.- Los jubilados vascos y asturianos son los que cobran, de media, una pensión más alta, superior a los 1.400 euros mensuales, mientras que gallegos y extremeños son los que perciben una pensión de jubilación de menor cuantía, inferior a 1.000 euros al mes, según datos de la Seguridad Social, con fecha 1 de noviembre.

En concreto, la pensión media de jubilación más elevada la registra País Vasco, con 1.436,3 euros mensuales, seguido de Asturias, con 1.407,9 euros al mes; Madrid (1.366,8 euros); Navarra (1.321,2 euros); Cantabria (1.245 euros); Aragón (1.223,1 euros) y Cataluña (1.189,8 euros).

Estas siete comunidades se sitúan así por encima de la pensión de jubilación promedio de toda España, que en noviembre alcanzó los 1.169 euros al mes.

Por debajo de esta cantidad pero superando el nivel de 'mileuristas' figuran los jubilados de Castilla y León (1.156,2 euros al mes de media); La Rioja (1.117,5 euros mensuales); Canarias (1.087,7 euros); Castilla-La Mancha (1.083,9 euros); Baleares (1.078,5 euros); Comunidad Valenciana (1.069,6 euros mensuales); Andalucía (1.054,2 euros), y Murcia (1.039,7 euros al mes). 

Cierran la tabla, como únicas regiones con una pensión media de jubilación inferior a 1.000 euros al mes, las comunidades de Galicia (984,94 euros) y Extremadura (969,58 euros mensuales).

La cuantía de la pensión de jubilación depende de las bases de cotización obtenidas en los años anteriores al abandono del mercado laboral. Este año se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 23 años, aunque en 2021 se considerarán los últimos 24 años y en 2022, los últimos 25 años.

Una vez sumadas las bases de cotización de los últimos 23 años, es decir, los últimos 276 meses, la cifra resultante ha de dividirse entre 322, que el resultado de multiplicar los últimos 23 años por 14 pagas, que son las que los pensionistas reciben a lo largo de un año.

Con esta operación se obtiene la base reguladora de la pensión, sobre la que se calculará la cuantía final de la pensión en función de una serie de porcentajes asociados a los años cotizados. Por ejemplo, con sólo 15 años cotizados (el mínimo para poder acceder a esta prestación), la pensión de jubilación equivaldría al 50% de la base reguladora. Para poder cobrar el 100% de la base reguladora en 2020 se necesitan al menos 36 años de cotización.

No obstante, existen límites a las cuantías mínimas y máximas en la pensión a percibir. En 2020 la pensión no puede superar los 2.683,34 euros mensuales. Por su parte, la cuantía mínima dependerá de las circunstancias personales de cada pensionista (si tiene cónyuge a cargo, si tiene cónyuge pero no a su cargo o si es unidad económica personal) y de la edad a la que accede (65 años y más o menos de 65 años). Estas circunstancias hacen variar la pensión mínima de jubilación desde los 604,4 euros mensuales hasta los 843,4 euros al mes.

La base de cotización, que determina la base reguladora de la pensión a percibir, es la remuneración mensual bruta que recibe el trabajador, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Por tanto, cuanto mayor sea el salario bruto, mayor será la pensión de jubilación.

Si se observan los salarios por comunidades se aprecia cierta correspondencia con las pensiones medias percibidas por sus jubilados, aunque no en todos los casos. En los salarios influye mucho la estructura productiva, de forma que las regiones con un mayor peso de la industria suelen presentar sueldos más altos que las que viven principalmente del sector servicios.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque corresponden a 2018, sí sitúan a País Vasco como la región con el salario medio bruto anual más elevado (28.470 euros anuales), pero no le sigue Asturias, sino Madrid, con 27.010 euro al año. De hecho, Asturias (23.914 euros) se sitúa en quinta posición, viéndose superada también por Navarra (26.636 euros) y Cataluña (25.552 euros).

En el caso de las pensiones medias de jubilación más bajas, que corresponden a Extremadura y Galicia, sí se observa que la primera es la región con el menor salario bruto medio anual (19.947 euros), pero no ocurre lo mismo con Galicia que, con 22.244 euros al año, está por encima de otras seis comunidades, siempre teniendo en cuenta que los datos corresponden al ejercicio 2018. Pese a ello, la pensión media de jubilación en esta región no llega a los 1.000 euros.

Si se atiende a datos más recientes del INE, los correspondientes a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre, la situación es parecida: Madrid, País Vasco y Navarra son las regiones con mayor coste salarial por trabajador y mes, por encima de los 2.000 euros, mientras que Asturias y Cataluña se sitúan en cuarta y quinta posición.

Los costes salariales más bajos se danen Canarias, Baleares y Extremadura, con entre 1.282 euros y 1.533 euros, respectivamente, mientras que Galicia se halla a mitad de tabla, con 1.668,8 euros al mes.

Además de los años cotizados y del sueldo percibido, hay que tener en cuenta que no todos los pensionistas se jubilan al llegar a la edad legal, sino que hay algunos que, si cumplen una serie de requisitos, la anticipan, con el consiguiente coeficiente reductor, que merma la cuantía de su prestación.

La pensión media de jubilación alcanza los 1.069 euros en noviembre en la Comunitat

 VALENCIA.- La pensión media de jubilación alcanzó en octubre en la Comunitat Valenciana los 1.069 euros mensuales, lo que supone 100 euros menos que la media nacional, 1.169 euros, según ha informado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en la Comunitat en el undécimo mes del año en 937 euros.

En noviembre, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió en la Comunitat en 1.002.605, y de ellas, 624.943 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 935 euros al mes y de las que hay 95.658 beneficiarios en la región.

A continuación se sitúa la de viudedad, con una media de 685 euros y un número de 242.611 perceptores; seguida de la de a favor de familiares, con 585 euros y una cifra de 2.599 beneficiarios; y la de orfandad, con unos 388 euros mensuales y que suman 36.794 pensiones.

Escrivá garantiza que no habrá recorte de pensiones

MADRID.- El Gobierno garantiza que no habrá ningún tipo de recorte en las pensiones. "Absolutamente, absolutamente", en palabras de José Luis Escrivá. En una entrevista concedida a TVE, el ministro de Seguridad Social ha asegurado de esta manera que el Ejecutivo no llevará a cabo ningún tipo de recorte en las prestaciones de los jubilados y pensionistas, posibilidad que desde algunos ámbitos económicos se había apuntado como medida para contener el gasto ante los desequilibrios que la crisis del coronavirus va a provocar, según recoge El Mundo. 

"Va a haber una aumento de deuda bastante significativo, pero va a ser un aumento de una vez y para siempre. No pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas, de hecho las primas de riesgo y los indicadores habituales que podrían poner en duda la solvencia del sistema, se mantienen", ha afirmado. 

"De lo que se trata" cuando esta crisis se supere, ha añadido, es "de reajustar los ingresos y gastos en la Administración, para que la Seguridad Social, que tiene unos niveles de ingresos por cotizaciones bastante elevados, emerja como lo que es: solvente".

Aunque ahora ha pasado a un cierto segundo plano como consecuencia de la crisis, el principal objetivo de Escrivá cuando llegó al Gobierno era el de solucionar la complicada situación del sistema, que sigue acumulando desviación presupuestarias superiores a los 16.000 millones anuales. 

En su opinión, tal como ha vuelto a remarcar hoy, la Seguridad Social es totalmente viable pero es necesario liberar al sistema de gastos impropios. 

"Lo que hemos hecho es sobrecargar la Seguridad Social con todo tipo de medidas que se financiar con cotizaciones sociales. Pero se deben pagar con los Presupuestos y esto genera una fotografía distorsionada", apuntó en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y en la que también apostó por trasladar a Hacienda algunos de estos gastos impropios. Esto es, financiar con impuestos parte del déficit, lo que desde la oposición ha sido tachado como un intento de trasladar el problema de un lado a otro pero no una solución.

Asimismo, al ser preguntado por la renta vital mínima, Escrivá ha apuntado que el Gobierno está trabajando para que la medida se puede llevar a Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo", y ha adelantado que los solicitantes de esta medida deberán someterse a una doble examen o test.

Por una parte y como ya se había apuntado, tendrán que cumplir unos niveles de renta y habrá primas para familias monoparentales y también en función del número de hijos. "Pero además, vamos a hacer también un test de patrimonio neto, es decir, la riqueza neta de cada uno de los potenciales beneficiarios deberá pasar determinados umbrales que estamos calibrando", ha afirmado.

La pensión media de jubilación alcanza los 1.060,01 euros en abril en la Comunitat Valenciana

MADRID.- La pensión media de jubilación alcanzó en abril en la Comunitat Valenciana los 1.060,01 euros mensuales, lo que supone 99 euros por debajo de la media nacional, situada en los 1.159,09 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, la Comunitat Valenciana se sitúa como la quinta región de España con la pensión de jubilación más baja, por delante únicamente de Andalucía (1.0145,86 euros), Murcia (1030,95), Galicia (975,22) y Extremadura (960,49).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en la Comunitat Valenciana en el cuarto mes del año en 929,8 euros, lo que supone un aumento interanual del 2,2%.

Se trata de la sexta pensión de jubilación más baja tras las de Extremadura (840,22 euros), Galicia (857,65), Murcia (889,62), Andalucía (903,48) y Canarias (924,49).

En abril, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió en la Comunitat Valenciana a las 999.641, un 1,1% más que en el mismo mes el año anterior, y de ellas, 620.625 eran pensiones de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 936,48 euros al mes y de las que hay 96.526 beneficiarios en la región.

A continuación se sitúa la de viudedad, con una media de 681,17 euros y un número de 242.761 perceptores; seguida de la de a favor de familiares, con 580,02 euros y una cifra de 2.574 beneficiarios; y la de orfandad, con unos 386,34 euros mensuales y que suman 37.155 pensiones.

En la Comunitat Valenciana hay, en el cuarto mes del año, 264.752 pensiones con complemento a mínimos, lo que supone el 26,5% del total, por encima de la media nacional (23,8%).

¿Qué son las Clases Pasivas y a qué funcionarios afecta el nuevo decreto sobre pensiones del Gobierno?

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde al traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares, más conocidos como “Régimen de Clases Pasivas”. De este modo, ya no estarán vinculadas al Ministerio de Hacienda sino al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

La medida resultó inesperada entre los más de 657.118 funcionarios a los que afecta esta decisión y que ahora esperan con cierto temor ver qué efectos tendrá sobre ellos. Pero, ¿qué son las Clases Pasivas del Estado? 

Hasta ahora se trataba de un régimen especial de la Seguridad Social en el que se incluyen prácticamente todos los funcionarios públicos y se diferenciaban de los autónomos y asalariados en que sus pensiones las gestionaba Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 

Sin embargo, después de que el Gobierno fulminara por decreto la autonomía de las pensiones de los funcionarios, esta situación ha cambiado.

Otra característica que hace diferente a este grupo del resto es la edad de jubilación. Si bien las clases pasivas tienen una edad obligatoria de jubilación de 65 años, pueden acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 60 años, siempre que cumplan los requisitos. 

Mención aparte tienen los docentes, magistrados, fiscales, jueces, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, cuya edad de jubilación obligatoria, pese a ser funcionarios públicos, se eleva hasta los 70 años.

Asimismo, el valor de las pensiones de las Clases Pasivas depende de varios factores: la categoría del funcionario, los años que éste ha trabajado para el Estado o el haber regulador, que se establece cada año en los Presupuestos Generales.

Desde el Ejecutivo han asegurado que el coronavirus les ha obligado a acelerar los plazos, ya que seguir los trámites ordinarios generaría “inseguridad jurídica” sobre las pensiones de los funcionarios. ¿Cómo les afectará? 

A expensas de saber cómo se articulará esta decisión, de momento desde los sindicatos y asociaciones profesionales han asegurado que ninguno de los funcionarios “perderá sus derechos” ni sus “prestaciones sanitarias y sociales” actuales.

Quiénes forman parte del Régimen de Clases Pasivas

Los funcionarios adscritos al Régimen de las Clases Pasivas del Estado se enmarcarían, en su mayoría, dentro de estos grupos:

• Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado.
• El personal militar profesional, sea o no de carrera, y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval.
• Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías y guardias civiles.
• Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
• Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
• Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea.
• Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos Cuerpos, Escalas y Plazas, así como los alumnos de Academias y Escuelas Militares a partir de su promoción a Caballero Alférez-Cadete, Alférez alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina.
• Los ex presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación.
• El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas y el personal civil que desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatario.

Un sistema que llega a su fin

El Gobierno ha culminado así la integración de las Clases Pasivas del Estado en la Seguridad Social, algo que ya contemplaba hacer al estructurar los departamentos ministeriales. De hecho, según el Real Decreto-Ley 13/2010, todos aquellos funcionarios que entraron a trabajar para el Estado a partir del 1 de enero de 2011 forman parte ya del Régimen General de la Seguridad Social. Y es que está previsto que en unas décadas las Clases Pasivas desaparezca.

El hecho de que el Régimen Especial de Clases Pasivas llegue a su fin, dejará a los funcionarios en un lugar un poco más vulnerable a la hora de planificar su jubilación.

El Gobierno fulmina por decreto la autonomía de las pensiones de 657.000 funcionarios

MADRID.- El Gobierno ha fulminado la autonomía en la gestión de las pensiones correspondientes a miles de funcionarios pertenecientes al régimen de clases pasivas: técnicos de Administración Civil, magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de las Cortes Generales, ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros y otros altos cargos, militares de carrera, registradores de la propiedad, profesores universitarios y funcionarios transferidos en su día a las comunidades autónomas, entre otros. 

Sus pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres pasan a estar bajo control José Luis Escrivá, ministro de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones, quien ya anunció en su momento su integración en la Seguridad Social para unificar todas las prestaciones.

Con esta disposición adicional, el Gobierno traspasa la gestión de las pensiones de 657.118 funcionarios, que hasta ahora manejaban los ministerios de Hacienda, a través de la dirección general de costes de personal y pensiones públicas, y Defensa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El régimen de clases pasivas era un sistema a extinguir, ya que no admitía nuevos “afiliados” desde 2011 en el caso de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.

Se desconoce si esta transferencia modificará las condiciones “especiales” de las que hasta ahora disfrutaban los funcionarios incluidos en este régimen, que podían jubilarse voluntariamente a los 60 años siempre que hubieran acumulados determinados años de servicio al Estado, entre otras particularidades.

La fecha efectiva del traspaso se determinará en la fecha que establezca el real decreto de estructura del ministerio de Escrivá, aún pendiente de publicación.

La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva.

La banca vuelve a adelantar al día 21 el pago de pensiones

MADRID.- Los bancos españoles han puesto en marcha diversas iniciativas destinadas a sus clientes de más edad, como adelantar, como ya hicieran en marzo, el pago de pensiones de la Seguridad Social, que tradicionalmente se efectúa el día 25 de cada mes, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

Tras la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, las entidades financieras españolas optaron por potenciar sus canales digitales y telefónicos, a fin de reducir los desplazamientos innecesarios de sus clientes, especialmente los de mayor edad. Entre otros servicios, varias de ellas decidieron adelantar unos días el pago de pensiones, operación que repiten ahora en abril.
Aunque el Santander mantiene el pago de pensiones el 25, cuenta con un programa específico de ayuda a los mayores, a los que ofrece una carencia de tres meses en el pago del paquete básico de su Plan Senior.
Este Servicio Senior incluye, por nueve euros al mes, un equipo de tele-asistencia o botón de socorro para cualquier tipo de emergencia; un seguro garantía para accidentes en caso de quemaduras, fracturas, traumatismos y otros, y tres servicios de apoyo o asistencia ("manitas" tecnológico, asistente telefónico 24 horas y un servicio de optimización de recibos).
Los clientes senior, tendrán, además, la tarjeta de débito totalmente gratuita, con el objetivo de que puedan retirar efectivo de los cajeros y sin necesidad de desplazarse a la oficina.
Caixabank se adelanta al resto y abonará mañana su pensión a 1,8 millones de clientes, que no tendrán que esperar al día 25. Adicionalmente, el banco no devolverá los recibos básicos de los clientes mayores de 65 años (suministros de luz, agua, gas, etc.), aunque su cuenta bancaria se encuentre en descubierto.
Bankia también abonará el 21 de abril las pensiones, a lo que se añade el servicio personalizado "Estamos a tu lado", para evitar que los clientes de más de 65 años salgan de casa durante los próximos dos meses a realizar las compras básicas.
El servicio de "Telefarmacia 24 horas" permite al cliente que le lleven a su domicilio un par de pedidos de farmacia al mes hasta el 7 de junio, incluso recogiendo previamente la receta médica en sus hogares.
Además, la iniciativa "Te hacemos la compra" les permite recibir en casa dos pedidos de mercado o supermercado; asimismo, se ha habilitado un teléfono exclusivo para clientes en el que realizar consultas sobre salud y disponer de apoyo psicológico.
Bankinter, al igual que BBVA, Cajamar y Sabadell, ha vuelto a adelantar la fecha de abono de las pensiones a sus clientes, para situarla este mes en el día 21 de abril, dentro de las medidas que forman el plan de choque puesto en marcha para mitigar los efectos económicos generados por el coronavirus entre determinados colectivos de clientes.
La banca cooperativa Cajamar ofrece, además del adelanto al 21 de abril del pago de la pensión un servicio de gestores, que se pondrán en contacto con los clientes para informarles de los datos correspondientes a su pensión de este mes de abril sin que tengan para ello que desplazarse a su oficina.

¿Cuánto cobra un pensionista valenciano?

VALENCIA.- La pensión media del sistema subió en marzo un 2,2 % en la Comunitat Valenciana y se situó en 929,01 euros, mientras que el número de pensiones aumentó un 1,2 % interanual y alcanzó las 999.945, de ellas 620.685 de jubilación.

En el conjunto nacional la nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.877,77 millones de euros el pasado 1 de marzo, lo que supone un alza interanual del 3,15 %, según los datos proporcionados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social.

La pensión media del sistema -que comprende jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares- se situó en 1.008 euros mensuales, un 2,16 % más, después de que el mes pasado se superara la barrera de los mil euros al comenzar a aplicarse la revalorización del 0,9 % para este año.

La pensión media de jubilación ascendió a 1.157,97 euros, un 2,12 % más que hace un año, mientras que la de viudedad, cuyas perceptoras fueron en un 92,05 % mujeres, fue de 723,22 euros al mes.

El gasto en pensiones es cada mes mayor debido a las cada vez más incorporaciones al sistema (aunque su ritmo se modera) y con mejores cotizaciones aportadas.

Por ello, la pensión media de las nuevas altas es superior y, en el mes de febrero -última fecha disponible-, las de jubilación alcanzaron el importe de 1.452,84 euros al mes, cifra que es superior en el caso de las provenientes del régimen general, con 1.580,27 euros mensuales.

Del gasto total en pensiones, más de dos tercios se destinaron a las de de jubilación, 7.060,5 millones (3,59 % más), mientras que a las de viudedad se dirigieron 1.706,55 millones (2,04 % más).

Por su parte, a las pensiones de incapacidad permanente se dedicaron 945 millones (2,04% más); a las de orfandad, 139,55 millones (2,08 % más) y a las de a favor de familiares, 25,3 millones (4,49 % más).

El conjunto del Sistema incluyó un total de 9.799.395 pensiones contributivas, un 0,97 % más que el año pasado, de las que su mayor parte fueron de jubilación (6 millones), seguidas por las de viudedad (2,3 millones), incapacidad permanente (958.824), orfandad (340.456) y a favor de familiares (43.116).

El gasto en pensiones se eleva en marzo hasta la cifra récord de 9.877 millones, un 3,1% más

MADRID.- La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 9.877,77 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,1% más que en el mismo mes de 2019, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra incluye la revalorización de las pensiones en un 0,9% aprobada para 2020 y aplicada por primera vez en febrero.

El número de pensiones avanzó en el el tercer mes del año un 0,97% respecto al mismo mes de 2019, hasta un total de 9.799.395 pensiones, cifra inferior a la de febrero (9.805.148 pensiones).

Es la primera vez en 50 meses en la que el número de pensiones crece a un ritmo inferior al 1%.

La pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.157,97 euros mensuales, un 2,1% más que en igual mes de 2019.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzó los 1.008 euros mensuales en marzo, lo que supone un aumento interanual del 2,1%.

La pensión media de viudedad, por su parte, subió casi un 2%, hasta los 723,22 euros mensuales. El 92% de los perceptores de esta pensión son mujeres.

Escrivá quiere traspasar el déficit de las pensiones a Hacienda y retrasar la edad efectiva de jubilación

MADRID.- Traspasar parte de los gastos del sistema a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que el déficit del 1,4% del PIB (más de 17.000 millones de euros) se corrija, al menos en parte, a través de impuestos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado en el Congreso las líneas básicas de su mandato, y entre ellas se incluye el eliminar los "gastos impropios" del sistema. 

"Lo que hemos hecho es sobrecargar la Seguridad Social con todo tipo de medidas que se financiar con cotizaciones sociales. Pero se deben pagar con los Presupuestos y esto genera una fotografía distorsionada", ha afirmado Escrivá, al tiempo que ha subrayado que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha reconocido que este es un tema que se debe reconducir".

Entre estos gastos impropios están, por ejemplo, los de funcionamiento del propio Ministerio, medidas de fomento del empleo o, incluso, prestaciones no contributivas, y este periódico ya publicó que la recaudación de impuestos como la tasa Tobin y la tasa Google ayudarán a financiar estos aspectos. 

Esta actuación, así como la de elevar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, esto es, que si la edad de retiro llega a los 67 años los trabajadores realmente se jubiles a los 67 años y no antes, son actuaciones que Escrivá ya pidió desde la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es más, el ministro se ha referido a los resultados de diferentes trabajos que la Autoridad Fiscal llevó a cabo bajo su dirección.

Un dramatismo que no es cierto

Escrivá también ha querido transmitir, en más de una ocasión, que "la Seguridad Social es solvente". "A pesar de los números, tenemos una Seguridad Social es sólida y solvente", ha incidido el ministro.

De hecho, el ex presidente de la AIReF ha criticado que se transmita la sensación de que la Seguridad Social se encuentra en una situación financiera muy delicada, y ha señalado directamente a los políticos y medios de comunicación. 

"Estamos instalando sobre los pensionistas, que son el colectivo más vulnerable y que no tienen la capacidad de mejorar su renta, les estamos diciendo que sus rentas futuras están en riego cuando no es verdad. Les estamos haciendo tomar decisiones económicas que no tomarían en otro caso. Les hacemos tener miedo y ahorrar", ha afirmado.

La importancia de la inmigración

Escrivá no es sólo ministro de Seguridad Social, sino también de Inclusión y Migraciones. Sobre el primer punto, el Gobierno prepara un ingreso vital mínimo (IMV) para los "colectivos más vulnerables" y con una "dotación económica que permita rebajar los niveles actuales de desigualdad y pobreza".

Y en cuanto a la inmigración, Escrivá ha destacado que España tiene un nivel de población extranjera "inferior al de países homologables", y ha manifestado que la llegada de ciudadanos de otros países es necesaria desde un punto de vista económico y de bienestar. "La población española se hubiera estabilizado por debajo de 40 millones de personas y nuestro mercado laboral y nuestro Estado de Bienestar serían muy diferentes".

Entre las medidas concretas que ha expuesto en este ámbito, el ministro ha adelantado que Migraciones se encuentra ya en conversaciones con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para llegar a un acuerdo de colaboración, y que algunos de los inmuebles en poder del denominado banco malo se puedan "convertir en edificios de acogida".

El Gobierno baja de 35 a 20 peonadas el mínimo para acceder al subsidio agrario

MADRID.- El Gobierno rebajará de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, una medida con carácter "coyuntural" y que ha vinculado a la dificultad de los jornaleros para poder recibir estas ayudas debido a la caída de la carga de trabajo por los temporales de los últimos meses.

Así lo han explicado este viernes fuentes del Ministerio de Trabajo después de la reunión mantenida hoy por la titular del departamento, Yolanda Díaz, con representantes de las secciones agrarias de los sindicatos, un encuentro al que también ha asistido el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias.

Estas mismas fuentes han recordado que este tipo de medidas ya se aprobaron en el pasado por factores atmosféricos, y han incidido en que el sistema de peonadas necesita además ser "reformado a medio plazo".

Según cifras oficiales, se calcula que dos terceras partes de todos los temporeros agrícolas de España se concentran entre Extremadura y Andalucía.

Desde Trabajo han precisado que la aprobación de esta rebaja de las peonadas para facilitar que los jornaleros accedan a estas ayudas se producirá en breve, mientras analiza qué otras medidas adoptar para resolver la crisis de precios que afecta al campo.

Los agricultores españoles han salido a la calle durante las últimas semanas -hoy mismo hay convocadas tractoradas y manifestaciones en diferentes puntos del país- para protestar por la crisis que atraviesan.

La reunión mantenida con los sindicatos se ha visto salpicada por la polémica, debido a la ausencia de las organizaciones agrarias, que han asegurado que fueron desconvocadas ayer por la noche, unas horas antes de dar inicio el encuentro.

No obstante, fuentes del ministerio liderado por Yolanda Díaz han incidido en que el encuentro con estas entidades apenas se ha pospuesto.

En la citada reunión también se han abordado las pésimas condiciones de trabajo y vivienda en las que se encuentran trabajadores eventuales en el campo de Huelva, y que fueron denunciadas en un informe elaborado por el relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.

En este sentido, fuentes de Trabajo han asegurado que el Gobierno acometerá las "modificaciones necesarias" para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en estos asentamientos, algo que bajo la legislación actual no es posible que el empresario agrícola lo permita expresamente.

El TS reconoce el derecho a computar el Servicio Social de la Mujer a efectos de jubilación anticipada

MADRID.- El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a computar el tiempo en el que realizó el llamado 'Servicio Social de la Mujer' para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación anticipada, con lo que el alto tribunal lo equipara en efectos con el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria para los hombres, que ya se tenía en cuenta para los hombres.

El tribunal aplica la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 208.1.b de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que contempla que para acreditar un periodo mínimo de cotización a efectos de jubilación anticipada se podrá computar el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria con un límite máximo de un año.

La interpretación literal de este artículo –aclara la sentencia- conduciría a una violación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, pues supondría un trato discriminatorio de las mujeres ya que no incluye el "Servicio Social de la Mujer".

La Sala se ha pronunciado al estudiar el caso de una mujer que había solicitado la jubilación anticipada y que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por faltarle siete días para cumplir el mínimo de cotización exigido por la ley.

Un juzgado de lo Social de Barcelona le dio la razón y reconoció su derecho a acceder a la jubilación anticipada. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó esa sentencia, estimando el recurso del INSS, al considerar que el tiempo que la mujer estuvo cumpliendo el Servicio Social de la Mujer no contemplaba obligación alguna de las autoridades competentes en orden a una supuesta afiliación, alta o cotización.

El Supremo en cambio entiende que el recurso de la mujer debe ser estimado en aplicación de la dimensión de género que vincula a todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

La Sala admite que en nuestro ordenamiento no hay norma alguna que considere como periodo cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial, el periodo de prestación del Servicio Social de la Mujer. Pero añade que la aprobación de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) persigue la igualdad de trato y de oportunidades, y que es un principio informador del ordenamiento jurídico que debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

La sentencia tiene en cuenta que la finalidad tanto del servicio militar como del Servicio Social de la Mujer fue similar, tal y como establece el Decreto número 378 de octubre de 1937, como un servicio obligatorio para hombres y mujeres. En el caso de ellas se estableció como "deber nacional de todas las mujeres españolas en edad de 17 a 35 años", y estuvo en vigor hasta 1978.

Añade que "el servicio militar únicamente lo realizaban los hombres, luego se está reconociendo un periodo no cotizado a efectos de acceder a la jubilación anticipada, únicamente a los hombres". Así, afirma que "no cabe argüir que a las mujeres no se les podía reconocer dicho derecho ya que no realizaban el servicio militar", aunque sí se les exigía realizar el "Servicio Social de la Mujer", pero sin reconocer dicho periodo para la jubilación anticipada.

El FMI pide cambiar las pensiones para no sostenerlas "a expensas de los jóvenes"

NUEVA YORK.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que mantener el sistema de "generosas" pensiones en España sin modificaciones "no es sostenible" y solo podrá ser respaldado a costa "de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Las "generosas" pensiones en España han ayudado a que los mayores hayan "navegado" la crisis mejor que los jóvenes, que han quedado "particularmente en desventaja", señaló el Fondo en un informe sobre el gasto social.

El informe, titulado 'Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España', ha apuntado que "la desigualdad en España es más alta que en sus socios de la Unión Europea (UE)".

"Las pensiones son la parte más grande de la protección social y son consideradas bastante generosas en la comparación regional. Como resultado, la pobreza en la tercera edad en España es relativamente baja y los pensionistas han estado bien protegidos de la crisis financiera global", agregó.

No obstante, advirtió de que mantener el sistema de pensiones "sin reformas integrales no es sostenible y se haría a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Recomienda, en este sentido, incentivar vidas laborales más largas, elevar los ingresos sin aumentar las ya elevadas cotizaciones y alentar los ahorros suplementarios.

El organismo indicó que un cuarto de la población española todavía está en riesgo de pobreza o exclusión social, y en agosto de 2019, pese a la tendencia a la mejora, el 32,2% de la fuerza laboral juvenil de España (entre 16 y 24 años) estaba desempleada, comparado con el 15,4% en la zona euro.

Tras la aguda crisis económica, las políticas de gasto social han elevado la necesidad de responder pero se encuentran restringidas por la "alta deuda pública", cercana al 100% del producto interior bruto (PIB) y tres veces superior a la de 2007, y las presiones de "una sociedad en proceso de envejecimiento".

"El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deberían ser dirigidos hacia un mercado laboral más inclusivo", indicó.

En este sentido, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva apuntó que "la gran diferencia en los costes de despido entre los fijos y los temporales continúa siendo la causa de que las empresas ofrezcan pocos contratos indefinidos".

En sus últimas previsiones de crecimiento para España, el organismo proyectó una desaceleración del crecimiento económico hasta el 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo previsto, lastrada por la reducción de la demanda interna y las exportaciones.

El ministro Escrivá quiere que la edad de jubilación real suba tres años

PARÍS.- El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no cree que haya que elevar la edad legal de jubilación, que desde la reforma de 2011 sube progresivamente de 65 a 67 años, pero sí que se acerque a esas cifras la edad de jubilación real, que actualmente ronda los 64 años. 

Escrivá, que compareció ante los medios en París tras participar en una conferencia ministerial de la OCDE sobre migraciones, afirmó que la edad de jubilación fijada en 2011 en la reforma del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "es un punto de partida perfecto y no creo que haya que tocarlo".

Pero añadió que lo que se debe intentar "con los incentivos correctos" es conseguir que "la edad efectiva de jubilación se acerca a la edad pactada en 2011", que actualmente está en 65 años y 10 meses y que alcanzará los 67 años en 2027.

Preguntado por el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones que estableció en 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy —que rebaja la cuantía inicial de la pensión al ajustarla a la esperanza de vida—, que se encuentra en suspenso, el ministro subrayó que lo más importante respecto a esa reforma es que se ha corregido el "error" y se va a restablecer el principio de que "el valor adquisitivo de las pensiones se mantenga y se mantenga para siempre". 

A su juicio, el problema de financiación de las pensiones a medio plazo "es manejable", "no hay que generar preocupación" y el lugar para buscar soluciones es el Pacto de Toledo.

También dijo que su referencia en la cuestión de las pensiones es el informe que hizo hace un año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que él presidía antes de entrar en el Gobierno.

El punto de partida es que, con el nivel actual de cotizaciones, la Seguridad Social no debería tener déficit y si lo tiene es porque se le ha sobrecargado con gastos que no le corresponden y se le ha privado de ingresos.

De esa forma "le quitaríamos una enorme preocupación innecesaria" a los actuales y futuros pensionistas, señaló Escrivá.

En su estudio, la AIReF también proponía aumentar el periodo de cotización considerado para el cálculo de la pensión (de los 25 años de la reforma de 2011 a 35).

Escrivá, que ejerció de vicepresidente en la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reiteró que España, como los otros países europeos, tendrá que recibir a millones de inmigrantes (este jueves habló de ocho a nueve millones en tres décadas) para mantener el nivel de su mercado de trabajo, debido al envejecimiento de la población.

Y añadió que "lo que importa ahora es tener una estrategia de medio y largo plazo" para acogerlos e integrarlos, algo para lo que "por supuesto" España está preparada.

Se trata de que "los millones de inmigrantes que van a llegar a España en las próximas décadas, como a cualquier país europeo, vengan y se integren y ayuden a contribuir al crecimiento del país en las áreas donde los vamos a necesitar".

Y preguntado sobre la derogación de la reforma laboral de Rajoy, se mostró prudente: "Primero tenemos que hacer un análisis muy en profundidad de los efectos".

A ese respecto, hizo notar que solo ahora se empiezan a tener resultados de los efectos de las reformas laborales que se hicieron en Alemania a comienzos de los años 2000.

"En España, todavía no existen evidencias firmes porque no ha pasado suficiente tiempo", comentó.

La pensión máxima de jubilación queda en 2.683,34 euros mensuales y la mínima en 410,96 euros

MADRID.- En España hay casi 9 millones de pensionistas y menos de 20 millones de personas trabajan. Esas son las cifras. A la espera de acontecimientos y conscientes de que el sistema de pensiones está realmente en peligro, porque España sufre la tormenta demográfica perfecta. 

Si el IPC supera este año el 0,9% previsto, el Gobierno compensará a los pensionistas la diferencia en un único pago que se producirá antes de abril de 2021.

Es el segundo año consecutivo, tras 2019, en el que las pensiones aumentan por encima del mínimo legal previsto (0,25%).

El año pasado se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas.

Así quedarán las prestaciones:

• El importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 843,3 euros al mes (frente a los 835,6 euros actuales en 14 pagas), la de sin cónyuge en 683,49 euros (677,4 euros actualmente) y la de con cónyuge no a cargo en 648,68 euros mensuales (frente a los 642,9 euros actuales).
• La pensión máxima de jubilación se situará en 2.683,34 euros mensuales.
• La pensión mínima de viudedad para los titulares con cargas familiares se situará en 790,6 euros mensuales, en contraste con los actuales 783,6 euros al mes. el caso de ser mayor de 65 años o de tener una discapacidad mayor o igual al 65% la pensión mínima de viudedad será de 683,49 euros. Si el titular de la pensión tiene entre 60 y 64 años, la cuantía será de 639,4 euros, mientras que en el caso de los beneficiarios menores de 60 años la prestación será de 517,7 euros mensuales.
• En las pensiones de orfandad el importe mínimo ascenderá a 208,8 euros mensuales por beneficiario (antes 207 euros), mientras que si el beneficiario tiene menos de 18 años y cuenta con una discapacidad superior o igual al 65% la cuantía será de 410,96 euros mensuales.El coste de esta revalorización asciende a 1.406 millones de euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas, 23 millones de euros a las pensiones no contributivas y 10 millones de euros a las prestaciones familiares por hijo a cargo, que también se revalorizan un 0,9% en 2020.