ALICANTE.- La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, del
PP, ha negado que la institución provincial ofreciera a los municipios
la gestión del bono comercio a través de la Federación Alicantina de
Comercio de la Pyme (Facpyme) y ha insistido en que fueron los
consistorios los que "con total autonomía y libertad eligieron cómo
hacerlo".
Así lo ha indicado Serna en un comunicado, después
de que el grupo socialista haya afirmado que la gestión de este programa
estaba "completamente articulada y preasignada" a Facpyme "incluso
antes de la puesta en marcha oficial del programa".
Todo ello,
en un contexto marcado por el hecho de que el presidente de Facpyme,
Carlos Baño, quien además preside la Cámara de Comercio de Alicante,
figura como único imputado en la causa judicial que investiga posibles
irregularidades en la gestión de este programa de la Diputación para
municipios de esta provincia durante 2022 y 2023.
La causa
está abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en
subvenciones que la Policía cifra de forma preliminar en cantidades sin
justificar de algo más de 100.000 euros.
Baño comparecerá el
próximo 27 de abril en la comisión de investigación sobre este programa
que quedó constituida el pasado lunes en la Diputación de Alicante,
según confirmó la vicepresidenta primera.
Ante las
manifestaciones del PSPV, Serna ha dicho que "es absolutamente falso"
que desde la Diputación se hicieran campañas de promoción del bono
comercio "incluyendo a Facpyme como entidad colaboradora de la gestión".
La vicepresidenta primera ha defendido el "proceder" de la Diputación
de Alicante y ha negado "la existencia de una planificación dirigida a
beneficiar a Facpyme o a la Cámara de Comercio como entidades gestoras"
del bono.
"En ningún momento las bases de la convocatoria ni
la promoción de esta campaña por parte de esta institución contenían
ninguna referencia a Facpyme ni a la Cámara de Comercio como entidades
gestoras", ha defendido la diputada del PP.
Y ha añadido: "La
implicación de estas dos entidades en este proceso se limita a que
representan al sector comercial y, por ello, nos trasladaron en su
momento las necesidades del mismo por los efectos negativos que la
pandemia o la guerra de Ucrania estaba teniendo sobre el consumo en los
comercios de la provincia".
En este sentido, ha resaltado que
la institución "articuló esta convocatoria siguiendo lo que establece la
Ley de Subvenciones".
"Como con cualquier otra convocatoria, la
Diputación se limitó a aprobar las bases y a resolver la misma según
establece esta ley", ha agregado.
Serna ha reiterado que los
consistorios "percibieron las ayudas" que les correspondían y, "con
total autonomía local y libertad", establecieron los mecanismos "que
consideraron más oportunos para la gestión del bono consumo".
"Si lo que denuncia la oposición fuera cierto, los ayuntamientos
hubieran gestionado esta campaña con alguna de estas entidades, cuando
lo cierto es que la mayoría no lo hizo", ha señalado la vicepresidenta
primera.
Finalmente, Serna, quien ha indicado "que la
tramitación de las ayudas estuvo en todo momento fiscalizada tanto por
los servicios municipales como por la propia Diputación", ha acusado al
grupo socialista de "querer machar la imagen de esta Diputación a
sabiendas de que detrás de esta cuestión no hay nada irregular".
