ALICANTE.- La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la
Comunitat Valenciana ha archivado la denuncia sobre las presuntas
irregularidades cometidas en un examen de la oposición para 58 plazas de
auxiliares administrativos que la Diputación de Alicante celebró el
pasado 8 de febrero, al entender que esta "pierde razón de ser" después
de que la prueba se repitiera el pasado 1 de marzo.
Así lo ha
informado la institución provincial en un comunicado, en el que asegura
que ha tenido conocimiento de esta resolución el mismo día en el que se
ha constituido una comisión de investigación sobre esta cuestión.
Concreta que la Agencia Antifraude, tras el análisis de los distintos
hechos y de la documentación que ha aportado la Diputación, detalla en
su resolución que se ha acordado archivar el expediente de investigación
abierto al entender que "las alertas han desaparecido al haber sido
repetido el examen".
La institución provincial ha recogido la
argumentación de este organismo: "Constatada la voluntad del órgano
técnico de selección de corregir las irregularidades contenidas en las
alertas recibidas en esta Agencia y dado que la Diputación de Alicante
ha procedido a la repetición del examen, nos encontramos ante una
situación de pérdida sobrevenida del objeto de las siete denuncias, que
determina que pierda su razón de ser la discusión que constituía el
objeto del presente, procediendo declarar esta situación y acordar el
archivo del expediente".
Por otra parte, en su escrito la
Agencia recomienda a la Diputación que "valore la aprobación de un
manual de instrucciones y buenas prácticas que fije un protocolo de
actuación a cumplir por los órganos de selección y por el personal
colaborador en los procedimientos de selección de personal".
Esta resolución de la Agencia Antifraude ha sido conocida el mismo
día en el que se ha constituido en la Diputación de Alicante la Comisión
de Investigación, impulsada por los grupos políticos de la corporación
provincial, con el fin de "dilucidar las posibles responsabilidades en
las presuntas irregularidades detectadas en la prueba".
Durante la celebración de este órgano, presidido por la diputada
socialista Pilar Díaz, se ha fijado un calendario de trabajo para las
próximas semanas, según han concretado desde la institución alicantina.
Por su parte, desde el PSPV han realizado más de diez peticiones en
la comisión de investigación, con el objetivo de "esclarecer" lo
ocurrido y "exigir responsabilidades".
En este sentido, el
portavoz socialista en la comisión, el diputado José Ramiro Pastor, ha
afirmado en un comunicado que su grupo "quiere saber quién ha metido la
mano en el examen que señalaba las 42 preguntas correctas que permitían
conseguir el aprobado".
En concreto, durante esta primera
sesión, Ramiro ha explicado que el PSPV ha solicitado "tener un acceso
directo a toda una serie de documentación", como son el expediente del
proceso selectivo, los exámenes realizados por los aspirantes el día 8
de febrero y una copia digital de todos los archivos empleados para
realizar la prueba investigada, además del archivo final "que se envió a
la imprenta".
"Hemos pedido también la relación completa de
todas las personas que han intervenido en la elaboración e impresión de
la prueba investigada y un informe sobre la relación de preguntas del
examen: a qué tema correspondía a cada pregunta de la prueba y qué
preguntas tenían algún error de formato que correspondían a la respuesta
correcta", ha añadido el diputado socialista.
Igualmente, su
grupo ha solicitado "otro informe sobre los apoyos informáticos y
documentos digitales que se han utilizado para la elaboración de la
prueba investigada".
"Se tiene que determinar la cadena de custodia, es
decir, desde qué apoyos informáticos se entregan los USB por parte de
los miembros de la comisión técnica, en qué equipo se realiza la prueba
final, quién controla ese equipo y cuáles son los metadatos de todos los
archivos que existen en los diferentes apoyos informáticos
custodiados".
Finalmente, ha pedido "el listado de miembros de
la comisión técnica, así cómo las tareas específicas que realizaban
cada uno de ellos".
"Exigimos la creación de esta comisión de
investigación y ahora queremos llegar a los verdaderos motivos que
llevaron a realizar esta prueba aparentemente manipulada que ha dañado
la imagen de la Diputación de Alicante, ofreciendo una proyección de
descrédito total", ha concluido.
De otro lado, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles,
ha incidido en que la prueba "claramente estaba amañada" y en que el
objetivo de la comisión es ver "quién" presuntamente ha llevado a cabo
esta acción y "depurar responsabilidades".
También se ha
cuestionado sobre "qué actitud toma" el PP para "facilitar recursos" en
la comisión, y ha avanzado que su grupo va a pedir "cotejar" si existían
relaciones de parentesco entre los más de 3.000 aspirantes al examen y
"miembros de los tribunales e incluso la corporación".
"Es
evidente que estaba amañada, porque se habían marcado determinadas
preguntas de diferente forma, que eran las que se tenían que
seleccionar. Cualquier persona con ese patrón podría haber sacado hasta
un seis, si no recuerdo mal, en esa prueba selectiva", ha aseverado
Perles en declaraciones a los medios.
El portavoz de la
coalición ha recordado que el examen se repitió "antes de corregirlo",
por lo que cree que "hubiera sido muy útil" tener las pruebas puntuadas
para ver "qué personas siguieron este patrón y determinar alguien lo
siguió y si el resto de preguntas no lo contestó de forma adecuada".
"Seguimos teniendo muchas dudas sobre qué pasó en la primera prueba y
en saber cuál fue el régimen de custodia de las preguntas. No es una
simple casualidad ni una anécdota que la hija de un conseller formara
parte del tribunal o que incluso el presidente del tribunal fuera el
mismo funcionario que está investigando Fiscalía por los contratos que
se están adjudicando a un amigo de Carlos Mazón para manipular
publicidad institucional", ha manifestado Perles.
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