VALENCIA.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO del País Valencià ha denunciado «la estrategia de imposición autoritaria» de la Conselleria de Sanidad, que «lleva más de tres meses sin convocar la Mesa Sectorial mientras aprueba, por decretos-ley o enmiendas legislativas, modificaciones que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal sanitario, sin negociación, ni garantías».
De este modo, el sindicato ha criticado que la Conselleria «ha optado por desmantelar el sistema público de salud al vulnerar los derechos de las personas trabajadoras, obviar el derecho a la negociación colectiva, imponer medidas que suponen movilidad forzosa, cambios de jornada, nuevas categorías profesionales y reordenaciones funcionales encubiertas, todas ellas de forma unilateral», según ha detallado CCOO en un comunicado.
El sindicato ha censurado que la Conselleria «está gobernando a golpe de decreto y marginando a la representación legítima del personal» y ha subrayado que «se están cargando las condiciones laborales del personal sanitario por la puerta de atrás».
La secretaria general de la FSS CCOO PV, Yolanda Ferrández, ha denunciado que este funcionamiento de la Conselleria «es algo que viene siendo habitual en este gobierno en connivencia con la ultraderecha, necesaria para ello y sin ningún pudor, haciéndolo a sabiendas que lo que no pueden pactar en una mesa, lo imponen por vía legislativa».
Con todo ello, CCOO ha exigido la convocatoria «inmediata» de la Mesa Sectorial para abordar todos estos asuntos «con las garantías legales y democráticas que merecen los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público valenciano» y ha asegurado que «si persiste esta actitud autoritaria, no se descarta la convocatoria de movilizaciones».
A su juicio, entre las actuaciones y cambios de condiciones «más graves» está la movilidad geográfica obligatoria del personal del Hospital Doctor Moliner al Padre Jofré u otros centros.
«Llevar a cabo dicho traslado, sin evaluar las condiciones en materia de seguridad y salud laboral mínimas, expone directamente a los y las profesionales a nuevos riesgos no evaluados ni controlados, lo que incrementa su vulnerabilidad en el puesto de trabajo», ha expresado.
Asimismo, también ha censurado la modificación de la jornada ordinaria del personal facultativo de urgencias hospitalarias, que se extiende hasta las 22.00 horas los siete días de la semana, y «la imposición» de guardias de siete horas como jornada complementaria, porque «vulneran» lo establecido en el Decreto 137/2003 y «no han pasado» por la Mesa Sectorial.
«Ello mientras se incumplen las promesas electorales y los acuerdos negociados de aplicar la jornada de 35 horas semanales como medida para fidelizar al personal», ha señalado.
Además, ha lamentado que se utilizan figuras legales de excepción, como los decretos ley y las enmiendas parlamentarias, «para crear de forma sistemática nuevas categorías profesionales sin negociación que, aun estando en desacuerdo 'a priori', han sido impuestas con la Ley 1/2025».
«Más grave si cabe son las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos con enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, por el grupo parlamentario Vox, donde se pretende la creación de figuras como la del psicólogo/a general sanitario/a, sin pasar por la negociación colectiva», ha expresado.
El sindicato ha recalcado que esta figura «incumple la legislación vigente», en cuanto a los requisitos para la prestación psicológica en la sanidad pública donde se exige una especialización vía PIR (Psicólogo/a Interno Residente).
«Este proceder excluye deliberadamente a las organizaciones sindicales y rompe con los principios de transparencia, participación y respeto al marco normativo vigente», ha sentenciado.
Por otra parte, CCOO ha apuntado que la situación del personal «se agrava aún más» con medidas como «la movilidad funcional encubierta que impone la Ley 1/2025, al ofrecer días de permiso a cambio de que las personas trabajadoras asuman funciones fuera de su categoría o su centro de trabajo, en un contexto de déficit crónico de personal, a sabiendas de que esos días no se van a poder disfrutar de manera efectiva».
Asimismo, ha denunciado que «siguen sin resolverse temas claves» de conciliación familiar y de derechos laborales como la denegación sistemática de excedencias y comisiones de servicio o la ausencia de indemnización por el cese de vacantes ocupadas durante más de tres años. Para CCOO, estas prácticas «vulneran derechos básicos y dan inseguridad jurídica, además generan sentimientos de insatisfacción laboral».
«Todo ello se está haciendo sin la representación de las personas trabajadoras, sin transparencia y con total desprecio hacia los cauces establecidos legalmente, lo que constituye un grave incumplimiento del Estatuto Marco y de la normativa valenciana en materia de función pública», ha incidido el sindicato.
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