VALENCIA.- El que fuera secretario autonómico de Seguridad y Emergencias en el
momento de la dana, Emilio Argüeso, aseguró en su declaración ante la
jueza que instruye la gestión de la tragedia que dejó 228 víctimas
mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia, que fue el
subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, el primero en plantear
emitir el 29 de octubre una alarma a la población por el peligro que
representaba la presa de Forata, y se acabó decidiendo "sobre las 19.15
horas". El contenido del ES-Alert, según relató, "no querían que fuera
excesivamente alarmante y que fuera comprensible, sencillo, fácil de
entender".
Así consta en su declaración como investigado ante
la jueza que investiga la gestión de la dana, que tuvo lugar el pasado
11 de abril, después de la de la exconsellera de Justicia e Interior,
Salomé Pradas. De acuerdo con su versión, una vez se planteó ese envío
por parte de Suárez hubo un debate del jefe del Consorcio --José Miguel
Basset-- (coordinador del comite de medios) y otro técnico, el jefe de
seguimiento, "sobre si enviar o no un mensaje" porque "decían que podía
generar incluso más lío".
La conversación "duró poco"
--aseguró que fue el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, el que
lo cortó-- y al final la consellera "ordenó emitirlo y la delegada de
gobierno estaba por la labor de mandarlo", algo en lo que él estaba a
favor. En este caso, no se siguió el criterio de Basset.
Y explicó, a
partir de este momento, el proceso que se siguió: fue Jorge Suárez con
un funcionario que no sabía quién era y redactaron el mensaje; luego
había que mecanizarlo; después validarlo y buscar otro funcionario para
que lo validara "y entonces cuando se validó apareció a las 20:15
horas".
No obstante, Argüeso recalcó que ese mensaje no era
para el desbordamiento del barranco del Poyo mientras que para el
pantano de Forata "podría haber sido válido". Así consta en su
declaración ante la jueza en
la que el ex secretario autonómico afirmó que cesó del cargo por
petición propia y no por sentirse responsable de lo ocurrido.
De hecho, afirmó que su papel en el Cecopi era "nulo" y lo que trató
es "intentar agilizar", que "echó alguna bronca" y defendió que según el
plan "no se especifica quién hace lo que hace, que en Valencia la Ley
de Emergencias no especifica" y que él no era "jefe de nada y solo podía
dar su opinión".
Argüeso, que subrayó que el president de la
Generalitat, Carlos Mazón, no es miembro de Cecopi, no fue convocado y
negó que su ausencia supusiera algún retraso, afirmó que este órgano era
"codirigido por las codirectoras", al tiempo que afirmó que el comité
de dirección lo forman la titular de la Conselleria de Protección Civil;
delegada o subdelegado del Gobierno, según la provincia, y que el 75 por
ciento de los miembros del Comité asesor de seguimiento son miembros de
la administración del Estado.
En
respuestas únicamente a preguntas de su defensa, Argüeso apuntó tres
errores: uno "principal", que fue la retirada de los bomberos del
barranco del Poyo a las 15.00 horas por parte del Consorcio sin
comunicárselo a ellos, que califica de "negligente" y de lo que asegura
que se enteró por la prensa; la "falta de información" por la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que la delegada del
Gobierno, Pilar Bernabé, no acudiera ese día al Cecopi de forma
presencial porque "telemáticamente no eres conocedora de todo lo que
ocurre en tiempo real".
Argüeso ha solicitado a la jueza que
cite a declarar como investigados y, subsidiariamente, en calidad de
testigos a cuatro personas: el presidente de la CHJ, Miguel Polo; el que
era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ese día y
ahora retirado, Jose Miguel Basset, la jefa del servicio de Coordinación
de Emergencias 112, Inmaculada Piles, y la técnico de Comunicación,
Aurora Roca.
De Piles, asegura que intentó contactar desde
las 8.02 y hasta las 12 del 29-O y no obtuvo respuesta y que decidió
trasladarse al CCE y de allí se desplazaron a Carlet porque era donde
estaba lloviendo más para luego regresar mientras que de la responsable
de información afirma que no asesoró.
Según su versión ante
la jueza, el Cecopi se convocó por las lluvias en Utiel pero allí no se
informó de la situación del barranco del Poyo, sobre el que hubo tres
comunicaciones por la tarde de la SAIH de la CHJ comunicando una
reducción de caudal, y otra a las 18.43 "donde se dice 1er, 2º, 3er
aviso de caudal en rambla del poyo nacional 3, valor 1.686 m3 mayor de
150".
Sin embargo, afirma que ese correo avisando de la
crecida "se envía a la sala 112, desde esa sala se tenía que haber
mandado a la sala de emergencias y esta al director del CCE, y del CCE
dirigido por Jorge Suárez, al Cecopi".
El ex secretario autonómico
afirmó desconocer si el mail fue recibido en la sala de emergencias,
pero afirmó que al Cecopi no llegó. Así, sostuvo que Suárez no informó
de los correos, cree que "no por mala fe" sino "porque a lo mejor ni lo
leyó".
Argüeso afirmó que el presidente de CHJ "debería saber
adónde y quién lo mandó" y la delegada del Gobierno tampoco lo
comunicó. Él sostuvo que se enteró de lo que pasaba por la gente que le
enviaba llamadas y no fue hasta el segundo Cecopi cuando fue consciente
de la "tragedia".
Argüeso
defendió que "gracias a su intervención no sabe a cuánta gente salvó"
porque ese día entre WhatsApps y llamadas en su teléfono particular, que
es conocido por mucha gente, "atendió a mucha gente" y pasó avisos a
policía autonómica y bomberos en el Cecopi pero le dijeron que no
atendían casos particulares.
El ex secretario autonómico aseguró que "se
cabreó" y se fue a la sala 112 para "mecanizar muchos mensajes" como la
presencia de 40 niños encima de un camión.
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