La Unió critica la propuesta de Parlamento y Consejo Europeo de fijar arancel 0% para 500.000 t de frutos secos de EEUU

VALENCIA.- La Unió Llauradora ha mostrado su "profunda preocupación" ante la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo que establece "un contingente arancelario de entrada a la UE de 500.000 toneladas de frutos secos (almendra, nuez, pistacho y otros) procedentes de Estados Unidos con arancel 0%", según ha alertado la organización agraria en un comunicado.

Ante esta situación, La Unió ha presentado ya dos enmiendas a los eurodiputados en diversas reuniones mantenidas estos días en Bruselas para que se excluya a los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto en el Anexo III para "garantizar la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE".

También pide en una segunda enmienda suprimir toda referencia a dichos productos en el preámbulo del Reglamento, con objeto de asegurar la claridad jurídica, la coherencia legislativa interna y la protección adecuada de un sector estratégico para la economía y el medio rural europeo. La organización agradece a Compromís y a su eurodiputado valenciano Vicent Marzà que lo haya visto de la misma forma, incluyendo ya entre sus propuestas las enmiendas presentadas por la organización.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha afirmado que "esta decisión supone una amenaza grave e inmediata para la viabilidad del tejido productivo mediterráneo y, en particular, para las explotaciones de secano de la Comunitat Valenciana, altamente dependientes de la renta agraria y de la estabilidad del mercado interior".

El representante agrario ha advertido que "las importaciones masivas facilitan además que los grandes industriales elaboren turrones bajo marcas de calidad como el Consejo Regulador IGP Turrón de Jijona y Alicante donde luego no identifican la procedencia del país de origen, aprovechándose de una marca ligada al territorio y a la proximidad para lanzar un mensaje engañoso al consumidor".

La Unió ha expuesto que el sector de frutos secos "contribuye de forma decisiva a la cohesión territorial, el mantenimiento de la población en el medio rural, la adaptación climática, la prevención de incendios forestales y la sostenibilidad del paisaje agrario europeo".

Además, ha destacado que el sector cumple "estrictos estándares ambientales, laborales y fitosanitarios que no son equiparables a los exigidos a las importaciones procedentes de Estados Unidos, lo que genera una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad de miles de explotaciones familiares".

Igualmente, ha señalado que "la ausencia de una evaluación de impacto específica para los frutos de cáscara refuerza la necesidad de aplicar el principio de precaución y de proteger un sector clave para la economía rural y el medio ambiente europeo".

En su opinión, la apertura de un contingente arancelario de 500.000 toneladas con arancel 0% para frutos de cáscara originarios de Estados Unidos constituye "un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior".

La Unió ha añadido que "los datos históricos certifican que las importaciones anuales de dicho contingente han crecido desde el año 2000 a razón de un 6% anual hasta alcanzar cifras prácticamente equivalentes al volumen contingentado propuesto, con medias anuales en el último quinquenio de más de 450.000 t".

La Unió considera que "el contingente equivaldría a una liberalización total del mercado, con un riesgo evidente de sobreoferta brusca y fuerte presión a la baja sobre los precios en origen". La utilización del contingente podría concentrarse en períodos concretos, con impactos "inmediatamente lesivos sobre la rentabilidad de las explotaciones, especialmente en países mediterráneos donde el cultivo de frutos secos se desarrolla en condiciones agroclimáticas difíciles y con mayores costes regulatorios".

"La viabilidad económica del sector es ya frágil, miles de explotaciones familiares dependen de precios estables para sostener su actividad, y un shock comercial de esta magnitud puede desencadenar abandono rural, pérdida de empleo, desertificación y retrocesos en objetivos ambientales clave de la Unión", ha señalado Carles Peris.

"Este sector desempeña un papel esencial en la cohesión territorial, fijación de población, prevención de incendios, protección de suelos y captura de carbono. La desviación de producción hacia importaciones extracomunitarias comprometería estos bienes públicos que la PAC busca preservar", ha concluido.

La CNMC valida que el grupo Ribera compre el 65% de las acciones de DKV en Marina Salud

MADRID/VALENCIA.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronuncia a favor de Ribera Salud. El grupo sanitario gestiona desde este miércoles el 100% del departamento de salud de Denia. Tras el acuerdo alcanzado con DKV el pasado agosto para la adquisición de su participación en Marina Salud, la autoridad competente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha validado la operación. La ley de salud valenciana no se aplica en este caso porque es muy posterior al inicio de la concesión.

DKV contaba hasta ahora con el 65% de las acciones de Marina Salud, que ahora pasan a manos de Ribera, que ha formado parte del proyecto desde el inicio de la colaboración público-privada para la gestión de este departamento de salud.

“Este acuerdo es fruto de la evolución natural de una relación de colaboración leal con DKV, por un lado, y de compromiso y vocación de servicio con los ciudadanos del área de Denia y el cuidado de su salud, por otro”, ha asegurado la consejera delegada de Ribera, Elisa Tarazona. La ejecutiva ha lanzado un mensaje de tranquilidad al asegurar que esta operación “no va a suponer cambios en las condiciones laborales de la plantilla ni en los planes de Marina Salud”.

Por su parte, Josep Santacreu, consejero delegado de DKV, ha afirmado “estamos muy satisfechos de la gestión realizada a lo largo de estos 13 años; no sólo hemos cumplido con los objetivos que nos fijamos, sino que hemos mejorado sustancialmente la calidad de la atención sanitaria y hemos generado un impacto económico y social muy positivo en la comarca”.

Confecomerç pide que el problema del 'top manta' se tome "en serio" porque muchos ayuntamientos "miran hacia otro lado"

VALENCIA.- El presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha reclamado a las administraciones que se tomen "muy en serio" la venta ilegal y las falsificaciones, un problema que afecta al 10% de las ventas del comercio legal. "Si estamos gobernados por un Ayuntamiento, como hay muchos en la Comunitat, no solo el de València, que miran hacia otro lado, resulta que se hace bien poco", ha lamentado.

Cuando se habla de una bajada de ventas de cerca del 4% se habla de crisis, ha recordado Torres: "y aquí estamos hablando de un 10%, eso es una enorme crisis por sí sola", ha alertado en una entrevista, en la que ha expresado su preocupación porque "la lucha de la venta ilegal dependa de la voluntad política de cada ayuntamiento", a pesar de haber normativa estatal, autonómica y local.

"No vemos intención real de acabar con el problema", ha insistido. Como ejemplo, ha mencionado a la ciudad de València, donde según ha dicho, se anunció una unidad especializada para controlar la venta ilegal en la campaña navideña pero "se puso operativa en enero y no se hizo absolutamente nada. Las calles peatonales y los mercadillos estaban llenos de mantas y al final, el Día de Reyes, intentaron llamar la atención mal y tarde".

El representante del pequeño comercio ha dejado claro que "nadie quiere acabar con los manteros", su intención es "acabar con la actividad que realizan". "Estas personas están en manos de mafias y lo que hay que hacer es atacar a las mafias, el origen, y a esas personas ayudarlas con recursos, programas de inserción en la sociedad, formación, papeles, etc." pero "lo último que se debe consentir es que lo tengamos que pagar los de siempre sufriendo esa competencia ilegal".

Torres se ha referido también a la campaña 'Di no a las falsificaciones. Por un consumo responsable y sostenible: Sé original' impulsada el pasado mes de diciembre por la Conselleria de Economía Sostenible, la CEV, Avacu y Confecomerç. A su juicio, "no parece que esté haciendo demasiado ruido".

Si se demuestra insuficiente, Confecomerç volverá a plantear "medidas alternativas más coercitivas" como ya apuntó a finales del año pasado, cuando habló de la posibilidad de "multar al comprador" de productos falsificados, al igual que se hace en ciudades como Mallorca, Barcelona o Peñíscola.

En todo caso, confía en que en el ámbito estatal, la ministra de Comercio, Reyes Maroto, retome el compromiso que adquirió cuando estaba en funciones de poner en marcha una 'Mesa contra el Intrusismo' --con la participación de la Confederación Estatal del Comercio (CEC), en la que se integra Confecomerç-- para pedir medidas al respecto.

También reclamará una nueva fiscalidad para las plataformas de venta online, en su mayoría radicadas en paraísos fiscales y que no pagan impuestos en el país. En este momento, "tienen una ventaja competitiva inaguantable", ha subrayado.

El presidente de Confecomerç cree que las administraciones "no son conscientes" de la importancia que tiene el sector" del comercio, que supone el 13% del PIB nacional y el 17% de la afiliación a la Seguridad Social, el 77,5% con contrato indefinido, y en la Comunitat Valenciana, la actividad de mayor contribución al nacimiento de empresas.

En su opinión, "se presta mucha atención a la industria y demasiada poca atención al comercio y no hay más que ver los presupuestos", a pesar de que la incidencia del comercio sobre la actividad y el empleo totales equivale al 30% del valor añadido bruto y de la ocupación. El incremento de un euro en la demanda final de comercio genera un aumento de la producción final de 2,50 euros sobre el conjunto de la economía española, ha recordado Torres.

Ante esta situación, urge a la administración a dotar de "más recursos" al sector, especialmente en lo que se refiere a los programas de ayuda a la digitalización del pequeño comercio.

Si estos establecimientos no se digitalizan, "lentamente el mercado va a ir expulsándolos", ha alertado. El último programa de Confecomerç impulsar su digitalización ha llegado a 300 comercios, "si tenemos una base asociativa de 15.000, ¿cuantos años tenemos que estar para llegar a todos? ¿Estarán abiertos?", se ha preguntado.

Para Torres, ahora mismo lo que da la administración son "pipas". "El pequeño comercio existe y existirá y tiene capacidad para ser igual de profesional o más que el gran comercio, pero hay que dotarle de armas, por ejemplo para compensar la fiscalidad". De este modo, ha pedido "protección" y "no freírnos a impuestos como está ocurriendo tanto a nivel local como nacional, pagamos tasas e impuestos por absolutamente todo", ha concluido.

Competencia investiga a entidades bancarias por posibles prácticas anticompetitivas en el acceso a cajeros

MADRID.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en una "denegación sistemática e injustificada" de acceso a una red de cajeros a determinadas entidades financieras en las mismas condiciones favorables que las ofrecidas a otras entidades.

Dicha práctica, indica la CNMC, se habría desarrollado durante varios años hasta el momento actual, con el objetivo de perjudicar la capacidad competitiva de determinadas entidades en el mercado de provisión de medios de pago.

La CNMC realizó entre los días 25 y 27 de septiembre inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado, tanto en entidades bancarias como en administradoras de redes. Tales inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC a raíz de la recepción de una denuncia, que se está tramitando actualmente.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

La CNMC dispone, además, de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles. Mediante la misma se puede aportar información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, o el reparto de los mercados o de los clientes.

Competencia denuncia a 12 ayuntamientos y 13 autonomías por sus barreras a la unidad de mercado

MADRID.- La batalla judicial entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el conocido como conflicto del taxi es el pleito más mediático entre el regulador y la Administración Pública. Pero no es el único. El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, ha interpuesto ya un total de 41 recursos contenciosos contra 12 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas al considerar que algunas normas locales y regionales atentan contra la competencia y, en última instancia, socavan el bolsillo del consumidor, a juicio de El Mundo. 

Los conflictos abiertos en la Audiencia Nacional son de lo más variado, según las cifras que maneja el propio regulador. Desde los criterios para recibir una ayuda a la formación por parte de una comunidad autónoma a los requisitos para llevar a cabo un estudio geológico previo a la construcción de un campo de fútbol femenino. 

En este último caso, remitido a la justicia hace unas semanas, la CNMC carga contra los pliegos del concurso realizado por el ayuntamiento de la localidad asturiana que limitan la realización del estudio a licenciados superiores en Geología. El regulador requiere que se cambie esta reserva profesional al entender que otros colectivos -por ejemplo, el de ingenieros de minas que denunció la «discriminación»- están capacitados para llevar a cabo el trabajo.
Todos los casos denunciados tienen en común la posible vulneración de la Ley de Unidad de Mercado, creada en 2013 para romper con los obstáculos y barreras administrativas por parte de administraciones públicas que castigan la competitividad del país. La CNMC ejerce de guardián de que se cumple esta ley dentro de sus ámbitos de actuación.
Los 41 recursos en la Audiencia Nacional han sido precedidos de decenas de informes realizados por el regulador para informar sobre las normas locales y autonómicas, ya sea por oficio o tras recibir alguna queja externa. Los informes suelen incluir un requerimiento para realizar el cambio normativo. En caso de no materializarse en un plazo de dos meses, la CNMC vuelve a llevar el asunto a su consejo para estudiar la toma de medidas legales.  

Las primeras denuncias se remontan al año 2015 y algunas de ellas ya tienen sentencia por parte de la Audiencia Nacional. En tres de los casos el recurso del regulador ha sido desestimado y en dos de ellos se ha estimado, obligando a la administración pública a cambiar la norma. Fuentes de la CNMC explican que los procedimientos no son firmes ya que en los casos que ha perdido se ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo.
Las comunidades autónomas son hasta el momento las administraciones que más recursos por parte del regulador acumulan con un total de 28 reclamaciones. La Comunidad Valenciana y la de Madrid son las dos regiones que más pleitos abiertos mantienen con la CNMC, con cinco y tres casos respectivamente.
Por otro lado, Competencia ha denunciado a 12 ayuntamientos por las restricciones en sus ordenanzas municipales a algunos colectivos. En dos de los casos la batalla se apagó por el acuerdo entre las partes, pero en el resto de los casos sigue a la espera de sentencia (ver gráfico adjunto).
Pero sin duda el pleito entre los pleitos entre la CNMC y el Gobierno es el que se bate en torno al sector del taxi. Se trata del único pleito que Competencia mantiene abierto contra normativa estatal al considerar que Fomento está bloqueando el desarrollo de empresas como Uber y Cabify y perjudicando al consumidor.

Diego de Ramón aboga por regular los costos de servicios de usuarios financieros empresariales respecto a la mora

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón aboga por regular los costos de servicios de usuarios financieros empresariales a través de una plataforma de afectados a nivel nacional todavía en constitución y así se lo ha hecho saber, tanto al Banco Central Europeo (BCE), como a la entidad Cajamar, que viene aplicando tasas de interés del 3%, más del 25% en caso de mora, al colectivo empresarial español.

Este abogado propone acabar con esta "plusvalía desmesurada" en comparación a las de otras  entidades bancarias europeas, evidenciado así el posible incumplimiento sobre la Directiva de Abuso de Mercado de la Unión Europea al recibir esta entidad bancaria  -en alusión a Cajamar- en situación de posición dominante, un dinero público al cero por ciento de interés por parte del BCE y obtener un plus financiero privado de beneficio neto de un 28% desde el sector empresarial español en caso de mora pese a tratarse de préstamos con garantía hipotecaria.

Ante la negativa de Cajamar a tratar este tema con la plataforma en constitución de empresarios afectados, andaluces, levantinos y murcianos de momento, el citado letrado se ha dirigido al BCE solicitando una regulación al respecto para fijar un tipo estandar de interés moratorio, que no resulte usurario, dentro del mercado único.

Finalmente le recuerda al BCE que su Sistema de Supervisión Financiera tiene dentro de sus competencias una sección de 'supervisión microprudencial' para supervisar entidades individuales, como es el caso de la llamada cooperativa de crédito Cajamar, entre otras españolas que aplican elevados intereses de mora.

Competencia abre expediente sancionador a la patronal de transportistas del Puerto de Alicante

MADRID.- La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra la Asociación de Transportistas de Contenedores del Puerto de Alicante (Astraco) por supuesta fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, así como por la limitación y el control de la actividad.

En nota de prensa, la CNC señala que estas conductas en la que supuestamente ha incurrido la patronal, como la elaboración de censos de camiones para controlar el acceso al puerto de Alicanto o la fijación de precios del transporte y otras condiciones, pueden suponer una práctica restrictiva de la competencia.

No obstante, la comisión recuerda que “la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación” y apunta que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.

La Comisión Nacional de la Competencia multa a 'Balearia'

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 54 millones de euros a Trasmediterránea, Baleária, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa por haber participado en un cártel en las líneas de transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la Península con las Islas Baleares y las Islas Baleares entre sí.

   El 19 de abril de 2010, tuvo entrada en la Comisión Nacional de la Competencia un escrito del Consell Insular de Ibiza por el que se formulaba una denuncia contra Trasmediterránea y Balearia por supuestas conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia.

   Estas consistían en la adopción de acuerdos cuyo objeto sería el reparto de mercado y la fijación de precios y de condiciones comerciales, así como en la imposición de precios y condiciones comerciales no equitativos en el mercado de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías entre la Península y Baleares.

   Tras llevar a cabo las correspondientes inspecciones en las sedes de Trasmediterránea y de Balearia en mayo de 2011, la Dirección de Investigación de la CNC decidió incoar expediente sancionador contra Baleária, Trasmediterránea e Isleña Marítima de Contenedores, por posibles conductas anticompetitivas.

   Posteriormente se amplió la incoación a las empresas Sercomisa y Mediterránea Pitiusa, así como a la comunidad de bienes Trasmapi-Baleária.

   En su resolución de 23 de febrero de 2012, la CNC considera acreditada la participación, entre los años 2001 y 2010, de las empresas Baleária, Trasmediterránea, e Isleña Marítima de Contenedores, en un cártel de fijación de precios y de otras condiciones comerciales o de servicio en las líneas de transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la Península con las Islas Baleares, incluidas las líneas entre Menorca y Mallorca, y entre Ibiza y Mallorca.

   Además, entre los años 1995 y 2011, las empresas Baleária Eurolíneas Marítimas, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa llegaron a distintos acuerdos cuyo objeto era el reparto de mercado del transporte marítimo entre Ibiza y Formentera.

   Por todo ello, el Consejo de la CNC ha resuelto imponer la mayor multa a Transmediterránea (36,1 millones de euros), seguida de Baleária a la que impone una multa de 15,9 millones de euros. Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas ha sido multada con 1,1 millones de euros, Isleña Marítima de Contenedores con 495.826 euros, y Mediterránea Pitiusa con 402.453 euros.

   En 2011 el consejo de la CNC ya sancionó a distintas navieras, entre las que se encontraban también Balearia y Trasmediterránea, por su participación en acuerdos sobre reparto de mercado y fijación de precios, para las agencias en el transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea Algeciras-Ceuta.

   En esa ocasión se les impusieron multas por un importe total de 2,3 millones de euros y 12,1 millones de euros respectivamente.