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miércoles, 29 de abril de 2026

Compromís propone que los consellers de Servicios Sociales formen parte del Cecopi en una emergencia como la dana

  VALENCIA.- Compromís ha presentado una proposición de ley en Les Corts para reforzar el papel de los servicios sociales valencianos en la gestión de las emergencias y catástrofes como la dana del 29 de octubre de 2024. Entre sus propuestas figura que los consellers de Servicios Sociales formen parte del Cecopi.

"Si ese día Susana Camarero [consellera de Servicios Sociales durante la dana y actualmente responsable de Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo] hubiera estado ahí, en el Cecopi, probablemente no se habría ido a una entrega de premios ante el volumen de llamadas al 112 y muchas vidas no se habrían perdido", ha manifestado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha sostenido que "una consellera más no descuadrar las funciones del Cecopi".

La iniciativa, registrada este pasado martes, propone modificar las leyes valencianas 3/2019, de servicios sociales inclusivos, y 13/2010 de protección civil y gestión de emergencias.

La coalición valencianista considera que la experiencia vivida por el pueblo valenciano en la dana, que causó 230 fallecidos, pone de relieve la falta de integración del sistema público de servicios sociales en la gestión de la emergencia, al considerar que se entorpeció la prevención de la catástrofe y la atención a los afectados. 

«El problema es que las cosas se hicieron tarde y mal», ha señalado la diputada Nathalie Torres.

Además, en la proposición se recuerda que el Síndic de Greuges señaló la falta de un plan de actuación específico para emergencias sociales que establezca claramente las funciones, los tiempos de respuesta y los mecanismos de coordinación hizo que fuera "más difícil todavía gestionar las consecuencias sociales de la catástrofe".

Según Compromís, su propuesta parte de una demanda explícita de los profesionales de los servicios sociales, "que han sufrido en sus propias carnes tanto la gestión nefasta de Camarero durante la dana como las limitaciones que han aflorado del sistema" y a las que no hace frente la nueva consellera, Elena Albalat.

En concreto, la propuesta se centra en que el sistema público valenciano de servicios sociales forme parte de los órganos de coordinación de emergencias, como el Cecopi a nivel autonómico o los Cecopal en el ámbito municipal, "para que se les escuche y se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones".

También se pide que el personal de servicios sociales se considere esencial, como los bomberos o los policías; se insta a establecer por ley ayudas específicas a las víctimas y afectados por emergencias y catástrofes sobrevenidas, y se incide en la formación en gestión de estos eventos para el personal de servicios sociales.

Esta iniciativa forma parte del paquete de propuestas de Compromís para mejorar el servicio de emergencias, después de que Les Corts hayan rechazado en los últimos meses otras, con los votos en contra de PP y Vox, como crear un cuerpo único de bomberos o un servicio valenciano de meteorología.

Preguntado por la iniciativa de la coalición valencianista, el síndic del PP, Nando Pastor, ha considerado que debe ser el gobierno quien esté «supervisando todas las cuestiones de la emergencia» y, en este caso, ha apostado por que sea la Generalitat y no el Grupo Parlamentario Popular quien tenga que «analizarla y ver la procedencia de la misma». 

«Y en base a ello, el Grupo Popular evidentemente tomará la posición», ha zanjado.

viernes, 17 de abril de 2026

El PSPV presenta 80 enmiendas al plan Simplifica 2, como reforzar los controles en las VPP y la protección de la costa

 VALENCIA.- Los socialistas valencianos han presentado en Les Corts más de 80 enmiendas al proyecto de ley de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado --el llamado plan Simplifica 2-- del Consell, al considerar que "estamos ante una nueva norma cargada de ideología y que obvia las realidades sociales y territoriales de la Comunitat Valenciana".

Entre las enmiendas del PSPV destacan las referentes a la vivienda de protección pública (VPP), donde exigen la vuelta a la normativa anterior para que "la vivienda sea un derecho y no un negocio, ni un bien que repartir entre amigos con carnet del PP", detallan desde el grupo parlamentario.

En materia de política territorial, los socialistas proponen la vuelta al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) y la protección de la costa "frente a un Consell entregado a la depredación del territorio".

Además, desde el punto de vista económico, alertan que este decreto recoge "un descontrol a la hora de repartir subvenciones, mientras siguen dando regalos fiscales a las rentas altas".

Como ejemplo, señalan que "la misma rapidez con la que dan deducciones fiscales a las rentas altas es la que han tenido a la hora de perpetrar a escondidas un recorte fiscal que afecta a las personas con discapacidad".

Por todo ello, desde el PSPV advierten que "nos quieren vender como simplificación lo que en verdad son menos derechos sociales y menos valores democráticos".

 "La simplificación es solo una coartada para su cruzada contra el Estado de Bienestar valenciano", aseveran.

martes, 14 de abril de 2026

El PSPV llamará a Les Corts a los técnicos que no han comparecido en la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP


VALENCIA.- El PSPV-PSOE llamará en la comisión de investigación de Les Corts sobre el caso de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus a los técnicos municipales que este martes no han comparecido en el Ayuntamiento de Alicante.


Así lo ha trasladado el portavoz socialista en la comisión de investigación en Les Corts, José Díaz, después de que no hayan acudido cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer este martes en la comisión sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de los pisos del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Díaz ha calificado de "inaceptable el plantón" producido en la sesión de este martes y ha advertido, en un comunicado, que "nadie puede eludir dar explicaciones sobre un escándalo de esta gravedad".

El diputado socialista ha señalado que la imagen de "sillas vacías" en la comisión municipal evidencia "la falta de transparencia del gobierno del PP y su voluntad de entorpecer la investigación".

En este sentido, ha recalcado que "el Partido Popular podrá intentar vaciar la comisión en el Ayuntamiento, pero no podrá impedir que estas personas comparezcan en Les Corts, donde sí tendrán la obligación de responder".

Asimismo, José Díaz ha insistido en que resulta especialmente relevante la comparecencia de perfiles técnicos clave, como la jefa del servicio de Patrimonio o el arquitecto municipal implicado en el proceso, para aclarar cuestiones como los cambios en los informes que, según ha denunciado, "han ido rebajando las responsabilidades del Ayuntamiento de Alicante".

"Ya lo dijimos y lo reiteramos hoy: no vamos a consentir las tretas de siempre para tapar escándalos", ha subrayado el diputado socialista, quien ha asegurado que la comisión en Les Corts "no quedará vacía" y permitirá "llegar hasta el fondo de lo ocurrido". 

"Las explicaciones tendrán que llegar y las responsabilidades también", ha concluido.

PSPV y Compromís creen que Mazón busca «poner trabas» a la instrucción de la dana para «salvarse el cuello»

 VALENCIA.- El PSPV y Compromís consideran que el recurso de la representación legal del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia de Valencia ante la negativa de la jueza de Catarroja a que se persone en la causa de la dana persigue «poner trabas» a la instrucción, en la línea de la intención del que fuera jefe del Consell de «salvarse el cuello» para «no ir a declarar».

Mientras, el PP y Vox han rechazado entrar al debate sobre este asunto, aunque la segunda formación ha argumentado que Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar los procedimientos legales a su disposición. 

De un lado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts momentos antes de comenzar el pleno, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que el recurso de Mazón es «una estrategia» y ha abogado por no centrar el foco «únicamente» en el 'expresident' de la Generalitat, al que ha llamado «el jeta mayor de la Comunitat Valenciana». 

«Tengo pocas esperanzas respecto a su ética y a su moral. Ya debería haber declarado voluntariamente, debería haber contado la verdad y lo único que está intentando es poner trabas a la instrucción», ha indicado.

Sin embargo, ha argumentado que no le genera «problema» Carlos Mazón, sino el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, «con esa eliminación de cuatro funcionarios que apoyaban la instrucción y ayudaban a la jueza para seguir investigando toda la verdad y que fueron retirados por la Generalitat Valenciana para entorpecer la labor de la justicia y de la jueza» de Catarroja, ha censurado.

«Ahí creo que ahí está el problema, porque una vez más Pérez Llorca tiene que cambiar su opinión o cambiar sus decisiones por presión pública. Cuando se conoció ese dato, tuvieron que cambiarlo, pero es evidente que la voluntad del PP, de Pérez Llorca, de Carlos Mazón, me da igual los nombres y los apellidos de las personas, es la estrategia del PP, es entorpecer la búsqueda de la verdad y la exigencia de las responsabilidades judiciales y políticas», ha dicho.

Y ha continuado: «Esto se hace eliminando funcionarios, filtrando audios manipulados en la Aemet, cambiando de versión hasta en ocho ocasiones, manteniendo a Mazón como aforado, protegiéndolo en su escaño, contratando a todo su entorno más cercano ahora en la oficina de expresidente». 

Por tanto, a su juicio existe una «estrategia evidente del PP para evitar que la jueza de Catarroja consiga llegar a encontrar la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre».

En esta línea, Joan Baldoví (Compromís) ha enmarcado el recurso de Mazón en su intención de «salvarse el cuello» porque «no quiere ir a declarar ante la jueza» de Catarroja que investiga la gestión de la dana. 

Además, ha lamentado «la vergüenza que tenemos que sufrir los valencianos» por el hecho de que Mazón siga como diputado del PP y ha echado la culpa al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, por seguir «si pedirle el acta».

Baldoví ha vuelto a quejarse de que ni PP, ni PSPV, ni Vox estén a favor de reformular el Estatuto de Expresidents para limitar privilegios como que dispongan de un chófer, un vehículo oficial, una oficina o hasta dos asesores «24 horas y 365 días al año». 

«Nos cuesta un millón de euros al año y no sabemos para qué», ha señalado.

Ha aludido de nuevo al gasto de 15.000 euros en gasolina durante 2025 en el vehículo oficial del 'expresident' Francisco Camps, algo que este negó apuntando a un posible mal uso de la tarjeta de repostaje y que, según dijo Llorca, investigará la Generalitat.

«No sabemos si la respuesta parlamentaria era cierta, entendemos que si un vicepresidente de la Generalitat hace una afirmación es cierta», ha dicho en alusión a la respuesta firmada por José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, en la que se apuntaba este gasto en gasolina por parte de Camps.

Por el contrario, desde el PP, Nando Pastor ha rechazado pronunciarse al respecto y ha argumentado: «Hemos dicho siempre y mantenido que estamos al margen de opinar, de comentar, de hacer de jueces, de políticos de los jueces. Y, por lo tanto, este caso no iba a ser diferente».

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado el «total respeto» de su partido a la justicia y a las garantías de cualquier persona en el marco de un proceso judicial: «Carlos Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar todos los procedimientos legales a su disposición».

jueves, 9 de abril de 2026

Llorca responderá en Corts sobre sus cuatro meses en el Consell, sus "intereses particulares" y la "inmigración masiva"



VALENCIA.- El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en el pleno de Les Corts de la próxima semana a preguntas sobre sus cuatro meses en el Consell y «cuándo piensa empezar a trabajar para los valencianos» (PSPV), sus «intereses particulares, familiares o partidistas» (Compromís) y la «inmigración masiva» (Vox).

En la sesión de control del próximo miércoles, el síndic socialista, José Muñoz, señalará a Llorca que «después de cuatro meses al frente de la Generalitat, es una necesidad urgente que comience a trabajar por los valencianos». 

«¿Cuándo piensa hacerlo?», cuestionará al también líder del PPCV.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntará al jefe del Consell si considera que su gobierno, «el mismo que el de Carlos Mazón», está centrado en solucionar los problemas de la ciudadanía o «solo trabaja para sus intereses particulares, familiares y partidistas».

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, interpelará a Llorca por «cuál es el impacto económico que están teniendo las políticas de fomento de la inmigración masiva en los servicios públicos de la Comunidad Valenciana, especialmente en el régimen de acogida de menores, y qué medidas tiene previsto adoptar para evitar su deterioro y posible colapso».

miércoles, 8 de abril de 2026

Sin fecha en Corts para las comisiones dana y VPP

 VALENCIA.- Les Corts todavía no han fijado fecha para reanudar la comisión de investigación de la dana y para iniciar la de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP). Tanto PP como Vox han asegurado que se convocarán y han achacado la tardanza a los últimos periodos festivos, mientras PSPV y Compromís han criticado la falta de «voluntad política» para depurar responsabilidades.

Así lo han manifestado los síndics en rueda de prensa tras la junta de portavoces de este miércoles, preguntados por cuándo se retomarán estas comisiones que preside Vox.

La de la dana celebró su última sesión el pasado 24 de febrero con las comparecencias de asociaciones de víctimas, sin que por el momento haya intervenido ningún representante político salvo el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Por su parte, la comisión de investigación sobre las VPP se constituyó a principios de marzo, semanas después de que trascendieran las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos. 

Esta comisión, propuesta por Vox y aprobada con el apoyo del PP, investigará tanto las VPP del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante) como «todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo», que todavía no se ha aprobado.

En este contexto, Nando Pastor (PP) ha asegurado que ambas comisiones se reanudarán «sin demora alguna», tras unas semanas en las que se han sucedido las fiestas de Magdalena, Fallas y Semana Santa y era «difícil encorsetar ahí» nuevas sesiones. 

«Se va a recobrar el tiempo que se haya podido perder por cuestión de fechas», ha garantizado, y ha reiterado que su partido «depuró responsabilidades» en el caso de Les Naus desde que tuvo conocimiento y no tiene «nada que ocultar».

Dicho esto, ha criticado que PSPV y Compromís rechazaron en la pasada legislatura crear una comisión de investigación sobre la gestión de la exvicepresidenta Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, un caso por el que la previsiblemente futura candidata de Compromís a la alcaldía de València irá a juicio oral.

José Mª Llanos (Vox) ha coincidido en apuntar al reciente calendario festivo para defender la tardanza en convocar las comisiones de investigación, además de asegurar que le consta que las mesas de ambos órganos quieren celebrar nuevas sesiones «cuanto antes». 

Sobre la de las VPP ha dicho que se convocará «muy, muy pronto» para abrir los plazos para presentar las propuestas de planes de trabajo.

Por su parte, José Muñoz (PSPV) cree que «Llanos ha mentido» y que no hay «interés» en activar las comisiones. De hecho, ha indicado que los representantes de su grupo pidieron «tres veces» a través de Whatsapp que se reanuden y no contestaron «ni la presidencia de Vox ni la vicepresidencia del PP».

«No hay voluntad política de convocarlas, hay voluntad de encubrir al Consell, de seguir encubriendo a Mazón y de intentar opacar la información pública a la sociedad valenciana. Y en eso es tan responsable el Partido Popular como Vox», ha aseverado.

Isaura Navarro (Compromís) ha señalado que no se sabe «absolutamente nada» de estas comisiones, mientras ha destacado la investigación de la dana avanza tanto en el juzgado de Catarroja como en la comisión de investigación en el Congreso.

 «PP y Vox nunca han querido saber la verdad, sino esconderla y que no supiéramos absolutamente nada», ha denunciado.

Y ha sostenido que «forma parte de las directrices de Juanfran Pérez Llorca, antes como síndic del PP y ahora como 'president' de la Generalitat, que quiere que la ciudadanía no tenga acceso a la verdad» de la catástrofe que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

jueves, 2 de abril de 2026

PP y Vox rechazan pedir una auditoría de la Cámara de Alicante tras la detención de Baño, como plantea Compromís

 VALENCIA.- PP y Vox han rechazado en el pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) de Compromís para instar a la Sindicatura de Comptes a realizar un informe de fiscalización de la Cámara de Comercio de Alicante, tras la reciente detención de su presidente y responsable de Facpyme, Carlos Baño, en el marco de una investigación de Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios.

Durante el debate de la propuesta, tanto PP como Vox han pedido "dejar trabajar a la justicia" y han acusado a Compromís de querer "montar un circo mediático", "anticiparse a los hechos" y "manchar el nombre de la Cámara de Comercio de Alicante. 

Por contra, Compromís y PSPV han defendido la necesidad de impulsar una auditoria en la entidad para "tener la tranquilidad de que Baño", que quedó en libertad con cargos en esta investigación, ha gestionado Cámara "con luz y taquígrafos".

En concreto, la PNL de Compromís insta al Consejo de Transparencia a elaborar un informe del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que está sometida la Cámara de Alicante, además de pedir a la Sindicatura que emita un informe de fiscalización especial de operaciones y de gestión de esta entidad durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Aitana Mas, portavoz adjunta de la coalición valencianista, ha exigido un control de las cuentas de la Cámara alicantina, ya que ha indicado que Sindicatura no audita sus cuentas "desde 2021", al tiempo que ha criticado las declaraciones de Baño "comparándose con Cristo y diciendo que es un pobre comerciante". 

"Un pobre comerciante que factura cinco millones de euros", ha señalado.

Además, Mas ha advertido sobre las "amistades peligrosas" de Baño, en alusión al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, quien también es diputado del PP en Les Corts y no asistió este martes por la tarde al debate de esta iniciativa.

Desde el PSPV, el diputado José Antonio Díaz ha acusado al PP de "convertir Alicante en el triángulo de las bermudas de Luis Barcala [alcalde de la capital alicantina], Carlos Mazón y Carlos Baño" y su "sensación de impunidad de que no pasa nada", cuando ha subrayado que el presidente de Cámara y de Facpyme está "señalado por varios delitos".

El socialista ha criticado la intención de Baño de presentarse a la reelección como presidente de la entidad, dentro del proceso electoral convocado hace unos días por la Generalitat en todas las cámaras de comercio para el próximo 2 de junio.

 "Mónica Oltra no puede pero él sí", ha lamentado en alusión a las críticas de la derecha tras el anuncio de la exvicepresidenta de la Generalitat de que aspirará a ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València.

Por su parte, el 'popular' Javier Gutiérrez ha definido la PNL como "otro capítulo más del circo mediático de Compromís para generar sospechas". 

"Ustedes ya tienen la sentencia escrita y vienen a ensuciarlo todo cuando lo responsable sería respetar a la justicia y colaborar con ella", ha aseverado.

Respecto a la investigación, ha defendido que los ayuntamientos "decidieron cómo gestionar los bonos comercio" y "menos del 10% optaron por la gestión que hoy se investiga", consistorios que son "de todos los colores políticos". Ha destacado además que esos bonos "dinamizaron la economía alicantina" tras la pandemia y "fueron aprobados por todos los partidos" en la Diputación de Alicante.

Como réplica, la portavoz de Compromís ha ironizado con que "no podía salir" otro diputado del PP en este debate --"Mazón rescató a Carlos Baño para la Cámara y Mazón lo rescató a usted de Ciudadanos"-- y se ha preguntado "por qué no quieren poner luz y taquígrafos" en la entidad cameral, algo que cree que "huele raro". 

"¿Por qué están encubriendo a Carlos Baño? ¿Les traiciona el subconsciente? ¿Qué prisa tenía la consellera [de Comercio, Marian Cano] en convocar las elecciones de las cámaras?", ha cuestionado.

El 'popular', en su segunda intervención, ha exigido a Compromís "menos juicios políticos" y no "manchar el honor" de la Cámara. Ha asegurado que, si la investigación determina alguna responsabilidad por parte de Baño, "que caiga todo el peso de la ley sobre él", pero ha remarcado que "eso será gracias a que el sistema funciona", algo que según él "no gusta" a Compromís en el caso por el que irá a juicio oral Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Y la diputada de Vox Teresa Ramírez ha recordado que el caso de los bonos comercio "no está cerrado", por lo que ha pedido a Compromís "dejar de anticiparse a los hechos". Ha reivindicado la labor de la Cámara frente a la intención de "demonizar un modelo que funciona y es necesario".

Por otro lado, el pleno de Les Corts ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox la proposición de ley de Compromís para el reconocimiento de la pesca artesanal profesional en L'Albufera de València, así como la propuesta del PSPV para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad.

Tampoco han salido adelante las proposiciones no de ley (PNL) de PSPV y Compromís de medidas de vivienda y para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, respectivamente.

lunes, 30 de marzo de 2026

Antifraude bate récord de denuncias en 2025: los ayuntamientos concentran el 56%

 VALENCIA.- La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha batido récord de denuncias durante el pasado año 2025, con un total de 845 recibidas, un incremento de casi el 50% respecto al año anterior. La Administración local concentra el 56% de estas y la materia más denunciada es la gestión de recursos humanos (RRHH), con 264 casos, especialmente asuntos relativos a procesos de estabilización en ayuntamientos.

Así lo ha detallado el director de la entidad, Eduardo Beut, en declaraciones a los medios este lunes, tras hacer entrega de la Memoria de Actividad de 2025 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. 

«Esta rendición de cuentas básicamente es dejar constancia de que la Agencia está funcionando a pleno rendimiento», ha resaltado, al tiempo que ha valorado que durante el pasado año la AVAF ha recibido el 25% del total de denuncias registradas en sus ocho años de existencia.

A juicio de Beut, estos datos demuestran que la percepción ciudadana de Antifraude «a veces no coincide con la de los partidos políticos» porque, «si no, no se entendería este auge». 

Sin embargo, Compromís ha plantado a Beut y no ha asistido a la recepción de la memoria, que sí ha contado con presencia, aunque reducida, de representantes del PP, el PSPV y Vox.

 La coalición ha protestado de esta manera contra la «deriva» y el «desmantelamiento» de esta institución: «Esta Agencia es un fraude para la ciudadanía».

Entre los aspectos más destacados, la AVAF ha establecido en 2025 un plan de choque para afrontar el incremento del volumen de denuncias y hacer frente a los expedientes sin resolver acumulados. 

Así, según se destaca en la memoria, se ha frenado el proceso de acumulación de denuncias por resolver, se han reducido las denuncias pendientes en un 40%, se han elevado los casos totales resueltos definitivamente hasta el 81,4% y se ha reducido el tiempo de análisis de nuevas denuncias de 16 meses a solo uno.

Respecto a las denuncias, la Administración local concentra el 56% y la materia más denunciada es la gestión de recursos humanos, con 264 casos. Mientras, los particulares y el sector privado suman el 18% de las denuncias (139), casi una quinta parte del total, el anonimato se confirma como el instrumento principal de presentación de denuncias, al representar el 72% (566 casos) y el Buzón de Denuncias digital ha canalizado el 84% (712 casos).

Desde la creación de la Agencia, esta entidad ha reconocido el estatuto de protección a 37 personas (36 físicas y una jurídica). Actualmente, 30 personas mantienen vigente la protección. Además, el Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII) tiene 752 inscripciones del sector privado y 485 del sector público.

Paralelamente, durante 2025 se ha reforzado el Estatuto de Protección del Informante al asumir la defensa de la indemnidad laboral de los denunciantes frente a posibles represalias y la AVAF trabaja en el desarrollo de métricas de integridad mediante el proyecto LOCRIiS con la OCDE.

Por otro lado, la Agencia ha participado en el debate sobre la estandarización de la lucha contra la corrupción a través de la Declaración de La Haya 2025 (EPAC/EACN), un total de 3.190 funcionarios y estudiantes universitarios han participado en actividades 55 actividades de AVAF y el 90% de toda la formación de la entidad desde su creación se ha concentrado en los últimos cinco años (2021-2025).

Eduardo Beut también ha apuntado que la entrada en vigor de la Ley 5/2025 ha convertido a la AVAF en Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) en la Comunitat Valenciana, lo que ha supuesto la entrada de 180 denuncias más del sector privado. 

«Entonces el trabajo ha sido un poquitín ya... teniendo en cuenta que tenemos una plantilla reducida. Hemos tenido que cambiar modelos, sistemas, estructuras para poder hacer frente a eso», ha indicado.

Pese a ello, ha valorado que, «en general, hemos sacado muchísimas resoluciones que la anterior y el doble que hace dos años, a costa de ir más a análisis y verosimilitud y menos a finalización de investigaciones». 

«Pero bueno, es un ponderable», ha añadido.

Respecto a la materia más denunciada, los recursos humanos, Beut ha detallado que se trata en gran parte de procesos de estabilización en ayuntamientos. En este contexto, ha advertido de la «fiebre» y del «efecto anuncio» que ocurre cuando «un tema sale en los medios y entran muchas denuncias sobre esa materia».

Sobre el incremento total de denuncias, el director de Antifraude ha señalado que hay «muchas maneras de verlo» y ha considerado que, «cuantas menos denuncias hubiera, mejor porque quiere decir que funciona mejor la Administración», aunque «desde otro punto de vista» revela que la ciudadanía «confía en que presentando denuncias se pueden resolver problemas que le afectan directa o indirectamente, incluso a veces que ni le afectan, pero por un tema de integridad sienten realmente que hay que corregir esa situación».

 «Lo achacamos fundamentalmente a eso, aunque a veces oigo algunos comentarios de algunos parlamentarios que dudan», ha deslizado.

A su juicio, «la conclusión definitiva es que, si tenemos un 50% más que el año anterior, es que la ciudadanía sí que confía en que podemos funcionar y solucionar problemas, al menos intentarlo». 

«Pese a que no tenemos carácter sancionador más que cuando nos deniegan información, pese a que solo son recomendaciones en el 95% de los asuntos, pese a eso, creo que hemos conseguido conectar tanto el equipo anterior como el actual con la ciudadanía a ese nivel. Lo achaco a eso», ha resaltado.

Preguntado por la polémica sobre el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y sobre el hecho de que la oposición quiera pedir el expediente del traslado en comisión de servicios, el director de Antifraude ha señalado que, si el PSPV u otra formación «plantea una denuncia --a la Agencia--, se examinará, y si es verosímil, pasará a la fase de investigación». 

«Lo demás son denuncias públicas», ha advertido.

jueves, 26 de marzo de 2026

El PSPV ve indecente la contratación de la pareja de Llorca

 VALENCIA.- El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado la falta de  "decencia" en el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputación de València mediante una comisión de servicios, que ha definido como uno de los "escándalos" de la gestión del jefe del Consell durante los tres meses que lleva en el cargo.

En respuesta a estas críticas, en la sesión de control en Les Corts, Llorca ha acusado al PSPV de querer 'destrozarle públicamente'  utilizando la contratación de su pareja para 'desviar la atención' de casos que afectan al Gobierno o de la gestión del Ministerio de Transportes. Además, ha asegurado que para los socialistas 'el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos'.

La contratación de la pareja de Llorca ha centrado la sesión de control tras conocerse que la Diputación ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. 

La pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasa a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio. La Diputación justificó que cumple los requisitos para el puesto y defendió "absoluta normalidad administrativa" en el proceso.

Durante su intervención, el síndic del PSPV ha asegurado que, desde que Llorca llegó a la Generalitat "para darle normalidad institucional a la Comunitat Valenciana y recuperar el crédito perdido después del peor  'president' ", en alusión a Carlos Mazón que "sigue en su escaño" como diputado del PP "y sin venir a trabajar y con sus privilegios" como  "expresident", "los escándalos no dejan de incrementarse".

En primer lugar ha señalado la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante "adjudicadas por cargos del PP a cargos del PP", así como "la construcción ilegal" de la vivienda de Llorca en Finestrat.

Seguidamente ha criticado la investigación al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, por la gestión de los bonos comercio en la Diputación de Alicante durante 2022 y 2023, por la que ha quedado en libertad con cargos. 

"También es mala suerte que el proyecto estrella de la Diputación que Mazón [entonces presidente de la corporación provincial] le dio a su hermano Carlos Baño acabe precisamente con Carlos Baño con los huesos en la cárcel", ha dicho.

Por último, ha denunciado que la pareja de Llorca se ha beneficiado de una comisión de servicios "hecha a medida para pasar de ganar 25.000 euros a 52.000 en pleno centro de València".

 "Usted estaba muy indignado con los jetas y, desde que usted preside la Generalitat, los jetas campan a sus anchas en la Comunitat Valenciana. ¿Piensa hacer algo al respecto", ha cuestionado al 'president'.

En su primera réplica, Llorca no ha hablado sobre la contratación de su pareja y ha acusado a los socialistas de "vivir de la manipulación y la mentira", para reiterar que no le "van a encontrar ahí".

Ha asegurado que "los únicos escándalos? se dan en el PSOE y ha apuntado como "caso más flagrante" la "inacción" de las secretarías socialistas de Organización e Igualdad, las valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, "por esconder los casos de abusos que habían denunciado sus compañeras de partido".

En su segundo turno, el síndic del PSPV ha replicado con la investigación al alcalde de Jérica, el 'popular' Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad. "Sigue en su partido y como alcalde. Tome medidas antes de señalar al resto", ha exigido a Llorca.

Muñoz ha insistido en que la contratación de la pareja del  'president' es "cuanto menos para analizar, porque la plaza "estaba vacante desde octubre y se activó el 27 de enero" por 'conciliación'  como 'reconoció' este pasado miércoles el propio Llorca.

Se ha preguntado ?qué pensarán los miles de funcionarios que piden comisión de servicios para cuidar de sus mayores dependientes y de sus hijos y quieren conciliar?: ?¿Por qué ellos no tienen derecho y usted sí? ¿Será porque usted es ?president? y el resto no? ¿Pensarán ellos que usted es un jeta??.

Ha descrito esta situación como ?el síndrome del Palau? de la Generalitat, ?que es vivir un metro por encima de la realidad?. A su juicio, se suele producir ?en el segundo mandato?, mientras a Llorca ?le ha costado tres meses? y ?lo demuestra con las no explicaciones que está dando?.

?Es un traje a medida ?ha reiterado?. Hemos pasado de los trajes de Camps a los trajes a medida de Pérez Llorca?. Además, ha espetado al ?president? que no se le ?ocurra hablar de machismo? porque ?no es machismo, es enchufismo?, al tiempo que ha acusado a los ?populares? de machista tras las recientes declaraciones del presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, hablando del físico de las exministras Mª Jesús Montero y Pilar Alegría.

El síndic socialista se ha preguntado qué pasaría si la contratación de la pareja de Llorca hubiera sucedido con un ?president? del PSPV. Según él, ?nadie dudaría que Vito Quiles estaría en su puerta? y que ?habría habido un juez Peinado para investigarlo?.

También ha rechazado el argumento de Llorca de que es una ?cacería? contra él ??usted no es una víctima?, le ha espetado? y le ha preguntado si ?se mira al espejo y se reconoce como un jeta?, algo que el ?president? ha negado desde su escaño. Y ha rematado: ?No estoy hablando de legalidad, sino de decencia?.

En su contrarréplica, el jefe del Consell ha mostrado un listado de ?cuatro folios? con ?todas las parejas de cargos del PSOE y Compromís que entraron a trabajar en la administración? durante la etapa del Botànic. ?La diferencia es que yo no utilizaré el nombre de ellos para atacarles, me parece indecente?, ha recalcado, y ha rechazado ?entrar al fango, al lío y a la crispación?.

Ha señalado que en este listado no se sabe cuántas personas ?pasaron una prueba, fueron contratadas a dedo o cumplían los requisitos o no?, tras lo que ha acusado al PSPV de ?mendigar durante dos días a determinados medios de comunicación para que publicaran esta noticia y acogerse a ello?.

Llorca ha defendido las explicaciones que dio este miércoles y ha reiterado que su pareja ?lleva muchos años trabajando en la administración? y pidió una comisión de servicios, como las ?más de 11.500 que se han aprobado en los últimos siete años?. ?El pecado para la izquierda es que es la pareja del ?president? de la Generalitat?, ha reprochado, algo que ha asegurado que no tolerará.

Dicho esto, ha criticado que ayer se quedaron más de 50.00 valencianos ?atrapados? en la Pista de Silla por la ?mala praxis del Ministerio de Transportes y ha acusado al titular del departamento, Óscar Puente, de no pedir disculpas y dedicarse a ?atacar? a su pareja para ?desviar la atención?. Y ha añadido que ?ayer sufrimos que para ir en tren de València a Madrid vas a las misma velocidad que una moto de 49 centímetros cúbicos?.

Según ha argumentado, esto demuestra que, para el PSOE, ?el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos? y no ?para alguien que no piensa como ellos?, así como que critican la contratación de su pareja para ?destrozarle públicamente?. ?Solo viven de eso?, ha aseverado.

Y ha finalizado: ?Un jeta es emplear a tus queridas en Adif, y ustedes lo taparon mucho tiempo. ¿De verdad intenta comparar a la mujer de un presidente del Gobierno que se va a sentar en un banquillo [en alusión a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez] con cualquier otra funcionaria? Son muy jetas?.

El PP apoya una propuesta de Vox contra el burka, pero la suaviza para limitar las sanciones a si se obliga a llevarlo

 VALENCIA.- El PP ha apoyado en el pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) de Vox contra el uso del burka y el niqab en espacios públicos de la Comunitat Valenciana, pero ha incluido una enmienda para limitar las sanciones planteadas en la propuesta a solo a si se obliga a llevar esta prenda y a no simplemente portarla como pedía el grupo minoritario de la oposición.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de ambos grupos, frente al rechazo tanto del PSPV como de Compromís. Ambos grupos de izquierda han denunciado que es una propuesta «racista y xenófoba» para señalar únicamente el machismo de una cultura y de una religión.

En concreto, la PNL de Vox insta al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como niqab y burka, al considerar que son «contrarias a nuestra cultura y costumbres» y que «atentan contra la dignidad de las mujeres».

Inicialmente, Vox pedía en su iniciativa modificar la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con la finalidad de sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario, así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y de fijar las sanciones apropiadas.

Sin embargo, con la enmienda incluida por el PP y aceptada por Vox, se pide que se cambie la Ley 4/2015 «con la finalidad de sancionar, entre otras, la acción de obligar al uso de dichas prendas por parte de padres, tutores u otros, y de fijar las sanciones apropiadas».

Durante el debate de este miércoles, el síndic de Vox, José Mª Llanos, aseguró que esta iniciativa pretende «proteger a las mujeres frente a costumbres y tradiciones que las persiguen, las someten y las desprecian».

En su intervención, la diputada del PP Lucía Peral defendió que «toda la vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer debe ser prohibida en nuestro país», como indicó que lo está en otros estados, pero remarcó que su partido no quiere «sancionar a las víctimas» sino a quien «impone» estas prendas.

El síndic de Vox dijo estar «completamente de acuerdo» con la enmienda de los 'populares': «Nosotros estaremos siempre con la víctima y señalaremos siempre a los culpables y a sus cómplices».

Por su parte, la diputada socialista Xelo Angulo lamentó que Les Corts se conviertan en «un parlamento xenófobo y racista» con esta propuesta «trampa», al considerar que PP y Vox dicen querer defender a las mujeres musulmanas sin pretenderlo realmente.

Y el diputado de Compromís Jesús Pla preguntó a Vox si también están en contra de otras prohibiciones por género en tradiciones ortodoxas o ultracatólicas, o de las bombas que van contra mujeres y niñas de Gaza y de Irán por parte del ejército de Israel. 

«No vamos a contribuir a una estrategia de criminalización de toda una cultura y religión», subrayó, además de rechazar «revictimizar a las mujeres que sufren ese patriarcado y machismo que suponen el burka y el niqab».

miércoles, 25 de marzo de 2026

PSPV y Compromís piden explicaciones a Llorca por el traslado de su pareja a Diputació de València y le tachan de "jeta"



VALENCIA.- El PSPV y Compromís han exigido explicaciones al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por el traslado de su pareja en comisión de servicios como secretaria de un diputado de la Diputació de València, mientras que el PP ha defendido que esta es una «práctica habitual» en la función pública, algo en lo que coincide Vox, que además lo ve «absolutamente ético y legal», por lo que no sabe «dónde está el problema».

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, tras la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. 

De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

Entre los grupos de la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha asegurado que la nueva situación de la pareja de Llorca refleja «un PP repleto de jetas», algo que ha ligado con el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante. 

 «Pérez Llorca se puso en un ladito y dijo que estaba muy enfadado con los jetas, pues resulta que, al final, Pérez Llorca va a ser uno de esos jetas», ha lanzado. 

«Ya veremos cómo es capaz de salir de este entuerto», ha señalado.

Ante esta situación, ha exigido «explicaciones urgentes» al 'president' y líder del PPCV sobre el traslado de su pareja «a 30 metros» del Palau de la Generalitat «en una institución pública cobrando el doble». 

Según ha denunciado, esta situación demuestra que «el Partido Popular se ha acostumbrado a que esto es su monopolio, su cortijo», mediante una comisión de servicios hecha «a plena luz del día, sin nocturnidad».

Además, ha avanzado que el PSPV no cierra «ninguna puerta» para denunciar el nombramiento ante cualquier órgano, aunque todavía no ha concretado si será judicial o ante Antifraude. 

Sí ha hecho notar que se debe «acreditar una urgente necesidad» que, a su juicio, «no aparece por ningún lugar»: «La urgente necesidad no puede ser que a tu pareja le hayan nombrado 'president'. Eso no se sostiene ante la ética y la opinión pública».

Preguntado por la posición de Vox, que dice que la designación de la pareja de Llorca es legal y ética, ha replicado que «la mujer de --el líder de esta formación Santiago-- Abascal cobra 60.000 euros de empresas vinculadas a Vox». 

«Como el nivel de moral y ética de Vox es tan bajo, entiendo que es algo habitual», ha añadido.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha asegurado que la nueva situación laboral de la pareja de Llorca refleja una «poca vergüenza» por parte del 'president' y del PP. Ha cuestionado que «de todos los funcionarios, solo la mujer del 'president' sea la persona idónea para ocupar un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat» y para «cobrar el doble».

«Se han creído que esto es un cortijo y han perdido toda la vergüenza. Esto es un absoluto escándalo», ha aseverado, y se ha preguntado «qué méritos tiene» la pareja de Llorca o si el puesto se le ha adjudicado «a dedo».

Sin embargo, el 'popular' Nando Pastor ha defendido que una comisión de servicios es una «práctica habitual» en la función pública y ha abogado por ser «contundente y claro»: «Espero que no haya en el subconsciente de nadie algún tipo de actitud machista respecto a la pareja --del 'president'--. Lo digo así de claro porque me lo veo venir».

Así, ha apostado por hablar «sin rodeos y sin eufemismos»: «Trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración es una práctica habitual del día a día. Una comisión de servicios al final es eso en la función pública. Por lo tanto, que me expliquen a mí dónde está el problema».

Dicho esto, ha afeado a quienes «en el subconsciente están intentando generar y sembrar polémica en este tema» si «tienen en su mente» a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que no es lo mismo ni parecido», dado que esta «se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa».

 «No tiene nada que ver, no intentemos intentar poner un ventilador para ensuciar a todo el mundo, no es lo mismo», ha recalcado.

Sobre la «urgente necesidad» argumentada en el caso de la pareja de Pérez Llorca, el síndic 'popular' ha señalado que no puede «entrar a ese detalle» tan concreto: «Sé que es una plaza vacante, sé que una comisión de servicios permite el cubrir, el trasladar una plaza de un puesto a otro, y creo que no hay más que comentar al respecto».

Cuestionado por las manifestaciones que vertieron desde su partido sobre el funcionario de la Conselleria de Vivienda expedientado y suspendido de empleo y sueldo por ser cónyuge de una de las solicitantes de VPP en Alicante, al asegurar que fue «ascendido» por Compromís, y cuestionado por si en este caso se podría decir que la pareja de Llorca ha sido «ascendida por el PP», Pastor ha señalado que en el primer caso la comisión de servicios era «no voy a decir delictiva», pero el funcionario «resulta que fue el que cribaba y seleccionaba a qué personas podían acceder a una VPP o no».

Sobre el «ascenso» de Compromís al citado funcionario sobre el que hablaban los 'populares' en el caso de Alicante, se ha reafirmado: «Lo dijimos, es que es así». 

Y cuestionado por si ahora el caso de la pareja de Llorca no lo es también, ha contestado: «¿Un ascenso? Entiendo que es una comisión de servicios en la que se ha trasladado desde un ayuntamiento a otra administración. Lo que dijimos allí no era porque lo había hecho Compromís, era por el fondo que había detrás de la cuestión».

Preguntado entonces por si se puede afirmar que a la pareja del actual jefe del Consell no la ha promocionado el PP, Pastor ha esgrimido: «No sé, en fin...». 

Pero ha insistido en que una comisión de servicios se produce cuando «un funcionario pide y solicita que se le traslade desde un ayuntamiento a otra administración. A partir de ahí, no le veo más».

 También ha defendido que la relación de parentesco «no tiene que afectarle a una persona sus derechos» y ha zanjado: «Un derecho de un funcionario público es tener derecho a tener una comisión de servicio, tenga relación de parentesco o no se tenga».

Cuestionado por si le parece «ético» el caso de la pareja de Llorca, ha replicado que lo que no le parecería sería «negarle derechos a un funcionario porque tenga relación de parentesco», en este caso con el 'president': «Me parecería injustísimo. Estoy pensando en un familiar mío que fuese funcionario y que, por ser familiar del síndic del PP, no pudiese tener derecho a una comisión de servicios, algo que le permite la ley, la Constitución, la Ley de Función Pública. Me parecería un atraco a mano armada».

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que el hecho de que la pareja de Llorca vaya a ocupar un puesto de funcionaria en la Diputació de València es algo «absolutamente normal» al haber sido mediante comisión de servicios. 

Según ha opinado, es algo «absolutamente ético y legal», por lo que no ve «dónde está el problema». «Si una persona funcionaria tiene que venir a València por su marido es algo absolutamente normal, no nos tendría que generar ningún problema ni se lo tendría que generar a nadie», ha manifestado, además de subrayar que, «hasta ahora, el cuerpo de funcionarios en España nunca ha sido un chiringuito».

Preguntado por qué Vox es tan crítico con Begoña Gómez y no tanto con la nueva situación laboral de la pareja de Llorca, ha dicho que «nos estamos pasando un poquito» con este tipo de comparaciones.

Habla la Diputación

La Diputació de València ha defendido la "absoluta normalidad" en el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la corporación provincial que, según ha indicado, estaba vacante desde el pasado mes de octubre. Además, ha subrayado que esta persona cumplía con "todos los requisitos " para este puesto de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios. 

Así lo manifiestan fuentes de la institución provincial tras la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

Desde la Diputació, que gobiernan PP y Ens Uneix, aseguran que se ha actuado "con absoluta normalidad administrativa". Según explican, se trata de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que se ofertó en comisión de servicio, "igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo".

"Es un puesto de funcionario de libre designación (ahora mismo en comisión de servicios), abierto a personal de otras administraciones, y se resolvió tras un procedimiento en el que participaron varios aspirantes", aclaran.

Además, subrayan que "Vanesa Soler Sillero es funcionaria desde el año 2008, por lo que cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública".

Desde la corporación provincial explican que este proceso contó con la concurrencia de "varios aspirantes, como es habitual en este tipo de procedimientos", así como que los requisitos estaban "claramente definidos" en la convocatoria publicada en la web de la Diputació el pasado 28 de enero "y eran públicos, objetivos y accesibles para cualquier persona interesada que cumpliera las condiciones". 

"La persona seleccionada presentó toda la documentación exigida y cumplía con los requisitos establecidos", aseguran.

Respecto al nuevo salario que percibirá la pareja de Llorca, señalan que "responde estrictamente a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia". "No hay ninguna excepcionalidad ni trato diferenciado", recalcan.

Defienden que se trata de un puesto "con unas responsabilidades y un nivel retributivo concreto dentro de la estructura funcionarial, y cualquier persona que lo ocupe percibe exactamente lo mismo". A su juicio, "comparar salarios entre administraciones distintas, con funciones y niveles diferentes, no aporta una visión rigurosa de la realidad".

En cuanto a las funciones de Soler Sillero en la Diputació, indican que desarrolla las funciones propias de una secretaría de dirección: coordinación administrativa, gestión de agenda, tramitación de expedientes, redacción de documentos oficiales, apoyo directo al diputado en la organización y seguimiento de las áreas que tiene asignadas*

Sobre la "urgente necesidad" de su contratación, desde la Diputació explican que "responde a una realidad operativa: el área carecía de una figura clave para su funcionamiento ordinario, pese a gestionar competencias especialmente sensibles y de gran volumen".

"Hablamos de áreas como la asistencia técnica a municipios o la reconstrucción tras la dana, que requieren coordinación constante y una estructura administrativa plenamente operativa", añaden, y remarcan que "la cobertura del puesto no era opcional, sino necesaria para asegurar el correcto servicio público".

Por su parte, a preguntas de los periodistas en la Diputació, la vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha remarcado que "no se ha creado ninguna plaza, ni se ha hecho ningún traje a medida" a la pareja de Llorca, sino que se ha cubierto una de libre designación que estaba vacante y para la que, según ella, esta funcionaria cumple los requisitos.

Ha explicado que se presentaron "dos personas" a este puesto "y al final ha sido la pareja del presidente de la Generalitat quien cumplía con los requisitos que se solicitaban y quien ha obtenido la plaza". Además, ha justificado la urgencia en que son puestos de administración que les "ayudan a trabajar" en su día a día, como ha indicado que ella tiene plazas por cubrir.

Preguntada por si le parece ético que la pareja de Llorca vaya a trabajar enfrente de él, del Palau de la Generalitat, Enguix ha sostenido que "cada uno tiene que buscarse la vida como considere" y ha remarcado que ella, "como funcionaria, tiene derecho a optar a cualquier plaza que salga salga publicada".

"No entiendo por qué no lo puede hacer: ella tiene su plaza, es funcionaria de carrera y puede optar a cualquier comisión de servicio que se publique en otra administración", ha abundado.

Respecto al hecho de que proceda de otra provincia, ha indicado que primero se convoca la comisión de servicio y luego "se presenta el funcionario y la funcionaria de carrera que se quiera presentar", sin que haya "un perfil determinado" o deba ser necesariamente de Valencia.

 "Tú eres funcionaria y, si crees que eso puede cubrir tus expectativas, te puedes presentar libremente", ha ilustrado.

En cuanto al proceso de selección, la vicepresidenta ha explicado que es el mismo que "cualquier comisión de servicio", que se publica "con total transparencia" y se establece "una baremación que se debe cumplir". 

Ha indicado que desconoce si se realiza una entrevista de trabajo porque "estamos hablando de funcionarios de libre designación", con lo que se realiza "un informe motivando por qué eliges que esa persona cumple mejor los requisitos que otra".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que estos puestos de secretaria de dirección que "están bien pagados" viene "de la otra legislatura" en la que gobernaban la Diputació PSPV y Compromís: "Nosotros en esta legislatura no hemos modificado nada (...). Toni Gaspar, como presidente en la legislatura anterior, incorporó en la RPT estos puestos de libre asignación".

Sobre el salario de la nueva funcionaria, ha admitido que "la Diputación paga bien" y "es la administración que más paga", además de señalar que actualmente "es difícil trabajar en la capital si no vives aquí en València, sobre todo cómo está ahora el desplazamiento a València y cómo están los alquileres". También ha destacado que este puesto supone "trabajar tres tardes" a la semana.

Por último, ha señalado que ni ella ni Ens Uneix tenían constancia de que se iba a contratar a la pareja de Llorca, ya que es algo que depende del grupo del PP; en concreto del diputado 'popular' Ricardo Gabaldón, también alcalde de Utiel.

 "Tiene seis meses de prueba y si el diputado ve que ella trabaja bien, puede ampliarle el plazo", ha explicado.

Llorca niega "trato a favor" hacia su pareja 

El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha negado que exista ningún "trato a favor" hacia su pareja en el acceso de esta a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y ha denunciado la existencia de una "cacería" sobre ella por ser "la mujer de", al tiempo que ha cargado contra el "machismo" de "muchísimos políticos" y también de "algunos periodistas o comentaristas de opinión pública". 

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, a raíz de la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio alicantino.

El 'president' ha expuesto que, cuando fue elegido jefe del Consell, "una de las primeras decisiones" que tomó fue trasladar su domicilio a València "por razones obvias laborales" y ha indicado que, "un tiempo después", su pareja, "que es funcionaria de carrera hace más de 20 años", incluso antes de conocerle a él, decidió "reconciliar nuestra vida familiar y laboral, trasladarse a València y pedir una comisión de servicios, como pide cualquier otro funcionario, en este caso, para ocupar un puesto la Diputación de Valencia en su escala".

"Mi pareja es administrativa, es un grupo C1, y entró a trabajar hace unas semanas, después de pasar un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia tengo entendido, y todo ha transcurrido ajustado a la legalidad y ella percibe una retribución exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango", ha defendido Pérez Llorca, que ha cuestionado que todo esto "sea una noticia".

A su juicio, más bien "la noticia es que es la mujer de", en este caso la suya. Por eso mismo, ha denunciado "el machismo de algunos periodistas y de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de".

 "Cuando entré en política entró para cambiar, para aportar cosas a la sociedad, pero no para entrar a esta política sucia, rastrera y machista a la que yo estoy aquí para combatir", ha expuesto.

Dicho esto, Juanfran Pérez Llorca ha querido "dejar muy bien claras las cosas" respecto a su pareja y su plaza en la institución provincial: "Lo que ha hecho es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral, y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor, sin ningún trato a favor".

Es más, ha argumentado que su pareja "tampoco tiene que tener disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser" su mujer.

 "Ella tiene su funcionariado porque se lo trabajó y se lo curró como se lo curran muchísimos funcionarios", ha recalcado.

Por tanto, el 'president' de la Generalitat ha manifestado que se niega a "participar de la cacería del machismo que están teniendo hoy muchísimos políticos", incluso también "algunos periodistas o algunos comentaristas de opinión pública".

 "Estoy en la política para cambiar todo esto y para trabajar para que la sociedad sea más justa", ha resaltado.

Finalmente, Pérez Llorca ha pedido "a la gente que se llena la boca todos los días, especialmente los dirigentes de la izquierda, hablando de conciliación y de feminismo, que se lo apliquen también para todas las mujeres sin ver con quién están casadas o con quién están aparentadas".

Mazón elude valorar su citación como testigo ante la jueza de Catarroja: "No lo hago nunca y no voy a hacerlo ahora"

 VALENCIA.- El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha eludido valorar su citación como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha señalado que no «acostumbra» a valorar decisiones judiciales: «No lo hago nunca y no voy a hacer ahora valoraciones sobre el proceso». De hecho, ha añadido que ello es «la mejor manera de respetarlo».

Mazón se ha limitado a afirmar que se remite a «las palabras» que ha «escuchado» al respecto de esta causa del actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, «tras la resolución por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia --de la Comunitat Valenciana en la que rechaza investigarle-- diciendo que todo queda bastante claro».

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, donde ha asistido al pleno, un día después de que la titular de la Plaza nº 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia haya acordado citarle a declarar como testigo.

Así lo decidió la jueza en un auto en el que trasladaba al expresident la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes en el día de la dana y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia o las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

Todo ello, después del auto del pasado 16 de marzo del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que rechazó por unanimidad investigarlo por su actuación durante la dana al no ver delito, ya que no tenía «deber y obligación» específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el envío del Es-Alert. No obstante, el tribunal calificó su conducta de «reprobable» social y políticamente.

Preguntado por todo ello, Mazón ha respondido que no «acostumbra» a valorar decisiones judiciales: «No lo hago nunca y no voy a hacer ahora valoraciones sobre el proceso». De hecho, ha añadido que ello es «la mejor manera de respetarlo».

Dicho esto, ha asegurado que se remite a «las palabras» que ha «escuchado» del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, «tras la resolución por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia diciendo que todo queda bastante claro». 

«Así que me remito a las palabras del presidente de la Generalitat», ha insistido.

Preguntado por si va a entregar voluntariamente al juzgado de Catarroja sus llamadas y mensajes de WhatsApp y por si piensa dejar su acta de diputado en Les Corts, se ha limitado a reiterar en varias ocasiones: «Muchas gracias».

Mazón ha accedido al hemiciclo del parlamento valenciano poco antes de las 12.00 horas de este miércoles --el pleno ha comenzado a las 10.30 horas--. A su llegada se le ha visto abrazarse con la diputada de Vox Teresa Ramírez y conversar con la 'popular' María del Carmen Martínez Clemor, las dos que se sientan junto a él en la última fila.

Una vez que ha ocupado su butaca, ha abierto su ordenador y durante el debate de varios puntos ha estado aplaudiendo las intervenciones de sus compañeros de grupo, hasta que ha abandonado el hemiciclo sobre las 13.00 horas, momento en que ha atendido brevemente a los medios de comunicación.

Precisamente, también se ha visto por Les Corts al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, si bien durante toda la mañana no ha accedido al hemiciclo. El jefe del Consell no tiene agenda pública para este miércoles.

El PP cree que la citación de Mazón como testigo no cambia su situación procesal y Vox rechaza que deba dejar el escaño

 VALENCIA.- El PP de Les Corts ha sostenido que la citación del 'expresident' y diputado del grupo Carlos Mazón como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana «no cambia su situación procesal», mientras Vox ha reiterado su respeto a la justicia y a descartado que Mazón deba dejar el escaño que le supone estar aforado ante la justicia ante esta nueva situación.

En declaraciones a los medios antes del pleno de este miércoles, el síndic del PP, Nando Pastor, ha considerado que la citación de Carlos Mazón como testigo «no cambia su situación procesal» y ha rechazado «opinar o juzgar políticamente ni a los jueces ni las decisiones que toman».

 «Siempre es bueno ejemplificar y decir una vez más que nosotros no somos como ellos», ha defendido.

Mientras, ha afeado al PSOE que, cuando el juez Peinado «da un paso en la imputación de --la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- Begoña Gómez, suelen salir del orden de tres o cuatro ministros a ponerle a caer de un burro y a desacreditar a la institución judicial». 

«Ese privilegio se lo reservamos para el PSOE y para Compromís», ha agregado.

Precisamente, a la coalición ha reprochado que cuando la Audiencia Provincia de Valencia abrió juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra «por los abusos de su entonces marido a una menor que ella tutelaba» en Compromís salieron «en tromba a desacreditar y a poner a parir» a la justicia.

«Nosotros, cuando cinco magistrados, cinco a cero, del Tribunal Superior de Justicia deciden por unanimidad que no hay ningún indicio para imputarlo --a Mazón--, no aplaudimos. Y cuando hay por parte de la jueza de Catarroja, aunque el cuerpo te la pueda pedir, alguna situación más o menos incómoda, tampoco la censuramos, tampoco la criticamos», ha apostillado.

Preguntado por si considera que Mazón debería entregar sus 'whatsapps' y las llamadas, tal y como la jueza le ha pedido voluntariamente, Pastor ha asegurado que su opinión «no es una cuestión que trascienda o que afecte a la situación actual» y ha insistido: «Estamos ante el mismo escenario procesalmente hablando».

Sin embargo, «políticamente hablando», ha reivindicado que Carlos Mazón ha sido el único «que ha reconocido errores, que ha pedido disculpas por los mismos y que ha dimitido por ellos». 

«Solo conozco a uno», ha incidido, mientras en el PSOE «ni siquiera han dado el primero de los pasos, que es reconocer errores», ni por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni de los ministros con competencias en la materia y con responsabilidad.

Preguntado de nuevo por este asunto, ha rechazado hacer «juicios de valor» y ha resaltado que ha sido «muy claro» al respecto y que ha respondido sin «un guion establecido», por lo que «no hay más» que añadir.

 «Me lo pueden preguntar una o 15 veces, pero es una cuestión de mi convicción personal», ha apuntado.

Sobre si cree que, al no haber un cambio en la situación procesal de Mazón, no tiene tampoco por qué dejar el acta de diputado, como exigen el PSPV y Compromís, el síndic del PP ha señalado que la oposición «está en su legitimo derecho y debe de hacer lo que considera oportuno».

«Ellos --los magistrados del TSJCV-- no hacen valoraciones morales ni políticas y los políticos de Compromís y el PSOE sí que hacen valoraciones judiciales sobre sus actuaciones. No voy a entrar ahí desde el punto de vista político a juzgar jueces. Es que soy del PP, no lo voy a hacer, no voy a ir más allá», ha esgrimido.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado que su partido muestra todo su ?respeto? a la justicia y le deja trabajar, tras lo que ha opinado que ?resulta curioso? que la magistrada de Catarroja ?haya pasado de pedir la imputación? de Mazón a citarlo a declarar como testigo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara investigarlo al no ver ?ningún indicio de responsabilidad penal?.

Ha rechazado hacer ?ninguna valoración más? sobre la decisión de la jueza, al considerar que ?ella sabrá si debe recabar esa información? a partir de la declaración como testigo. Preguntado por si cree que Mazón dirá la verdad, ha recordado que la ley establece que debe hacerlo, al igual que los demás testigos. ?Lo que él haga le compete exclusivamente a él?, ha zanjado.

Respecto a si el ?expresident? debe dejar el acta de diputado del PP en Les Corts después de haber sido citado a declarar como testigo, Llanos ha replicado que Vox cree ?en la presunción de inocencia?, al tiempo que ha señalado que esta situación no puede ?condicionar? el mantenimiento o no de un escaño. ?Nos quedaríamos sin ningún diputado en estas Cortes?, ha dicho.

Entre los grupos de la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha hecho hincapié en que ?Mazón ahora sí tiene la obligación de decir la verdad? y ha criticado que vaya a declarar de forma ?curiosa?, en ?un coche oficial? como ?expresident? algo que ?le permite Juanfran Pérez Llorca?, actual jefe del Consell.

Ha advertido que el PSPV estará ?muy atento? a la declaración de Mazón para ver ?si miente? o ?se contradice en sus ocho versiones anteriores?, al igual que ya denunciaron un posible delito de falso testimonio en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso.

Además, ha subrayado que Mazón tiene ?la obligación de aportar su registro de llamadas? del día de llamadas, que los socialistas ?cotejarán? con el que aportó meses después de la dana ?en un desayuno informativo en Madrid?.

El síndic socialista también ha urgido al ?expresident?, a que ?si de verdad quiere colaborar con la justicia? y quiere hacer un gesto ?en memoria de las víctimas de la dana?, a que aporte sus ?whatsapps? del 29 de octubre de 2024 para completar ?el puzle? de ese día.

Y ha reiterado que es «insostenible» que Mazón siga como diputado, si bien ha señalado que es Pérez Llorca «quien tiene que reclamarle el acta» porque el 'expresident' seguirá «aferrándose a su silla». Por eso ha instado al jefe del Consell a tener «cierta dignidad» y empatía con las víctimas de la dana y obligar a Mazón a dejar el grupo parlamentario.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha asegurado que la citación de Mazón supone ?una alegría inmensa para la mayoría del pueblo valenciano?, que verá cómo declara ?el ?president? que no estuvo esa tarde? de la dana cuando ?es evidente que es el responsable político máximo?, ?ha mentido? durante el último año y medio y ha rechazado ?colaborar con la justicia? cuando se le ha ofrecido en tres ocasiones ir a declarar voluntariamente.

Baldoví ha señalado que Mazón ?debe decir la verdad de una vez por todas y aportar el listado de todas sus llamadas y mensajes? del 29 de octubre de 2024, algo que ?puede ser muy revelador?. Ahora bien, se ha mostrado ?profundamente escéptico? con su declaración, porque cree que ?medirá más sus palabras? y será ?más cuidadoso? que en las versiones que ha aportado hasta ahora.

Además, el síndic de la coalición valencianista ha vuelto a exigir que Carlos Mazón deje su acta de diputado del PP en Les Corts porque ?deshonra la institución?.

martes, 10 de marzo de 2026

PP y Vox pactan elevar de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de empadronamiento en la Comunitat para poder acceder a la RVI

 VALENCIA.- El PP y Vox han pactado este martes varias enmiendas de aproximación al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), entre ellas una para elevar de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda y otra para considerar como infracción de carácter muy grave el hecho de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante.

Estas enmiendas han sido registradas sobre las 10.10 horas de este mismo martes, apenas 20 minutos antes de la hora de inicio de la comisión de Familia, Política Social e Igualdad de Les Corts, en cuyo punto del día figuraba el debate y votación del citado proyecto de ley. 

El PSPV y Compromís han criticado esta situación, que han llegado a tachar de «bochorno» y de «ridículo espantoso», muestra del «talante democrático» de las otras dos formaciones.

Entre sus enmiendas transaccionales, PP y Vox incorporan al término «violencia sobre la mujer» el de «violencia intrafamiliar» y suprimen el carácter «indefinido» de la RVI para sustituirlo por el de «periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción».

En este sentido, fijan la duración inicial en los seis años renovables, «transcurridos los cuales, dicha renovación se efectuará cada tres años en las condiciones que se establezca reglamentariamente, y siempre que persista la situación de vulnerabilidad social y económica que motivó su reconocimiento».

Por otro lado, elevan a los 15 meses el periodo mínimo de residencia habitual de manera continuada en la Comunitat Valenciana y, excepcionalmente, ante la imposibilidad de empadronamiento, establecen que el requisito de residencia habitual «se entenderá cumplido cuando se acredite la residencia efectiva mediante la asignación de Tarjeta Sanitaria Individual (SIP), la inscripción como persona demandante de empleo, la escolarización de personas descendientes o la ocupación de una plaza de acción concertada en el sector de atención a personas en situación de riesgo de exclusión pertenecientes a colectivos vulnerables».

También suprimen la posibilidad de no exigir los periodos mínimos de residencia habitual a personas titulares de una renta mínima concedida en otra comunidad autónoma que pasen a fijar su residencia en cualquier municipio de la Comunitat y, en el caso de ser víctima de violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar, añaden que deberá haberse constituido «una nueva unidad de convivencia».

Mientras, en el caso de las obligaciones de las personas destinatarias de la RVI, añaden una para que, en el caso de tener menores de edad a cargo, se responsabilicen de la escolarización y asistencia al centro educativo durante la etapa de escolarización obligatoria y para que, cuando el menor sea beneficiario de una plaza gratuita de 0 a 3 años, no tenga la consideración de falta de asistencia las comunicadas al centro por los padres o tutores.

Respecto a los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), especifican que deberán «ajustarse a las prioridades, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, contemplando todas las actuaciones que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos de inclusión, tanto desde el ámbito de los servicios sociales como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, deporte y cultura con igualdad de oportunidades».

Establecen también que todas las personas que integren la unidad de convivencia mayores de 16 años «deberán conocer, suscribir y participar activamente en el PAI» y su participación en el mismo «tendrá carácter obligatorio» para mantener el derecho a la prestación de la RVI. 

Mientras, indican que la competencia para determinar si existen motivos de exoneración temporal y/o parcial del PAI será de las personas profesionales de referencia de intervención social de atención primaria.

Además, fijan entre las actuaciones específicas «aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso a empleo y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, renunciando a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».

Paralelamente, modifican un artículo para establecer que los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones económicas reguladas en la ley tengan el carácter de créditos ampliables en el presupuesto de la Generalitat.

En cuanto a las infracciones muy graves, añaden dos nuevos motivos: el hecho de «haber sido acreditada, mediante resolución judicial firme, la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante» por parte de las personas beneficiarias de la RVI y que se acredite que en la unidad convivencial del receptor de la ayuda existan «prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales».

Debate

Durante el debate, Elena Bastidas (PP) ha defendido que la RVI «necesita una actualización», ha valorado la «práctica unanimidad» de los grupos durante todo el trámite del proyecto de ley y ha valorado que las enmiendas de su grupo buscan, entre otras cosas, «reforzar la seguridad jurídica» de la norma y que las de Vox «conectan con la corresponsabilidad en procesos de inclusión social». 

«Las políticas sociales deben desarrollarse siempre dentro del respeto al marco de la legalidad», ha remarcado.

Desde Vox, Miriam Turiel ha sacado pecho de que su partido ha conseguido con las enmiendas «que se amplíe el tiempo de residencia necesario para poder acceder a la RVI», algo «esencial» porque quieren «defender a los de dentro, a los españoles primero y no solamente en un plano discursivo o en un plano más abstracto, sino en la vida real, en la práctica y siempre que podamos lo haremos porque hacer lo contrario es una estafa para los de fuera y una injusticia para los de dentro».

«También queremos evitar e impedir que se beneficie a aquellos que delinquen, a las personas que además ocupan viviendas ilegales. Queremos prohibir también las prácticas denigrantes contra la mujer, como la imposición del burka o prácticas salvajes contra niñas», ha sostenido.

Sin embargo, Silvia Gómez (PSPV) ha acusado al PP de impulsar una política social «destructora», a Vox de tratar de imponer la «integración» frente a la «inclusión», y a ambas de «atacar a las personas más vulnerables» con esta norma por «rédito electoral». 

«Estamos ante la extrema derecha más racista y xenófoba», ha alertado, al tiempo que ha cargado contra los 'populares' por «tragar»: «Vox no gobierna, manda (...), les está chupando la sangre».

Y Francesc Roig (Compromís) ha denunciado que PP y Vox han eliminado de la ley «las referencias a la violencia de género» y ha acusado a ambas formaciones de «racismo», aunque lo intenten «maquillar», y de imponer un «régimen sancionador» para buscar «castigo y mano dura a las personas más vulnerables». 

«Quieren obligar a la gente a pasar por el aro. ¿Qué inclusión es esta?», les ha preguntado.

También ha reprochado al PP que haya dejado la norma «en manos de Vox» y, aunque ha valorado los intentos de «diálogo», ha lamentado que han caído «en saco roto».

 «Lo que habéis hecho hoy es de una baja cultura democrática».

jueves, 5 de marzo de 2026

Les Corts rechazan mantener la calificación permanente de VPP y reforzar inspecciones

 VALENCIA.- El pleno de Les Corts ha rechazado en la sesión de este jueves, gracias a los votos en contra de PP y Vox, dos iniciativas de PSPV y Compromís para mantener la calificación permanente de las viviendas de protección pública (VPP) y reforzar las inspecciones para verificar si se usan como residencia habitual.

Estas proposiciones no de ley (PNL) se han debatido semanas después de que trascendiera la información sobre las adjudicaciones de VPP del residencial Les Naus de Playa de San Juan, que investiga un juzgado. Precisamente, este jueves se constituyó la comisión de investigación en Les Corts sobre esta polémica, que presidirá la diputada de Vox Ana Vega con el apoyo del PP.

En concreto, la propuesta del PSPV instaba a derogar el decreto del Consell sobre las VPP aprobado en 2024 y a restablecer la norma de 2021 sobre el registro de demandantes y adjudicación para las viviendas públicas de iniciativa privada. 

También mantener la calificación permanente de las VPP de iniciativa pública y recuperar los de la privada; ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible; limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, y reforzar la inspección para verificar el uso de las VPP como residencia habitual.

La PNL de Compromís proponía publicar los criterios de adjudicación y todos los informes al respecto; modificar la normativa actual de VPP para garantizar acceso preferente de rentas bajas, calificación permanente de estas viviendas públicas y refuerzo de instrumentos de control; cambiar el plan Vive para anteponer la ampliación del parque público y el alquiler social "real y permanente"; exigir al PP que "asuma todas las responsabilidades derivadas de este escándalo", y que todas las personas con una vivienda adjudicada de manera indebida la devuelvan.

Durante el debate de este pasado miércoles, el diputado socialista Benjamín Mompó insistió en que la polémica de Les Naus "no es un caso aislado, sino la punta del iceberg" del modelo de vivienda del PP, al que acusó de eliminar controles en 2024 mediante un decreto del Consell.

Mª José Calabuig (Compromís) exigió que se reviertan todas las modificaciones en materia de vivienda aprobadas por el actual Consell: "Ya está bien de beneficiar a todos los que tienen el carné del Partido Popular a costa de todos los valencianos". 

Denunció que "la palabra corrupción se queda corta":.

"Es una estafa organizada a la gente que no llega a fin de mes, y eso, señorías del PP, es de ser malas personas".

"A la concejala de Urbanismo del PP, al suegro, a la excuñada, a la amiga de la funcionaria de la concejala de Hacienda, a la hermana de la secretaria, a la mujer del jefe de gabinete de la consellera de Turismo, a los dos hijos y el nieto de la directora general del Ayuntamiento de Barcala, al arquitecto municipal del PP, a la arquitecta casada con el funcionario de la Conselleria, a la hija de un alto funcionario de Urbanismo... 

Esta semana tenemos que sumar a los dos hijos del notario que escrituró las VPP, a cinco miembros de una misma familia vinculados al PP, a una 'influencer' y al hijo de una concejala del PP de Sant Vicent del Raspeig que alardean en redes de haber hecho una reforma con estilo neoclásico y con un enorme vestidor para quitarle el olor a pobre de las VPP", enumeró.

Preguntó a los diputados del PP si esta lista de adjudicatarios en Les Naus les "parece normal" y exigió al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acabar con este "descrédito institucional", aunque no cree que lo haga "si ni siquiera obliga a quitar el acta a Carlos Mazón, quien ya ha tenido bastante esta mañana y se ha ido a su casa a echar la siesta con su sueldo pagado por todos".

Tanto PSPV como Compromís volvieron a exigir la dimisión del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, por estas adjudicaciones y criticaron que Vox le apoye ahora tras pedir inicialmente su salida. Según el diputado socialista, es porque "están más pendientes de las investiduras en otras comunidades que de hacerle oposición real al PP", mientras la de Compromís cree que "Vox ha salvado el cuello a Barcala" a cambio de introducir sus políticas en la capital alicantina. 

Durante varios momentos del debate, los diputados de ambos grupos corearon "Barcala dimisión", al igual que este jueves en la sesión de control.

Frente a estas críticas, el diputado de Vox Miguel Pascual justificó que su partido no pidió la reprobación de Barcala "para no hacerle el juego" ni a PSPV ni a Compromís, a quien acusó de ser "pagafantas" del Gobierno.

Y reprochó a la izquierda de "intentar aprovechar una crisis para sacar rédito político" después de que "unos cuantos espabilados" tuvieran acceso a las VPP de Les Naus. También acusó al PSPV de "intentar colar sus políticas fracasadas de vivienda" en esta PNL y a Compromís que "pidan a los demás lo que fueron incapaces de hacer en ocho años".

Por su parte, la diputada del PP Candela Anglés rechazó las "lecciones" y el "show" del PSPV sobre las VPP porque subrayó que la venta del suelo de Les Naus y la licitación del expediente se hizo en 2016 y 2018, con "alcaldes socialistas" en Alicante.

"Esta promoción nace con sus reglas, con su Botànic y con su gente", aseveró, y defendió que el caso fue trasladado a Fiscalía "inmediatamente" al tener conocimiento. Sostuvo además que el registro de demandantes que quiere recuperar el PSPV "era papel mojado, un formulario al que se apuntaron todos los compradores de Les Naus".

La 'popular' replicó a Compromís que las viviendas de esta promoción son "tan pisazos o no como quisieron en 2018 el alcalde socialista, Ximo Puig y Mónica Oltra", al tiempo que recordó que Barcala ya pidió que las viviendas adjudicadas irregularmente fueran devueltas y sostuvo que el Botànic elevó "de 2.000 a 3.000 euros al mes" la renta para poder ser adjudicatario de una VPP.

Y aprovechó para reclamar a la coalición valencianista que exija a su exalto cargo Xavier Navarro, quien fuera director del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) entre 2015 y 2023 "con un sueldazo de 60.000 pavos", que devuelva su VPP de la pedanía de La Torre de València si Fiscalía decide que hay irregularidades tras haber abierto una investigación a partir de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.

Le contestó la diputada de Compromís para criticar que "el PP lleva un mes con la Conselleria paralizada para buscar y rebuscar si alguien de Compromís tiene una VPO, que no es delito", además de señalar que la vivienda del exdirector del ICV fue adjudicada "en la etapa de Camps y Rita" Barberá como 'president' y alcaldesa de València y "con los requisitos de Camps y Rita". 

"Se nota que estáis muy nerviosos", dijo a los 'populares'.

En respuesta, la diputada del PP rechazó "lecciones de moralidad" de Compromís y le acusó de no criticar las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y la Sareb que afectan a "gente vulnerable de verdad": "Pegáis la 'cabotà' como siempre".

miércoles, 4 de marzo de 2026

Compromís se queda solo con su propuesta para quitar privilegios a expresidents: "¿Para qué necesita Mazón un chófer?"

 VALENCIA.- Compromís se ha quedado solo en el pleno de Les Corts al defender su propuesta para modificar el Estatuto de Expresidents de la Generalitat con el objetivo de «quitar privilegios» a exdirigentes como Carlos Mazón o Francisco Camps, como ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros o disponer de una oficina de 'expresident' y de un asesor y un chófer.

La iniciativa, que cuenta con el criterio desfavorable del Consell, ha centrado el primer punto del orden del día de la sesión plenaria de este miércoles. Se trata de una propuesta que ya que fue debatida el año pasado, meses antes de la dimisión de Mazón como jefe del Consell, y no prosperó porque ni PP ni PSPV ni Vox votaron a favor.

Sin embargo, Compromís la ha vuelto a registrar para que Mazón no continúe disponiendo de una oficina, que está ubicada en la ciudad de Alicante, y de todos los privilegios establecidos en el Estatuto de Expresidentes, que fue pactado en 2002 por PP y PSPV.

La coalición valencianista considera que el apoyo a 'expresidents' se debe limitar a ofrecerles un vehículo para actos protocolarios, medios para garantizar su seguridad y apoyo económico y material para actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad o el fomento del autogobierno. Tras el debate, al que no ha asistido Mazón a su escaño como diputado del PP, la propuesta se votará en la sesión de este jueves.

En su intervención, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado si «alguien sabe dónde está» Mazón y ha cuestionado: «¿Estará en su oficina? ¿Qué hace allí si su obligación es estar aquí?». 

También ha interrogado a los diputados del PP y de Vox «por qué hemos de pagar un sueldo de nuestros bolsillos a un señor que le dijo a la consellera de Emergencias que no confinara a la población durante la dana». «¿No se os cae la cara de vergüenza?», ha añadido.

"¿nos puede explicar alguien todo eso?"

Dicho esto, ha retado a los representantes 'populares' a subir a la tribuna a explicar «por qué Mazón necesita una oficina de 170 metros cuadrados en la zona más exclusiva de Alicante con vistas al mar pagada con dinero público». 

«¿Nos puede explicar alguien todo eso?», ha incidido Baldoví, que ha resaltado que se trata de una iniciativa «de 'trellat'».

«Hubiera sido fácil hacer una derogación de toda la ley pero hemos preferido hacer una propuesta de modificación», ha especificado, y ha abogado por un modelo de Estatuto de Expresidents que haga «compatible» la consideración de haber ostentando la Presidencia de la Generalitat con una gestión «responsable del dinero público».

En este punto, ha preguntado a qué dedica su «sueldazo» el también 'expresident' Francisco Camps. «¿Para hacer campaña, utilizando recursos de todos? ¿Les parece de 'trellat', señores de Vox? ¿Esto es de recibo?», ha deslizado. A su juicio, estos «privilegios» deben «desaparecer».

 «¿Alguien sabe qué hace el coche de Camps todos los días? ¿Dónde va? ¿Para qué lo necesita?», ha cuestionado.

Por su parte, Javier Gutiérrez (PP) ha destacado que el Estatuto de Expresidents fue aprobado en las mismas Corts con un consenso «amplísimo» y ha reprochado a Compromís que intenten convertir este debate «en una cuestión moral solo para hervir la sangre de los ciudadanos con consignas inexactas y proclamas populistas». 

Además, ha valorado que esta norma no supone un «sueldo ni pensiones vitalicias ni un blindaje económico», pero sí una regulación para «dignificar la institución» de la Generalitat al garantizar «apoyo institucional» y medios «proporcionados» con «límites claros».

También ha apuntado que es un modelo que se replica en otras comunidades autónomas y ha afeado a la coalición que lo intente «vender como si solo sucediera aquí» en la Comunitat Valenciana. 

«Lo que sí hay es un capítulo más de su cacería particular, es un odio recalcitrante a todo aquel que no piensa como ellos, rasgándose las vestiduras aquí para intentar convertir al rival político en enemigo de la sociedad», ha apostillado. Todo ello, mientras en Madrid la coalición «calla» ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No es ética, es teatro», le ha espetado.

En su réplica, Baldoví ha contestado al diputado 'popular' que hablar de dignidad es «no dejarse comprar por Mazón», cuya oficina cuesta, según ha indicado, 155.000 euros. Asimismo, ha cuestionado que la campaña de Francisco Camps para «cargarse» al actual 'president', Juanfran Pérez Llorca, «la estamos pagando todos».

Pero Gutiérrez (PP) ha reprochado al síndic de Compromís su «doble vara moral» al querer acabar con el Estatuto de Expresidents mientras en la coalición «defienden» a la exvicepresidenta Mónica Oltra después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado abrir juicio oral contra ella y su equipo en la Conselleria por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017. 

«En el caso de que Oltra hubiera sido presidenta y no vicepresidenta, usted no hubiera traído aquí esta iniciativa nunca», le ha afeado, por lo que ha considerado que Baldoví no es «creíble».

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, en declaraciones a los medios antes del pleno, ha insistido en el rechazo de su grupo a la propuesta de Compromís, al que ha acusado de «levantar banderas cuando no tienen ninguna posibilidad de ganar» porque el PSPV tampoco la apoyará como no lo hizo cuando la presentaron en 2025: «Compromís, que nunca ha tenido a un 'president' de la Generalitat y creo que no lo va a tener, se dedica a levantar trincheras y cortinas de humo».

Mientras, el síndic socialista, José Muñoz, ha reiterado que el PSPV está en contra de «poner en el mismo saco» a todos los 'expresidents' porque «la sociedad valenciana tiene un magnífico recuerdo de Joan Lerma y de Ximo Puig» mientras Carlos Mazón «lo que hace es desprestigiar» el puesto de exjefe del Consell.

Muñoz ha exigido de nuevo a Mazón que renuncie a su acta de diputado del PP en Les Corts y a los privilegios de la oficina de 'expresident' después de que la jueza que investiga la gestión de la dana haya elevado al TSJCV una exposición razonada para que decida si lo cita como investigado en la causa. Si no lo hace, ha reclamado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que lo expulse del grupo parlamentario.

Y desde Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha rechazado sumarse a la propuesta de Compromís porque «una ley debe ser para todos» y no para el «encarnizamiento» contra una persona, en alusión a Mazón. 

«Si quieren una fiesta, que se la pagan ellos», ha espetado, aunque después ha admitido que su grupo considera que «desde luego, habrá que abordar la eliminación de privilegios». Ahora bien, preguntado por si Vox presentará su propia propuesta para hacerlo como ha hecho en otros parlamentos autonómicos, Llanos ha dicho que «no es algo que esté a corto plazo planteado».

Además, ha sacado pecho de las reducciones de «20 millones de euros en altos cargos» cuando Vox estuvo en el Consell y no ha querido entrar en por qué Llorca ha eliminado el máximo de asesores porque «lo que haya hecho el PP ahora» no es su responsabilidad.

En su segunda intervención en el pleno, Baldoví ha replicado a las críticas de «pagafantas» de Vox hacia Compromís con el apoyo de los de Abascal al gobierno estadounidense de Trump. «A partir de ahora pagaréis la gasolina más cara», les ha dicho en alusión a la ofensiva de EEUU en Oriente Medio.

Ha acusado a Vox de «salvar los privilegios de Mazón, de Camps, Ximo Puig o Alberto Fabra». Al hilo, ha comparado a Llanos con Tom Hanks, «salvando las diferencias», por la película 'Salvar al soldado Ryan': «Salvar al soldado Mazón, salvar al soldado PP».