PSPV y Compromís hacen balance de los seis meses de Llorca al frente del Consell: "Se nos está haciendo muy largo"

 VALENCIA.-  El PSPV y Compromís han hecho balance este lunes de los seis meses de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat, un tiempo que la coalición valencianista ha resumido en «una expresión muy popular: se nos está haciendo muy largo». Por su parte, los socialistas acusan al jefe del Consell de no estar «atendiendo a los problemas reales de la sociedad valenciana» y creen que su prioridad es «básicamente ser el candidato del PP en las elecciones del año 2027», algo que pasa por «contentar» a Vox.

Así lo han manifestado los portavoces de ambos grupos, José Muñoz y Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, un día después de que la Generalitat destacara que el 'president' Llorca ha cumplido en seis meses al frente del Consell el 63% de los compromisos adquiridos en el debate de investidura, entre los que destacan la rebaja de la presión fiscal, el impulso a las políticas sociales y la defensa de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, entre otros.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha considerado que Llorca durante estos seis meses «ha demostrado sus prioridades y básicamente tiene una, que es ser candidato del PP a las elecciones del año 2027 y para ello tiene dos ejes fundamentales: contentar a la extrema derecha de Vox y contentar a --el líder nacional del PP Alberto Núñez-- Feijóo, que es quien en última instancia tiene la capacidad de hacerle repetir como candidato».

Todo ello implica, según ha sostenido, que el jefe del Consell «no está atendiendo a los problemas reales de la sociedad valenciana» mientras «la calle está en armas con los profesores echados a la manifestación» con motivo de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que este lunes inicia su quinta semana. Pero no solo los profesores, sino que el taxi está también «absolutamente cabreado» por el nuevo decreto de VTC y el personal sanitario está «certificando la defunción de la sanidad pública».

«En definitiva, un conjunto de la sociedad que está absolutamente abandonado por un 'president' de la Generalitat que tiene otras prioridades y que luego ha tenido una agilidad inaudita en tomar otro tipo de decisiones como es colocación de su pareja desde el Ayuntamiento del Finestrat, del que él era alcalde, a la Diputació de València, pasando de cobrar 25.000 a 52.000 euros en una decisión absolutamente brutal que nos deja a todos atónitos», ha continuado Muñoz.

Según ha argumentado, el «principal problema» es que Pérez Llorca está «alejado de la realidad y encima también ha traicionado hasta lo más básico»: «Él decía que era un presidente que iba a dar tranquilidad, que iba a negociar y que iba a acordar. Y lo que tenemos es una sociedad valenciana absolutamente en llamas, con un presidente que no dialoga, que está bunkerizado en el Palau y que, 29 días después de la huelga educativa, no ha tenido ni la poca decencia de sentarse ni un día con los sindicatos».

Con ello, a su juicio «está dando un muy mal ejemplo y al final se está demostrando que este presidente por accidente es uno de los peores que podemos tener». «Por cierto, con quien sí ha cumplido también ha sido con --su antecesor en el cargo Carlos-- Mazón, al que mantiene aforado en el escaño y con ese gabinete de 'expresident' en el que están todos los ex que tenía alrededor durante el 29 de octubre de 2024», ha añadido.

Por otra parte, Joan Baldoví (Compromís) ha abordado «la insoportable levedad de este Consell» --en alusión a la novela de Milan Kundera 'La insoportable levedad del ser'-- y ha reprochado a Llorca que haya «cumplido», pero «poniéndole sueldo, piso, asesor y enchufando a todos aquellos que protegieron y acompañaron» a Carlos Mazón, y tras haber «enchufado a su mujer» en la Diputació, «doblándole el sueldo», y cerrando de manera «vergonzosa» la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts.

«Pérez Llorca ha cumplido con el plan vividores adjudicando viviendas a gente del PP y votando en contra de que la vivienda de protección oficial fuera siempre de protección oficial y que se adjudicara de manera transparente y clara», ha agregado. 

En este punto, ha considerado «curioso que su director general de Transparencia esté imputado», después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya confirmado la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València.

Finalmente, Joan Baldoví ha agregado que Pérez Llorca «ha cumplido también al conseguir que este sea el Consell más caro de la historia». Sin embargo, para Baldoví, «con quien no ha cumplido es con los valencianos y las valencianas».

El PSPV señala que Llorca cumple seis meses de 'president' "bunkerizado en el Palau y alejado de las necesidades sociales"

VALENCIA.- El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha aseverado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se encuentra alejado de la realidad, bunkerizado en el Palau de la Generalitat y fuera de las necesidades sociales de los valencianos y valencianas".

Así ha reaccionado este domingo a un comunicado de la Generalitat en el que se ha hecho balance de los seis meses desde que Pérez Llorca accedió a la Presidencia del Consell. La administración valenciana ha destacado que se han cumplido el 63% de los compromiso adquiridos en el debate de investidura.

Muñoz, en declaraciones remitidas a los medios, ha tachado este comunicado de "absolutamente delirante" y ha afirmado que "los únicos acuerdos con los que Pérez Llorca ha cumplido han sido con la extrema derecha de Vox" y con "esa implantación de la prioridad nacional, de ese apartheid contemporáneo que quiere plantear Vox"-

"Con los únicos que ha cumplido Pérez Llorca es con los cargos del Partido Popular que se han podido adjudicar viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante", ha apostillado.

Muñoz ha insistido en que Llorca "ha cumplido con las rentas más altas a las que le sigue haciendo regalos fiscales en estos presupuestos, ya cumplido con las empresas privatizadoras de la sanidad y de la educación pública, que también tienen un gran bocado en estos presupuestos de la Generalitat, con esos incrementos de las derivaciones y de la privatización sanitaria. Y, por supuesto, también ha cumplido con su pareja".

El síndic ha reprochado que "no se avanza en el problema educativo, pero la urgente necesidad de la colocación de la pareja de Pérez Llorca en la Diputación de Valencia sí que fue un compromiso que él cumplió con gran rapidez".

También ha denunciado que el presidente de la Generalitat "ha seguido humillando a las víctimas de la dana que ven cómo Carlos Mazón continúa como aforado y que continúa cobrando un sueldo además con un plus", y cuenta con "ese gabinete de expresidente en el que están tanto Cuenca como otras personas que estuvieron el día de la dana".

 Así, ha reprochado el último nombramiento del exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia durante la etapa de Carlos Mazón, Santiago Lumbreras, "al frente del Ivace como premio por su negligente gestión".

Según José Muñoz, Pérez Llorca "tampoco está cumpliendo con los jóvenes y con las familias que ven cómo la vivienda sigue disparada, cómo siguen sin aplicar la limitación del precio del alquiler".

"En definitiva, lo que estamos viendo es un Pérez Llorca que no quiere cumplir con los valencianos por una cuestión muy sencilla. Él lo que quiere es ser candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana y el resto le importa bien poco y sabe que, para ello, lo que necesita es el mando a distancia de Abascal desde Madrid".

El síndic ha criticado que Llorca "incumple con el conjunto de la sociedad valenciana y especialmente con la comunidad educativa, a la que sigue despreciando, humillando, marginando y criminalizando, en lugar de sentarse a dialogar y a acordar con ellos, como le exige el conjunto de la ciudadanía valenciana".

A su juicio, Llorca "en seis meses ya ha hecho bueno a Carlos Mazón" y sus declaraciones "no sirven para nada más que para propaganda política".

 "Afortunadamente los valencianos y valencianas ya no lo creen y esperan con ganas esas elecciones autonómicas que permitan que llegue una mujer, que llegue Diana Morant al frente de la Generalitat valenciana para revertir todas estas políticas absolutamente injustas del Partido Popular", ha apostillado.

El PSPV cree que Llorca "imita a Mazón" al "esconderse o irse de España" en medio de la huelga educativa

 VALENCIA.- El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "imita a Carlos Mazón", su predecesor al frente del Consell, al "esconderse en el Palau de la Generalitat o irse fuera de España" en medio de la huelga docente en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que culmina este viernes su cuarta semana.

"El día en el que se tiene que producir la reunión definitiva para llegar a un acuerdo entre los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación, el 'president' de la Generalitat no está ni en València", ha reprochado.

Así lo ha denunciado en declaraciones a los medios, en alusión a la reunión de esta tarde entre los sindicatos y el departamento que dirige Carmen Ortí y al hecho de que, mientras tanto, Llorca esté en Bruselas. 

El jefe del Consell viajó este jueves a la capital belga a reunirse con representantes europeos y no ha podido regresar por una avería en el vuelo de regreso, según han indicado a primera hora de este viernes desde la Generalitat.

Muñoz ha señalado que, tras un mes de huelga, la reunión "definitiva" de este viernes por la tarde entre Educación y sindicatos muestra dos posturas diferentes: la de la comunidad educativa "protestando en defensa de la educación pública de calidad, recortada desde el principio del gobierno de Mazón y ahora de Pérez Llorca, que tiene voluntad de negociar y llegar a acuerdos", y la de la Conselleria que "no ha enviado un documento a los sindicatos" y muestra "muy poca voluntad de querer llegar a un acuerdo".

Además, ha acusado a Llorca de "rehuir de sus responsabilidades desde el primer momento" que se inició la convocatoria de huelga:

 "En lugar de intentar llegar a acuerdos, echó más leña al fuego, criminalizando a la comunidad educativa, a los profesores y, en definitiva, haciendo todo lo posible para que no se llegara a un acuerdo".

Para el portavoz socialista, se trata de una posición "sorprendente" por parte de "un 'president' de la Generalitat que llegó a la presidencia hablando de que lo importante que era el diálogo para él".

 "La comunidad educativa quiere dialogar y la Generalitat lo que hace es incrementar el nivel de tensión", ha abundado, y ha exigido al Consell "que esté en la solución y que no sea parte del problema".

Compromís registra un voto particular al dictamen de la dana aprobado por PP y Vox: "Han blindado a los negligentes"

 VALENCIA.- Compromís ha registrado este miércoles en Les Corts un voto particular al dictamen de la comisión de investigación sobre la dana, aprobado por el PP y Vox la pasada semana, en el que la coalición denuncia que la mayoría que suma ambos partidos en el parlamento valenciano ha "instrumentalizado" la misma con el propósito de "proteger el Consell y evitar cualquier conclusión que implique responsabilidad política en la gestión de la emergencia".

"Han blindado a los negligentes a expensas de la verdad", reza el documento que suscriben la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro y el diputado Jesús Pla, que consideran que el dictamen que se llevará a votación en pleno "es un insulto a la verdad, a las 230 víctimas y a todo el pueblo valenciano". 

"PP y Vox han perpetrado una comisión a medida para tapar las responsabilidades del Consell y nosotros no podíamos avalar ese relato", ha argumentado Navarro.

El dictamen apunta al Gobierno por su responsabilidad, subraya cuestiones como falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas e "insuficiente y deficiente" gestión de la información y se limita a subrayar la "falta de dirección" de la Generalitat al reclamar información sobre los barrancos.

El voto particular de Compromís señala que "nunca" han sido citados a la comisión los 17 alcaldes incluidos en el plan de trabajo aprobado por el mismo PP y Vox, ni tampoco "las 23 personas de la sociedad civil ni los miembros del Cecopi que dirigían la emergencia: ni la consellera Salomé Pradas ni su secretario autonómico Emilio Argüeso ni los responsables del 112 ni del servicio de Emergencias".

Por ello, Navarro se ha preguntado "cómo se puede llegar a conclusiones sobre quien gestionó la emergencia o por qué se envió tan tarde el ES-Alert si no has llamado a comparecer a las personas que estaban al frente del Cecopi".

 A su juicio, "la respuesta es obvia, porque no te interesa saberlo".

El documento señala que tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la Aemet remitieron informes a la citada comisión "que no han sido incorporados al dictamen en las partes que incomodan a la mayoría parlamentaria de PP y Vox". 

Estos informes, según Compromís, "acreditan que desde diez días antes la Aemet alertaba de la situación de riesgo y que durante todo el día 29 la CHJ trasladó información al servicio de emergencias de la Generalitat".

Por su parte, Jesús Pla ha asegurado que con todo ello "ha quedado acreditado que la Generalitat tenía información suficiente para actuar" el 29 de octubre de 2024, día de la dana. 

"El relato de la falta de información es sencillamente falso, y los propios informes técnicos lo desmienten. Que el dictamen ignore ese hecho no lo hace desaparecer", ha apostillado.

Compromís denuncia que el dictamen atribuye de manera "prácticamente exclusiva" la responsabilidad a la CHJ, "eludiendo que la Generalitat es titular de la presa de Buseo y que a las 20.41 horas del 29 de octubre recibió una comunicación técnica advirtiendo del riesgo de desbordamiento antes de medianoche".

 Y agrega: "No consta ninguna medida de seguimiento ni coordinación adoptada por la Conselleria competente en las horas posteriores".

Con ello, Pla ha remarcado que sobre "una presa de categoría A, titularidad de la Generalitat, en riesgo de desbordamiento, no consta que se hiciera absolutamente nada". 

"Esto no aparece en el dictamen porque PP y Vox tienen mucho interés en que esta cuestión clave quede al margen", ha añadido

El voto particular también pone de manifiesto que la comisión "no ha esclarecido por qué la orden de interrupción del servicio de Metrovalencia llegó a las 21.35, dos horas y media después de que el puesto de mando --de València Sud-- recibiera el aviso que la vía de Paiporta estaba inundada".

Por otro lado, el documento denuncia que el dictamen "obvia deliberadamente el cambio climático como factor determinante, a pesar de que los propios técnicos comparecientes fueron explícitos en sus intervenciones". 

El voto particular también recoge las "palabras tajantes" de expertos como el catedrático de la UPV Félix Ramón Francés o el ingeniero Federico Bonet, "que vincularon claramente la intensidad de la dana al calentamiento global".

Asimismo, Compromís sostiene que se han "censurado" del dictamen las referencias al cambio climático, "porque para su elaboración se han seguido al pie de la letra las tesis del negacionismo climático de la extrema derecha" de Vox.

El voto particular documenta también la actuación "tardía e ineficiente" de la Conselleria de Servicios Sociales, "con Susana Camarero al frente, quien a pesar de formar parte del Cecopi y tener información de la gravedad de la situación, se fue ese día a una entrega de premios sin tomar ninguna medida efectiva en su ámbito de gestión".

Compromís denuncia que el dictamen tampoco incluye reflexiones sobre el replanteamiento de las políticas competencia de la Generalitat para poder hacer frente a futuros fenómenos atmosféricos y evitar catástrofes humanas.

 "No se ha aprovechado para marcar un camino de trabajo y mejora de las políticas territoriales, climáticas, de prevención y atención a las emergencias de cara al futuro", argumenta la coalición.

Por todo ello, concluye que esta comisión "ha funcionado como una cortina de humo" y exige la constitución de "una verdadera comisión de investigación que trabaje desde el aviso especial de la Aemet hasta la actualidad y que incluya la investigación de las medidas adoptadas por todas las consellerias".

"Por todas las víctimas, por la dignidad del pueblo valenciano, exigimos una verdadera comisión de investigación que trabaje para dar respuestas y depurar responsabilidades políticas. Verdad, justicia y reparación", reza el voto particular de Compromís.

Baldoví acusa a Llorca y Ortí de "criminalizar" a docentes y ve "absolutamente vergonzoso que el 'president' se esconda"

 VALENCIA.- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera de Educación, Carmen Ortí, de "criminalizar" a los profesores, en el marco de la negociación entre la Administración y los sindicatos para poner fin a la huelga en la enseñanza pública no universitaria.

Baldoví se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios, después de reunirse con los sindicatos STEPV, CCOO-PV y UGT-PV para "servir de escucha activa y acompañamiento" a la comunidad educativa porque la negociación es "posible" y las demandas que se hacen, "con un calendario muy trabajado y compartido, son alcanzables y necesarias".

Para Joan Baldoví, "un político que gobierna su país tiene que escuchar, tiene que intentar resolver los problemas de la gente y tiene que hablar con los representantes de los trabajadores para de resolver". 

Por lo tanto, ha dicho, "ese es nuestro objetivo: acompañar en toda la comunidad educativa, escuchar qué demandas nos están haciendo y, evidentemente, calendarizarlas para cuando tengamos nosotros la responsabilidad de gestionar".

"Lo que estamos viendo hasta ahora es un gobierno de la Generalitat, un presidente y una consellera absolutamente cerrados, absolutamente ausentes, absolutamente desbordados y lo que es peor intentando criminalizar al profesorado", ha indicado.

A su juicio, "es absolutamente vergonzoso que el presidente Pérez Llorca se esconda, esté cuatro semanas escondido, desaparecido, y que no dé la cara".

 "Por eso, nosotros hemos pedido su comparecencia en Les Corts", ha comentado.

Según Baldoví, "este problema solo se resuelve de una manera: haciendo lo que nosotros hemos hecho esta tarde, sentarnos con los sindicatos, escucharlos, hablar de qué calendario es posible y llegar a un acuerdo para solucionar las reivindicaciones educativas".

También, ha agradecido a "toda la comunidad educativa y en especial a los tres sindicatos que se reúnen con nosotros, por esa lección de dignidad que están dando día a día en las calles valencianas".

 "Esta huelga --ha agregado-- educativa será recordada durante mucho y mucho de tiempo, una huelga educativa absolutamente histórica".

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha afirmado que la formación ha estudiado el documento base de los sindicatos, una propuesta "razonable y que se podría aplicar en la educación valenciana". 

Aunque ha reconocido que "la única duda es en cuántos cursos se necesitan para aplicarlo", si bien ha insistido en que es un documento "razonable y aplicable".

En la misma línea que Baldoví, Fullana ha pedido a Ortí que "deje de criminalizar la comunidad educativa" porque, a su parecer, "está generando una tensión terrible": 

"Su objetivo es dilatar la negociación e ir humillando los docentes y esto no está funcionando. La situación es insostenible y la verdad es que es paradigmático que ya llevemos cinco gobiernos en tres años, absolutamente inoperantes, y que tenga que ser la oposición quien ejerza de gobierno, quien se siente a negociar con la comunidad educativa. Es sorprendente".

"Uno de los argumentos de la Generalitat --ha continuado-- es que no hay dinero, que no se puede ofrecer más de esos 200 euros que se pusieron encima la mesa al principio de la negociación. Compromís ya presentó enmiendas el año pasado en el presupuesto y entendemos que el 1 de septiembre podría empezar ya una subida completa de 240 euros en el mes, no de 75 como la que han ofrecido. Y, a partir de aquí, ir mejorando esa propuesta, acercándonos a la propuesta catalana, por ejemplo".

Con todo, ha denunciado que "lo que se ahorrará la Conselleria con la huelga es el doble de lo que se invertirá con el incremento salarial", algo que a su juicio es un "escándalo" y una "burla" hacia la comunicad educativa.

Y ha concluido insistiendo que "muchas de las propuestas de los sindicatos son factibles a partir del 1 de septiembre". Entre otras, "el incremento salarial mucho por encima del que han ofrecido".

"Recordamos que la realidad es que lo que proponen son 75 euros en el mes a partir del 1 de septiembre", ha dicho y ha anunciado: "Presentaremos enmiendas para que esa subida sea desde el 1 de septiembre por un valor de 240 euros en el mes".

El PP denuncia que el PSPV está "subordinado" a Ferraz y "atrapado en la caída del 'sanchismo' y el 'zapaterismo'"

 VALENCIA.- El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha afirmado que el PSPV se encuentra «completamente subordinado a Ferraz y atrapado en la caída del 'sanchismo' y el 'zapaterismo'» tras la investigación del expresidente.

«El ticket Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, con los sanchistas valencianos a los mandos, va camino de convertir al PSOE en un auténtico erial político e institucional», ha subrayado el síndic de los populares en un comunicado emitido por su partido.

Pastor ha criticado que el «'sanchismo valenciano' no solo no marque distancias, sino que se dedique a cerrar filas alrededor de los escándalos que rodean al PSOE».

 «No tienen alternativas ni opciones porque todos los dirigentes valencianos relevantes del socialismo han construido su carrera política alrededor de ese mismo núcleo de poder», ha afirmado.

El portavoz popular ha recordado que «Diana Morant se definió públicamente como una 'niña de Zapatero' y llegó a asegurar que el expresidente era su 'padre político'».

 También ha destacado que otro ministro valenciano del Gobierno de Sánchez, Arcadi España, «sale a defender a Zapatero mientras pretende vender humo con una financiación autonómica que el PSOE lleva años prometiendo e incumpliendo».

«Como tercera pata valenciana, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, toda una experta en convertir territorios en eriales políticos como hizo en Ontinyent, donde vació al partido y ahora no la pueden ni ver», ha afeado. 

En este sentido, ha dicho que es «imposible separar al PSPV valenciano de todos los nombres y escándalos que rodean hoy al sanchismo».

«El problema del PSOE valenciano es que ya no distingue entre partido, gobierno y red de intereses personales; han pasado de presumir de regeneración a convertirse en una estructura política cercada por la corrupción, el sectarismo y la decadencia», ha lamentado Pastor.

En este sentido, ha señalado que «la mejor prueba de esa subordinación absoluta a Sánchez es el silencio cómplice del PSPV ante el castigo permanente a la Comunitat Valenciana».

 Así, ha sostenido que «llevan años prometiendo una reforma de la financiación autonómica que nunca llega mientras esta tierra sigue siendo la peor financiada de España por culpa de un sistema injusto que el PSOE se niega a corregir».

En esta línea, ha criticado a Arcadi España, a quien considera que «intenta vender como un gran anuncio lo mismo que llevan prometiendo desde hace años, mientras la Comunitat sigue marginada por el Gobierno de Sánchez, con retrasos en infraestructuras clave, incumplimientos en las inversiones y abandono en cuestiones fundamentales como las ayudas de la dana o el agua».

Finalmente, Fernando Pastor ha destacado que los valencianos «ya no se creen los anuncios de última hora de quienes han tenido todo el poder y nunca han cumplido». Bajo su criterio, el PSPV «ha renunciado a defender esta tierra para convertirse únicamente en la delegación valenciana de los intereses de Sánchez y Zapatero».

La comisión de investigación en Corts sobre las VPP de Alicante votará este viernes como plan de trabajo el propuesto por Vox, que cita a Barcala

 VALENCIA.- La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Corts votará en su sesión de este viernes como plan de trabajo el presentado por Vox, que, a diferencia de los 'populares', pide la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP).

Así lo ha acordado este martes la mesa --presidida por la diputada de Vox Ana Vega-- gracias a la mayoría que suma este partido y el PP. Los 'populares' han registrado posteriormente una enmienda para eliminar tanto la comparecencia de Barcala como la de un director general de la Generalitat.

La mesa acordó hace dos semanas posponer la votación del plan de trabajo y, en su lugar, dio un plazo de diez días para poder presentar una propuesta conjunta pactada. Sin embargo, este martes ha aprobado con el apoyo de PP y Vox como propuesta el plan presentado por esta segunda formación, según han precisado fuentes parlamentarias.

El portavoz de Vox en la comisión, Miguel Pascual, en declaraciones a los medios, ha celebrado que la mesa «ha asumido como propio» el plan presentado por su grupo. 

«Un plan de máximos que viene a arrojar luz y taquígrafos sobre toda esta cuestión de la asignación de viviendas de protección pública de Les Naus en Alicante», ha apuntado, y se ha «congratulado» de que el mismo «haya sido asumido por parte de la mesa gracias a los votos de Vox y del PP».

En total, Vox solicita 81 comparecencias, entre ellas solo cinco representantes de la Generalitat: el director general Juan Antonio Pérez, el director territorial Juan Manuel Galbis, la jefa de servicio Concepción Morillas, el secretario Vicente Caturla y el funcionario Roberto Plasencia. 

Entre los cargos del Ayuntamiento, sí que pide que comparezcan el alcalde, Luis Barcala, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y otros ediles y funcionarios.

Este grupo pide además que en la comisión intervengan 37 personas adjudicatarias de los pisos, así como los directivos de las empresas relacionadas con la promoción y la redactora jefa de Información, Mercedes Gallego, al ser el diario que publicó la exclusiva.

Como calendario de trabajo, Vox propone que la comisión dure un año con al menos una sesión al mes, con intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los diputados y los comparecientes y un tiempo máximo de 10 minutos para cada grupo por cada persona.

Sin embargo, el PP ha presentado este mismo martes tras la reunión de la mesa una enmienda al plan de trabajo de Vox, para eliminar las comparecencias del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de un cargo de la Vicepresidencia primera de la Generalitat: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez. 

El resto de los testimonios se mantiene.

Además, los 'populares' mantienen el formato de las comparecencias planteado por Vox, pero añaden un turno final para el compareciente de cinco minutos. 

En cuanto a la deliberación y elaboración del informe de la comisión, plantean que se debata y elabore durante los 12 meses de trabajo de la misma, «sin perjuicio de que se pueda ampliar».

Una vez realizado, se dará cuenta y se debatirá en la propia comisión y, cuando finalice esta, se abrirá un plazo de cinco días para la posible elaboración de votos particulares «que se pudieran producir». 

En su propuesta de plan de trabajo, Vox establecía que se elaborara solo en los dos últimos meses y acotaba los votos particulares a los miembros designados por los grupos parlamentarios.

Compromís exige a Educación la revocación de conciertos a siete colegios que en la práctica "segregan por sexo": "Es ilegal"

VALENCIA.- Compromís ha denunciado que el Consell ha renovado hasta 2031 los conciertos educativos de siete colegios vinculados al Opus Dei que, aunque «intentan justificar artificialmente» que no segregan por sexo, en la práctica siguen separando al alumnado entre niños y niñas. La coalición exige que se revoquen estos conciertos, a los que, según recalcan, la administración destina 72,6 millones de euros, o, de lo contrario, acudirán a los tribunales porque se trata de «una ilegalidad».

Así lo han expuesto este lunes en rueda de prensa el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación, el diputado Gerard Fullana, que han denunciado la «mala praxis» en la política educativa del gobierno valenciano.

Han expuesto que los datos exigidos por Compromís vía parlamentaria, y ofrecidos por la propia Conselleria de Educación, reflejan que estos siete centros suman actualmente 4.347 alumnos y alumnas, de los cuales 3.951 continúan escolarizados en dinámicas de segregación por sexo, lo que supone el 91% del alumnado total.

«Su modus operandi consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero después presionan a familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos figura que hay matriculado únicamente a un niño o a una niña en las etapas de entrada para intentar justificar artificialmente que no segregan», explican.

Baldoví ha apuntado que todo ello se produce a las puertas de que miles de familias afronten el proceso de matriculación para el próximo curso escolar y en un contexto ante una convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario, que cuenta con un «amplísimo consenso» de la comunidad educativa.

 «Apostamos por la educación pública de calidad pero también por denunciar cuando hay escándalos», ha expuesto. A su juicio, este de los conciertos educativos es «muy grave».

El síndic de la coalición ha denunciado que los dos últimos presidentes de la Generalitat por parte del PP, Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca, han «mantenido y renovado» los conciertos educativos a estos siete colegios vinculados al Opus Dei. 

«Hablamos de 72 millones de euros en seis años a colegios que están separando a niños y niñas», ha sostenido. Ante esta situación, ha garantizado que en Compromís no se van a quedar «de brazos cruzados».

Para Baldoví, «esta ilegalidad tiene nombres y apellidos», que son los de la actual consellera de Educación, Carmen Ortí, quien el pasado año renovó los conciertos hasta 2031 como subdirectora de planificación educativa. «Es juez y parte», ha denunciado.

Pero también ha señalado al «inefable conseller de las gambas» José Antonio Rovira, quien ahora es titular de Hacienda: «Dice que no hay dinero para la educación pública, para el profesorado, pero sí que dice que lo hay para estos centros concertados que incumplen la ley». 

Además, ha cargado también contra el 'expresident' Carlos Mazón y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. «Todos ellos son cómplices de esta trama», ha censurado.

Por su parte, el diputado Gerard Fullana, que ha puesto en valor que esta nueva denuncia de Compromís «da sentido a la labor de fiscalización de los partidos políticos», ha reprochado al Consell que diga que no tiene dinero para negociar con la comunidad educativa mientras «aprueba 72 millones para escuelas que creen en la educación de manera separada». 

A su juicio, esta situación tiene un trasfondo «enorme» que revela los valores del Gobierno valenciano.

Fullana ha detallado que esta investigación se inició el pasado verano a raíz de una denuncia de unos familiares que fueron «presionados» por unos de estos centros para que su hijo lo abandonara «por cuestión de género». 

Ante esta situación, la coalición ha solicitado a la Conselleria de Educación una serie de documentación y dispone de un informe jurídico que muestra «ilegalidades evidentes» en esta materia.

En concreto, el diputado ha precisado que se trata de seis centros de la Fundación Fomento de Centros de Enseñanza, «vinculada» al Opus Dei, y de otro más, que suman un total de 4.347 alumnos matriculados. 

En la provincia de Alicante son el centro Altozano en la capital y Aitana en Elche; en Valencia El Vedat de Torrent, Guadalaviar y Vilavella en València; y en Castellón el centro Miralvent y Torrenova. El 91% de sus alumnos están segregados, según Compromís: «No van a clase tal y como dice la ley».

Para Fullana, se trata de una cuestión «de extrema gravedad». Además, ha advertido de que en algunos casos la segregación es del 100% del alumnado. 

En esta línea, el diputado ha acusado a algunos centros de intentar «persuadir» a familias para que acaben abandonando el centro diciéndoles que su hijo o hija estará «solo» en una clase del sexo contrario.

 En otros casos, ha deslizado, optan por mantener privada la matrícula de los 3 años, dado que entonces la segregación «sí que es legal».

Ante esta situación, Compromís ha presentado esta misma mañana un requerimiento prejudicial para restituir la legalidad y el dinero público y que se aplique «lo que dice la ley», en la línea de la «buena fe»: «Lo primero que hacemos es pedir que se restituya antes de acudir a cualquier tribunal».

El diputado de la coalición, que ha acusado al Consell de intentar «esconder» esta situación, ha insistido en que con estos casos la vulneración de la ley educativa estatal es «clara y evidente» y en que el departamento de Campanar que ahora lidera Carmen Ortí «tenía conocimiento».

 «No entendemos que el curso --escolar 2026/2027-- pueda comenzar con estos centros», ha avisado Fullana, que ha pedido «aplicar las sanciones correspondientes» a estos centros. 

También se ha preguntado «a qué se dedican» los coordinadores de igualdad de los mismos, figura a la que están obligados a tener.

Para el parlamentario, es «paradójico» que los dos «máximos responsables» de esta «corrupción» sean José Antonio Rovira y Carmen Ortí, esta última una persona «muy vinculada a los postulados religiosos del PP y colocada ahí no por casualidad». 

Mientras, sobre Rovira, ha afirmado desconocer si existen «más motivos» para que dimita tras su gestión de la dana. A su juicio, ninguno de los dos debería continuar en el cargo.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha replicado que la ley estatal lo que recoge es que no se ha de segregar el alumnado «por motivo de sexo» y ha defendido que en la Comunitat Valenciana existe un proceso de admisión que asegura «la igualdad de oportunidades para todas aquellas familias que soliciten plaza escolar para sus hijos en los centros educativos».

En este caso, ha sostenido que está «asegurada y garantizada esa respuesta» porque las familias que han solicitado ser escolarizadas en esos centros «sean del sexo que sean, siempre y cuando hayan obtenido la puntuación correspondiente, porque es un procedimiento de concurrencia, están escolarizadas en esos centros». 

«El proceso de admisión es telemático donde no se puede rechazar ningún tipo de solicitud», ha apuntado.

Por ello, ha indicado que las familias que han solicitado la matrícula en esos centros, «si han cumplido todas las puntuaciones que corresponden, tienen plaza en esos centros». 

«Queda totalmente garantizado el derecho de las familias de poder hacerlo», ha zanjado.

El PSPV denuncia el recorte del 20% para la promoción del turismo

 VALENCIA.- El PSPV-PSOE ha denunciado «el doble golpe» que el Consell asesta al sector turístico valenciano con la convocatoria de ayudas del Programa 1 de Turisme Comunitat Valenciana para 2026. El portavoz socialista de Turismo en Les Corts, Mario Villar ha denunciado el «recorte del 20 por ciento» en la dotación global del programa y, por segundo año consecutivo, la ausencia del Programa 2 - Impulso a eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales de impacto turístico.

En un comunicado, Villar ha explicado que la Resolución de Convocatoria de 27 de marzo de 2026, publicada en el DOGV, fija el crédito global máximo en 4.000.000 euros, frente a los 5.000.000 euros de la edición de 2025.

 «Esto implica que un millón de euros en apoyo a la promoción y comercialización turística desaparece del programa en un solo ejercicio, en un contexto de mayor competencia entre solicitudes y de exigencias procedimentales más estrictas que nunca», ha lamentado.

Además, el diputado socialista ha subrayado que esta reducción «se produce con el mantenimiento del límite máximo por beneficiario en 90.000 euros, lo que significa que habrá directamente menos empresas turísticas que puedan acceder a financiación pública para sus proyectos de posicionamiento y marketing».

«El PP reduce el pastel, pero mantiene el mismo tamaño de las porciones. El resultado es que menos empresas comerán», ha indicado Villar que ha señalado que recortar «es siempre una decisión política»: 

«No invertir en turismo es recortar competitividad, recortar empleo y recortar futuro para un sector que representa el motor económico de la Comunitat Valenciana».

El dirigente socialista ha denunciado también la ausencia por segundo año consecutivo de la convocatoria del Programa 2 - Impulso a eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales de impacto turístico y ha explicado que, en 2025, «el Consell del PP optó por no publicar esta convocatoria, dejando sin ayudas a los organizadores de eventos que generan atracción turística y pernoctaciones en la Comunitat Valenciana».

«Ahora, en 2026, confirman expresamente que los eventos culturales, musicales, taurinos, deportivos y gastronómicos quedan excluidos de la convocatoria vigente del programa 1 creando dudas si publicarán el 2», ha destacado Mario Villar que ha asegurado que esto significa «que los festivales de música, las competiciones deportivas de relevancia, las ferias gastronómicas y los eventos culturales que ponen a la Comunitat Valenciana en el mapa turístico internacional llevan dos años sin poder acceder a las ayudas específicas que les estaban destinadas».

«El turismo de eventos no se improvisa, se construye con planificación, con apuesta pública y con tiempo: dos años sin el Programa 2 son dos años de ventaja regalada a otros destinos competidores», ha advertido el portavoz socialista.

Por ello, el PSPV-PSOE ha exigido al Consell que convoque con carácter urgente el Programa 2 de ayudas a eventos turísticos de impacto para el ejercicio 2026, con una dotación presupuestaria suficiente y un calendario que permita a los organizadores de eventos planificar sus proyectos con garantías.

«El turismo de eventos es uno de los instrumentos más eficaces para la desestacionalización de los destinos turísticos, ya que distribuye los flujos de visitantes a lo largo del año y genera actividad económica en temporada media y baja, no convocar el Programa 2 es contradictorio con los propios objetivos que la Generalitat proclama en materia de turismo inteligente y sostenible», ha señalado Mario Villar.

Por último, el diputado Mario Villar García ha anunciado la presentación de cinco preguntas en Les Corts Valencianes sobre los principales cambios de la convocatoria de 2026: 

«El sector turístico valenciano merece explicaciones claras, no resoluciones que recortan sin dar razones. Con este paquete de preguntas, obligaremos al Consell a rendir cuentas ante el Parlamento y ante los miles de empresas turísticas que dependen de estas ayudas para su competitividad».

Compromís propone que los consellers de Servicios Sociales formen parte del Cecopi en una emergencia como la dana

  VALENCIA.- Compromís ha presentado una proposición de ley en Les Corts para reforzar el papel de los servicios sociales valencianos en la gestión de las emergencias y catástrofes como la dana del 29 de octubre de 2024. Entre sus propuestas figura que los consellers de Servicios Sociales formen parte del Cecopi.

"Si ese día Susana Camarero [consellera de Servicios Sociales durante la dana y actualmente responsable de Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo] hubiera estado ahí, en el Cecopi, probablemente no se habría ido a una entrega de premios ante el volumen de llamadas al 112 y muchas vidas no se habrían perdido", ha manifestado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha sostenido que "una consellera más no descuadrar las funciones del Cecopi".

La iniciativa, registrada este pasado martes, propone modificar las leyes valencianas 3/2019, de servicios sociales inclusivos, y 13/2010 de protección civil y gestión de emergencias.

La coalición valencianista considera que la experiencia vivida por el pueblo valenciano en la dana, que causó 230 fallecidos, pone de relieve la falta de integración del sistema público de servicios sociales en la gestión de la emergencia, al considerar que se entorpeció la prevención de la catástrofe y la atención a los afectados. 

«El problema es que las cosas se hicieron tarde y mal», ha señalado la diputada Nathalie Torres.

Además, en la proposición se recuerda que el Síndic de Greuges señaló la falta de un plan de actuación específico para emergencias sociales que establezca claramente las funciones, los tiempos de respuesta y los mecanismos de coordinación hizo que fuera "más difícil todavía gestionar las consecuencias sociales de la catástrofe".

Según Compromís, su propuesta parte de una demanda explícita de los profesionales de los servicios sociales, "que han sufrido en sus propias carnes tanto la gestión nefasta de Camarero durante la dana como las limitaciones que han aflorado del sistema" y a las que no hace frente la nueva consellera, Elena Albalat.

En concreto, la propuesta se centra en que el sistema público valenciano de servicios sociales forme parte de los órganos de coordinación de emergencias, como el Cecopi a nivel autonómico o los Cecopal en el ámbito municipal, "para que se les escuche y se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones".

También se pide que el personal de servicios sociales se considere esencial, como los bomberos o los policías; se insta a establecer por ley ayudas específicas a las víctimas y afectados por emergencias y catástrofes sobrevenidas, y se incide en la formación en gestión de estos eventos para el personal de servicios sociales.

Esta iniciativa forma parte del paquete de propuestas de Compromís para mejorar el servicio de emergencias, después de que Les Corts hayan rechazado en los últimos meses otras, con los votos en contra de PP y Vox, como crear un cuerpo único de bomberos o un servicio valenciano de meteorología.

Preguntado por la iniciativa de la coalición valencianista, el síndic del PP, Nando Pastor, ha considerado que debe ser el gobierno quien esté «supervisando todas las cuestiones de la emergencia» y, en este caso, ha apostado por que sea la Generalitat y no el Grupo Parlamentario Popular quien tenga que «analizarla y ver la procedencia de la misma». 

«Y en base a ello, el Grupo Popular evidentemente tomará la posición», ha zanjado.

El PSPV presenta 80 enmiendas al plan Simplifica 2, como reforzar los controles en las VPP y la protección de la costa

 VALENCIA.- Los socialistas valencianos han presentado en Les Corts más de 80 enmiendas al proyecto de ley de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado --el llamado plan Simplifica 2-- del Consell, al considerar que "estamos ante una nueva norma cargada de ideología y que obvia las realidades sociales y territoriales de la Comunitat Valenciana".

Entre las enmiendas del PSPV destacan las referentes a la vivienda de protección pública (VPP), donde exigen la vuelta a la normativa anterior para que "la vivienda sea un derecho y no un negocio, ni un bien que repartir entre amigos con carnet del PP", detallan desde el grupo parlamentario.

En materia de política territorial, los socialistas proponen la vuelta al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) y la protección de la costa "frente a un Consell entregado a la depredación del territorio".

Además, desde el punto de vista económico, alertan que este decreto recoge "un descontrol a la hora de repartir subvenciones, mientras siguen dando regalos fiscales a las rentas altas".

Como ejemplo, señalan que "la misma rapidez con la que dan deducciones fiscales a las rentas altas es la que han tenido a la hora de perpetrar a escondidas un recorte fiscal que afecta a las personas con discapacidad".

Por todo ello, desde el PSPV advierten que "nos quieren vender como simplificación lo que en verdad son menos derechos sociales y menos valores democráticos".

 "La simplificación es solo una coartada para su cruzada contra el Estado de Bienestar valenciano", aseveran.

El PSPV llamará a Les Corts a los técnicos que no han comparecido en la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP

VALENCIA.- El PSPV-PSOE llamará en la comisión de investigación de Les Corts sobre el caso de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus a los técnicos municipales que este martes no han comparecido en el Ayuntamiento de Alicante.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista en la comisión de investigación en Les Corts, José Díaz, después de que no hayan acudido cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer este martes en la comisión sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de los pisos del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Díaz ha calificado de "inaceptable el plantón" producido en la sesión de este martes y ha advertido, en un comunicado, que "nadie puede eludir dar explicaciones sobre un escándalo de esta gravedad".

El diputado socialista ha señalado que la imagen de "sillas vacías" en la comisión municipal evidencia "la falta de transparencia del gobierno del PP y su voluntad de entorpecer la investigación".

En este sentido, ha recalcado que "el Partido Popular podrá intentar vaciar la comisión en el Ayuntamiento, pero no podrá impedir que estas personas comparezcan en Les Corts, donde sí tendrán la obligación de responder".

Asimismo, José Díaz ha insistido en que resulta especialmente relevante la comparecencia de perfiles técnicos clave, como la jefa del servicio de Patrimonio o el arquitecto municipal implicado en el proceso, para aclarar cuestiones como los cambios en los informes que, según ha denunciado, "han ido rebajando las responsabilidades del Ayuntamiento de Alicante".

"Ya lo dijimos y lo reiteramos hoy: no vamos a consentir las tretas de siempre para tapar escándalos", ha subrayado el diputado socialista, quien ha asegurado que la comisión en Les Corts "no quedará vacía" y permitirá "llegar hasta el fondo de lo ocurrido". 

"Las explicaciones tendrán que llegar y las responsabilidades también", ha concluido.

PSPV y Compromís creen que Mazón busca «poner trabas» a la instrucción de la dana para «salvarse el cuello»

 VALENCIA.- El PSPV y Compromís consideran que el recurso de la representación legal del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia de Valencia ante la negativa de la jueza de Catarroja a que se persone en la causa de la dana persigue «poner trabas» a la instrucción, en la línea de la intención del que fuera jefe del Consell de «salvarse el cuello» para «no ir a declarar».

Mientras, el PP y Vox han rechazado entrar al debate sobre este asunto, aunque la segunda formación ha argumentado que Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar los procedimientos legales a su disposición. 

De un lado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts momentos antes de comenzar el pleno, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que el recurso de Mazón es «una estrategia» y ha abogado por no centrar el foco «únicamente» en el 'expresident' de la Generalitat, al que ha llamado «el jeta mayor de la Comunitat Valenciana». 

«Tengo pocas esperanzas respecto a su ética y a su moral. Ya debería haber declarado voluntariamente, debería haber contado la verdad y lo único que está intentando es poner trabas a la instrucción», ha indicado.

Sin embargo, ha argumentado que no le genera «problema» Carlos Mazón, sino el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, «con esa eliminación de cuatro funcionarios que apoyaban la instrucción y ayudaban a la jueza para seguir investigando toda la verdad y que fueron retirados por la Generalitat Valenciana para entorpecer la labor de la justicia y de la jueza» de Catarroja, ha censurado.

«Ahí creo que ahí está el problema, porque una vez más Pérez Llorca tiene que cambiar su opinión o cambiar sus decisiones por presión pública. Cuando se conoció ese dato, tuvieron que cambiarlo, pero es evidente que la voluntad del PP, de Pérez Llorca, de Carlos Mazón, me da igual los nombres y los apellidos de las personas, es la estrategia del PP, es entorpecer la búsqueda de la verdad y la exigencia de las responsabilidades judiciales y políticas», ha dicho.

Y ha continuado: «Esto se hace eliminando funcionarios, filtrando audios manipulados en la Aemet, cambiando de versión hasta en ocho ocasiones, manteniendo a Mazón como aforado, protegiéndolo en su escaño, contratando a todo su entorno más cercano ahora en la oficina de expresidente». 

Por tanto, a su juicio existe una «estrategia evidente del PP para evitar que la jueza de Catarroja consiga llegar a encontrar la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre».

En esta línea, Joan Baldoví (Compromís) ha enmarcado el recurso de Mazón en su intención de «salvarse el cuello» porque «no quiere ir a declarar ante la jueza» de Catarroja que investiga la gestión de la dana. 

Además, ha lamentado «la vergüenza que tenemos que sufrir los valencianos» por el hecho de que Mazón siga como diputado del PP y ha echado la culpa al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, por seguir «si pedirle el acta».

Baldoví ha vuelto a quejarse de que ni PP, ni PSPV, ni Vox estén a favor de reformular el Estatuto de Expresidents para limitar privilegios como que dispongan de un chófer, un vehículo oficial, una oficina o hasta dos asesores «24 horas y 365 días al año». 

«Nos cuesta un millón de euros al año y no sabemos para qué», ha señalado.

Ha aludido de nuevo al gasto de 15.000 euros en gasolina durante 2025 en el vehículo oficial del 'expresident' Francisco Camps, algo que este negó apuntando a un posible mal uso de la tarjeta de repostaje y que, según dijo Llorca, investigará la Generalitat.

«No sabemos si la respuesta parlamentaria era cierta, entendemos que si un vicepresidente de la Generalitat hace una afirmación es cierta», ha dicho en alusión a la respuesta firmada por José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, en la que se apuntaba este gasto en gasolina por parte de Camps.

Por el contrario, desde el PP, Nando Pastor ha rechazado pronunciarse al respecto y ha argumentado: «Hemos dicho siempre y mantenido que estamos al margen de opinar, de comentar, de hacer de jueces, de políticos de los jueces. Y, por lo tanto, este caso no iba a ser diferente».

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado el «total respeto» de su partido a la justicia y a las garantías de cualquier persona en el marco de un proceso judicial: «Carlos Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar todos los procedimientos legales a su disposición».

Llorca responderá en Corts sobre sus cuatro meses en el Consell, sus "intereses particulares" y la "inmigración masiva"

VALENCIA.- El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en el pleno de Les Corts de la próxima semana a preguntas sobre sus cuatro meses en el Consell y «cuándo piensa empezar a trabajar para los valencianos» (PSPV), sus «intereses particulares, familiares o partidistas» (Compromís) y la «inmigración masiva» (Vox).

En la sesión de control del próximo miércoles, el síndic socialista, José Muñoz, señalará a Llorca que «después de cuatro meses al frente de la Generalitat, es una necesidad urgente que comience a trabajar por los valencianos». 

«¿Cuándo piensa hacerlo?», cuestionará al también líder del PPCV.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntará al jefe del Consell si considera que su gobierno, «el mismo que el de Carlos Mazón», está centrado en solucionar los problemas de la ciudadanía o «solo trabaja para sus intereses particulares, familiares y partidistas».

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, interpelará a Llorca por «cuál es el impacto económico que están teniendo las políticas de fomento de la inmigración masiva en los servicios públicos de la Comunidad Valenciana, especialmente en el régimen de acogida de menores, y qué medidas tiene previsto adoptar para evitar su deterioro y posible colapso».

Sin fecha en Corts para las comisiones dana y VPP

 VALENCIA.- Les Corts todavía no han fijado fecha para reanudar la comisión de investigación de la dana y para iniciar la de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP). Tanto PP como Vox han asegurado que se convocarán y han achacado la tardanza a los últimos periodos festivos, mientras PSPV y Compromís han criticado la falta de «voluntad política» para depurar responsabilidades.

Así lo han manifestado los síndics en rueda de prensa tras la junta de portavoces de este miércoles, preguntados por cuándo se retomarán estas comisiones que preside Vox.

La de la dana celebró su última sesión el pasado 24 de febrero con las comparecencias de asociaciones de víctimas, sin que por el momento haya intervenido ningún representante político salvo el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Por su parte, la comisión de investigación sobre las VPP se constituyó a principios de marzo, semanas después de que trascendieran las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos. 

Esta comisión, propuesta por Vox y aprobada con el apoyo del PP, investigará tanto las VPP del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante) como «todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo», que todavía no se ha aprobado.

En este contexto, Nando Pastor (PP) ha asegurado que ambas comisiones se reanudarán «sin demora alguna», tras unas semanas en las que se han sucedido las fiestas de Magdalena, Fallas y Semana Santa y era «difícil encorsetar ahí» nuevas sesiones. 

«Se va a recobrar el tiempo que se haya podido perder por cuestión de fechas», ha garantizado, y ha reiterado que su partido «depuró responsabilidades» en el caso de Les Naus desde que tuvo conocimiento y no tiene «nada que ocultar».

Dicho esto, ha criticado que PSPV y Compromís rechazaron en la pasada legislatura crear una comisión de investigación sobre la gestión de la exvicepresidenta Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, un caso por el que la previsiblemente futura candidata de Compromís a la alcaldía de València irá a juicio oral.

José Mª Llanos (Vox) ha coincidido en apuntar al reciente calendario festivo para defender la tardanza en convocar las comisiones de investigación, además de asegurar que le consta que las mesas de ambos órganos quieren celebrar nuevas sesiones «cuanto antes». 

Sobre la de las VPP ha dicho que se convocará «muy, muy pronto» para abrir los plazos para presentar las propuestas de planes de trabajo.

Por su parte, José Muñoz (PSPV) cree que «Llanos ha mentido» y que no hay «interés» en activar las comisiones. De hecho, ha indicado que los representantes de su grupo pidieron «tres veces» a través de Whatsapp que se reanuden y no contestaron «ni la presidencia de Vox ni la vicepresidencia del PP».

«No hay voluntad política de convocarlas, hay voluntad de encubrir al Consell, de seguir encubriendo a Mazón y de intentar opacar la información pública a la sociedad valenciana. Y en eso es tan responsable el Partido Popular como Vox», ha aseverado.

Isaura Navarro (Compromís) ha señalado que no se sabe «absolutamente nada» de estas comisiones, mientras ha destacado la investigación de la dana avanza tanto en el juzgado de Catarroja como en la comisión de investigación en el Congreso.

 «PP y Vox nunca han querido saber la verdad, sino esconderla y que no supiéramos absolutamente nada», ha denunciado.

Y ha sostenido que «forma parte de las directrices de Juanfran Pérez Llorca, antes como síndic del PP y ahora como 'president' de la Generalitat, que quiere que la ciudadanía no tenga acceso a la verdad» de la catástrofe que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

PP y Vox rechazan pedir una auditoría de la Cámara de Alicante tras la detención de Baño, como plantea Compromís

 VALENCIA.- PP y Vox han rechazado en el pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) de Compromís para instar a la Sindicatura de Comptes a realizar un informe de fiscalización de la Cámara de Comercio de Alicante, tras la reciente detención de su presidente y responsable de Facpyme, Carlos Baño, en el marco de una investigación de Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios.

Durante el debate de la propuesta, tanto PP como Vox han pedido "dejar trabajar a la justicia" y han acusado a Compromís de querer "montar un circo mediático", "anticiparse a los hechos" y "manchar el nombre de la Cámara de Comercio de Alicante. 

Por contra, Compromís y PSPV han defendido la necesidad de impulsar una auditoria en la entidad para "tener la tranquilidad de que Baño", que quedó en libertad con cargos en esta investigación, ha gestionado Cámara "con luz y taquígrafos".

En concreto, la PNL de Compromís insta al Consejo de Transparencia a elaborar un informe del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que está sometida la Cámara de Alicante, además de pedir a la Sindicatura que emita un informe de fiscalización especial de operaciones y de gestión de esta entidad durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Aitana Mas, portavoz adjunta de la coalición valencianista, ha exigido un control de las cuentas de la Cámara alicantina, ya que ha indicado que Sindicatura no audita sus cuentas "desde 2021", al tiempo que ha criticado las declaraciones de Baño "comparándose con Cristo y diciendo que es un pobre comerciante". 

"Un pobre comerciante que factura cinco millones de euros", ha señalado.

Además, Mas ha advertido sobre las "amistades peligrosas" de Baño, en alusión al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, quien también es diputado del PP en Les Corts y no asistió este martes por la tarde al debate de esta iniciativa.

Desde el PSPV, el diputado José Antonio Díaz ha acusado al PP de "convertir Alicante en el triángulo de las bermudas de Luis Barcala [alcalde de la capital alicantina], Carlos Mazón y Carlos Baño" y su "sensación de impunidad de que no pasa nada", cuando ha subrayado que el presidente de Cámara y de Facpyme está "señalado por varios delitos".

El socialista ha criticado la intención de Baño de presentarse a la reelección como presidente de la entidad, dentro del proceso electoral convocado hace unos días por la Generalitat en todas las cámaras de comercio para el próximo 2 de junio.

 "Mónica Oltra no puede pero él sí", ha lamentado en alusión a las críticas de la derecha tras el anuncio de la exvicepresidenta de la Generalitat de que aspirará a ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València.

Por su parte, el 'popular' Javier Gutiérrez ha definido la PNL como "otro capítulo más del circo mediático de Compromís para generar sospechas". 

"Ustedes ya tienen la sentencia escrita y vienen a ensuciarlo todo cuando lo responsable sería respetar a la justicia y colaborar con ella", ha aseverado.

Respecto a la investigación, ha defendido que los ayuntamientos "decidieron cómo gestionar los bonos comercio" y "menos del 10% optaron por la gestión que hoy se investiga", consistorios que son "de todos los colores políticos". Ha destacado además que esos bonos "dinamizaron la economía alicantina" tras la pandemia y "fueron aprobados por todos los partidos" en la Diputación de Alicante.

Como réplica, la portavoz de Compromís ha ironizado con que "no podía salir" otro diputado del PP en este debate --"Mazón rescató a Carlos Baño para la Cámara y Mazón lo rescató a usted de Ciudadanos"-- y se ha preguntado "por qué no quieren poner luz y taquígrafos" en la entidad cameral, algo que cree que "huele raro". 

"¿Por qué están encubriendo a Carlos Baño? ¿Les traiciona el subconsciente? ¿Qué prisa tenía la consellera [de Comercio, Marian Cano] en convocar las elecciones de las cámaras?", ha cuestionado.

El 'popular', en su segunda intervención, ha exigido a Compromís "menos juicios políticos" y no "manchar el honor" de la Cámara. Ha asegurado que, si la investigación determina alguna responsabilidad por parte de Baño, "que caiga todo el peso de la ley sobre él", pero ha remarcado que "eso será gracias a que el sistema funciona", algo que según él "no gusta" a Compromís en el caso por el que irá a juicio oral Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Y la diputada de Vox Teresa Ramírez ha recordado que el caso de los bonos comercio "no está cerrado", por lo que ha pedido a Compromís "dejar de anticiparse a los hechos". Ha reivindicado la labor de la Cámara frente a la intención de "demonizar un modelo que funciona y es necesario".

Por otro lado, el pleno de Les Corts ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox la proposición de ley de Compromís para el reconocimiento de la pesca artesanal profesional en L'Albufera de València, así como la propuesta del PSPV para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad.

Tampoco han salido adelante las proposiciones no de ley (PNL) de PSPV y Compromís de medidas de vivienda y para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, respectivamente.

Antifraude bate récord de denuncias en 2025: los ayuntamientos concentran el 56%

 VALENCIA.- La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha batido récord de denuncias durante el pasado año 2025, con un total de 845 recibidas, un incremento de casi el 50% respecto al año anterior. La Administración local concentra el 56% de estas y la materia más denunciada es la gestión de recursos humanos (RRHH), con 264 casos, especialmente asuntos relativos a procesos de estabilización en ayuntamientos.

Así lo ha detallado el director de la entidad, Eduardo Beut, en declaraciones a los medios este lunes, tras hacer entrega de la Memoria de Actividad de 2025 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. 

«Esta rendición de cuentas básicamente es dejar constancia de que la Agencia está funcionando a pleno rendimiento», ha resaltado, al tiempo que ha valorado que durante el pasado año la AVAF ha recibido el 25% del total de denuncias registradas en sus ocho años de existencia.

A juicio de Beut, estos datos demuestran que la percepción ciudadana de Antifraude «a veces no coincide con la de los partidos políticos» porque, «si no, no se entendería este auge». 

Sin embargo, Compromís ha plantado a Beut y no ha asistido a la recepción de la memoria, que sí ha contado con presencia, aunque reducida, de representantes del PP, el PSPV y Vox.

 La coalición ha protestado de esta manera contra la «deriva» y el «desmantelamiento» de esta institución: «Esta Agencia es un fraude para la ciudadanía».

Entre los aspectos más destacados, la AVAF ha establecido en 2025 un plan de choque para afrontar el incremento del volumen de denuncias y hacer frente a los expedientes sin resolver acumulados. 

Así, según se destaca en la memoria, se ha frenado el proceso de acumulación de denuncias por resolver, se han reducido las denuncias pendientes en un 40%, se han elevado los casos totales resueltos definitivamente hasta el 81,4% y se ha reducido el tiempo de análisis de nuevas denuncias de 16 meses a solo uno.

Respecto a las denuncias, la Administración local concentra el 56% y la materia más denunciada es la gestión de recursos humanos, con 264 casos. Mientras, los particulares y el sector privado suman el 18% de las denuncias (139), casi una quinta parte del total, el anonimato se confirma como el instrumento principal de presentación de denuncias, al representar el 72% (566 casos) y el Buzón de Denuncias digital ha canalizado el 84% (712 casos).

Desde la creación de la Agencia, esta entidad ha reconocido el estatuto de protección a 37 personas (36 físicas y una jurídica). Actualmente, 30 personas mantienen vigente la protección. Además, el Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII) tiene 752 inscripciones del sector privado y 485 del sector público.

Paralelamente, durante 2025 se ha reforzado el Estatuto de Protección del Informante al asumir la defensa de la indemnidad laboral de los denunciantes frente a posibles represalias y la AVAF trabaja en el desarrollo de métricas de integridad mediante el proyecto LOCRIiS con la OCDE.

Por otro lado, la Agencia ha participado en el debate sobre la estandarización de la lucha contra la corrupción a través de la Declaración de La Haya 2025 (EPAC/EACN), un total de 3.190 funcionarios y estudiantes universitarios han participado en actividades 55 actividades de AVAF y el 90% de toda la formación de la entidad desde su creación se ha concentrado en los últimos cinco años (2021-2025).

Eduardo Beut también ha apuntado que la entrada en vigor de la Ley 5/2025 ha convertido a la AVAF en Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) en la Comunitat Valenciana, lo que ha supuesto la entrada de 180 denuncias más del sector privado. 

«Entonces el trabajo ha sido un poquitín ya... teniendo en cuenta que tenemos una plantilla reducida. Hemos tenido que cambiar modelos, sistemas, estructuras para poder hacer frente a eso», ha indicado.

Pese a ello, ha valorado que, «en general, hemos sacado muchísimas resoluciones que la anterior y el doble que hace dos años, a costa de ir más a análisis y verosimilitud y menos a finalización de investigaciones». 

«Pero bueno, es un ponderable», ha añadido.

Respecto a la materia más denunciada, los recursos humanos, Beut ha detallado que se trata en gran parte de procesos de estabilización en ayuntamientos. En este contexto, ha advertido de la «fiebre» y del «efecto anuncio» que ocurre cuando «un tema sale en los medios y entran muchas denuncias sobre esa materia».

Sobre el incremento total de denuncias, el director de Antifraude ha señalado que hay «muchas maneras de verlo» y ha considerado que, «cuantas menos denuncias hubiera, mejor porque quiere decir que funciona mejor la Administración», aunque «desde otro punto de vista» revela que la ciudadanía «confía en que presentando denuncias se pueden resolver problemas que le afectan directa o indirectamente, incluso a veces que ni le afectan, pero por un tema de integridad sienten realmente que hay que corregir esa situación».

 «Lo achacamos fundamentalmente a eso, aunque a veces oigo algunos comentarios de algunos parlamentarios que dudan», ha deslizado.

A su juicio, «la conclusión definitiva es que, si tenemos un 50% más que el año anterior, es que la ciudadanía sí que confía en que podemos funcionar y solucionar problemas, al menos intentarlo». 

«Pese a que no tenemos carácter sancionador más que cuando nos deniegan información, pese a que solo son recomendaciones en el 95% de los asuntos, pese a eso, creo que hemos conseguido conectar tanto el equipo anterior como el actual con la ciudadanía a ese nivel. Lo achaco a eso», ha resaltado.

Preguntado por la polémica sobre el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y sobre el hecho de que la oposición quiera pedir el expediente del traslado en comisión de servicios, el director de Antifraude ha señalado que, si el PSPV u otra formación «plantea una denuncia --a la Agencia--, se examinará, y si es verosímil, pasará a la fase de investigación». 

«Lo demás son denuncias públicas», ha advertido.

El PSPV ve indecente la contratación de la pareja de Llorca

 VALENCIA.- El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado la falta de  "decencia" en el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputación de València mediante una comisión de servicios, que ha definido como uno de los "escándalos" de la gestión del jefe del Consell durante los tres meses que lleva en el cargo.

En respuesta a estas críticas, en la sesión de control en Les Corts, Llorca ha acusado al PSPV de querer 'destrozarle públicamente'  utilizando la contratación de su pareja para 'desviar la atención' de casos que afectan al Gobierno o de la gestión del Ministerio de Transportes. Además, ha asegurado que para los socialistas 'el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos'.

La contratación de la pareja de Llorca ha centrado la sesión de control tras conocerse que la Diputación ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. 

La pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasa a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio. La Diputación justificó que cumple los requisitos para el puesto y defendió "absoluta normalidad administrativa" en el proceso.

Durante su intervención, el síndic del PSPV ha asegurado que, desde que Llorca llegó a la Generalitat "para darle normalidad institucional a la Comunitat Valenciana y recuperar el crédito perdido después del peor  'president' ", en alusión a Carlos Mazón que "sigue en su escaño" como diputado del PP "y sin venir a trabajar y con sus privilegios" como  "expresident", "los escándalos no dejan de incrementarse".

En primer lugar ha señalado la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante "adjudicadas por cargos del PP a cargos del PP", así como "la construcción ilegal" de la vivienda de Llorca en Finestrat.

Seguidamente ha criticado la investigación al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, por la gestión de los bonos comercio en la Diputación de Alicante durante 2022 y 2023, por la que ha quedado en libertad con cargos. 

"También es mala suerte que el proyecto estrella de la Diputación que Mazón [entonces presidente de la corporación provincial] le dio a su hermano Carlos Baño acabe precisamente con Carlos Baño con los huesos en la cárcel", ha dicho.

Por último, ha denunciado que la pareja de Llorca se ha beneficiado de una comisión de servicios "hecha a medida para pasar de ganar 25.000 euros a 52.000 en pleno centro de València".

 "Usted estaba muy indignado con los jetas y, desde que usted preside la Generalitat, los jetas campan a sus anchas en la Comunitat Valenciana. ¿Piensa hacer algo al respecto", ha cuestionado al 'president'.

En su primera réplica, Llorca no ha hablado sobre la contratación de su pareja y ha acusado a los socialistas de "vivir de la manipulación y la mentira", para reiterar que no le "van a encontrar ahí".

Ha asegurado que "los únicos escándalos? se dan en el PSOE y ha apuntado como "caso más flagrante" la "inacción" de las secretarías socialistas de Organización e Igualdad, las valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, "por esconder los casos de abusos que habían denunciado sus compañeras de partido".

En su segundo turno, el síndic del PSPV ha replicado con la investigación al alcalde de Jérica, el 'popular' Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad. "Sigue en su partido y como alcalde. Tome medidas antes de señalar al resto", ha exigido a Llorca.

Muñoz ha insistido en que la contratación de la pareja del  'president' es "cuanto menos para analizar, porque la plaza "estaba vacante desde octubre y se activó el 27 de enero" por 'conciliación'  como 'reconoció' este pasado miércoles el propio Llorca.

Se ha preguntado ?qué pensarán los miles de funcionarios que piden comisión de servicios para cuidar de sus mayores dependientes y de sus hijos y quieren conciliar?: ?¿Por qué ellos no tienen derecho y usted sí? ¿Será porque usted es ?president? y el resto no? ¿Pensarán ellos que usted es un jeta??.

Ha descrito esta situación como ?el síndrome del Palau? de la Generalitat, ?que es vivir un metro por encima de la realidad?. A su juicio, se suele producir ?en el segundo mandato?, mientras a Llorca ?le ha costado tres meses? y ?lo demuestra con las no explicaciones que está dando?.

?Es un traje a medida ?ha reiterado?. Hemos pasado de los trajes de Camps a los trajes a medida de Pérez Llorca?. Además, ha espetado al ?president? que no se le ?ocurra hablar de machismo? porque ?no es machismo, es enchufismo?, al tiempo que ha acusado a los ?populares? de machista tras las recientes declaraciones del presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, hablando del físico de las exministras Mª Jesús Montero y Pilar Alegría.

El síndic socialista se ha preguntado qué pasaría si la contratación de la pareja de Llorca hubiera sucedido con un ?president? del PSPV. Según él, ?nadie dudaría que Vito Quiles estaría en su puerta? y que ?habría habido un juez Peinado para investigarlo?.

También ha rechazado el argumento de Llorca de que es una ?cacería? contra él ??usted no es una víctima?, le ha espetado? y le ha preguntado si ?se mira al espejo y se reconoce como un jeta?, algo que el ?president? ha negado desde su escaño. Y ha rematado: ?No estoy hablando de legalidad, sino de decencia?.

En su contrarréplica, el jefe del Consell ha mostrado un listado de ?cuatro folios? con ?todas las parejas de cargos del PSOE y Compromís que entraron a trabajar en la administración? durante la etapa del Botànic. ?La diferencia es que yo no utilizaré el nombre de ellos para atacarles, me parece indecente?, ha recalcado, y ha rechazado ?entrar al fango, al lío y a la crispación?.

Ha señalado que en este listado no se sabe cuántas personas ?pasaron una prueba, fueron contratadas a dedo o cumplían los requisitos o no?, tras lo que ha acusado al PSPV de ?mendigar durante dos días a determinados medios de comunicación para que publicaran esta noticia y acogerse a ello?.

Llorca ha defendido las explicaciones que dio este miércoles y ha reiterado que su pareja ?lleva muchos años trabajando en la administración? y pidió una comisión de servicios, como las ?más de 11.500 que se han aprobado en los últimos siete años?. ?El pecado para la izquierda es que es la pareja del ?president? de la Generalitat?, ha reprochado, algo que ha asegurado que no tolerará.

Dicho esto, ha criticado que ayer se quedaron más de 50.00 valencianos ?atrapados? en la Pista de Silla por la ?mala praxis del Ministerio de Transportes y ha acusado al titular del departamento, Óscar Puente, de no pedir disculpas y dedicarse a ?atacar? a su pareja para ?desviar la atención?. Y ha añadido que ?ayer sufrimos que para ir en tren de València a Madrid vas a las misma velocidad que una moto de 49 centímetros cúbicos?.

Según ha argumentado, esto demuestra que, para el PSOE, ?el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos? y no ?para alguien que no piensa como ellos?, así como que critican la contratación de su pareja para ?destrozarle públicamente?. ?Solo viven de eso?, ha aseverado.

Y ha finalizado: ?Un jeta es emplear a tus queridas en Adif, y ustedes lo taparon mucho tiempo. ¿De verdad intenta comparar a la mujer de un presidente del Gobierno que se va a sentar en un banquillo [en alusión a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez] con cualquier otra funcionaria? Son muy jetas?.

El PP apoya una propuesta de Vox contra el burka, pero la suaviza para limitar las sanciones a si se obliga a llevarlo

 VALENCIA.- El PP ha apoyado en el pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) de Vox contra el uso del burka y el niqab en espacios públicos de la Comunitat Valenciana, pero ha incluido una enmienda para limitar las sanciones planteadas en la propuesta a solo a si se obliga a llevar esta prenda y a no simplemente portarla como pedía el grupo minoritario de la oposición.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de ambos grupos, frente al rechazo tanto del PSPV como de Compromís. Ambos grupos de izquierda han denunciado que es una propuesta «racista y xenófoba» para señalar únicamente el machismo de una cultura y de una religión.

En concreto, la PNL de Vox insta al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como niqab y burka, al considerar que son «contrarias a nuestra cultura y costumbres» y que «atentan contra la dignidad de las mujeres».

Inicialmente, Vox pedía en su iniciativa modificar la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con la finalidad de sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario, así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y de fijar las sanciones apropiadas.

Sin embargo, con la enmienda incluida por el PP y aceptada por Vox, se pide que se cambie la Ley 4/2015 «con la finalidad de sancionar, entre otras, la acción de obligar al uso de dichas prendas por parte de padres, tutores u otros, y de fijar las sanciones apropiadas».

Durante el debate de este miércoles, el síndic de Vox, José Mª Llanos, aseguró que esta iniciativa pretende «proteger a las mujeres frente a costumbres y tradiciones que las persiguen, las someten y las desprecian».

En su intervención, la diputada del PP Lucía Peral defendió que «toda la vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer debe ser prohibida en nuestro país», como indicó que lo está en otros estados, pero remarcó que su partido no quiere «sancionar a las víctimas» sino a quien «impone» estas prendas.

El síndic de Vox dijo estar «completamente de acuerdo» con la enmienda de los 'populares': «Nosotros estaremos siempre con la víctima y señalaremos siempre a los culpables y a sus cómplices».

Por su parte, la diputada socialista Xelo Angulo lamentó que Les Corts se conviertan en «un parlamento xenófobo y racista» con esta propuesta «trampa», al considerar que PP y Vox dicen querer defender a las mujeres musulmanas sin pretenderlo realmente.

Y el diputado de Compromís Jesús Pla preguntó a Vox si también están en contra de otras prohibiciones por género en tradiciones ortodoxas o ultracatólicas, o de las bombas que van contra mujeres y niñas de Gaza y de Irán por parte del ejército de Israel. 

«No vamos a contribuir a una estrategia de criminalización de toda una cultura y religión», subrayó, además de rechazar «revictimizar a las mujeres que sufren ese patriarcado y machismo que suponen el burka y el niqab».

PSPV y Compromís piden explicaciones a Llorca por el traslado de su pareja a Diputació de València y le tachan de "jeta"

VALENCIA.- El PSPV y Compromís han exigido explicaciones al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por el traslado de su pareja en comisión de servicios como secretaria de un diputado de la Diputació de València, mientras que el PP ha defendido que esta es una «práctica habitual» en la función pública, algo en lo que coincide Vox, que además lo ve «absolutamente ético y legal», por lo que no sabe «dónde está el problema».

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, tras la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. 

De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

Entre los grupos de la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha asegurado que la nueva situación de la pareja de Llorca refleja «un PP repleto de jetas», algo que ha ligado con el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante. 

 «Pérez Llorca se puso en un ladito y dijo que estaba muy enfadado con los jetas, pues resulta que, al final, Pérez Llorca va a ser uno de esos jetas», ha lanzado. 

«Ya veremos cómo es capaz de salir de este entuerto», ha señalado.

Ante esta situación, ha exigido «explicaciones urgentes» al 'president' y líder del PPCV sobre el traslado de su pareja «a 30 metros» del Palau de la Generalitat «en una institución pública cobrando el doble». 

Según ha denunciado, esta situación demuestra que «el Partido Popular se ha acostumbrado a que esto es su monopolio, su cortijo», mediante una comisión de servicios hecha «a plena luz del día, sin nocturnidad».

Además, ha avanzado que el PSPV no cierra «ninguna puerta» para denunciar el nombramiento ante cualquier órgano, aunque todavía no ha concretado si será judicial o ante Antifraude. 

Sí ha hecho notar que se debe «acreditar una urgente necesidad» que, a su juicio, «no aparece por ningún lugar»: «La urgente necesidad no puede ser que a tu pareja le hayan nombrado 'president'. Eso no se sostiene ante la ética y la opinión pública».

Preguntado por la posición de Vox, que dice que la designación de la pareja de Llorca es legal y ética, ha replicado que «la mujer de --el líder de esta formación Santiago-- Abascal cobra 60.000 euros de empresas vinculadas a Vox». 

«Como el nivel de moral y ética de Vox es tan bajo, entiendo que es algo habitual», ha añadido.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha asegurado que la nueva situación laboral de la pareja de Llorca refleja una «poca vergüenza» por parte del 'president' y del PP. Ha cuestionado que «de todos los funcionarios, solo la mujer del 'president' sea la persona idónea para ocupar un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat» y para «cobrar el doble».

«Se han creído que esto es un cortijo y han perdido toda la vergüenza. Esto es un absoluto escándalo», ha aseverado, y se ha preguntado «qué méritos tiene» la pareja de Llorca o si el puesto se le ha adjudicado «a dedo».

Sin embargo, el 'popular' Nando Pastor ha defendido que una comisión de servicios es una «práctica habitual» en la función pública y ha abogado por ser «contundente y claro»: «Espero que no haya en el subconsciente de nadie algún tipo de actitud machista respecto a la pareja --del 'president'--. Lo digo así de claro porque me lo veo venir».

Así, ha apostado por hablar «sin rodeos y sin eufemismos»: «Trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración es una práctica habitual del día a día. Una comisión de servicios al final es eso en la función pública. Por lo tanto, que me expliquen a mí dónde está el problema».

Dicho esto, ha afeado a quienes «en el subconsciente están intentando generar y sembrar polémica en este tema» si «tienen en su mente» a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que no es lo mismo ni parecido», dado que esta «se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa».

 «No tiene nada que ver, no intentemos intentar poner un ventilador para ensuciar a todo el mundo, no es lo mismo», ha recalcado.

Sobre la «urgente necesidad» argumentada en el caso de la pareja de Pérez Llorca, el síndic 'popular' ha señalado que no puede «entrar a ese detalle» tan concreto: «Sé que es una plaza vacante, sé que una comisión de servicios permite el cubrir, el trasladar una plaza de un puesto a otro, y creo que no hay más que comentar al respecto».

Cuestionado por las manifestaciones que vertieron desde su partido sobre el funcionario de la Conselleria de Vivienda expedientado y suspendido de empleo y sueldo por ser cónyuge de una de las solicitantes de VPP en Alicante, al asegurar que fue «ascendido» por Compromís, y cuestionado por si en este caso se podría decir que la pareja de Llorca ha sido «ascendida por el PP», Pastor ha señalado que en el primer caso la comisión de servicios era «no voy a decir delictiva», pero el funcionario «resulta que fue el que cribaba y seleccionaba a qué personas podían acceder a una VPP o no».

Sobre el «ascenso» de Compromís al citado funcionario sobre el que hablaban los 'populares' en el caso de Alicante, se ha reafirmado: «Lo dijimos, es que es así». 

Y cuestionado por si ahora el caso de la pareja de Llorca no lo es también, ha contestado: «¿Un ascenso? Entiendo que es una comisión de servicios en la que se ha trasladado desde un ayuntamiento a otra administración. Lo que dijimos allí no era porque lo había hecho Compromís, era por el fondo que había detrás de la cuestión».

Preguntado entonces por si se puede afirmar que a la pareja del actual jefe del Consell no la ha promocionado el PP, Pastor ha esgrimido: «No sé, en fin...». 

Pero ha insistido en que una comisión de servicios se produce cuando «un funcionario pide y solicita que se le traslade desde un ayuntamiento a otra administración. A partir de ahí, no le veo más».

 También ha defendido que la relación de parentesco «no tiene que afectarle a una persona sus derechos» y ha zanjado: «Un derecho de un funcionario público es tener derecho a tener una comisión de servicio, tenga relación de parentesco o no se tenga».

Cuestionado por si le parece «ético» el caso de la pareja de Llorca, ha replicado que lo que no le parecería sería «negarle derechos a un funcionario porque tenga relación de parentesco», en este caso con el 'president': «Me parecería injustísimo. Estoy pensando en un familiar mío que fuese funcionario y que, por ser familiar del síndic del PP, no pudiese tener derecho a una comisión de servicios, algo que le permite la ley, la Constitución, la Ley de Función Pública. Me parecería un atraco a mano armada».

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que el hecho de que la pareja de Llorca vaya a ocupar un puesto de funcionaria en la Diputació de València es algo «absolutamente normal» al haber sido mediante comisión de servicios. 

Según ha opinado, es algo «absolutamente ético y legal», por lo que no ve «dónde está el problema». «Si una persona funcionaria tiene que venir a València por su marido es algo absolutamente normal, no nos tendría que generar ningún problema ni se lo tendría que generar a nadie», ha manifestado, además de subrayar que, «hasta ahora, el cuerpo de funcionarios en España nunca ha sido un chiringuito».

Preguntado por qué Vox es tan crítico con Begoña Gómez y no tanto con la nueva situación laboral de la pareja de Llorca, ha dicho que «nos estamos pasando un poquito» con este tipo de comparaciones.

Habla la Diputación

La Diputació de València ha defendido la "absoluta normalidad" en el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la corporación provincial que, según ha indicado, estaba vacante desde el pasado mes de octubre. Además, ha subrayado que esta persona cumplía con "todos los requisitos " para este puesto de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios. 

Así lo manifiestan fuentes de la institución provincial tras la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

Desde la Diputació, que gobiernan PP y Ens Uneix, aseguran que se ha actuado "con absoluta normalidad administrativa". Según explican, se trata de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que se ofertó en comisión de servicio, "igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo".

"Es un puesto de funcionario de libre designación (ahora mismo en comisión de servicios), abierto a personal de otras administraciones, y se resolvió tras un procedimiento en el que participaron varios aspirantes", aclaran.

Además, subrayan que "Vanesa Soler Sillero es funcionaria desde el año 2008, por lo que cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública".

Desde la corporación provincial explican que este proceso contó con la concurrencia de "varios aspirantes, como es habitual en este tipo de procedimientos", así como que los requisitos estaban "claramente definidos" en la convocatoria publicada en la web de la Diputació el pasado 28 de enero "y eran públicos, objetivos y accesibles para cualquier persona interesada que cumpliera las condiciones". 

"La persona seleccionada presentó toda la documentación exigida y cumplía con los requisitos establecidos", aseguran.

Respecto al nuevo salario que percibirá la pareja de Llorca, señalan que "responde estrictamente a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia". "No hay ninguna excepcionalidad ni trato diferenciado", recalcan.

Defienden que se trata de un puesto "con unas responsabilidades y un nivel retributivo concreto dentro de la estructura funcionarial, y cualquier persona que lo ocupe percibe exactamente lo mismo". A su juicio, "comparar salarios entre administraciones distintas, con funciones y niveles diferentes, no aporta una visión rigurosa de la realidad".

En cuanto a las funciones de Soler Sillero en la Diputació, indican que desarrolla las funciones propias de una secretaría de dirección: coordinación administrativa, gestión de agenda, tramitación de expedientes, redacción de documentos oficiales, apoyo directo al diputado en la organización y seguimiento de las áreas que tiene asignadas*

Sobre la "urgente necesidad" de su contratación, desde la Diputació explican que "responde a una realidad operativa: el área carecía de una figura clave para su funcionamiento ordinario, pese a gestionar competencias especialmente sensibles y de gran volumen".

"Hablamos de áreas como la asistencia técnica a municipios o la reconstrucción tras la dana, que requieren coordinación constante y una estructura administrativa plenamente operativa", añaden, y remarcan que "la cobertura del puesto no era opcional, sino necesaria para asegurar el correcto servicio público".

Por su parte, a preguntas de los periodistas en la Diputació, la vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha remarcado que "no se ha creado ninguna plaza, ni se ha hecho ningún traje a medida" a la pareja de Llorca, sino que se ha cubierto una de libre designación que estaba vacante y para la que, según ella, esta funcionaria cumple los requisitos.

Ha explicado que se presentaron "dos personas" a este puesto "y al final ha sido la pareja del presidente de la Generalitat quien cumplía con los requisitos que se solicitaban y quien ha obtenido la plaza". Además, ha justificado la urgencia en que son puestos de administración que les "ayudan a trabajar" en su día a día, como ha indicado que ella tiene plazas por cubrir.

Preguntada por si le parece ético que la pareja de Llorca vaya a trabajar enfrente de él, del Palau de la Generalitat, Enguix ha sostenido que "cada uno tiene que buscarse la vida como considere" y ha remarcado que ella, "como funcionaria, tiene derecho a optar a cualquier plaza que salga salga publicada".

"No entiendo por qué no lo puede hacer: ella tiene su plaza, es funcionaria de carrera y puede optar a cualquier comisión de servicio que se publique en otra administración", ha abundado.

Respecto al hecho de que proceda de otra provincia, ha indicado que primero se convoca la comisión de servicio y luego "se presenta el funcionario y la funcionaria de carrera que se quiera presentar", sin que haya "un perfil determinado" o deba ser necesariamente de Valencia.

 "Tú eres funcionaria y, si crees que eso puede cubrir tus expectativas, te puedes presentar libremente", ha ilustrado.

En cuanto al proceso de selección, la vicepresidenta ha explicado que es el mismo que "cualquier comisión de servicio", que se publica "con total transparencia" y se establece "una baremación que se debe cumplir". 

Ha indicado que desconoce si se realiza una entrevista de trabajo porque "estamos hablando de funcionarios de libre designación", con lo que se realiza "un informe motivando por qué eliges que esa persona cumple mejor los requisitos que otra".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que estos puestos de secretaria de dirección que "están bien pagados" viene "de la otra legislatura" en la que gobernaban la Diputació PSPV y Compromís: "Nosotros en esta legislatura no hemos modificado nada (...). Toni Gaspar, como presidente en la legislatura anterior, incorporó en la RPT estos puestos de libre asignación".

Sobre el salario de la nueva funcionaria, ha admitido que "la Diputación paga bien" y "es la administración que más paga", además de señalar que actualmente "es difícil trabajar en la capital si no vives aquí en València, sobre todo cómo está ahora el desplazamiento a València y cómo están los alquileres". También ha destacado que este puesto supone "trabajar tres tardes" a la semana.

Por último, ha señalado que ni ella ni Ens Uneix tenían constancia de que se iba a contratar a la pareja de Llorca, ya que es algo que depende del grupo del PP; en concreto del diputado 'popular' Ricardo Gabaldón, también alcalde de Utiel.

 "Tiene seis meses de prueba y si el diputado ve que ella trabaja bien, puede ampliarle el plazo", ha explicado.

Llorca niega "trato a favor" hacia su pareja 

El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha negado que exista ningún "trato a favor" hacia su pareja en el acceso de esta a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y ha denunciado la existencia de una "cacería" sobre ella por ser "la mujer de", al tiempo que ha cargado contra el "machismo" de "muchísimos políticos" y también de "algunos periodistas o comentaristas de opinión pública". 

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, a raíz de la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio alicantino.

El 'president' ha expuesto que, cuando fue elegido jefe del Consell, "una de las primeras decisiones" que tomó fue trasladar su domicilio a València "por razones obvias laborales" y ha indicado que, "un tiempo después", su pareja, "que es funcionaria de carrera hace más de 20 años", incluso antes de conocerle a él, decidió "reconciliar nuestra vida familiar y laboral, trasladarse a València y pedir una comisión de servicios, como pide cualquier otro funcionario, en este caso, para ocupar un puesto la Diputación de Valencia en su escala".

"Mi pareja es administrativa, es un grupo C1, y entró a trabajar hace unas semanas, después de pasar un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia tengo entendido, y todo ha transcurrido ajustado a la legalidad y ella percibe una retribución exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango", ha defendido Pérez Llorca, que ha cuestionado que todo esto "sea una noticia".

A su juicio, más bien "la noticia es que es la mujer de", en este caso la suya. Por eso mismo, ha denunciado "el machismo de algunos periodistas y de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de".

 "Cuando entré en política entró para cambiar, para aportar cosas a la sociedad, pero no para entrar a esta política sucia, rastrera y machista a la que yo estoy aquí para combatir", ha expuesto.

Dicho esto, Juanfran Pérez Llorca ha querido "dejar muy bien claras las cosas" respecto a su pareja y su plaza en la institución provincial: "Lo que ha hecho es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral, y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor, sin ningún trato a favor".

Es más, ha argumentado que su pareja "tampoco tiene que tener disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser" su mujer.

 "Ella tiene su funcionariado porque se lo trabajó y se lo curró como se lo curran muchísimos funcionarios", ha recalcado.

Por tanto, el 'president' de la Generalitat ha manifestado que se niega a "participar de la cacería del machismo que están teniendo hoy muchísimos políticos", incluso también "algunos periodistas o algunos comentaristas de opinión pública".

 "Estoy en la política para cambiar todo esto y para trabajar para que la sociedad sea más justa", ha resaltado.

Finalmente, Pérez Llorca ha pedido "a la gente que se llena la boca todos los días, especialmente los dirigentes de la izquierda, hablando de conciliación y de feminismo, que se lo apliquen también para todas las mujeres sin ver con quién están casadas o con quién están aparentadas".