En 1976 ya se podía oler una incipiente corrupción en el puerto de Alicante, muy difusa eso sí, para cuidarse muy mucho de los presidentes de la entonces llamada Junta de Obras del Puerto presidida sucesivamente en el tardo franquismo por José Abad (alcalde de Alicante), Enrique Portero y Santiago Belmonte.
Era una presunta corrupción más de técnicos (con complicidades seguro en el Ministerio de Obras Públicas) que de políticos, que se conformaban con exhibir el cargo en sociedad y que, para no incomodar a la estructura administrativa central, solían mirar hacia otra parte mientras el capo de cuello blanco hacía de las suyas en la impunidad. El vacío de poder entre régimen y régimen político lo enloqueció.
En 1982, con la llegada del poder socialista a la cúpula del Puerto, se desplaza y sustituye por otra la corrupción anterior de la mano de Ángel Cuesta, con la huida a otros puertos cercanos de técnicos muy cualificados en espera de que pasase la tormenta roja, y que se encontraron en destino con otras corrupciones, iguales o peores, por parte de presidentes del PP casi recién llegados. Desesperación.
En proyectos y ejecuciones reside la clave para las coimas como mordidas, creando supuestas necesidades de la infraestructura portuaria pero, sobre todo, oportunidades de negocio para las grandes empresas de obra pública, que saben de antemano a quien o quienes deben satisfacer a través de un bolsillo insaciable, tanto en Alicante como en Madrid, donde siempre reside el cooperador necesario para el presunto cohecho.
El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante es Luis Rodríguez González, hombre de misa diaria, designado por el más que cuestionado ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, teniendo como vicepresidente del Puerto, al imputado Carlos Baño, hombre de la máxima confianza del defenestrado político alicantino, hoy visto por las playas de la comarca disfrutando del sol.
Todo hace pensar que Luis Rodríguez está exento de sospecha ni siquiera para engrasar a sus padrinos y que ese trabajo no es suyo porque, de hacerse, lo harían otros a sus espaldas y sin su conocimiento. Ya saben.
Desde 1982 hay presidentes de nuestra Autoridad Portuaria sospechosos y no sospechosos por definición. Entre los nada sospechosos estarían: Juan Ferrer Marsal (PP), Miguel Campoy (PP), Miguel Millana (PSOE), Julián López Milla (PSOE) y Luis Rodríguez González (PP), aunque en algún caso me podrían sorprender.
Y entre los más o menos sospechosos de hacer o dejar hacer, Ángel Cuesta (PSOE), Francisco Blasco (PSOE), Juan Antonio Gisbert (PSOE), Sergio Campos (PP), Mario Flores (PP), Juan Rodríguez Marín (PP) y José Joaquín Ripoll (PP), sin que esto presuponga acusación de nada (algunos no se pueden defender por ya fallecidos) pero si recomendación para las pesquisas policiales sobre sus mandatos llegado el caso, como en el puerto de Valencia ha sucedido tras años y años de saqueo y crimen organizado a tenor de lo que publican todos los medios de la capital autonómica.
Con este tema volveremos tras el verano si la investigación periodística así lo aconseja. Porque nunca en el Puerto de Alicante se abrió investigación alguna sobre estas cuestiones.
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