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martes, 28 de julio de 2026

Solamente para iluminados 4 / Argárico


La aprobación ayer mismo por Puertos del Estado de las grandes inversiones, en donde no se contempla nada de relieve en el puerto de Alicante, y la supuesta corrupción rampante y creciente en el puerto de Valencia detectada por la UDEF semanas atrás, invita a la reflexión local.

En 1976 ya se podía oler una incipiente corrupción en el puerto de Alicante, muy difusa eso sí, para cuidarse muy mucho de los presidentes de la entonces llamada Junta de Obras del Puerto presidida sucesivamente en el tardo franquismo por José Abad (alcalde de Alicante), Enrique Portero y Santiago Belmonte. 

Era una presunta corrupción más de técnicos (con complicidades seguro en el Ministerio de Obras Públicas) que de políticos, que se conformaban con exhibir el cargo en sociedad y que, para no incomodar a la estructura administrativa central, solían mirar hacia otra parte mientras el capo de cuello blanco hacía de las suyas en la impunidad. El vacío de poder entre régimen y régimen político lo enloqueció.

En 1982, con la llegada del poder socialista a la cúpula del Puerto, se desplaza y sustituye por otra la corrupción anterior de la mano de Ángel Cuesta, con la huida a otros puertos cercanos de técnicos muy cualificados en espera de que pasase la tormenta roja, y que se encontraron en destino con otras corrupciones, iguales o peores, por parte de presidentes del PP casi recién llegados. Desesperación.  

En proyectos y ejecuciones reside la clave para las coimas como mordidas, creando supuestas necesidades de la infraestructura portuaria pero, sobre todo, oportunidades de negocio para las grandes empresas de obra pública, que saben de antemano a quien o quienes deben satisfacer a través de un bolsillo insaciable, tanto en Alicante como en Madrid, donde siempre reside el cooperador necesario para el presunto cohecho.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante es Luis Rodríguez González, hombre de misa diaria, designado por el más que cuestionado ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, teniendo como vicepresidente del Puerto, al imputado Carlos Baño, hombre de la máxima confianza del defenestrado político alicantino, hoy visto por las playas de la comarca disfrutando del sol.

 Todo hace pensar que Luis Rodríguez está exento de sospecha ni siquiera para engrasar a sus padrinos y que ese trabajo no es suyo porque, de hacerse, lo harían otros a sus espaldas y sin su conocimiento. Ya saben.

Desde 1982 hay presidentes de nuestra Autoridad Portuaria sospechosos y no sospechosos por definición. Entre los nada sospechosos estarían: Juan Ferrer Marsal (PP), Miguel Campoy (PP), Miguel Millana (PSOE), Julián López Milla (PSOE) y Luis Rodríguez González (PP), aunque en algún caso me podrían sorprender. 

 Y entre los más o menos sospechosos de hacer o dejar hacer, Ángel Cuesta (PSOE), Francisco Blasco (PSOE), Juan Antonio Gisbert (PSOE), Sergio Campos (PP), Mario Flores (PP), Juan Rodríguez Marín (PP) y José Joaquín Ripoll (PP), sin que esto presuponga acusación de nada (algunos no se pueden defender por ya fallecidos) pero si recomendación para las pesquisas policiales sobre sus mandatos llegado el caso, como en el puerto de Valencia ha sucedido tras años y años de saqueo y crimen organizado a tenor de lo que publican todos los medios de la capital autonómica.

Con este tema volveremos tras el verano si la investigación periodística así lo aconseja. Porque nunca en el Puerto de Alicante se abrió investigación alguna sobre estas cuestiones.

domingo, 26 de julio de 2026

Solamente para iluminados 3 / Argárico

 


Para mantenerse en política basta con no cometer errores. El presidente "ad interin" Pérez Llorca ya ha cometido, al menos, tres que lo desautorizan para ser el candidato de refresco a la Presidencia de la Generalitat por el PP en mayo de 2027:

 1 enchufar a la novia en la Diputación de Valencia con escándalo. 2 prevalerse de su cargo al frente de una región para colarse en la final del Mundial de Fútbol en New Jersey como un verdadero cateto por ausentarse de la negociación de Presupuestos y 3 no solucionar la huelga de profesores de IES y FP, que permanece abierta para el curso 2026-27 en la Comunitat. Tres pruebas del algodón que salen con mancha.

En su pueblo, Finestrat, familia y amigos están convencidos de que Juan Fra no repite y que será la alcaldesa de Valencia y doctora en Derecho, María José Catalá, la designada por el dedo de Feijóo en septiembre ante la mala fama política en Madrid de los 'hombres de Zaplana', casos de Mazón y Pérez Llorca, por su codicia desenfrenada sobre el dinero público, para el sector del PP que lidera Rajoy frente al de Aznar, y del que salió el malogrado Casado.

Además ya se han olvidado los negocios de Pérez Llorca  -un hombre sin formación universitaria a estas alturas- antes de ser presidente de la Generalitat con la mafia rusa en Villajoyosa para saber de su pelaje oculto al gran público. No es tan inocuo como parece por muy ignorante que parezca y sea. No puede ser el cartel electoral de un PPCV post Dana, que no ha sabido gestionar frente a lo hecho por el Gobierno con mucho más dinero.

Confieso que tras reemplazar a Mazón, designado por éste para cubrirle su última etapa, sin control en las adjudicaciones directas de la Generalitat por la Dana de octubre de 2025,  el estilo formal de Pérez Llorca gustaba por su moderación y cierto sentido común político desde la prudencia política aconsejable siempre a la llegada a un cargo público. 

Pero pronto comenzaron los errores políticos de bulto y se desinfló como alternativa por, cada vez más, en manos de las políticas presupuestarias de Vox en la Comunidad Valenciana y la alcaldía de Valencia pactada a favor del ex torero licenciado en Derecho, Vicente Barrera Simó, un candidato que antes ha pasado sin suerte por diversos partidos al precederle cierta fama de 'tronao' y 'disparatao' para la cosa pública. Lo siento Pepín, no tiene un pase.

El 'rasputin' de Ferrol, Miguel Ángel Tellado, ya ha medido a Pérez Llorca y ha hecho caso al criterio de Rajoy  de prescindir de 'zaplanistas', aunque sean de tercera, porque terminan dándole la vuelta a Génova 13 y a complicar situaciones sobrevenidas complejas. Catalá es previsible y con experiencia de gestión municipal. Además, es PP puro y ajena a banderías.

Las listas del PP a las Cortes Valencianas las harán entre Tellado y Catalá, por lo que presumiblente saldrá de ellas Mazón, extremo más que dudoso si las elaborase Llorca y un PPCV trufado de 'mazonistas' de los que prescindir pese a interferencias de la bruja política más que inútil de Macarena Montesinos, compi de la actual diputada regional, Lola Peña, extraída de los más bajos fondos de la política alicantina con la que está cayendo. 

Ámbas rémoras ya están sobre la mesa de despacho de Tellado para impulsar renovación a la vuelta del verano. El problema siempre es que hay poco banquillo de figuras del que tirar y hay que volver a morir sobre la misma gente ya evaluada y suspensa.

Atención al líder de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos,  profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Valencia desde 1989. Tras cursar dos licenciaturas (Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración), se doctoró en Derecho por esa misma Universidad. Ya profesor titular de Derecho, dejó su cargo como magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia para ejercer luego como abogado. 

lunes, 20 de julio de 2026

Los Archivos secretos del Vaticano: 85 kilómetros de historia robada / Mr. KidPool

 

 La verdad sobre tus orígenes.

Bajo los pies del Papa se encuentra la colección de conocimiento más celosamente guardada del mundo. Los Archivos Secretos Vaticanos (ahora llamados Archivos Apostólicos) contienen 85 kilómetros de estanterías que albergan documentos que se remontan a los albores del actual 'reinicio'.

No se trata sólo de historia religiosa; es el depósito del patrimonio robado del mundo. Desde los rollos originales de la Biblioteca de Alejandría hasta los mapas del mundo anterior al diluvio y los verdaderos registros de la vida de Jesús, el Vaticano guarda las claves de todo aquello que la élite se ha empeñado en hacernos olvidar durante dos mil años.

¿Por qué el acceso está tan estrictamente restringido? Para entrar, hay que ser un investigador acreditado con un objetivo de investigación específico y concreto. No se permite curiosear. Se requiere acompañamiento. ¿Por qué? Porque los archivos contienen los documentos del "Cronovisor", evidencia de un dispositivo desarrollado en la década de 1950 que permitía visualizar eventos pasados a través de la frecuencia del éter.

También albergan los registros de las civilizaciones "Pre-Adámitas" y los linajes detallados de los 13 Linajes. Saben que si el público conociera la verdadera historia de los "Dioses" que descendieron a la Tierra (los Anunnaki, entre otros), toda la estructura de la religión organizada y el control político se desmoronaría de la noche a la mañana.

Los archivos también contienen las «Profecías del Fin de los Tiempos» que nunca se hicieron públicas. Estos documentos describen la transición actual hacia la «Era de la Luz» y las fechas específicas de los cambios en los polos magnéticos.

El Vaticano ha funcionado como intermediario de información para la élite mundial durante siglos, vendiendo fragmentos de verdad a quienes ostentan el poder mientras mantiene a las masas en un estado de amnesia espiritual. No protegen la «Palabra de Dios»; protegen el «Monopolio de la Verdad».

La Alianza se encuentra actualmente en proceso de digitalizar estos archivos para su publicación global. A medida que se desmantelan las antiguas estructuras del Vaticano, la verdad se traslada al sistema cuántico.

La era del «conocimiento secreto» está llegando a su fin. Ya no necesitarás un sacerdote ni un erudito para saber quién eres; los registros de tu origen divino están a punto de ser devueltos a la colectividad. Los muros de la fortaleza se resquebrajan y los 85 kilómetros de mentiras salen a la luz.

Te dijeron que era un secreto “sagrado”. Era una herencia robada. La biblioteca está abriendo sus puertas y el silencio se está rompiendo. La verdad nunca se perdió; simplemente se guardó bajo llave. Pero olvidaron que la llave está en manos del pueblo.

https://t.me/MrKidPool17

Estos túneles bajo el Vaticano se extienden a lo largo de más de 2.575 kilómetros, hasta Jerusalén, como ya les he mostrado. Las Fuerzas de Operaciones Especiales han limpiado estos túneles, han recuperando millones de documentos, artefactos, obras de arte antiguas y más de 60.000 toneladas de oro robado, además de los 711 libros de la Biblia que nos fueron ocultados durante siglos.

https://sunnysjournal.com/2026/07/16/the-vatican-archives-53-miles-of-stolen-history-mr-kidpool

jueves, 2 de julio de 2026

Solamente para iluminados 1 / Argárico

 


La reciente asamblea del RCRA parece haber dejado claro el proceso-estrategia para conducirlo a la quiebra y así justificar su eventual venta a inversores extranjeros, en principio rusos, ucranianos o chinos. Pero no descarto sorpresas vía un despacho profesional de Madrid muy identificado con Alicante.

Ese parecía, al menos, el propósito del anterior presidente, Miguel López, a quien otros más pillos le han robado la idea, o no, porque simplemente lo han relevado al frente del supuesto negocio sin exigirle responsabilidades para que se pudiese ir de rositas. No me creo lo que quieren hacer ver los falsos renovadores de la gestión a tenor de algunas peripecias vitales afloradas.

Ojo con el nuevo comodoro y su mochila presuntamente repleta de socios ocultos por indeseables y nada recomendables de cara a la galería. Y en la del nuevo presidente, donde es posible que se esconda un sobrino madrileño con recientes actuaciones profesionales mercantiles en esta plaza. Aquí dejo, de momento, mi bola de cristal con IA pero seguro que pronto habrá indicios al respecto mi querido Alberto.

Pero muy cerca, algo parecido sucede en el RLC de Alicante, repleto de sospechosos, con la nueva junta directiva títere por trufada de marionetas y peleles, manejada sin pudor por una depredadora local ya muy vista por proveniente de los bajos fondos políticos.

Aquí el objetivo, según la hipótesis más probable, es supuestamente el mismo: quebrar la entidad, tras contraer deudas millonarias, para justificar su liquidación por inviable. 

Y así presentar como la mejor salida la venta de su sede en la Explanada, a precio de saldo, a dos conocidos promotores  inmobiliarios, ya apostados en las inmediaciones situados por la depredadora y en connivencia con los que el último anciano presidente nonagenario desaparecido me calificó literalmente de 'chorizos' después de ser puenteado con crueldad por su propia junta directiva residual, concretamente el día de la presentación en el Salón Imperio del último libro del periodista Pedro Piqueras. 

 "Que todavía no me he muerto", me dijo con dolor antes de acompañarle a su casa.

Repugnante y todo muy burdo por parte de quien muy sospechosa también comparece aquí en público, sin escrúpulos y con otras mochilas repletas de procesados con pasaporte retirado en espera de sentencias definitivas, si finalmente no se juega con el resorte de escape de las sufridas por socorridas dilaciones indebidas, con una aparente presión extrajudicial del ex ministro Luis de Guindos u otros de su calaña, en los procedimientos aún pendientes sobre la gestión en la CAM y sus empresas. 

También aquí lo dejo, querido Armando. 

domingo, 28 de junio de 2026

Carta abierta a Monseñor Munilla / Cartas de los Lectores



Muy estimado don José Ignacio, obispo de Orihuela-Alicante: Como en el Vaticano han ignorado olímpicamente mi argumentación sobre el carácter herético del magisterio de Francisco y de León XIV, supongo que sería una solemne pérdida de tiempo dirigir allí cualquier protesta; por eso se la dirijo a Su Excelencia Reverendisima, que siempre me ha atendido cordialmente y, ya que no he tenido el elemental derecho a la defensa, me tomo el incontenible derecho a la pataleta. 

Hasta ahora consideraba, como públicamente he manifestado, herejes y también antipapas a Francisco y a León; pero bien sabe Su Excelencia Reverendisima que tal consideración la expresé ante el cuestionario enviado desde el  Dicasterio para Doctrina de la Fe, de manera expresamente condicional, haciendo constar la desconfianza hacia mi falible parecer; es más: llegué a suplicar incluso que se me hiciera la caridad de explicarme dónde podía estar mi equivocación. 

Entonces ¿por qué se me ha negado toda explicación, exigiéndome la fe ciega del carbonero y la rígida sumisión del militar, como si el catolicismo fuera ahora una comunidad de borregos, que no de ovejas, que han de seguir fanáticamente a un líder que subyuga con desaforada prepotencia por el hecho de vestir de blanco? 

Acuso pues sin condicionalidad ya ninguna, sino basado precisamente en la misma arbitraria absolutez con que he sido tratado, de injusto y déspota a León XIV, y también de calumniador, porque fundamenta todo el decreto punitivo contra mí en una presunta contumacia mía, que no sólo no ha sido dilucidada en ningún momento, lo que me ha privado de toda capacidad de defenderme, sino que resulta evidentemente contradicha por el indicado tenor de mis respuestas. 

 Si en lo de herejes y antipapas cabría la remota posibilidad de que yo, que obviamente no tengo ninguna autoridad magisterial, estuviera equivocado, en lo de calumniador no, porque se trata de la mera contrastación objetiva de hechos fehacientes y no interpretables. 

Sólo veo dos posibilidades lógicas: que León sea un irresponsable y negligente, no habiéndose informado mínimamente, antes de emitir un decreto supremo y definitivo, para cerrar precipitadamente mi caso, o que sea un descarado mentiroso, ocultando la condicionalidad de mis respuestas, para atribuirme una falsa contumacia. 

Queda así patente la nueva justicia sinodal como sinónimo de la antaño justicia revolucionaria, donde se sentenciaba y ejecutaba sumaria y expeditivamente, y como resultado de la buenista fe sinodal, que no sólo es una reminiscencia del más furibundo modernismo, sino que encima se impone, contradiciendo el pretendido carácter de tolerancia, misericorditis e inclusividad con que se presenta revestida, por cuanto nada de eso se me ha aplicado a mí: excluido y sancionado del modo más contundente y atropellado. 

Por último, tenga por cierto Su Excelencia Reverendisima que sigo esperando con la gracia de Dios morir como hijo fiel de la iglesia, pero de la verdadera: la que, a su vez, sigue fiel hasta el final a la integridad de la doctrina católica dogmática, pues, fuera de la verdad, sólo caben el error y todo su cortejo de males, incluido el de la condenación. 

 

 Francisco José Vegara Cerezo, sacerdote cancelado

Orihuela 

jueves, 12 de febrero de 2026

Ahora es el PP de Alicante el que le estalla a Feijóo en las manos / Francisco Poveda *


Esto es un artículo de opinión y por lo tanto todo son opiniones por percepciones subjetivas sobre el mayor escándalo político acaecido en la ciudad de Alicante desde el advenimiento de la democracia municipal en 1979: el de las adjudicaciones de viviendas protegidas VPP a hijos de familias socialmente bien situadas, en lo que parece todo un ejercicio ventajista con resultado de privilegio por militar o estar cerca del partido hoy en el gobierno local. Nada de lo conocido tiene un pase con los ecos de corrupción que se oyen por todos los confines de España. 

Y ésto, ¿lo sabía el alcalde Barcala o tenía obligación de saberlo? Yo creía en principio que no aunque tenía esa obligación pero ahora todo apunta a que sí pudiera haberlo sabido y de ahí esta conspiración provinciana que intuyo y huelo en base a datos que he recogido como rutina desde el verano entre destacados políticos y líderes sociales en torno al poder coyuntural. Su enrocamiento sobre la licencia a la Cámara de Comercio en el Puerto pudiera estar en el trasfondo de este susto que tiene sin dormir al alcalde. 

La cuestión es que en el Pleno municipal de julio de 2024, uno de mis tres concejales favoritos, Rafa Mas, de Compromís, ya denuncia en público esta situación y el alcalde hace oídos sordos. Un video de la sesión visible ahora en redes sociales así lo atestigua y será prueba de cargo para la jueza titular del nº 5 en Alicante si finalmente abre procedimiento abreviado tras las diligencias preliminares originadas por una denuncia del sindicato nacional de funcionarios 'Manos Limpias', la primera directamente ante un juez. Porque lo que dijo Rafa en su día lo oyeron todos los concejales y funcionarios presentes.

Mi teoría pues es que la documentación periodística sale originalmente del Ayuntamiento conseguida por el sector mazonista del PP, concretamente de cajones de funcionarios de los niveles 1 y 2, para acabar políticamente con un Barcala crecido ante la caída en desgracia del ex líder regional del partido y con unas aspiraciones sucesorias fuera de la realidad y de su propia realidad, tras su participación clave en la reciente renovación de la concesión municipal del transporte urbano y la de recogida de residuos y limpieza viaria a favor de las dos empresas que las venían disfrutando. 

Así que se pudiera ir tranquilamente con sus objetivos principales resueltos; espero que se me entienda bien por los lectores más lúcidos. Porque Barcala va a terminar dimitiendo.

Y quien o quienes proporcionan esa documentación certera por iniciativa propia a un medio subvencionado desde la Generalitat aprovechan de paso para quitarse de en medio, con un perfecto ajuste de cuentas, a una ya muy recalcitrante funcionaria, parece que devenida en déspota ilustrada, María Pérez-Hickman, supuestamente detestada por cada vez muy molesta para sus compañeros a partir del pavo que se le sube, aún más, tras ser nombrada una de las varias directoras generales imitando el esquema de funcionamiento del Ayuntamiento de Málaga. 

Ahora habría que revisar, visto lo visto, cómo accedió al funcionariado municipal doña María ya que cuenta con un familiar directo muy bien situado en Génova 13 desde hace años. Veremos si solicita una excedencia ya mismo o espera al pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre negociación prohibida a funcionarios públicos, que puede acabar en su inhabilitación si estuviésemos en presencia de otros presuntos delitos añadidos en este caso. 

El resultado del expediente informativo solicitado al secretario de la Corporación no ha cambiado formalmente la suerte de esta proba funcionaria ahora reprobada por los hechos que han trascendido a la Opinión Pública, que ya comienza a emitir veredictos sobre la moralidad de los actores en presencia en todas las tertulias de barra o en las encuestas de las televisiones locales. Lo que vulgarmente se conoce como 'pena de telediario'.

Personalmente no me explico cómo Barcala todavía no ha suspendido de empleo y sueldo a esta alta funcionaria, presuntamente corrompida y supuestamente corrupta, que ha venido a arruinar el crédito social y la reputación de toda su extensa familia, venida desde Valladolid en su día, por haber precipitado sobre todos sus miembros el "efecto terminator" y dejarlos expuestos a la cultura de la cancelación por un rechazo colectivo, que aconsejaría la pronta vuelta a su lugar de origen. 

El resto son daños colaterales, caso de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que con su dimisión responde a la confianza de Barcala por ser íntima amiga de su hija Rocío sin mayor mérito político anterior que se sepa. 

También aparece en la lista de beneficiados, para sí mismo o familiares, Francisco Nieto, arquitecto municipal adscrito al área de Urbanismo donde casualmente también trabaja otro Pérez-Hickman bastante más prudente porque no está en el documento del escándalo, de momento, tras las insinuaciones del vicealcalde Manuel Villar en pleno cotejo de beneficiados de las VPP con listas de funcionarios del Ayuntamiento. 

Hace dos semanas parecía que iba a depender de la gestión de esta crisis la suerte política de Barcala pero por adelantar él acontecimientos, ahora quien va a controlar los tiempos del proceso es la izquierda extrema y moderada, quien se le ha adelantado en ir a la Fiscalía Anticorrupción por varios presuntos delitos que parece afectan más a María Pérez-Hickman en lo penal junto al resto de funcionarios que han ido apareciendo, que también tendrán lo suyo como van apuntando las primeras pesquisas policiales.

En principio Feijóo todo parece indicar que no va a ofrecer ya mismo de 'motu proprio' la cabeza política de Barcala aunque tampoco está claro que repita como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones municipales por Alicante ni que obtenga un premio de consolación como conseguir acta para el Senado. Pero no hay que pararse aquí porque las ramificaciones de la trama alcanzan a beneficiados fuera de las administraciones públicas. 

Por ejemplo, indicios muy sólidos apuntan a dos afortunados hijos de Jesús María Izaguirre Ugarte, ex notario de la plaza y, casualmente en su momento por estar en activo todavía, de la promoción de estas VPP. Es persona para mi de triste recuerdo tras haber admitido en Sala y reconocido en un procedimiento penal de noviembre de 2019, a preguntas de la defensa, el letrado Antonio Checa, haber faltado a la verdad en la redacción de un acta notarial aportada en sede judicial y por él firmada, lo que, a mi juicio, define y explicaría su supuesta catadura moral y profesional en este contexto.

Otros indicios apuntan al efecto, por presunto tráfico de información privilegiada, e incluso influencias, a la diputada regional del PP, Dolores Peña Villaescusa, según fuentes del PP local y del entorno político íntimo de Barcala, ya que entre los beneficiados aparecen empleados del colegio 'El Valle' con el que mantiene una estrecha relación de años así como dos hijas de miembros de la escisión del 'Rotary Club' de Alicante que ella protagonizó, y que se suelen reunir en el Real Liceo Casino (RLC) una vez al mes. 

Una pista relevante para la jueza instructora y la  Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, saber ahora quienes son todos y cada uno de estos rotarios escindidos por si hubiese por ahí mas beneficiados indebidos, directos o indirectos. Así como la existencia de una alta funcionaria municipal en ese entorno del RLC, también muy relacionada con la diputada Peña, sin prejuzgar por su parte ilícito penal alguno de momento.

La investigación parece se centra, en principio, tras desvelar sus apellidos el diario 'Información', en el matrimonio Pastor-Escámez, un promotor inmobiliario local de financiación privilegiada en su día desde el Banco Central y el de Fomento (ya desaparecidos) y su esposa como sobrina carnal y rica heredera del banquero Alfonso Escámez, a quien siempre he de agradecer que me honrase en 1997 con la única entrevista que concedió en su vida a un periodista y que me invitase a almorzar en 'Jockey' tras mostrarme en la planta de su despacho de presidente el piano original del compositor granadino Manuel de Falla.

Los recuerdo a ambos porque hace años sufrieron en su residencia de la partida de Santa Faz, un suculento robo doméstico, presuntamente por cómplices del servicio, de origen sudamericano (colombianos), y que finalmente no se denunció ante la Policía, por motivos que no se hicieron públicos y porque, al parecer, los desleales empleados desaparecieron sin dejar rastro. Ignoro si llegó a intervenir posteriormente la Inspección de Hacienda para inventario.

"El colegio El Valle, del que Begoña Méndez es directora, fue rescatado por la Consellería de Educación en 2012, cuando gobernaba el PP en la Generalitat Valenciana. El centro privado, situado en pleno distrito de la playa de San Juan, fue el primero que solicitó pasar a ser concertado", según publicó en su día el diario Información y recogió eldiario.es.

"Dolores Peña sólo tiene una empresa, de la que es administradora solidaria: Servicios Educativos La Nucia SL. La administradora tiene una larga trayectoria en el PP de Alicante. Esposa de Pedro Romero, portavoz en el Ayuntamiento de Alicante con Luís Díaz Alperi de alcalde, fue secretaria del grupo popular en el consistorio", recogió también eldiario.es.

"La firma Servicios Educativos La Nucia SL fue constituida el 6 de noviembre del 2019 con Begoña Méndez Torres como administradora solidaria de la mercantil . Por su parte, los otros administradores solidarios figuran en el Registro Mercantil en numerosas empresas del sector educativo desperdigadas por varios puntos de la geografía española.

Así, Luis Miguel Rodríguez Zarza, el otro administrador, también es socio de Servicios Educativos Condomina SL, una firma que fue adjudicataria de una concesión administrativa del uso privativo normal de una parcela de dominio público para la construcción y explotación del centro privado El Valle. La firma obtuvo la concesión en 2005, con Díaz Alperi de alcalde de Alicante". 

"Luis Miguel Rodríguez Zarza y Begoña Méndez aparecen en una firma con la esposa de un concejal que dio el visto bueno a la cesión a 50 años de los 10.000 metros cuadrados de suelo público". 

"Dolores Peña ya se vio envuelta en otra polémica cuando El País publicó que, en apenas ocho meses, había comprado tres casas en Alicante valoradas en dos millones de euros (una de las viviendas fue pagada íntegramente al contado)", remata eldiario.es.

Y en esta coyuntura no se habla de Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat y responsable política directa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, donde la investigación de la Justicia debe y tiene que entrar a fondo porque desde esa dependencia administrativa se visó la documentación de  solicitantes de las viviendas de la urbanización 'Les Naus' levantada en una parcela pública municipal de la Playa de San Juan.

Porque es responsable última la Generalitat de verificar que los beneficiarios con los requisitos marcados por la normativa autonómica son los que deben ser para no acabar siendo el sistema un privilegio para rentas altas desde una suerte de casualidades precisamente en el contexto de una emergencia habitacional para el común de los alicantinos y que alcanza al 42,6% de la población

Sabiendo lo que se va sabiendo y se sabe, hasta ventajistas próximos o en los aledaños del PP, sobrados de recursos y contactos con información privilegiada, han aprovechado este chollo para intentar especular con algo no concebido para ellos, presuntamente falsificando o alterando la documentación solicitada en las bases para una apariencia total de legalidad.

 Las 140 viviendas en cuestión, algunas ya habitadas desde hace pocos meses, se ofrecían por la promotora de la cooperativa a mitad de precio de mercado con una media de 214.000 euros como precio tasado. 

Curiosamente en un supuesto sorteo entre los más de 2.000 demandantes, este resultó favorable a familias pudientes, lo que da pié a una reversión de las otorgadas con irregularidades manifiestas y para evitar ahora su venta especulativa al doble y con dinero negro de por medio para que no se detecte la operación. 

Y también a  revocar alquileres irregulares muy por encima de los 1.000 euros mensuales de renta; se habla de 1.600 en el caso de la familia vallisoletana aunque es una cifra sin verificar.

Las investigaciones administrativas abiertas arrojan la identificación de los primeros implicados, dentro de relaciones cruzadas de parentesco entre Ayuntamiento y Generalitat en Alicante, y marcan el camino, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al Juzgado de Instancia nº 5 de la capital, hasta verificar si entre los agraciados están directamente o a través de terceros, familiares y/o amigos, más concejales del Ayuntamiento, jefes de gabinete del Consell, funcionarios directamente interesados de la Generalitat u otros empleados municipales más. 

 

(*) Periodista y profesor 

sábado, 31 de enero de 2026

No, la Iglesia no apoya la inmigración ilegal, son los obispos que se lucran con ella / Carlos Balén

 No, la Iglesia no apoya la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Quien la apoya es una parte del episcopado español. Y confundir ambas cosas no es un error inocente: es una falsificación eclesiológica.

Cada vez que un medio titula que “la Iglesia” respalda una medida concreta del Gobierno, se consuma una trampa conceptual que beneficia a todos menos a los fieles. Porque la Iglesia no es la Conferencia Episcopal. Ni la Conferencia Episcopal manda sobre la Iglesia. Ni mucho menos habla automáticamente en su nombre cuando emite opiniones políticas.

La doctrina católica es clara y está perfectamente definida. En la Iglesia hay una distinción de misiones. A los obispos les corresponde enseñar la fe, custodiar la doctrina, santificar mediante los sacramentos y gobernar en lo estrictamente eclesial. A los laicos, en cambio, les corresponde una tarea específica y propia: ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio.

Eso incluye la política, la economía, la legislación, la organización social. Es decir: justo el terreno en el que hoy vemos a los obispos ocupar el espacio que no les corresponde, mientras desautorizan de facto —aunque no lo digan— a los laicos que sí tienen competencia directa en esas materias.

Cuando un obispo presenta como moralmente indiscutible una regularización masiva decidida por un Gobierno concreto, no está ejerciendo su magisterio. Está emitiendo una opinión prudencial. Y las opiniones prudenciales no obligan en conciencia. Ni a los fieles, ni a los laicos, ni a nadie.

Más aún: cuando esa opinión coincide milimétricamente con el marco ideológico de un poder político que legisla de forma sistemática contra la ley natural y contra la fe católica, el problema ya no es solo de competencia, sino de escándalo.

Los laicos católicos no están llamados a repetir comunicados episcopales como loros piadosos. Están llamados a juzgar la realidad política con la razón iluminada por la fe, a discrepar legítimamente cuando una medida perjudica el bien común y a defender soluciones distintas sin sentirse culpables ni desobedientes.

Decir que “la Iglesia apoya la regularización” es una forma burda de silenciar ese legítimo desacuerdo. Es convertir una opción política discutible en un mandato moral inexistente. Es usar la sotana como coartada.

Conviene recordarlo con claridad, aunque moleste: la Iglesia no vota decretos, no redacta BOE ni gestiona fronteras. Y cuando algunos obispos parecen olvidarlo, no están hablando en nombre de la Iglesia, sino en nombre propio.

Confundir ambas cosas no es comunión. Es clericalismo. Y del malo.

miércoles, 21 de enero de 2026

El tendero / Fernando del Pino Calvo-Sotelo *

 

 La preparación de mi primer libro, que aparecerá publicado, D.m., esta primavera, ha dispensado a los lectores de este blog de mi habitual artículo de diciembre. Dado que toda interrupción conlleva la dificultad de recuperar el ritmo sin perder el compás, me preguntaba cómo comenzar un año que se nos presenta con el velo que siempre cubre el futuro. 

En efecto, a esta criatura llamada hombre le está vedado conocer lo que le deparará el mañana, una limitación frente a la que se rebela y sufre inútilmente, pues cree equivocadamente que el conocimiento del porvenir le haría más feliz.

En este sentido, cabe recordar el conocido discurso que sir William Osler dio en la Universidad de Yale el 20 de abril de 1913.

 En él recomendaba a los estudiantes vivir cada día como si fueran compartimentos estancos: «Pulsad un botón y escuchad que las puertas de hierro dejan fuera el pasado, el ayer muerto. Pulsad otro y dejad fuera, tras una cortina metálica, el mañana nonato»[1].

 Osler, persona sensata, no abogaba por desentenderse del futuro respecto de aquello que podemos controlar, sino por despreocuparse de aquello que no está en nuestras manos cambiar. Del mismo modo, el pasado que debía quedar enterrado era el hecho inamovible, no el aprendizaje del pasado que nos sirviera de base para mejorar el futuro.

Este sabio consejo, tan difícil de llevar a cabo, aplica a nuestras vidas personales, pero también al análisis de lo que ocurre en nuestro país. España es hoy un país atrapado por la falta de aceptación de su pasado, un país convertido en estatua de sal por mirar hacia atrás de forma extraña, pues aplaude sus mediocridades y se avergüenza de sus éxitos. 

Por consiguiente, no es casualidad que tenga su autoestima tan dañada. Pero también es un país atrapado por las dudas sobre su futuro, un país hasta cierto punto desesperanzado y carente de horizonte en el que no es fácil ser joven. Todo ello contribuye a un estado de parálisis, pues ambas afecciones ―de signo fatalista― han desarrollado un carácter crónico de difícil, pero no imposible, solución.

Una Constitución mediocre

Ni los lastres del pasado ni los escollos que dificultan nuestro futuro constituyen una maldición bíblica, sino que son consecuencia de la acción de unos y de la inacción de otros. Aunque siempre sea difícil establecer relaciones causa-efecto, sin duda uno de los factores más relevantes que explican la delicada situación en la que nos encontramos es el conjunto de grandes carencias del sistema constitucional del 78. España no siempre fue así: se ha vuelto así. Por lo tanto, la situación es reversible.

La primera vez que critiqué las debilidades de nuestro texto constitucional ―en un artículo publicado hace más de una década― la idea parecía casi blasfema. Por eso, cuando al día siguiente recibí la llamada de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los «padres» de la Constitución, pensé que iba a recibir una reprimenda. 

Sin embargo, ocurrió lo contrario: me felicitó por mi aparente osadía, me confesó que jamás había entendido la mitificación de un texto cuya redacción había sido «una improvisación permanente» y me advirtió con sentido del humor sobre el peligro de decir la verdad en nuestro país.

Pues bien, la verdad es que ninguno de los dos principales pilotos de la Transición poseía rango de estadista ni gran profundidad de pensamiento a pesar de contar con una indudable intuición política. No tenían la hechura de fundadores de un nuevo sistema político, y, por tanto, abordaron el futuro orden constitucional zigzagueando con tacticismo cortoplacista sin tener una idea muy clara del modelo de Estado al que aspiraban. 

La Constitución sería de este modo negociada a puerta cerrada por los representantes y correveidiles de los distintos partidos en discusiones miopes (que veían bien de cerca y mal de lejos) realizadas frecuentemente en entornos informales. Cuatro de los siete «padres» de la Constitución, por cierto, contaban con sólo 38 años.

La apariencia de consenso (aunque no fuera tal) les bastaba. La voluntad de salir del paso en asuntos delicados la solucionaban acudiendo a una dilatoria ambigüedad que posponía la resolución de nudos gordianos. 

Finalmente, el exceso de representatividad otorgado a los partidos políticos en detrimento del ciudadano, y el desproporcionado poder regalado a la parcialmente subversiva oposición socialista (creada ex novo para la Transición), contribuyeron a la elaboración de un texto estatista, debilitador de la nación, dirigista y empobrecedor.

Desaciertos constitucionales

Podría pensarse que el juicio crítico realizado desde la comodidad que otorga el paso del tiempo puede resultar injusto, pero los pecados originales de la Constitución ya fueron señalados por brillantes pensadores coetáneos como Julián Marías o Gonzalo Fernández de la Mora.

El primer gran error constitucional fue la creación del Estado de las Autonomías y el ambiguo concepto de nacionalidades, una verdadera bomba de relojería cuyo tic tac se oye cada vez con mayor nitidez. Hay que ser torpe —o malvado— para romper una nación milenaria, pero eso fue precisamente lo que facilitó la Constitución de 1978. 

Creó17 reinos de taifas sin que hubiera necesidad ni demanda popular que lo exigiera, cada uno con su héroe inventado, su himno inventado y su bandera inventada (con alguna excepción), sistema que dio alas al independentismo y cimentó la dictadura regulatoria y el mastodóntico tamaño de la Administración que hoy sufrimos. 

Por otro lado, al no acotar las transferencias competenciales a las Autonomías, puso en marcha una fuerza centrífuga que transformó a las antiguas regiones en entidades demasiado parecidas a naciones independientes.

Por otro lado, el Estado de las Autonomías se convirtió en una agencia de colocación que facilitaba a los partidos políticos multiplicar su poder y plantilla. Como escribió Julián Marías en aquellos años, «no está claro si los partidos se han hecho para el país o el país para los partidos».

Otro gran desacierto de la Constitución consistió en elegir un sistema parlamentarista en vez de un sistema presidencialista. Con ello promovió la concentración de poder al fusionar el poder ejecutivo con el legislativo y otorgar a ambos un control exagerado sobre el poder judicial.

 Así, el texto constitucional consagró que en España no pudiera haber separación de poderes real. Este sistema, además, impidió el establecimiento de una limitación de mandatos, facilitando la perpetuación en el poder de cualquier líder medianamente carismático que no tuviera oposición digna de tal nombre.

Asimismo, la Constitución creó un Tribunal Constitucional politizado, hoy convertido en una institución desprestigiada y disfuncional que bordea la prevaricación con frecuencia. Del mismo modo, permitió que el Consejo General del Poder Judicial dejara muy constitucionalmente de depender en 1985 —por iniciativa del PSOE— de los propios jueces. 

A pesar de sus promesas electorales, el PP se negaría en redondo a cambiar el sistema cuando alcanzaba el poder con mayoría absoluta y se veía beneficiario del sistema. El modelo bicameral también quedó sin sustancia, de modo que el Senado se convertiría en una cámara superflua.

La Constitución también pareció conformarse con la consolidación nominal de la monarquía. Esta decisión dejó la jefatura del Estado monárquica —una importante institución que podía convertirse en utilísima salvaguarda del bien común de la nación precisamente por ser ajena a la colonización partidista y no depender del voluble voto popular— en gran medida carente de potestad. 

En mi opinión, la elección de una jefatura del Estado simbólica frente a una jefatura dotada de una potestad limitada, pero operativa, fue una equivocación.

En otro orden de cosas, cabe reseñar como error de la Constitución del 78 su indudable aroma socialista, que le llevó a canonizar el intervencionismo estatal, a no defender como sacrosanto el derecho de propiedad y a poner en marcha un insostenible Estado de Bienestar. 

Bajo su bonita máscara solidaria y filantrópica, éste ha creado un sistema de control poblacional semi totalitario que ha ido reduciendo la libertad personal, aumentando los impuestos y debilitando la capacidad de creación de riqueza del individuo. 

Al ser financieramente insostenible, el sistema va camino de quebrar al país en medio de un conflicto social e intergeneracional de imprevisibles consecuencias. En el mismo sentido, la falta de limitación de déficits públicos ―no resuelta por la enmienda constitucional del 2011― ha permitido la creación de un brutal endeudamiento que hipoteca nuestro futuro.

Finalmente, otra gran debilidad constitucional fue admitir la impunidad del poder ejecutivo-legislativo cuando vulnerara la propia Constitución, haciendo que la clase política pronto le perdiera el respeto. 

Así, el gobierno de turno podía saltarse la Constitución a la torera: si se salía con la suya ―cosa que era fácil si controlaba el Tribunal Constitucional―, perfecto; pero si le pillaban y recibía una sentencia condenatoria, pelillos a la mar. La inconstitucionalidad de una ley no tiene consecuencia alguna para el culpable, al contrario de lo que le ocurre al ciudadano que quebranta la más mínima norma.

¿Qué hacer?

En su discurso de hace más de un siglo, sir William Osler citaba a Carlyle: «Nuestra principal tarea no es ver lo que se vislumbra tenuemente a lo lejos, sino hacer lo que está claramente a mano».

Muchas veces resulta complicado ver lo que tenemos en nuestra mano hacer, pero sugiero comenzar por dar dos pequeños pasos siguiendo el ejemplo presentado por el disidente checo Václav Havel en El Poder de los sin Poder (1978), breve ensayo crítico con la tiranía comunista que por entonces subyugaba Checoslovaquia. 

Debido a sus actividades, Havel sería encarcelado durante un lustro, aunque tras la caída del Muro, pocos años después, se convertiría en presidente de su país. Nadie era entonces capaz de preverlo.

En su ensayo, Havel creaba la figura de un imaginario tendero sumiso frente a las autoridades comunistas. Éstas le regalaban un cartel con un eslogan para que lo colgara en su escaparate, propuesta a la que al principio accedía. 

Pues bien, un buen día el tendero se rebelaba y dejaba de exponer el eslogan, y no sólo eso: también dejaba de ir a votar en elecciones que no eran tales y comenzaba a decir en las asambleas lo que pensaba de verdad. 

«Con esta rebelión ―escribe Havel―, el tendero sale de la vida en la mentira; rechaza el ritual y viola las reglas del juego; reencuentra su identidad y su dignidad reprimidas; realiza su libertad. Su rebelión será un intento de vida en la verdad». 

Al hacerlo, el tendero no sólo ha dado un paso individual, sino que ha hecho algo mucho más importante: «Ha abatido el mundo de la apariencia, la columna que sostenía el sistema; ha demostrado que la vida en la mentira es precisamente vida en la mentira. Ha dicho que el emperador está desnudo».

Simpatizo enormemente con esta expresión, pues el primer artículo que publiqué en mi vida (Expansión, 2011) tenía ese mismo título. Pues bien, el primer pequeño paso que podemos dar es seguir el ejemplo del tendero rebelde y renunciar a repetir el eslogan de que el régimen constitucional de 1978 «ha sido el período de mayor paz y prosperidad de nuestra historia», porque no es verdad. 

La realidad es otra: ha sido un período de relativa depauperación y crecimiento muy mediocre, de decadencia social, de enorme aumento en la presión fiscal, de enormes tensiones políticas y territoriales y de un aumento de la delincuencia y de la violencia (para encontrar los datos que respaldan estas afirmaciones me remito a mi anterior artículo)[2]

Por otro lado, aludir a 1978 como si fuera el Big Bang o un amanecer tras una larga noche en un país de tan larga y brillante historia como España resulta grotesco y desprestigia a quien lo hace. Debemos defender la verdad, pues sin verdad no puede haber libertad.

El segundo pequeño paso que podemos dar es exigir al próximo gobierno, cuando expulse por fin al psicópata (cuya última desfachatez es afirmar que «va a dar con la verdad», él precisamente, del trágico accidente ferroviario de hace unos días), que aborde una profunda reforma constitucional. No se trata de reformar por reformar, sino de mejorar. 

El éxito no está asegurado, pero quienes creen que acabando con Sánchez se acaban los problemas se equivocan. El problema es sistémico, y el psicópata es sólo un reflejo extremo, patológico y quién sabe si incluso presuntamente delictivo de ello, pero no su causa última. 

Como recordaba Montesquieu, tras el advenimiento del Imperio, la República romana nunca sería restaurada porque «los golpes se daban contra los tiranos, no contra la tiranía».

Desde hace unos años, hemos perdido la más mínima decencia en el gobierno de la nación, que ha dinamitado el Estado de Derecho y arrasado con toda noción de bien y de verdad, pero llevamos décadas perdiendo el concepto de bien común, el ethos compartido que nos une como nación, enormes grados de libertad personal y el respeto por nosotros mismos, y, con ello, estamos perdiendo la esperanza. Sin embargo, debemos luchar por mantenerla. 

Como decía Havel, podemos salir de la vida en la mentira; reencontrar nuestra identidad y dignidad reprimidas; realizar nuestra libertad; abatir el mundo de la apariencia; vivir en la verdad. Esta España es posible.

[1] Sir William Osler. Un Estilo de Vida y otros Discursos. Unión Editorial, 2007.
[2] ¿Estamos mejor o peor?

 

(*) Economista 

lunes, 12 de enero de 2026

El derecho de rectificación en medios digitales / Juan José Sánchez Balaguer *

“Cuando la información ha sido publicada en un medio de comunicación digital, la rectificación debe ser publicada mediante un nuevo vínculo, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica”, sentencia el Tribunal Supremo español.

La situación de la publicación de los escritos de rectificación en la prensa española pone en jaque el papel antaño dominante de los medios de comunicación a la hora de trasladar a la opinión pública las narrativas hegemónicas (Elías, 2018), pero esencialmente hace peligrar la información veraz, cuya supervivencia está ligada necesariamente a la autorregulación y a los instrumentos de rendición de cuentas (media accountability) para con el público.

La necesidad de asumir responsabilidades está directamente vinculada a la idea de que cualquier forma de publicación procedente de los medios de comunicación tiene carácter público y desempeña un papel público (McQuail, 2005). Pero, además, el proceso informativo no puede entenderse sino como una forma de diálogo, con exposición y réplica, entre medios de información y sociedad, entre el Estado y la sociedad y entre los distintos individuos entre sí (Desantes-Guanter, 1974). De ahí que bastaría con que medios y profesionales se atuvieran a la deontología profesional para evitar innecesarios litigios y pérdidas de credibilidad. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba en Estrasburgo el 1 de Julio de 1993 el Código Europeo de Deontología del Periodismo del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo, al que tuve la oportunidad de conocer  con motivo de unas Jornadas Europeas. Esta resolución supone la adopción de un total de 38 principios éticos del periodismo que deberían ser aplicados en el ámbito europeo, de los cuales considero oportuno reproducir los dos que interesan a los efectos del presente artículo:

26. A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de comunicación, con el tratamiento informativo adecuado de manera automática y rápida, las informaciones y las opiniones que sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños. 

27. Para que exista una armonización en el uso de este derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa, es conveniente aplicar la Resolución 74-26 sobre el derecho de réplica: situación del individuo en relación a la prensa, adoptado por el Comité de Ministros de 2 de julio de 1974, así como las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza”.

En España, el derecho de rectificación encuentra su fundamento básico en el artículo 20.1.d) de la Constitución, que reconoce la expresión y difusión libre del pensamiento a través de cualquier medio de reproducción, así como a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y la rectificación está regulada concretamente como un derecho que asiste a cualquier persona física o jurídica que haya sido aludida por una información que considera inexacta y lesiva para su buen nombre (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984) y queda configurado como un proceso urgente y sumario para proteger los derechos de personalidad y, al mismo tiempo, el derecho a la información en sus vertientes activa y pasiva.

Este derecho (artículo segundo) se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción. El director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes. En caso de que no se hubiera publicado o divulgado en plazo la rectificación o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.

Pero no sería necesario acudir a la vía judicial si los profesionales y los medios se atuvieran a lo establecido en el Código Deontológico de la profesión periodística en España (aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 22 de abril de 2017) establece como primer principio de actuación profesional el deber de “contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos” y “advertida  la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado [el profesional] a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda”. Además, “y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.

La cuestión se complica, no obstante, a partir de la aparición de múltiples medios digitales, lo que ha suscitado controversias y fallos erróneos por parte de algunos jueces, a causa del desconocimiento de esta materia poco habitual para los juzgadores. A clarificar de manera indubitada esta situación vino la Sentencia del Tribunal Supremo nº 32/2024, de 11/01/2024 (Pleno de la Sala 1 de lo Civil), cuyo Fundamento de Derecho Segundo (3) dice textualmente:

“La cuestión a decidir no radica en si la publicación de la versión de los hechos pretendida por el rectificante supone un castigo para el medio informativo, una restricción de su libertad de información o una disuasión para que no la ejercite, que evidentemente no lo es pues el Tribunal Constitucional lo ha descartado en sucesivas sentencias.

La cuestión relevante es si cuando se pretende ejercitar el derecho de rectificación respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital, basta con publicar en el archivo digital, en lugar visible junto con la información original, un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo, como establece el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; o si, además de esto, sigue siendo necesario publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, mediante un nuevo vínculo con relevancia semejante a aquel en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, como establece el art. 3 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación”.

El Alto Tribunal español se plantea directamente si el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales sustituye al art. 3 LO 2/1984 de Derecho de Rectificación, cuando el Derecho de Rectificación se ejercita respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital, con lo que basta con la inserción de la nota prevista en el art. 85.2 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación, es necesario publicar el aviso establecido en el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y afirma con máxima precisión:

“Las informaciones publicadas en los diarios digitales, a medida que pasan los días, van quedando relegadas a posiciones secundarias, más difíciles de encontrar. En consecuencia, si la rectificación consiste solo en añadir a la información original el aviso previsto en el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, quien accede al diario digital para informarse no encontrará esa rectificación, a diferencia de lo que ocurrió con la información objeto de la rectificación en los momentos próximos a su publicación, que era fácilmente accesible y tenía una relevancia que perdió con el paso de los días. 

En consecuencia, si se aceptara que la rectificación se limitara a añadir un aviso a la información original que ha quedado relegada a una posición secundaria en la página web del medio informativo con el paso de los días, el derecho que al afectado le otorga la LO 2/1984 de Derecho de Rectificación, no se vería satisfecho.

Con ello, sufriría el propio derecho a la libertad de información que tiene el público en general, pues, como ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia 168/1986, de 22 de diciembre, el derecho de rectificación constituye “un complemento a la garantía de la opinión pública libre que establece también el citado precepto constitucional -art.20.1.d) de la Constitución-, ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que el derecho fundamental protege”.

La sentencia del Tribunal Supremo insiste en el criterio para que no haya lugar a dudas respecto a que la función del art. 85.2 de la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, es la de servir de complemento al art. 3 de la LO 2/1984 de derecho de Rectificación, cuando la información que se pretende rectificar ha sido publicada en un medio digital:

“Su justificación radica en las características del medio en que se inserta, el medio de comunicación digital, Internet, en el que la pervivencia de la información es mucho más acusada que cuando la información es publicada en un medio tradicional, en concreto, en la prensa publicada en soporte de papel. Mientras que en este último caso, encontrar una información de días pasados es mucho más difícil por el carácter efímero del formato papel (como dijo algún maestro del periodismo, “las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana”), y sería necesario acudir a una hemeroteca para encontrar una noticia publicada en días anteriores, sin que aun así fuera fácil hallarla, Internet y los motores de búsqueda permiten hacer presente, en cualquier lugar del mundo, como si hubiera ocurrido hoy, cualquier información sobre hechos que tuvieron lugar en un determinado momento y lugar, con sorprendente facilidad y rapidez y sin ningún coste, produciendo lo que se ha dado en llamar el “efecto eterno” de la información, fruto de la “memoria total” de internet”.

Por tal razón, “aunque la simple adición de un aviso a la información original no supone que la rectificación hubiera sido publicada con relevancia semejante a la información que se pretende rectificar, si tal aviso no fuera añadido a la información original, esta podría seguir siendo consultada indefinidamente en el tiempo sin que quien lo hiciera tuviera conocimiento de que el afectado por la información había ejercitado su derecho de rectificación y los términos en los que lo había hecho”. La conclusión del TS es quecuando la información ha sido publicada en un medio de comunicación digital, la rectificación debe ser publicada mediante un nuevo vínculo “con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica”, tal como prevé el art. 3 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación, y el medio informativo debe también insertar un nuevo aviso aclaratorio que deberá aparecer en lugar visible junto con la información original, como prevé el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos Digitales”.

En este contexto, debe quedar claro que la posibilidad de rectificar informaciones difundidas a través de los medios de comunicación social es una forma de participación del público que refuerza la existencia de información veraz en democracia y, al mismo tiempo, un compromiso adquirido por parte del medio que, a través de su cumplimiento, ve reforzada su credibilidad.

 

(*) Doctor en Derecho y Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universidad de Elche. 

lunes, 17 de noviembre de 2025

Vigano otra vez / Liu Suria

 El Arzobispo Vigano acaba de soltar una bomba de la verdad sobre el nuevo orden mundial.- Incluso aquellos que antes guardaban silencio dentro de la Iglesia ahora comienzan a denunciar lo que muchos han visto desde hace tiempo.

El sistema del Anticristo no es un hombre, sino una red mundial, totalitaria y basada en el miedo, el engaño, la extorsión y el control. Estos nombres no son la raíz de las manos ocultas, son los agentes de un sistema que sustituye la verdad con propaganda, la creación con lucro y la libertad con dependencia artificial.

Jim Ferguson.- Cuando un arzobispo católico de alto rango (exnuncio apostólico en EEUU) acusa abiertamente a las élites mundiales de infiltrarse en los gobiernos occidentales para imponer la Agenda 2030, el mundo debería detenerse a escuchar.

Viganò advierte: «Una peligrosa élite subversiva se ha infiltrado en las más altas esferas de las instituciones occidentales para implementar un plan criminal mundial».

Afirma que quienes denuncian este «golpe de estado global» son silenciados mediante:

Censura

Intimidación

Abuso psiquiátrico

Arresto.

Y menciona a un preso político del que los medios tradicionales se niegan a hablar: Rainer Füllmich, encarcelado por el delito de decir la verdad. Luego, Viganò va más allá que casi cualquier figura eclesiástica de nuestra época:

«No es Füllmich quien merece estar en prisión, sino quienes cometieron el mayor crimen contra la humanidad». Y los nombra: Fauci, Gates, Schwab, Soros, von der Leyen, Bourla… y sus cómplices en cargos públicos.

Esto no tiene precedentes. Un arzobispo de alto rango acusa a la estructura de poder globalista de crímenes contra la humanidad y llama al sistema emergente por su nombre: un régimen totalitario que se extiende por Europa, Canadá, Australia y todas las naciones controladas por la ONU, la OTAN, la OMS y el Foro Económico Mundial.

Su llamada al mundo es clara: «Alcen la voz. Defiendan a los perseguidos. Liberen a Rainer Füllmich». La historia se acelera. La Iglesia se pronuncia. Los denunciantes son encarcelados. Y los globalistas pierden el control. La verdad se impone.

https://x.com/JimFergusonUK/status/1990395227547316324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990395227547316324%7Ctwgr%5E0adb68f8af72deb2c175c7ede3ff6608959bbe99%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D261749

jueves, 16 de octubre de 2025

¿Aporta algo a las empresas realmente la IA? / Scott Zoldi *


La práctica totalidad de las empresas está utilizando de alguna u otra forma la Inteligencia Artificial en alguno de sus procesos de negocio. De eso no hay duda, pero ¿qué valor aporta realmente esta tecnología que está en boca de todos desde hace ya algunos años y cómo podemos garantizar que ese valor sea sostenible?

Durante los últimos años, la conversación sobre IA se ha centrado en las promesas de la tecnología: automatización masiva, reducción de costes, generación de nuevos productos o servicios, e incluso disrupciones completas de modelos de negocio. 

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el verdadero impacto no proviene únicamente de la innovación técnica, sino de la forma en la que la IA se integra en los procesos empresariales y se gestiona bajo estándares claros.

En una encuesta realizada por FICO a más de 250 ejecutivos de grandes compañías de distintos sectores, más de la mitad (56,8 %) afirmó que definir estándares tales como mitigación de sesgos, análisis del rendimiento o manejo seguro de los datos para una puesta en marcha responsable de la IA es un factor clave de generación de valor, frente a un 40 % que pensaba que el disruptor para el ROI sería la IA Generativa.

Este dato refleja un cambio cultural importante: la IA responsable ya no se percibe como un marco de control externo, sino como un habilitador directo del retorno de inversión y, sin embargo, sólo el 12,7 % de los CIO o CTO de estas organizaciones admiten contar con este tipo de estándares operativos relacionados con la IA.

La IA ya no es el futuro

Tenemos que aceptar que la IA ya no es una inversión orientada al futuro. Es una realidad operativa, que está generando retornos tangibles e impulsando la próxima generación de innovación. Pero también tenemos que tener claro que aprovechar todo el valor de la IA precisa de más que de mejores modelos.

 Requiere estándares sólidos que definan cómo desarrollar, desplegar y supervisar la IA; sistemas robustos que aseguren transparencia y trazabilidad; y colaboración para evitar silos y promover el escalado sin fragmentación tecnológica.

Por eso mismo, en todas las industrias, los líderes en IA están llegando a la misma conclusión. Los verdaderos diferenciadores no son los avances en generación de texto o síntesis de imágenes. Más bien, son estructurales: procesos empresariales sólidos, estrictos estándares de gobernanza de IA, mejores canales de comunicación inter departamental y una plataforma unificada que facilite todos estos elementos a la vez. 

Es decir, el hype tecnológico está cediendo terreno al pragmatismo empresarial con un enfoque basado en la IA responsable y, sin embargo, sólo el 7 % de las organizaciones encuestadas por FICO admiten haber adoptado completamente este tipo de estándares. 

En otras palabras, para la mayoría de las empresas, una vez que los modelos se llevan a producción, se dejan libres y sin control. Esto claramente se escapa de un enfoque responsable del uso de la IA.

La IA responsable elimina riesgos

Las organizaciones que invierten en auditoría de modelos, detección de sesgos y explicabilidad no solo están mitigando riesgos: se están posicionando para liderar. Y los datos sugieren que invertir más recursos en la puesta en marcha de estándares de IA responsable, en lugar de centrarse en la IA autónoma o generativa, dará grandes dividendos a largo plazo.

Es decir, para muchos la IA responsable está pasando de ser un principio abstracto a convertirse en un imperativo operativo. Mientras que las primeras olas de adopción de IA se centraron en la experimentación técnica y la novedad generativa, los líderes actuales están recalibrando su enfoque.

 En esta transición hacia la madurez, la confianza y la responsabilidad se convierten en la verdadera moneda de cambio. Los ejecutivos ya no preguntan únicamente "¿qué puede hacer la IA?", sino "¿cómo integramos la IA en el negocio para generar valor medible, confiable y sostenible?".

De hecho, cuando preguntamos a estos ejecutivos, que eran en su mayoría CIO o CTO, qué esperan de la IA en los próximos 18 meses y cómo van a medir su ROI, el 60 % señaló que la prioridad de inversión sería la IA para toma de decisiones, pero haciendo hincapié en la explicabilidad, trazabilidad e integración con la lógica empresarial.

Esta cifra nos da información sutil pero significativa. En lugar de perseguir innovaciones de IA de vanguardia por sí mismas, las organizaciones están cada vez más centradas en incorporar la IA en procesos operativos centrales de forma segura, confiable y con un impacto demostrable. 

Es decir, la industria está llamada a entregar valor consistente, no a explorar proyectos científicos de IA.

Lo que se espera de la IA: más colaboración con los humanos

Un patrón similar aparece al analizar los principales impulsores de innovación en IA para los próximos cinco años. La colaboración humano-IA se considera la perspectiva más interesante de innovación futura para un 44,5 % de los encuestados, seguida muy de cerca por la adopción de IA responsable con protocolos de auditoría en su uso (44 %). 

Las soluciones en tiempo real y las experiencias mejoradas para clientes también generaron altos niveles de entusiasmo.

Se busca, pues, un reconocimiento que garantice que la promesa a largo plazo de la IA no reside solo en la automatización, sino en la ampliación de las capacidades humanas. 

Aunque cada vez se presta más atención a la IA generativa y a la IA autónoma, el mayor nivel de optimismo se encuentra en potenciar a las personas con IA tradicional dentro de marcos responsables y auditables. 

Y más allá de eso, es necesario que los equipos profesionales también trabajen de forma colaborativa: en demasiadas ocasiones, vemos cómo los responsables de datos funcionan en silos independientes de los responsables del negocio, de los usuarios finales o de los directores de riesgo.

 Según el estudio de FICO, un 72 % de los directores de analítica y de IA encuestados admiten que en sus respectivas organizaciones al colaboración entre los equipos de tecnología y de negocio es un verdadero desafío.

Aún es temprano para declarar el fin del dominio de la IA generativa en las conversaciones de directorio. Pero los datos sugieren que las organizaciones con visión de futuro son cada vez más cautelosas respecto a apostar en exceso por el potencial sin contar con un plan de implementación empresarial medible y una generación de valor confiable y sostenida.

La IA autónoma (es decir, la que precisa de mínima supervisión humana), por ejemplo fue seleccionada solamente por 1 de cada 10 encuestado como un impulsor de innovación futura, y muchos la citaron como un serio riesgo de ROI, debido a preocupaciones sobre imprevisibilidad, inestabilidad e inmadurez técnica.

En resumen, estamos asistiendo a un paso decisivo hacia la madurez de la IA. La IA responsable no es solo una medida de protección: se está convirtiendo en un diferenciador estratégico. 

Quienes construyan sistemas de IA con ética incorporada, supervisión alineada e integración transversal no solo estarán en posición de escalar, sino que también se estarán preparando para una ventaja competitiva a largo plazo.

 

(*) Director de analítica de FICO