El Plan 'Simplifica' creará una ventanilla única en la Comunitat Valenciana para "reducir trabas burocráticas"

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana impulsará el Plan Simplifica 2024-2026 para "dejar atrás el modelo anticuado" y conseguir una administración pública "más eficiente y accesible al servicio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" que "reduzca las trabas burocráticas" y suponga "una mayor transparencia y rendición de cuentas".

En este contexto, aprobará el próximo mes de junio un Decreto-Ley de Simplificación Administrativa que afectará al conjunto de las entidades de la Comunitat Valenciana "para que la transformación y simplificación llegue a todos" y que contempla, entre otras medidas, potenciar la declaración responsable "por encima de la licencia" para abrir un negocio, la ventanilla única, integrar la tramitación robotizada a través de sistemas de IA o identificar proyectos de interés estratégico para habilitar su tramitación urgente.

Así lo ha detallado este lunes el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha resaltado que esta estrategia se desarrollará entre abril de 2024 y diciembre de 2026 y responde al "principio general de mínima intervención administrativa, pero sin dejar de lado la buena regulación". 

"Es compatible", ha sostenido, al tiempo que ha reivindicado que el plan "marcará un antes y un después".

"Vamos a trabajar para que se acabe el 'vuelva usted mañana', para eliminar la grasa, esa losa administrativa y de burocracia que sigue ahogando a ciudadanos, empresas, inversores, pymes, autónomos y pequeño comercio", ha destacado, y ha señalado que las medidas impulsadas "incentivarán la inversión, harán más fácil la vida a los ciudadanos y lucharán contra la brecha digital".

En cuanto al presupuesto, ha precisado que supondrá un "coste cero", pues "se reubicará" al personal existente. "Les voy a dar una noticia: hay planes que se pueden hacer sin aumentar el gasto público, simplemente haciendo más eficiente la Administración, esto es disruptivo en el estado de las comunidades", ha reivindicado, y ha insistido en que esta estrategia "no necesitará nuevos presupuestos" e "implementará, aprovechará y hará eficiente el actual" con lo que "no se necesitará subir impuestos".

Decreto-Ley de simplificación administrativa

El Decreto-Ley "eliminará o modificará al menos" 28 leyes, 46 decretos, seis órdenes y 448 artículos vigentes que "están lastrando la burocracia en la Comunitat Valenciana". Así, ha criticado que "desde 2015 no se ha aprobado ninguna ley para agilizar la administración y reducir la carga burocrática" y ha aseverado que esta norma estará "viva", pues "se irá actualizando".

En este sentido, el jefe del Consell ha resaltado que entre las leyes que se suprimirán o modificarán se encuentran algunas referentes al impacto ambiental, las tarifas portuarias, la ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, el personal estatutario de los servicios de salud, la vivienda, el turismo, el ocio, el comercio o la implantación de instalaciones de energías renovables.

300 reuniones

El Plan Simplifica del Consell se pondrá en marcha tras un proceso de "trabajo activo" con más de 300 reuniones con el conjunto de la sociedad civil, el sector empresarial, colegios profesionales, entidades locales y la ciudadanía. Al respecto, Mazón ha recalcado que este plan beneficiará a "tres pilares": las empresas, los ciudadanos y la propia administración, que "debe corresponsabilizarse".

Con todo ello, Mazón ha remarcado que se trata de "disminuir los tiempos de espera" y "simplificar los procedimientos administrativos", por lo que se contará con la última tecnología y se reducirá el plazo máximo de tramitación y resolución genérico a tres meses.

Novedades para las empresas

Además del Canal Empresa, el Plan Simplifica contempla la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato para la "eliminación de las cargas administrativas innecesarias" y la puesta en marcha del "dato único" para todas las administraciones.

También se identificarán los proyectos de interés estratégico para la Comunitat con el fin de habilitar su tramitación de forma urgente y preferente. Para ello, los titulares de estos proyectos dispondrán de una ventanilla única de solicitud y de la posibilidad de una sola interlocución.

Se potenciará la declaración responsable por encima de la licencia "para que desde el primer día se pueda abrir la persiana, comenzar la actividad y generar riqueza", ha señalado el jefe del Consell, que ha advertido que se reforzará el sistema de control e inspección y se aumentará el importe de las sanciones "que podrán llegar al millón de euros".

"Protegeremos el interés común bajo la premisa de quien la hace la paga", ha sostenido, y ha declarado que, en este sentido, se abogará por el principio de "dejar de ser presunto culpable para ser presunto inocente". 

"Pero 'ay de usted como se compruebe que es culpable', ha advertido.

Igualmente, se creará la figura de las entidades colaboradoras de certificación y la declaración responsable visada con las que se abre la puerta a la colaboración con colegios profesionales, cámaras de comercio o asociaciones empresariales para la expedición de documentos que permitan iniciar la actividad económica desde el primer día.

Novedades para los ciudadanos

El plan prevé la creación de un único punto de comunicación entre los ciudadanos y la administración en el que "con un simple clic" el interesado tendrá a su disposición toda la documentación y tramitación de expedientes con la administración.

Así, a modo de ejemplo, el ciudadano podrá acceder a su historial médico, su licencia de actividad o su permiso para reformar la cocina. Igualmente, se reducirá la brecha digital para asegurar la igualdad de acceso por parte de la ciudadanía a los servicios públicos.

Novedades para la Administración

Entre las principales medidas encaminadas a mejorar la administración, se encuentra la creación de un registro único de documentación ciudadana para poner fin a las duplicidades. Se implementará un gestor de expedientes común y se integrará la tramitación robotizada a través de un sistema de IA.

En el ámbito local, todos los ayuntamientos, diputaciones y el resto de las entidades locales deberán aprobar un Reglamento de Simplificación Administrativa. En este sentido, la Generalitat colaborará con las entidades locales para que puedan adaptar sus sistemas a las exigencias de esta ley.

Comisión interdepartamental

Paralelamente, el pleno del Consell ha aprobado este lunes la creación y regulación de la Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunitat Valenciana (CITSA), que coordinará, impulsará y supervisará el diseño y ejecución de la política en materia de transformación digital, simplificación administrativa y calidad de los servicios públicos, además de fomentar la colaboración con otras administraciones y de promover una cultura organizativa para la transformación digital entre los funcionarios.

Esta comisión será informada regularmente del estado de la ciberseguridad y remitirá al Consell los informes ejecutivos que elabore con funciones en la materia.

La presidencia de la CITSA podrá convocar a representantes del sector público instrumental dependiente de la Generalitat, personal directivo o empleado público y especialistas externos en la materia de que se trate, con voz pero sin voto.

Además de este órgano, el Consell ha aprobado la creación de la comisión de seguimiento de simplificación y transformación digital, como comisión técnica de naturaleza permanente de la CITSA. Formarán parte de ella un representante de la Abogacía de la Generalitat, otro de la Intervencion y un delegado de protección de datos.

Cómo afectará a los ayuntamientos pequeños la nueva Ley de Régimen Local

MADRID.- La reforma de Ley de Bases de Régimen Local aprobada por el Gobierno y convalidada esta semana por el Congreso tiene entre sus objetivos conseguir que los ayuntamientos de menor tamaño, a los que prestar determinados servicios o modernizarse les resulta más complicado, sean tan eficaces como los grandes.

Las novedades en este texto legal aparecen en uno de los dos decretos leyes convalidados el pasado miércoles, después de su aprobación por el Consejo de Ministros del 19 de diciembre con el objetivo, según el Ejecutivo, de acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales a través de medios digitales y garantizar la prestación de servicios públicos en los municipios pequeños.

Mediante la modificación de esta ley se da cumplimiento además a los compromisos reflejados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y asumidos frente a la Unión Europea.

Municipios de menos de 20.000 habitantes

La modificación aprobada incorpora como criterio de atribución de las competencias de los ayuntamientos el principio de "diferenciación", de acuerdo con la capacidad de gestión de las entidades correspondientes.

Igualmente, en virtud de ese principio de diferenciación se establece un régimen especial para la "gestión colaborativa" de los servicios en municipios de menor población, con lo que se busca facilitar la fijación de la población y una mejor prestación de sus servicios públicos.

Para ello, en el artículo 25, que habla de las competencias municipales -planeamiento urbanístico, tráfico, ferias, cementerios...- incorpora un nuevo punto que señala que, con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, deberá realizarse una "ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local".

En otro artículo, el 28, se dice que en esos municipios de menos de 20.000 habitantes podrán establecerse sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación "de calidad, financieramente sostenible", de los servicios públicos mínimos obligatorios.

En concreto se apunta a medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios, y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios.

La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la comunidad autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, siempre con la conformidad del municipio.

Obligatorio disponer de un portal de internet

La revisión de la ley persigue también fomentar la participación ciudadana a través de medidas concretas como la obligación de crear y mantener un portal de internet de participación ciudadana, así como de elaborar planes para la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y empresas a los servicios públicos.

En un cuarto artículo número 70 se especifica que este portal deberá publicar la información que el ayuntamiento considere adecuada con ese objetivo y, en su caso, la relación de servicios públicos a los que se pueda acceder por el portal o los vínculos a la información sobre el acceso a los servicios públicos disponibles en el territorio, en los términos en los que disponga la normativa autonómica.

En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los servicios previstos en este artículo se prestarán con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades en los términos que se determinen por la legislación autonómica.

Mejora del Padrón municipal

Respecto al Padrón, se actualizan los datos obligatorios que deben constar en la inscripción conforme a la nueva normativa en materia de extranjería, al tiempo que se concreta la obligación de que los datos relativos al domicilio habitual incluyan la referencia catastral, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente.

Asimismo, se recoge en una norma con rango legal la aportación de datos voluntarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así como con las distintas instrucciones técnicas procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En otro apartado, se modifica también la Ley para reducir el número de habitantes necesario para la creación de nuevos municipios, que pasa de 5.000 a 4.000, siempre que los resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no supongan disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

Esta modificación, que inmediatamente permitió, a finales de 2023, la independencia del municipio de Usansolo (Bizkaia), se aplicará también a los procedimientos de desanexión iniciados o en tramitación que aún no se hayan inscrito en el Registro de Entidades Locales.

Los funcionarios del Estado serán evaluados a partir de mañana: podrán mejorar su sueldo, pero también perder su puesto

MADRID.- Las medidas de refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos estatales entrarán mañana en vigor tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma que las regula.

Estas medidas forman parte de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación aprobado ayer por el Consejo de Ministros, en cuyo Libro II se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.

En concreto, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público.

Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública que decayó por la convocatoria de elecciones, "se plantean en positivo", según el Gobierno, por lo que "en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen".

En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, "se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño".

"El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación", subraya el Ejecutivo. Aun así, el plan recoge que la evaluación tendrá efectos en "la percepción de retribuciones complementarias de carácter variable", en "la progresión en la carrera profesional" o en la "continuidad en el puesto de trabajo".

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que plantee.

Dentro de este ámbito, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo.

Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el nuevo complemento de carrera.

Asimismo, para fomentar la integración de las personas con discapacidad, la norma contempla la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad.

Otra de las medidas incluidas es la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como agencia de empleo público, con el objetivo de consolidar su papel en las políticas de selección y de formación de los empleados públicos.

El proceso de oposición no podrá durar más de un año

La norma da cumplimiento al hito 148 del Plan de Recuperación al incluir una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos.

A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario "para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia", según el Gobierno.

Además, se incluyen dos órdenes ministeriales referidas a dos cuestiones que formaban parte de los compromisos del Gobierno y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Por un lado, se impulsa la planificación estratégica de los recursos humanos, con planes de ámbito general de cuatro años de duración, otros específicos, junto a otros de reestructuración de sectores concretos. Por otro, se regula la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.

Dichas reformas ya formaban parte del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que decayó como consecuencia de la convocatoria de elecciones.

La regulación de la planificación estratégica de los recursos humanos buscará que sea el principio de organización clave, a través de unas directrices diseñadas por la Secretaría de Estado de Función Pública. Los diferentes planes que se planteen serán los que determinen la actividad y las incorporaciones al sector público.

La oferta de empleo público será la que reciba el mayor refuerzo dentro de este campo, al imponerse plazos irrenunciables para ejecutarlas a través de las convocatorias correspondientes, explica Presidencia.

Entre las novedades están la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta.

También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios.

En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, el Gobierno impulsa "un modelo más ágil y eficiente" con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas.

Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.

El Gobierno habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados.

Los funcionarios piden una ley que evalúe su productividad

MADRID.- Los funcionarios piden una ley que evalúe su productividad y que demuestre que "el grueso de los empleados públicos trabajan con profesionalidad y dedicación". Después que se haya conocido que el Tribunal Supremo avala que se pueda reducir el sueldo a los funcionarios, a través de un recorte en el complemento de productividad, el sindicato CSIF exige "que de una vez por todas se desarrolle la Evaluación del Desempeño para que esos criterios sean objetivos, negociados, claros y transparentes". 

"Esto es algo que está acordado desde 2007 pero que ningún Gobierno ha querido desarrollar", añaden.

En concreto, el Supremo, tal y como adelantó Cinco Días, responde al recurso presentado por una funcionaria que solicitaba la devolución de 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos, por asunto de minoración del complemento de productividad. 

Esta reducción se produjo, según la Dirección Técnica del departamento para el que trabajaba esta funcionaria, por "no atender llamadas telefónicas, no seguir las instrucciones y realizar menor volumen de trabajo" que sus compañeros.

Y el TS, aunque estima parcialmente el recurso presentado por la trabajadora pública, "desestima la pretensión de abono de 214,35 euros" y subraya que la productividad deberá valorarse "en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados".

Por ello, el presidente de CSIF, Miguel Borra, explica a El Mundo que es imprescindible que se desarrolle la mencionada ley de productividad, denuncia "la absoluta discrecionalidad que tiene la Administración para pagar o no determinados complementos salariales", y niega que la sentencia evidencie que hay una parte de los trabajadores públicos que no cumplen con su trabajo. 

"Niego la mayor. Desde CSIF rechazamos una interpretación maniquea sobre la labor fundamental que realizan los empleados públicos".

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, afirmó que es "razonable" retirar el complemento de productividad a los funcionarios que no cumplan con unos objetivos o rendimientos individuales. Así lo señaló, al tiempo que apuntó que el complemento suele ser "pequeño" desde el punto de vista porcentual en relación a la retribución global, y que "no es la primera vez que ocurre". 

"Hay que tomarlo con normalidad y ya está, porque la normativa está para aplicarla", añadió.

El pleno de la Diputación acuerda pedir al Gobierno que cambie el Anteproyecto de Ley para los entes locales

ALICANTE.- El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este jueves una moción conjunta en defensa de la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos, en la que se solicita al Gobierno que modifique el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

   Con esta propuesta, los grupos del PP y PSPV hacen referencia al contenido del citado anteproyecto de reforma local, que "modifica la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de España durante los últimos 30 años".

   Ahora, los cambios previstos en esta reforma podrían "suponer deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los ayuntamientos", dado que prevé "el traspaso de competencias y recursos económicos a las comunidades autónomas".

   En los casos de las competencias denominadas "impropias", según advierte esta moción, "no se asegura con financiación la prestación de los servicios, por lo que podrían ser suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra administración".

   Por todo ello, la moción plantea la necesidad de que se abra un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que "permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos".

   La moción además reafirma "la autonomía local y la trascendencia del papel" de los ayuntamientos en la "igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social, elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía".

   Por otra parte, el pleno también ha aprobado una moción conjunta que propone solicitar al Gobierno que reconsidere su negativa a conceder ayudas a los municipios de Penáguila, Torremanzanas, Benifallim y Cocentaina, afectadas por incendios forestales el verano pasado que calcinaron cientos de hectáreas de monte en terrenos tanto públicos como privados.

  "La Generalitat valenciana no puede permanecer ajena al daño ecológico y humano que han sufrido parajes naturales de tanta importancia para la provincia de Alicante", recoge este escrito, en el que se reclama al Consell que "defienda ante el Gobierno los intereses de los municipios alicantinos afectados por esos incendios".

   Así mismo, el pleno además ha aprobado otra moción conjunta para pedir al Gobierno y al Congreso de los Diputados el reconocimiento del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Consuetudinario y Tradicional.

   Este reconocimiento, al que también se pide que se sume la Generalitat Valenciana, supondrá un impulso para que la UNESCO declare al Juzgado Privativo de Orihuela como Patrimonio de la Humanidad, un proceso que ya está en trámite y que reconocerá la importancia de este entidad jurisdiccional milenaria como parte de nuestro patrimonio cultural e histórico.

    El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es una entidad que imparte justicia y administra los riegos desde hace más de mil años. Desde tiempos de la dominación árabe, este tribunal ha servido para, aplicando el derecho no escrito, consuetudinario, solventar los conflictos entre los regantes de buena parte de la Vega Baja.

   Según recoge la moción, "todo ello hace merecedor a esta institución del reconocimiento de Tribunal Consuetudinario en la aplicación del derecho en cuestiones de hecho y demandas que se presenten ante el mismo".

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.

   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

El PP propone un decálogo de medidas para la reforma local en su XX Intermunicipal

ALMERÍA.- El PP ha aprobado este sábado en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería, un decálogo de medidas para mejorar la Administración Local y que se incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de enero.  Entre esas propuestas, el PP plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las Comunidades Autónomas.

   En sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la modernización de la planta local española. "Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local", recoge el citado documento.

   Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia". En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

   Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.

   También defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así, "otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior". Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida.

   El documento explica que habrá una "regulación anual" del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las corporaciones locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones. Además, se recuperarán las funciones que venían prestando los interventores con "habilitación de carácter nacional".

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".

   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.

   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.

   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.

   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.

   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.

   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.

   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.

   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).

   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.

   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.

   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.

   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.

   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".

   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.

   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

Lombardía propone reducir a tres las regiones en Italia y a la mitad los diputados y senadores

ROMA.- El presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni, ha propuesto la abolición del actual sistema de organización territorial para "reducir el coste de la política" y crear tres grandes áreas: Norte, Central y Sur. Además, apuesta por reducir a la mitad el número de diputados y senadores en Italia.

   En una conferencia, Formigoni ha abierto la caja de Pandora, siendo el primer alto cargo político en Italia en realizar una propuesta concreta para la reorganización territorial.

   "Para rebajar el coste de la política, es el momento de poner la atención en la reorganización de las regiones. Son demasiadas y demasiado pequeñas. Hay que tener menos regiones y más grandes", ha sugerido Formigoni.

   A raíz de esta reforma, el presidente de Lombardía ha asegurado que se suprimirían 331 conserjerías regionales de un total de 1.111 que existen a día de hoy, según ha recogido el diario italiano 'Corriere della Sera'.

   "El Parlamento debería seguir nuestro ejemplo. Es el momento de reducir a la mitad el número de diputados y senadores", ha añadido Formigoni, quien ha admitido que esta sería una reforma "radical".

   Sobre esta propuesta ya ha opinado el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien ha apelado a la moderación y ha afirmado que "hay que valorar todos los aspectos en las diversas instituciones y no solo centrarse en la parte negativa" de la organización territorial italiana, según ha informado el periódico italiano 'La Repubblica'.

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.

   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.

   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.

   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.

   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.

   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".

   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.

   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.

   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.

   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.

    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".

 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".

   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 

Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Rajoy anuncia un recorte del 30% en el número de concejales

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Congreso que recortará un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia".

   Según ha indicado el presidente, se reducirá un 30% el número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales", y además se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que también atenderán a las características de cada municipio.

   La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Según Rajoy, esto generará un ahorro de unos 3.500 millones de euros.

   Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones", y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios de carácter nacional.

Beteta recalca que los gestores públicos que gasten sin tener crédito serán inhabilitados

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recalcado que la Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a aquellos gestores públicos que gasten "sin tener crédito para ese gasto", lo que permitirá "eliminar a los malos gestores y de la vida pública".

   Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido en Madrid con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Beteta ha recalcado que "no se puede gastar sin tener dinero" y ha señalado que el mecanismo de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha revelado cómo estas administraciones han ido contrayendo importantes deudas.

   El Gobierno ya había advertido que la Ley de Transparencia contendría este tipo de castigos, pero el Consejo General del Poder Judicial había observado que a la vista de su redacción, la normativa no penalizaba el hecho de gastar por encima de lo presupuestado sino únicamente el falseamiento de las cuentas. Ahora Beteta ha sido más claro y ha subrayado que se inhabilitará a quien gaste sin tener crédito para ello, lo que supondrá "una auténtica revolución".

   Por otro lado, el secretario de Estado ha trasladado que en la reunión de hoy con el vicepresidente andaluz, que ha definido como "intensa en el fondo y con discrepancia en algunas cuestiones", le ha trasladado a éste que la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales pretende "mantener la calidad democrática" de las mismas, que estará inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que contendrá entre sus ejes la idea de una administración, una competencia; la no supresión de ningún ayuntamiento pero sí la de otros entes supramunicipales "que solo hacen que estorbar".

   Además, ha subrayado que la voluntad del Ministerio es tramitar la misma como proyecto de Ley y, por tanto, sujeta a debate y enmiendas en el Congreso; y que se "estudiará" la posibilidad de convocar una Conferencia de Administración Local, "teniendo en cuenta que la competencia que existe entre las diferentes comunidades autónomas es muy asimétrica", debido a las diferencias que los estatutos de autonomía de tercera generación recogen en cuanto a competencias con respecto a los otros anteriores no reformados.

   Beteta no ha aclarado si el proyecto de ley será visto en el Consejo de Ministros de este viernes porque aún está en proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas.

   Por último, el responsable ministerial se ha referido al mecanismo que el Gobierno presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado y, tras señalar que en la reunión con Valderas no se ha abordado los condicionantes de la propuesta, ha dicho que con el déficit público establecido, en el 1,5 por ciento, las comunidades autónomas ven imposible financiarse o refinanciar deuda, por lo que, una ampliación del déficit es "de difícil justificación".

Cospedal critica el incremento de un 20% en 10 años de empleados públicos

MADRID.- La secretario general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este lunes que van a ser necesarios "más esfuerzos" para cumplir el déficit en las administraciones públicas, a pesar de que el "margen de austeridad" empieza a ser "pequeño", y ha arremetido contra el incremento en los últimos 10 años de los empleados públicos en 440.000 personas, un 20 por ciento, en el conjunto del país. "No es normal ni sostenible", ha dicho.

   En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Cospedal ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas han hecho "un ejercicio importante de contención del gasto", pero ha advertido de que puede ser necesario uno mayor porque ellas también son Estado y es España en su conjunto la que debe cumplir un objetivo de déficit. A ello se sumarán también los nuevos ajustes que el Gobierno va a anunciar en los próximos días, ha dicho, y que el PP apoyará sin fisuras aunque no le gusten.

   Será el caso del IVA, cuya subida en 2010 llevó a los 'populares' a organizar una campaña en contra, ha reconocido Cospedal. Si el PP estuvo "radicalmente en contra" entonces fue porque esa medida no siguió a "ningún ejercicio de austeridad", que sin embargo hoy considera que sí se ha hecho. Y ha vuelto a decir que es la "herencia" de la "nefasta gestión" de los gobiernos del PSOE la que exige estas medidas.

   Dicho esto, María Dolores de Cospedal ha recordado que este jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el grado de cumplimiento de los planes de ajuste que han aprobado. Ha reconocido que la "inmensa mayoría" de las CCAA ha hecho un "gran esfuerzo de austeridad", pero deberán hacer más si es necesario. "Somos parte del Estado y el objetivo de déficit de España se cumple si cumple el Gobierno y cumplen los gobiernos y las administraciones de las Comunidades y esto tiene que quedar meridianamente claro", ha recalcado.

   En este contexto de crisis, la secretaria general del PP ha arremetido contra el incremento del número de empleados públicos en 440.000 personas, "una situación que hay que encarar y tomar medidas", aunque no ha precisado cuáles. El crecimiento en los últimos 10 años "no es normal" y tampoco, ha añadido, la confusión de competencias que existe entre unas administraciones y otras.

   Como argumento, Cospedal ha explicado que las administraciones públicas "no tienen como función ser agencias de colocación, para eso no pagan los ciudadanos sus impuestos", y deben dedicar el dinero público a "ayudar" a quienes sí deben crear puestos de trabajo: empresas y autónomos. "Es lo que se está tratando de encauzar desde el Gobierno de España y desde muchas Comunidades Autónomas", ha dicho.

   La secretaria general ha defendido en esta misma línea la reforma municipal que está preparando el Gobierno y que deberá limitar las competencias de las administraciones locales, con la consiguiente reducción de consistorios y de cargos.

  A su juicio es "elevadísimo" el número de concejales, que se solapan con diputados provinciales y otras estructuras institucionales. "Existen más de 8.100 municipios, con una media de 5.000 habitantes por municipio, cuando en países semejantes la media duplica o triplica esta cantidad. Es un tema que tenemos que abordar", ha insistido.

La CSI-F critica que el Gobierno tenga a los funcionarios en su "punto de mira"

MADRID.- El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno haya situado a los empleados públicos "en el punto de mira", y ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ningún empleado público se va a negar a que se evalúe su trabajo o productividad.

   Borra ha lamentado que cada vez que se anuncian noticias negativas para la economía española salgan a colación los empleados públicos, ahora con la posible eliminación de una de sus pagas extraordinarias, más horas de trabajo y mecanismos para evaluar su desempeño.

   El dirigente sindical ha recordado que en 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público que firmó el Gobierno socialista con los sindicatos, ya se contemplaban estos mecanismos de evaluación. Sin embargo, este tema aún está pendiente de desarrollo.

   Borra ha recordado que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.

   Sobre la afirmación de Montoro de que no conviene tener la idea de que con aprobar una oposición "se tiene todo hecho", Borra ha declarado que lo que se gana al superar un proceso selectivo es el derecho a un trabajo. "A lo mejor habría que pasar oposiciones para ser político", ha replicado.

   Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es "tan dramática" que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. "Se necesita el acuerdo de todos", ha precisado.

Malos tiempos para el funcionariado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, había avanzado hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
   Así lo ha señalado Montoro, quien ha asegurado que su tarea como ministro de Hacienda es disciplinar a las administraciones públicas.
   En este sentido, ha indicado que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".
   "Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica a el régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer", ha dicho, tras explicar que como ministro es el "director de orquesta" que tiene que hacer cumplir a las administraciones.
   En cambio, el ministro no ha querido decir si el Gobierno se plantea también eliminar los moscosos, los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, y ha insistido en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.
   Por otro lado, ha admitido que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con "más peso" para que ver cuáles son productivos y para que la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.

El Ministerio de Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

   La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.

   Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.

   Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.

   Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que "los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo".

   La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.

   El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.

   La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.

   "Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.

  "Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes", agrega.

   Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado".

 "Será otra semana caribeña como la destapada en el CGPJ", concluye.

Según Beteta, el objetivo de la reforma local es "garantizar" los ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la intención del Gobierno al reformar las administraciones locales es "garantizar el futuro" de los ayuntamientos y no eliminarlos. "No pretendemos imponer agrupaciones o fusiones. El mapa debe ser simplificado, pero fruto del acuerdo de las partes, jamás por imposición", ha añadido.

   Durante su intervención en unas jornadas sobre la reforma de la administración pública en el Instituto de Empresa, Beteta ha dicho que en las próximas semanas su departamento presentará la propuesta para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en la que está trabajando con partidos políticos y entidades locales de toda España.

   Además de insistir en que el nuevo mapa local será fruto del acuerdo y no una obligación, el secretario de Estado ha destacado que el proyecto en el que trabaja su departamento ayudará "a taponar una gran lacra en la gestión pública, las competencias impropias", al determinar la lista de materias que son responsabilidad exclusiva y obligatoria de los ayuntamientos y las que son de "carácter facultativo".

   Además, ha añadido, mientras las primeras no se presten con eficiencia no se podrán ejercer las segundas. Todo ello servirá además, según Antonio Beteta, para clarificar "el mapa competencial" español, distinguiendo entre el sector local, el autonómico y el estatal.

   El secretario de Estado ha defendido por último la intención de su departamento de potenciar las diputaciones, para que asuman las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes que no las presten con eficacia.

   Beteta ha querido subrayar la necesidad de que esta reforma se lleve adelante y que provoque también, en otoño, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, para asegurar la financiación de los servicios que prestan los municipios.

   Ha insistido en que debe de establecerse para siempre en el sector público el principio de no gastar lo que no se tiene, de pagar las facturas y de hacer siempre el papel de la hormiga, "frente a la derrochadora cigarra", en la popular fábula.

Compromís propondrá un debate para crear Gobernaciones como estructura de gestión entre municipios y Consell

VALENCIA.- El portavoz del grup municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, ha explicado este sábado que su formación impulsará un debate "institucional y ciudadano", en los "próximos meses", para la creación de las 'Gobernaciones' como una estructura intermedia entre los municipios y la Generalitat, aprobada mediante ley, "para poder afrontar la necesidad de mejorar la eficacia de la gestión de los servicios públicos y una nueva organización y planificación territorial" en la Comunitat.

   Según Joan Ribó, que ha explicado las conclusiones de la jornada de trabajo de la formación sobre el área metropolitana, "las Diputaciones deben desaparecer. No sirven. Son instituciones del siglo XIX, que no están a la altura de los tiempos. Justifican su existencia por la prestación de servicios a los municipios, pero en la realidad no lo hacen o lo hacen de una manera parcial y sin la eficacia necesaria".

   Por ello, ha resaltado que desde Compromís abogan por "su desaparición y por una transición hacia una nueva organización territorial de los servicios que los Ayuntamientos por sí solos no pueden prestar eficazmente y, más, en el actual contexto de falta de recaudación de ingresos de las entitades municipales", según ha informado la formación en un comunicado.

   "Desde Compromís apostamos por la simplificación de las estructuras administrativas y por una agilización de la gestión, con menor coste en personal", ha explicado. Esta ha sido una de las conclusiones de la jornada de trabajo de Compromís sobre el Área Metropolitana de Valencia, que ha reunido en el Palau de l'Exposició de Valencia a concejales y alcaldes de Compromís en l'Horta.

   Ribó se ha mostrado satisfecho por la participación de Enric Morera, síndic de Compromís en las Corts; Jordi Sebastià, alcalde de Burjassot, así como la Emili Altur, portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia; Vicent Beguer, portavoz en el Ayuntamiento de Torrent, y Josep Bort, portavoz en la Emshi.

   En opinión de Ribó, "es el tiempo de las políticas metropolitanas para mejorar la coordinación entre las administraciones en el área metropolitana de Valencia" ya que la política del PP sobre este tema "ha sido nefasta".

   Así, ha resaltado que las dos entidades sectoriales "están inmersas en la polémica" y considera que la prestación de servicios es "ineficaz y costosa para los bolsillos de los ciudadanos" por lo que urge "una nueva mirada metropolitana y un debate ciudadano y institucional".