ALICANTE.- El pleno de la Diputación de Alicante ha
aprobado este jueves una moción conjunta en defensa de la autonomía
local y los derechos sociales de los ciudadanos, en la que se solicita
al Gobierno que modifique el Anteproyecto de Ley para la racionalización
y sostenibilidad de la administración local.
Con esta propuesta, los grupos del PP y PSPV hacen referencia al
contenido del citado anteproyecto de reforma local, que "modifica la
base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de España
durante los últimos 30 años".
Ahora, los cambios previstos en esta reforma podrían "suponer
deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las
competencias propias de los ayuntamientos", dado que prevé "el traspaso
de competencias y recursos económicos a las comunidades autónomas".
En los casos de las competencias denominadas "impropias", según
advierte esta moción, "no se asegura con financiación la prestación de
los servicios, por lo que podrían ser suprimidas al no ser prestadas por
ninguna otra administración".
Por todo ello, la moción plantea la necesidad de que se abra un
proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que "permita
abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando
la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos".
La moción además reafirma "la autonomía local y la trascendencia
del papel" de los ayuntamientos en la "igualdad de oportunidades, la
democracia y la cohesión social, elementos que han permitido vertebrar
el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados
y de proximidad para la ciudadanía".
Por otra parte, el pleno también ha aprobado una moción conjunta
que propone solicitar al Gobierno que reconsidere su negativa a conceder
ayudas a los municipios de Penáguila, Torremanzanas, Benifallim y
Cocentaina, afectadas por incendios forestales el verano pasado que
calcinaron cientos de hectáreas de monte en terrenos tanto públicos como
privados.
"La Generalitat valenciana no puede permanecer ajena al daño
ecológico y humano que han sufrido parajes naturales de tanta
importancia para la provincia de Alicante", recoge este escrito, en el
que se reclama al Consell que "defienda ante el Gobierno los intereses
de los municipios alicantinos afectados por esos incendios".
Así mismo, el pleno además ha aprobado otra moción conjunta para
pedir al Gobierno y al Congreso de los Diputados el reconocimiento del
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Consuetudinario y
Tradicional.
Este reconocimiento, al que también se pide que se sume la
Generalitat Valenciana, supondrá un impulso para que la UNESCO declare
al Juzgado Privativo de Orihuela como Patrimonio de la Humanidad, un
proceso que ya está en trámite y que reconocerá la importancia de este
entidad jurisdiccional milenaria como parte de nuestro patrimonio
cultural e histórico.
El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es una entidad que
imparte justicia y administra los riegos desde hace más de mil años.
Desde tiempos de la dominación árabe, este tribunal ha servido para,
aplicando el derecho no escrito, consuetudinario, solventar los
conflictos entre los regantes de buena parte de la Vega Baja.
Según recoge la moción, "todo ello hace merecedor a esta
institución del reconocimiento de Tribunal Consuetudinario en la
aplicación del derecho en cuestiones de hecho y demandas que se
presenten ante el mismo".
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