MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a
trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta
contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de
marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuntran el extesorero
'popular' Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo
Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción.
En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 acuerda la
apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los
querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o
relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002
y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".
La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y
Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la
Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis
Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de
organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel
Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones
irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados,
Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación
sobre la trama 'Gürtel'.
Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis
Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón
de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000
euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de
medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso,
donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de
construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan
Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000
euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que
pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau,
que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado
98.500 euros.
A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración
de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de
capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos
contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento,
falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación
ilícita.
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