MADRID.- El Ministerio de Fomento estudia un proyecto para constituir una
sociedad de capital público que asuma la decena de autopistas que
actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según informaron fuentes del sector.
El Departamento que dirige Ana Pastor habría alcanzado ya un
acuerdo con los bancos españoles acreedores de estas autopistas, que
estarían además dispuestos a realizar una inyección de financiación de
1.200 millones de euros. En la actualidad, las vías suman un pasivo de
3.500 millones.
Las constructoras y concesionarias que actualmente tienen la
titularidad de las autopistas reclaman a la Administración negociar este
proyecto con el fin de que les abone los importes que emplearon en
construir las vías, una vez que las traspasaran a la nueva sociedad.
Con este proyecto, que aún está en una "fase inicial", Fomento y
la banca buscan solucionar el problema de insolvencia que arrastran una
decena de autopistas de peaje, de las que seis están en concurso de
acreedores.
El sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones de los terrenos
para construir las vías y el desplome del tráfico por la crisis
constituyen las principales causas de sus equilibrios
económico-financieros.
En concreto, según explicaron dichas fuentes, el
plan pasa por constituir una sociedad, con capital 100% público y
dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres
(Seittsa), entidad del grupo Fomento. Esta firma se quedaría con todas
las acciones de las autopistas con problemas, inicialmente a coste cero,
tan sólo asumiendo su deuda.
En paralelo, los bancos españoles, a los que las autopistas deben
2.300 millones, comprarían la deuda de 1.200 millones que las vías
tienen con entidades extranjeras.
La banca pasaría a tener todo el pasivo (3.500 millones de euros)
frente al Estado, con la mayor garantía que ello supone. Además, habrían
ya aceptado inyectar financiación por 1.200 millones de euros más para
afrontar las expropiaciones.
Toda la financiación tendría un tipo de interés del 3% y un plazo
de amortización único a treinta años. Según dichas fuentes, no
computaría en déficit porque la sociedad pública de autopistas generaría
ingresos (cobro del peaje) y porque la Administración no rescata las
vías, sino que se queda con las acciones de sus sociedades
concesionarias.
El Gobierno estudia este proyecto toda vez que las dos líneas de
ayudas que articuló para estas autopistas (la concesión de préstamos
participativos y las cuentas de compensación) no se han hecho efectivas.
Las autopistas que actualmente presentan problemas son la decena
de vías más 'jóvenes', cuya construcción coincidió con el 'boom' del
precio del suelo y ahora sufren la caída de los tráficos. Media docena
de ellas se han acogido ya al concurso de acreedores. Se trata de las
radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y
la Madrid-Toledo.
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