VALENCIA.-La Comunidad Valenciana, la Región de
Murcia y el Ministerio de Medio Ambiente suscribirán "en breve" un
Memorándum de Entendimiento en el que se reconoce expresamente "la
importancia del trasvase Tajo-Segura como un objetivo estratégico para
el Estado español", según ha anunciado el vicepresidente y conseller de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo, Císcar ha
subrayado que el borrador del Plan Hidrológico del Tajo recoge algunas
de las observaciones realizadas tanto por la Comunidad Valenciana como
por Murcia y las asociaciones de regantes y certifica que "es posible
llegar a consensos" en materia hídrica y dejar atrás la confrontación
"provocada por gobiernos que no entendían que el agua debería estar
siempre fuera del debate político".
"Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, esto es una negociación",
ha sostenido el portavoz del Consejo al ser preguntado sobre si el Plan
Hidrológico del Tajo ha supuesto una 'victoria' del Ejecutivo de
Castilla-La Mancha, liderado por la 'popular' María Dolores de Cospedal,
sobre los de la Comunidad Valenciana y Murcia.
Ha puesto como ejemplo que el PSOE de Castilla-La Mancha considera
que este plan supone perpetuar el trasvase, mientras en la Comunidad el
PSPV dice lo contrario. "Nosotros (por el PP), tenemos un discurso
único: lo que queremos son acuerdos sobre bases sólidas partiendo de que
hay derechos (de la cuenca cedente) que no podemos negar", ha
insistido. Asimismo, ha matizado que la Generalitat "nunca aceptará nada
que los regantes no acepten también".
Además, ha puesto como ejemplo que la reserva mínima de agua para
que efectuar el trasvase se ha incrementado "por las necesidades mayores
de la cuenca cedente", que según ha insistido, "siempre tiene
prioridad", de 240 a 400 hm3, pero lejos de los 600 que proponía el
borrador previo, y la afección media anual será de unos 10 hm3 menos de
agua trasvasada según los informes técnicos. Asimismo, se mantienen los
caudales ecológicos actuales en Aranjuez y Talavera, cuyo incremento "sí
que era letal para el trasvase".
Císcar ha resaltado que el Memorándum de Entendimiento supondrá el
reconocimiento textual de que "el mantenimiento del trasvase
Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible constituye un
objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado,
cuya permanencia debe quedar garantizada".
"Hasta ahora, ningún gobierno
de España había estado dispuesto a asumir una declaración tan clara
respecto a este trasvase", ha recalcado.
El objetivo del documento es "dotar al trasvase de toda una serie
de garantías técnicas y jurídicas que no tiene hoy y que ayudarán a su
efectiva consolidación y mejora". Así, incluirá todos aquellos aspectos
que tienen que ver con el trasvase, pero que no figuran en el borrador
del Plan Hidrológico del Tajo por motivos técnicos, al no tratarse de
materias propias del plan.
A partir de la firma del Memorándum se creará una Comisión de
trabajo en la que estarán representados tanto el Ministerio de Medio
Ambiente como las comunidades autónomas afectadas por el trasvase, con
el fin de analizar, estudiar y proponer soluciones sobre cuestiones que
permitan mejorar su funcionamiento.
Entre otros aspectos, se estudiará la posible derogación de la
disposición adicional primera de la Ley 11/2005, conocida como 'cláusula
Narbona', que dispone que, en la medida en que el programa Agua, puesto
en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aporte más
cantidad de agua con la desalación, gradualmente irán disminuyendo las
aportaciones del trasvase Tajo-Segura.
Asimismo se abordará la liberalización de las cesiones de los
derechos de agua, de modo que los regantes puedan llegar a acuerdos
directamente entre ellos, con la pertinente autorización administrativa,
pero sin necesidad de dictar una ley cada vez y se propondrá la
concreción y control de los depósitos de agua en los cuales se podrá
desembalsar agua de los embalses de cabecera en Entrepeñas y Buendía
para necesidades distintas a las del trasvase.
Otro de los aspectos es la actualización de las reglas de
explotación del trasvase, de modo que se incluya la vigencia y caducidad
anual de las decisiones adoptadas (actualmente esa caducidad se aplica
con carácter trimestral), para que el agua se pueda adecuar a las
necesidades de los regantes valencianos.
Según ha indicado Císcar, este grupo de trabajo deberá presentar
sus conclusiones en un plazo de tres meses y éstas serán de obligatorio
cumplimiento para la Administración. Además, se llevarán a cabo mediante
modificaciones legales o creación de nuevas normas.
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