ALICANTE.- El portavoz del grupo de EU en el Ayuntamiento
de Alicante, Miguel Ángel Pavón, mantiene que la "amistad íntima y
familiar" que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, "ha manifestado
públicamente" tener con empresario Enrique Ortiz, obliga a la primera
edil a abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento
administrativo municipal en el que participe el citado promotor.
El abogado de EU en la pieza separada del caso 'Brugal' que
investiga irregularidades en la tramitación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, José Luis Romero, ha recordado
este viernes que Sonia Castedo, imputada por varios delitos en esta
causa, ha justificado ante el juez los regalos y viajes compartidos con
Ortiz en base a la "amistad íntima y familiar" que mantiene con el
empresario, también imputado en el mismo proceso.
Romero ha repasado la legislación que regula el deber de
abstención de las autoridades, alcaldes y concejales en los
procedimientos administrativos, --en concreto en lo relativo a los casos
en los que concurre una "amistad íntima" o "una enemistad manifiesta"
con la persona afectada--, y ha subrayado que éste es el caso de Sonia
Castedo y Enrique Ortiz.
Miguel Ángel Pavón ha detallado que, pese a la normativa vigente,
la alcaldesa ha intervenido repetidamente en la votación de varias
adjudicaciones al empresario, entre ellas la reciente contrata de
limpieza de colegios y dependencias municipales, y por ello EU pedirá
"formalmente" que la alcaldesa a partir de ahora de abstenga de
intervenir en los asuntos de interés para Ortiz.
Al respecto, Pavón ha avanzado que Castedo debería abstenerse y
"ni aparecer" por la junta de gobierno local que prevé aprobar este lunes
próximo un reconocimiento de créditos por valor de más de cinco millones
de euros para la empresa Inusa, participada por Ortiz.
En caso contrario, ha asegurado que el grupo municipal de EU, --al
igual que puede hacer cualquier interesado que lo desee, según ha
dicho-- impugnará la votación, lo que podría dar pie a la anulación del
acuerdo y a "responsabilidades administrativas" para la alcaldesa, en el
caso de que su participación fuera determinante para el resultado de la
votación.
Por otra parte, José Luis Romero se ha referido al recurso de
apelación presentado por la Fiscalía para que la Audiencia Provincial
ordene reabrir las diligencias por supuestas irregularidades en la
tramitación del Plan Rabasa.
Al respecto, el letrado de EU --formación que presentó
inicialmente la denuncia por este caso-- ha mostrado su confianza en que
"la Audiencia de Alicante ponga las cosas en su sitio", y si "existen
indicios de hechos delictivos, un juzgado competente conozca el asunto".
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