Otra de las recomendaciones del plan --que acaba de salir al proceso
de audiencia ciudadana-- es la incorporación de un nivel de alerta
superior ante emergencias (color negro, por encima de rojo) «para
situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en
el contexto del cambio climático».
Este plan director, que consta de 123 páginas, tiene como principal
objetivo «fortalecer la protección civil de la Comunitat Valenciana para
afrontar los desastres de forma eficaz y reducir sus efectos», incide
el documento.
En cuanto a la estructura organizativa ante catástrofes, se plantea
un esquema piramidal en cuya cúspide aparece la «dirección política»,
que corresponde al presidente de la nueva comisión delegada, que sería
el 'president' de la Generalitat. En los siguientes niveles figuran los
responsables del Cecopi, del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE)
y del Puesto de Mando Avanzado (PMA).
El Cecopi se convocaría a solicitud del director del plan. Las
personas encargadas de la dirección y la toma de decisiones serían el
director del plan, el director técnico en coordinación con los alcaldes
de municipios afectados y director del PMA, que estaría en contacto con
las unidades de intervención, sanidad, seguridad o logística.
«Adicionalmente, es crucial que cada integrante de la estructura
organizativa posea las competencias necesarias para cumplir sus función
específica. Cada miembro debe asumir un solo rol y tener una comprensión
clara de sus responsabilidades, funciones y relaciones dentro de la
organización», subraya el borrador.
Se pretende de este modo «asegurar una autoridad clara, un liderazgo
definido, una respuesta ordenada en todos los niveles de dirección», en
base a una estructura «modular y flexible» capaz de adaptarse a todas
las fases de la emergencia, y promover «una comunicación integrada que
asegura un flujo de información eficaz». Se insta así a revisar la
estructura actual para adecuarla a las ya existentes a nivel estatal y
europeo.
En concreto, el director de la emergencia --la «máxima autoridad» en
la toma de decisiones, precisa-- se encargaría de declarar las fases y
situaciones de emergencia, de proponer la declaración de emergencia de
interés nacional cuando sea procedente y de dirigir y coordinar las
actuaciones y el nivel de movilización de efectivos, por lo que podría
solicitar la activación o desmovilización de medios ordinarios y
extraordinarios. También podría convocar órganos como el Cecopi y
coordinar la información a la población afectada.
Además, en la fase de despliegue de recursos extraordinarios y de
interés nacional se constituiría un comité de dirección, integrado por
una responsable de la emergencia a nivel autonómico y por otro
representante del Estado. Si se declarara la emergencia nacional, el
director del plan pasaría ser el ministro del Interior o la persona en
quien delegue.
Por su parte, el director técnico, como «elemento operativo de nivel
superior», se encargaría de activar y desactivar planes de emergencia,
evaluar avisos para ordenar la emisión de alertas y de proponer al
director del plan la declaración de las fases de emergencia. También
dirigiría las actuaciones del CCE y coordinaría al Cecopi y al PMA,
además de colaborar con otras organismos públicos y privados. Haría así
de «enlace institucional» con el director del plan y con los alcaldes
afectados.
En paralelo se contempla un comité asesor con participación de todos
los cuerpos de seguridad y servicios movilizados, con representación de
la Delegación de Gobierno, y un gabinete que centralizaría la
información sobre la emergencia y se encargaría de «detectar y corregir
falsedades e informaciones erróneas».
Ante la detección de un fenómeno adverso, sería analizado por el CCE,
que lo transmitiría a los organismos implicados si lo considera
necesario. A partir de ahí, el director del CCE evaluaría la necesidad
de activar la emergencia. Si es de tal magnitud que requiere movilizar
recursos extraordinarios, se convocaría la nueva comisión delegada. Una
vez finalizada, el CCE se encargaría de los escenarios de desescalada,
«sin necesidad de mantener activa toda la estructura del Cecopi».
En materia de alertas se recomienda «reducir la dependencia de
decisiones subjetivas y mejorar la percepción del riesgo, uno de los
principales factores que compromete la seguridad de la población». Se
propone establecer un sistema homogéneo de colores (verde, amarillo,
naranja y rojo) aplicable a todos los riesgos, con un nuevo nivel negro
para situaciones de riesgo extremo, además de actualizar continuamente
los estándares al cambio climático.
A la hora de evaluar riesgos, se propone impulsar un sistema integral
y garantizar su accesibilidad tanto a la ciudadanía como a los
responsables de la toma de decisiones.