ALICANTE.- Todo el mundo lo esperaba pero no por eso causó menos impacto. La nacionalización de Caja Mediterráneo, una entidad con 136 años de historia y la mayor empresa de la provincia, ha sido una de las noticias de mayor repercusión de los últimos tiempos en Alicante, sobre todo a medida que se divulgaba el mal estado de sus cuentas, la ruinosa situación de muchas de sus participaciones empresariales y los privilegios que disfrutaban algunos consejeros, como los créditos a bajo interés. A pesar de ello, la entidad ha logrado superar la prueba de fuego y no se han registrado retiradas masivas de depósitos, uno de los grandes temores de sus gestores.
Por el camino la CAM se ha dejado una parte considerable de su prestigio y, una semana después de la intervención, su futuro o el de la Obra Social siguen sin estar nada claros. Habrá que esperar hasta septiembre, cuando los nuevos administradores nombrados por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –el ya famoso FROB– esperan tener lista la caja para su subasta.
Aunque la nacionalización se produjo formalmente el viernes 22 de junio, la sentencia de muerte de la entidad se dictó la semana anterior, cuando el FROB se negó a concederle parte de las ayudas que la CAM necesitaba para su recapitalización en forma de préstamos, y cuando se hicieron públicos los tests de estrés europeos. Los resultados fueron desastrosos. La caja no sólo era la peor parada de todo el sistema financiero español, sino que obtuvo la segunda peor calificación de todo el continente.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, intentó frenar el golpe asegurando que, con las provisiones genéricas –el «colchón anticrisis» que el supervisor obliga a guardar a todas las entidades– ninguna caja ni banco necesitaba capital adicional. La realidad era otra y Fernández Ordóñez ya tenía muy claro lo que iba a suceder.
Aún así esperó a que Bankia y Banca Cívica salieran a Bolsa y a que el Eurogrupo alcanzara un acuerdo sobre el segundo rescate de Grecia. Además, las tensiones en el consejo de administración, donde la figura de su presidente, Modesto Crespo, era cada vez más cuestionada, le proporcionaron otro argumento más.
El jueves 21 lanzó un ultimátum a la caja: o se le presentaba un nuevo plan de recapitalización convincente o intervendría. La incapacidad del consejo de presentar una alternativa, tras cinco horas de reunión, provocó que el viernes exigiera su dimisión. Los consejeros acataron la decisión y solicitaron la inyección de 2.800 millones de euros del FROB. Es decir, la nacionalización de la caja.
La plantilla se enteró por la prensa
Sin embargo, nada trascendió y ese mismo día la inmensa mayoría de los trabajadores de la CAM se fueron a su casa sin saber que el lunes estarían trabajando para una entidad pública. La bomba estalló a las siete menos cuarto de la tarde, cuando el Banco de España hizo pública la noticia y dio comienzo la semana más negra de la historia de la caja alicantina.
El FROB tomó inmediatamente el control de la entidad, relevó al consejo de administración y, para asegurar la liquidez de la caja, le concedió una línea de crédito de 3.000 millones de euros. No hubo ese día –ni tampoco la ha habido hasta hoy– denuncia alguna contra los consejeros o el equipo directivo, pero el supervisor tampoco descartaba emprender acciones más adelante.
Al día siguiente, este diario ya se hacía eco de las jubilaciones millonarias de los altos directivos –el ex director general Roberto López percibió 3,8 millones–, la primera de muchas informaciones polémicas que irían apareciendo a lo largo de la semana.
Ese mismo sábado llegaban a Alicante los nuevos administradores de la CAM –José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz–, que comunicaron a los consejeros su cese y tuvieron la primera reunión con la cúpula directiva, a la que decidieron mantener en sus puestos hasta la subasta de septiembre.
El domingo fue el día del análisis. El periódico desgranaba los pésimos resultados de los pruebas de solvencia, los más de 4.500 millones de pérdidas que podría sufrir la entidad por su excesiva exposición al ladrillo, y el temor del Banco de España a que el goteo de retiradas de depósitos que se estaba registrando desestabilizaran la entidad.
En el sector financiero ya tenían claro que la subasta de la CAM sería por el método de la puja inversa: se quedaría la caja quien menos dinero público pidiera para sanearla. BBVA y Santander volvían a sonar como los principales candidatos en el proceso, como ocurrió en abril, tras la ruptura con Cajastur, aunque entonces la negativa del Banco de España a conceder un Esquema de Protección de Activos impidió el acuerdo.
El sueldo de Crespo
También salieron a la luz las sustanciosas retribuciones que recibía el presidente de la entidad, Modesto Crespo, el primero en ocupar el cargo que no renunciaba a cobrar. Es más, como se supo días más tarde, parte de sus ingresos procedían de su supuesta asistencia a los consejos de administración de participadas que nunca se celebraban.
Mientras, los nuevos administradores de CAM se preparaban para la apertura al público de las oficinas. Lo hicieron suspendiendo de sus funciones, temporalmente, a todos los directores de oficina para evitar que se concedieran créditos o que salieran adelante otro tipo de operaciones no deseadas. El sindicato mayoritario de la entidad, el Sicam, por su parte, enseñaba los dientes y dejaba claro que no aceptarían nuevos recortes de personal.
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Y llegó el momento de la verdad. El lunes las sucursales abrieron sus puertas pero no hubo colas ni retiradas masivas de fondos. Al contrario, tras cuatro meses de especulaciones, después de la ruptura del SIP, para muchos clientes la nacionalización aportó tranquilidad.
Los administradores –dos de los cuales ya tenían experiencia en una operación similar, la intervención de Cajasur– aprovecharon el día para reunirse con los representantes de la plantilla. Les confirmaron que su objetivo era estabilizar la caja, sanearla y tenerla lista para su subasta a finales de septiembre. Para ello, anunciaron que una de sus primeras medidas sería la de revisar todos los créditos en tramitación y modificar los criterios de control del riesgo.
El martes siguieron las reuniones y se trasladó a todos los empleados con responsabilidad (desde los directores de oficina hasta la alta dirección) que debían suspender sus vacaciones.
El miércoles estalló uno de los mayores escándalos, cuando se publicó que muchos consejeros habían recibido créditos blandos –algunos de ellos al 0% de interés–, y provocó que el Banco de España se planteara revisar estos préstamos. Además, se conocía el ruinoso estado de su cartera de participadas, de las que un 60% acabó el año anterior con pérdidas. A ello había que añadir que el futuro de la Obra Social únicamente estaba garantizado hasta final de año.
Al día siguiente, el periódico se hacía eco de una nueva polémica: la caja prestó a la Generalitat 200 millones de euros sólo dos días antes de la nacionalización, a pesar de su delicada situación. Una actuación que se sumaba a una larga historia de injerencias políticas en el funcionamiento de la entidad.
Los empresarios, engañados
El viernes trascendió la sensación de engaño que los empresarios alicantinos sentían y que hicieron patente en el comité ejecutivo de la patronal Coepa, el día anterior. Habían estado dando la cara por la CAM, creyendo ciegamente en las informaciones que se les facilitaban desde la caja y ahora veían que la entidad no estaba tan sana como se les hizo creer. Mientras, se conocía que la cartera inmobiliaria de la caja se había devaluado en 522 millones el año anterior y también las nuevas medidas que adoptaron los administradores para evitar la fuga de depósitos y para controlar más la concesión de créditos.
Fue el punto final a una semana que pocos podrán olvidar en la CAM y que, sin embargo, sólo es el inicio de un proceso que puede acabar con la desaparición de la entidad, diluida en uno de los grandes bancos españoles tras la intervención.
Por el camino la CAM se ha dejado una parte considerable de su prestigio y, una semana después de la intervención, su futuro o el de la Obra Social siguen sin estar nada claros. Habrá que esperar hasta septiembre, cuando los nuevos administradores nombrados por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –el ya famoso FROB– esperan tener lista la caja para su subasta.
Aunque la nacionalización se produjo formalmente el viernes 22 de junio, la sentencia de muerte de la entidad se dictó la semana anterior, cuando el FROB se negó a concederle parte de las ayudas que la CAM necesitaba para su recapitalización en forma de préstamos, y cuando se hicieron públicos los tests de estrés europeos. Los resultados fueron desastrosos. La caja no sólo era la peor parada de todo el sistema financiero español, sino que obtuvo la segunda peor calificación de todo el continente.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, intentó frenar el golpe asegurando que, con las provisiones genéricas –el «colchón anticrisis» que el supervisor obliga a guardar a todas las entidades– ninguna caja ni banco necesitaba capital adicional. La realidad era otra y Fernández Ordóñez ya tenía muy claro lo que iba a suceder.
Aún así esperó a que Bankia y Banca Cívica salieran a Bolsa y a que el Eurogrupo alcanzara un acuerdo sobre el segundo rescate de Grecia. Además, las tensiones en el consejo de administración, donde la figura de su presidente, Modesto Crespo, era cada vez más cuestionada, le proporcionaron otro argumento más.
El jueves 21 lanzó un ultimátum a la caja: o se le presentaba un nuevo plan de recapitalización convincente o intervendría. La incapacidad del consejo de presentar una alternativa, tras cinco horas de reunión, provocó que el viernes exigiera su dimisión. Los consejeros acataron la decisión y solicitaron la inyección de 2.800 millones de euros del FROB. Es decir, la nacionalización de la caja.
La plantilla se enteró por la prensa
Sin embargo, nada trascendió y ese mismo día la inmensa mayoría de los trabajadores de la CAM se fueron a su casa sin saber que el lunes estarían trabajando para una entidad pública. La bomba estalló a las siete menos cuarto de la tarde, cuando el Banco de España hizo pública la noticia y dio comienzo la semana más negra de la historia de la caja alicantina.
El FROB tomó inmediatamente el control de la entidad, relevó al consejo de administración y, para asegurar la liquidez de la caja, le concedió una línea de crédito de 3.000 millones de euros. No hubo ese día –ni tampoco la ha habido hasta hoy– denuncia alguna contra los consejeros o el equipo directivo, pero el supervisor tampoco descartaba emprender acciones más adelante.
Al día siguiente, este diario ya se hacía eco de las jubilaciones millonarias de los altos directivos –el ex director general Roberto López percibió 3,8 millones–, la primera de muchas informaciones polémicas que irían apareciendo a lo largo de la semana.
Ese mismo sábado llegaban a Alicante los nuevos administradores de la CAM –José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz–, que comunicaron a los consejeros su cese y tuvieron la primera reunión con la cúpula directiva, a la que decidieron mantener en sus puestos hasta la subasta de septiembre.
El domingo fue el día del análisis. El periódico desgranaba los pésimos resultados de los pruebas de solvencia, los más de 4.500 millones de pérdidas que podría sufrir la entidad por su excesiva exposición al ladrillo, y el temor del Banco de España a que el goteo de retiradas de depósitos que se estaba registrando desestabilizaran la entidad.
En el sector financiero ya tenían claro que la subasta de la CAM sería por el método de la puja inversa: se quedaría la caja quien menos dinero público pidiera para sanearla. BBVA y Santander volvían a sonar como los principales candidatos en el proceso, como ocurrió en abril, tras la ruptura con Cajastur, aunque entonces la negativa del Banco de España a conceder un Esquema de Protección de Activos impidió el acuerdo.
El sueldo de Crespo
También salieron a la luz las sustanciosas retribuciones que recibía el presidente de la entidad, Modesto Crespo, el primero en ocupar el cargo que no renunciaba a cobrar. Es más, como se supo días más tarde, parte de sus ingresos procedían de su supuesta asistencia a los consejos de administración de participadas que nunca se celebraban.
Mientras, los nuevos administradores de CAM se preparaban para la apertura al público de las oficinas. Lo hicieron suspendiendo de sus funciones, temporalmente, a todos los directores de oficina para evitar que se concedieran créditos o que salieran adelante otro tipo de operaciones no deseadas. El sindicato mayoritario de la entidad, el Sicam, por su parte, enseñaba los dientes y dejaba claro que no aceptarían nuevos recortes de personal.
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Y llegó el momento de la verdad. El lunes las sucursales abrieron sus puertas pero no hubo colas ni retiradas masivas de fondos. Al contrario, tras cuatro meses de especulaciones, después de la ruptura del SIP, para muchos clientes la nacionalización aportó tranquilidad.
Los administradores –dos de los cuales ya tenían experiencia en una operación similar, la intervención de Cajasur– aprovecharon el día para reunirse con los representantes de la plantilla. Les confirmaron que su objetivo era estabilizar la caja, sanearla y tenerla lista para su subasta a finales de septiembre. Para ello, anunciaron que una de sus primeras medidas sería la de revisar todos los créditos en tramitación y modificar los criterios de control del riesgo.
El martes siguieron las reuniones y se trasladó a todos los empleados con responsabilidad (desde los directores de oficina hasta la alta dirección) que debían suspender sus vacaciones.
El miércoles estalló uno de los mayores escándalos, cuando se publicó que muchos consejeros habían recibido créditos blandos –algunos de ellos al 0% de interés–, y provocó que el Banco de España se planteara revisar estos préstamos. Además, se conocía el ruinoso estado de su cartera de participadas, de las que un 60% acabó el año anterior con pérdidas. A ello había que añadir que el futuro de la Obra Social únicamente estaba garantizado hasta final de año.
Al día siguiente, el periódico se hacía eco de una nueva polémica: la caja prestó a la Generalitat 200 millones de euros sólo dos días antes de la nacionalización, a pesar de su delicada situación. Una actuación que se sumaba a una larga historia de injerencias políticas en el funcionamiento de la entidad.
Los empresarios, engañados
El viernes trascendió la sensación de engaño que los empresarios alicantinos sentían y que hicieron patente en el comité ejecutivo de la patronal Coepa, el día anterior. Habían estado dando la cara por la CAM, creyendo ciegamente en las informaciones que se les facilitaban desde la caja y ahora veían que la entidad no estaba tan sana como se les hizo creer. Mientras, se conocía que la cartera inmobiliaria de la caja se había devaluado en 522 millones el año anterior y también las nuevas medidas que adoptaron los administradores para evitar la fuga de depósitos y para controlar más la concesión de créditos.
Fue el punto final a una semana que pocos podrán olvidar en la CAM y que, sin embargo, sólo es el inicio de un proceso que puede acabar con la desaparición de la entidad, diluida en uno de los grandes bancos españoles tras la intervención.
La semana que ha transcurrido no ha servido, sin embargo, para resolver algunas de las mayores incógnitas de la nacionalización de la CAM
¿Qué porcentaje de la CAM se quedará el FROB?
Aunque los gestores nombrados por el FROB ya administran la entidad, lo cierto es que aún no se ha producido el desembolso de los 2.800 millones de capital que debe inyectar a la caja porque el fondo público aún no tiene una valoración definitiva de la misma. Por este motivo, aún se desconoce que porcentaje de las acciones de banco CAM quedarán en manos del Estado, y cuál será la participación de la caja, que ahora deberá transformarse en fundación.
¿Seguirá la CAM como entidad independiente en el mercado?
Dependerá del futuro comprador, que deberá decidir si integra las oficinas de la CAM en su propia red comercial, o decide mantenerla como una segunda marca. En el caso de que sea uno de los grandes bancos españoles el que se quede la entidad, las posibilidades de supervivencia de la marca son menores ya que históricamente han tendido a unificar todo su negocio bajo un mismo paraguas. Será diferente si la compra otra caja o si es un fondo de inversión el que decide adquirir la entidad alicantina.
¿Seguirá la Obra Social?
De momento las actividades benéfico-sociales de CAM tienen presupuesto asignado hasta final de año. Más allá de esa fecha no hay nada garantizado. En teoría, debe seguir ya que la futura fundación CAM tendrá un porcentaje del negocio y, por tanto, derecho a recibir dividendos. El problema vendrá si esa participación es muy pequeña (puede incluso no existir), o si el banco no logra generar los suficientes beneficios. En ese caso, dependerá de la voluntad del comprador.
¿Pagarán los anteriores responsables por su mala gestión?
A priori, el Banco de España no ha presentado ninguna denuncia ni ha iniciado expedientes sancionadores. Al contrario que en los casos de Cajasur y CCM, que fueron intervenidas, la CAM fue nacionalizada y, por tanto, puede no haber ningún tipo de consecuencias. Sin embargo, si durante el proceso de saneamiento se descubre que ha habido mala praxis sí se pondrían en marcha los castigos pertinentes.
¿Seguirá la CAM como entidad independiente en el mercado?
Dependerá del futuro comprador, que deberá decidir si integra las oficinas de la CAM en su propia red comercial, o decide mantenerla como una segunda marca. En el caso de que sea uno de los grandes bancos españoles el que se quede la entidad, las posibilidades de supervivencia de la marca son menores ya que históricamente han tendido a unificar todo su negocio bajo un mismo paraguas. Será diferente si la compra otra caja o si es un fondo de inversión el que decide adquirir la entidad alicantina.
¿Seguirá la Obra Social?
De momento las actividades benéfico-sociales de CAM tienen presupuesto asignado hasta final de año. Más allá de esa fecha no hay nada garantizado. En teoría, debe seguir ya que la futura fundación CAM tendrá un porcentaje del negocio y, por tanto, derecho a recibir dividendos. El problema vendrá si esa participación es muy pequeña (puede incluso no existir), o si el banco no logra generar los suficientes beneficios. En ese caso, dependerá de la voluntad del comprador.
¿Pagarán los anteriores responsables por su mala gestión?
A priori, el Banco de España no ha presentado ninguna denuncia ni ha iniciado expedientes sancionadores. Al contrario que en los casos de Cajasur y CCM, que fueron intervenidas, la CAM fue nacionalizada y, por tanto, puede no haber ningún tipo de consecuencias. Sin embargo, si durante el proceso de saneamiento se descubre que ha habido mala praxis sí se pondrían en marcha los castigos pertinentes.
