La Fiscalía pide repetir el juicio por el crimen de los Sala tras alegar "falta de imparcialidad"

ALICANTE.- La Fiscalía ha recurrido en apelación ante la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) la sentencia que absolvió a Miguel López del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, al igual que ya hiciera la acusación particular que ejerce el primogénito de la víctima.

El ministerio público justifica la solicitud para recurrir la sentencia de "no culpable" del único acusado en que no ha tenido acceso a la primera acta emitida por el jurado, que ha sido destruida, en la cual las seis mujeres y tres hombres elegidos de manera aleatoria, determinaron inicialmente que López era el autor de los disparos que acabaron con la vida de su suegra.

El teniente fiscal, José Llor, ha acusado por este motivo a la magistrada de la causa, Francisca Bru, de "falta de imparcialidad" y de "evidente oscurantismo", y ha solicitado "la celebración de nuevo juicio con un nuevo magistrado presidente y un nuevo letrado de la Administración de Justicia", según el recurso al que ha tenido acceso Efe.

Dicha primera acta emitida por el jurado fue devuelta por Bru por considerar que carecía de una motivación suficiente, según se informó a las partes, y posteriormente fue destruida sin dar opción a la fiscalía y al abogado del hijo primogénito del matrimonio Sala Martínez a estudiar los detalles de su contenido.

En su escrito, Llor indica que no tuvo "la posibilidad de conocer el acta del jurado que se devolvía, su contenido", y si "estaba suficientemente motivado". En esta línea, el recurso añade que tampoco pudo "solicitar, en orden a la motivación, las inclusiones o exclusiones que creyese adecuadas" ni que "constasen en el acta las peticiones denegadas" o "la posibilidad de efectuar las correspondientes protestas".

Por todos estos motivos, alega "evidente indefensión" y que se repita la vista oral, que duró cuatro semanas. En el recurso de la Fiscalía, Llor señala que "aunque, en ningún momento la magistrada presidente dice el contenido del veredicto, del conjunto de sus indicaciones al jurado se desprende que era condenatorio".

En su opinión, la magistrada que presidió el juicio, Francisca Bru, dirigió a los integrantes del jurado popular hasta el punto de creer que pudo "influir" en ellos para que valoraran pruebas presentadas por la defensa. El fiscal sostiene en su escrito que las instrucciones impartidas por la magistrada al jurado demuestran "palmariamente" una "falta de imparcialidad" y "evidente oscurantismo".

El juicio del caso Sala, celebrado entre octubre y el pasado noviembre, tenía un único acusado, el yerno de la víctima Miguel López, al que las acusaciones señalaban como autor material de los dos disparos que acabaron con la vida de Martínez en el lavadero del concesionario de vehículos Novocar, propiedad de la familia y regentado por López.

Al procesado se le imputaban los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas con hasta 24 años de prisión. El jurado emitió un veredicto condenatorio a las 24 horas que fue devuelto por la magistrada Bru por creer que no estaba suficiente argumentado y a las 72 horas emitió otro (el segundo) absolutorio en el que se dictaminó que fue un "desconocido" el que asesinó a María del Carmen Martínez y donde se exculpó de todos los cargos a López, al que declaró no culpable.

Los exdirectivos de la CAM proponían un doble pacto para librarse de la cárcel

ALICANTE.- Después de siete años de investigación y de tres aplazamientos de la vista oral, la Audiencia Nacional busca ahora fechas libres para juzgar el proceso abierto por los negocios de la CAM en el Caribe. Una causa cuyo enjuiciamiento estaba señalado para ayer con la vista puesta en la posibilidad de que los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera hubieran seguido los pasos de sus compañeros de banquillo, los empresarios Juan Ferri y José Baldó, quienes hace meses aceptaron los hechos que se les imputan a cambio de evitar la cárcel, según relata el diario Información.

Los cuatro son los únicos acusados que quedan en este procedimiento después de que, tras admitir los hoteleros que recibieron créditos irregulares de la entidad, que defraudaron a Hacienda y pagar cerca de 28 millones al Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Tributaria, se retiraran las acusaciones para nueve de los once encausados, entre ellos uno de sus empleados, otros exdirectivos de la caja y cuatro exmiembros de la comisión de control.

De haberse sumado la conformidad de López Abad y Gil Mallebrera a la de sus otrora socios en Valfensal (la sociedad que Ferri y Baldó crearon con la CAM para la aventura empresarial de la caja al otro lado del Atlántico), el proceso hubiera quedado ayer visto para sentencia. Pero no fue así.

El acuerdo no ha sido posible y no porque los ex altos ejecutivos no hayan barajado esa posibilidad para evitar el riesgo de acabar en prisión por los cuatro años que se les reclaman a cada uno por un delito de administración desleal.

La propuesta planteada por sus representantes legales pivotaba sobre dos vértices: admitían la culpa a cambio de una rebaja considerable en la cantidad con la que tendrían que hacer frente a la responsabilidad civil y, además, su exclusión de otra de la causas abiertas por la gestión de la CAM en la que ambos figuran como investigados, la que indaga si la caja financió pelotazos de una decena de mercantiles en la compra de terrenos. Un proceso, denominado TIP Suelo, aún en fase de instrucción.

La exculpación fue rechazada de plano por el Fondo, acusación particular en este proceso, en línea, en lo relativo a lo económico, con la postura de Caser. La aseguradora con la que la caja tenía contratada una póliza de responsabilidad civil de sus altos cargos tampoco está por la labor de hacer frente al abono de alrededor de siete millones (de los más de 13 que reclama el Fondo) a cambio de no arriesgarse a una condena que le obligue a desembolsar los 15 millones de la póliza.

De haberse aceptado la propuesta de los exdirectivos, López Abad habría saldado sus cuentas con la Justicia con menos de un año de prisión en esta pieza del Caribe a expensas de lo que diga el Supremo en la de las dietas del expresidente Modesto Crespo, única causa en la que ha sido condenado (a dos años y medio de cárcel) tras dos absoluciones refrendadas ya por el Alt0 Tribunal.

Para Daniel Gil, habría sido su primera condena pero, excluido de TIP Suelo, únicamente le habría quedado pendiente el proceso que indaga las relaciones de la caja con Hansa, donde se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por otro delito de administración desleal. Comparte banquillo ahí con la exdirectora general María Dolores Amorós, con el fundador de la promotora, Rafael Galea, y con el exdirector del holding inmobiliario de la caja.

La falta de esa conformidad unánime en la pieza del Caribe, donde el Banco de España y las acusaciones sostienen que las operaciones provocaron una agujero a la caja de 28 millones, obliga a la Audiencia Nacional a buscar hueco en su agenda para un juicio que está previsto que se prolongue un par de semanas.

Suspendido hasta marzo el juicio por los negocios de la CAM en el Caribe

MADRID.- La Audiencia Nacional ha suspendido hasta el próximo marzo el juicio al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al exdirectivo Daniel Gil por los negocios de la entidad con Valfensal en el Caribe, que habrían causado un perjuicio de 28 millones de euros.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, la sección primera de la Sala de lo Penal, que ha alegado cuestiones de agenda, ha adoptado esta decisión apenas minutos antes de que diera comienzo la sesión de este martes, al constatar los magistrados que la falta de acuerdo entre las partes hacía necesaria la celebración de la vista.
Es la segunda ocasión en la que el tribunal pospone el comienzo del juicio, que ya fue aplazado el pasado julio cuando la Fiscalía Anticorrupción modificó sus conclusiones provisiones tras la ratificación del pacto alcanzado con los administradores de Valfensal, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
En virtud del acuerdo, al que se adhirió el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), ambos empresarios aceptaron seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.
Con el objetivo de reparar el daño causado, los dos abonaron además 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.
El cambio de la Fiscalía y la consiguiente adhesión del fondo, que conseguía así su primera indemnización por vía penal, supuso el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de la participada TIP Vicente Sánchez, al ex director de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM.
Tampoco se sentará en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 de años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales y al que la fiscal Belén Dorremochea retiró su acusación.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una provisión de 28 millones de euros".
El fondo denuncia que los órganos de control tanto de la caja como de TIP "infringieron sus deberes" al avalar tales operaciones, gracias a las cuales los empresarios "se beneficiaron" de importes millonarios transferidos desde Valfensal "a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos fiscales".
Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil, para los que Fiscalía pide cuatro años de prisión en su escrito inicial, se llegaron a refinanciar tales inversiones.
La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, a su sucesora María Dolores Amorós, y a otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.
Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares.
El pasado julio, el Tribunal Supremo absolvió al que fuera director general de la caja tras apreciar una "duda razonable" sobre el efecto real que tuvieron ciertas decisiones en la imagen de las cuentas de 2010, suerte que no corrió Amorós, a la que, no obstante, se rebajó su pena de tres años a un año y seis meses de cárcel.

Procesan a la exdirectora general de la CAM por irregularidades en la participada TIP

MADRID.- La Audiencia Nacional ha decidido procesar a la ex directora general de la CAM Dolores Amorós y a otras tres personas por un presunto delito de administración desleal, por presuntas irregularidades relacionadas con la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Un auto del juzgado central de instrucción nº 3 señala a Amorós y al que fuera director general de Empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Daniel Gil Mallebrera, así como al exdirector general de TIP Vicente Sánchez Asensio, como autores, así como al empresario Rafael Galea, como cooperador necesario.

Según relata el auto, a instancias de Daniel Gil (en la imagen) se creó en 2002 la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) para que la CAM pudiera participar en operaciones de desarrollo de suelo; participada al 100 % por la caja, operaba con diferentes empresas, una de ellas Hansa Urbana, propiedad de Rafael Galea.

Todo ello se habría hecho con la intención de aflorar plusvalías en Hansa Urbana y TIP para mejorar el resultado de estas sociedades; en concreto, se detalla una operación en Cabo Cortés (México), con unos terrenos valorados por Tinsa en 443 millones de euros.

Pese a que la CAM contaba también con otra valoración efectuada por Richard Ellis que tasaba los terrenos en 196 millones de euros, se tuvo en cuenta la tasación de Tinsa, aunque no se habían obtenido las licencias preceptivas y por lo tanto no se podía iniciar el proyecto inmobiliario.

Debido a esta valoración, prosigue el auto, la CAM pudo aflorar en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones de euros, que los auditores externos, una vez analizadas las cuentas, rechazaron.

Asimismo, a mediados de 2011 Hansa se encontró con una "crítica posición de liquidez", lo que llevó a la CAM, que tenía "mucha participación en ella", a reestructurar su deuda.

Para ello, se decidió efectuar un canje de la deuda que Hansa tenía en México, tomando como valor de los terrenos la tasación de 443 millones de euros, "sin que se hubiera producido ningún cambio en la concesión de licencias".

Ello ocasionó a la CAM, según el perito del Banco de España que examinó la operación, un perjuicio de 37,7 millones de euros, que posteriormente fue saneado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que en total inyectó en la entidad 5.249 millones de euros.

Por todo lo anterior, la juez María Tardón ha propuesto juzgar por un posible delito de administración desleal a esos tres ex ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la operación de reestructuración de deuda de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana que acometió la entidad basándose en una falsa valoración de los terrenos que esta mercantil poseía y generando un agujero de más de 35,7 millones de euros.
En concreto acuerda el paso a procedimiento abreviado por ver indicios delictivos suficientes para juzgar a  Amorós; Gil Mallebrera; Sánchez Asensio; y Galea Expósito, de Hansa.
Los hechos se remontan a 2002, cuando a propuesta de Gil Mallebrera, la CAM creó TIP para participar en proyectos de desarrollo de suelo con sus clientes creando sociedades conjuntas y facilitando después que la CAM financiara las operaciones. Una de esas empresas 'cliente' era Hansa Urbana, dedicada a la promoción inmobiliaria y en menor medida, a intereses en hoteles.
Cuando a finales de 2010 la CAM afrontaba la amenaza de intervención del Banco de España, acordó con Hansa Urbana una doble operación que buscaba arrojar plusvalías de 40 millones de euros a su cuenta de resultados.
Primero, TIP vendería a Hansa Urbana las participaciones que tenía en dos de sus filiales a cambio de más peso en la matriz. Después, vendería al socio mayoritario de Hansa, Rafael Galea, esos nuevos títulos por recompra.
En esa primera operación se valoraron las participaciones atendiendo a unos terrenos que constituían el principal activo de Hansa, tasados en 443 millones de euros en un informe de 2010 en el que se advertía de que había que estimar el valor comercial de aquel suelo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se dieran licencias urbanísticas que hicieran posible el proyecto. Sin considerar esta situación, la CAM dio por buena la tasación. Los permisos nunca llegaron.
El auto explica que Vicente Sánchez Asensio expuso a la CAM el proyecto en diciembre de 2010 "omitiendo de forma deliberada y consciente que la tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias que aún no habían sido conseguidas".
Dolores Amorós, que defendió la iniciativa ante la comisión económica de la CAM y en presencia de Daniel Gil Mallebrera, tampoco comunicaron a la Caja esta información.
En junio de 2011, Hansa Urbana entró en una situación "crítica" por problemas de liquidez y como la CAM tenía una alta participación en la mercantil, Amorós defendió ante el Consejo de Administración de la caja una reestructuración de su deuda que implicó, entre otras medidas, comprar los mismos terrenos objeto de la primera operación tomando como referencia la tasación de 443 millones de euros, sin que se hubieran dado las licencias necesarias para que tuviese ese valor.
De este modo, "a pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, la CAM, a través de Amorós, Gil Mallebrera, Sánchez Asensio y en connivencia con Galea Expósito, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor muy superior al real", de modo que por el 24,9% de los mismos la caja perdonó 35,7 millones de euros de deuda a Hansa Urbana.
El "valor auténtico" de aquellos terrenos, según explica el auto, era de cero euros.
La juez entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal en el caso de los tres ex ejecutivos de la CAM y de cooperación necesaria para la comisión de ese hecho en lo relativo a Rafael Galea.
Mientras, archiva las actuaciones para otras personas que fueron investigadas en la fase de instrucción: Roberto López Abad, Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau.

El "gurú" De Guindos cuando vendía las cuotas participativas fallidas de la CAM

MADRID.- Un caluroso día del mes de mayo de 2008 en Alicante, la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) reunía a todos sus directivos y directores de oficina para arengarles ante la crisis que acechaba y presentar el producto financiero estrella que les iba a permitir superar el temporal y "hablar de tú a tú" a la gran banca comercial. Las cuotas participativas, según recuerda el.diario.es. 

EE UU ya había entrado en recesión y varios de sus bancos habían caído a causa de las hipotecas basura. La tormenta ya hacía temblar los cimientos bancarios de Suiza y Gran Bretaña. Pero en España, la música seguía sonando al son de la batuta de prestigiosos gurús económicos, el Banco de España y el Gobierno del PSOE.

El producto estrella lo presentaban a los directivos de la CAM el economista de Analistas Financieros Internacionales Emilio Ontiveros y el otrora presidente ejecutivo para España y Portugal del también fallido y piedra angular de la crisis Lehman Brothers, Luis de Guindos, entidad que ayudaría en la comercialización de las cuotas participativas por primera vez en la historia de España y gracias a la autorización del Gobierno. Más de 50.000 clientes adquirieron este producto.

¿Qué podía fallar? De Guindos había sido secretario de Estado con Rodrigo Rato y uno de los padres del "milagro español", (amén de posteriormente gran protector político del banquero murciano Egea Krauel). Pero las cuotas participativas -una especie de acciones de las cajas de ahorros pero sin "derechos políticos"- acabaron siendo uno de los mayores pufos de la historia de las finanzas en España que, con el hundimiento de la CAM por su insolvencia, arruinó a miles de pequeños inversores a los que se les vendió el producto como un plazo fijo. 

Este acto triunfalista y su impacto en la historia de la CAM -absorbida por un euro por Banco Sabadell años después tras fracasar en una fusión- se incluye en una de las cuatro partes en que se divide el último libro del periodista Ernesto Ekaizer El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos (Espasa, 2018). 

Eldiario.es ha accedido al vídeo del acto que acompaña a la noticia y cuya conversación se reproduce a continuación por su interés periodístico para entender la magnitud tragicómica de la crisis y a algunos de sus personajes.

La presentación de las cuotas participativas se realizó en la sala principal de la Institución Ferial de Alicante y se planteó como un show al estilo americano. Antes de la charla de Guindos y Ontiveros moderada por una conocida presentadora de televisión, los más altos directivos de la CAM habían animado a la tropa preocupada por la llegada de una crisis financiera que el Gobierno de Zapatero y el Banco de España todavía se empeñan en negar.

El acto sobre las cuotas participativas se planteó como un diálogo entre las dos estrellas invitadas con preguntas teledirigidas de la periodista para sacar el máximo provecho a los expertos. Guindos explica que las cuotas son como acciones, pero sin "derechos políticos". Según el actual vicepresidente del BCE, "son el recurso de mayor valor para los mercados financieros" y que "más crecerá en la actual situación" de inestabilidad.

Tras la presentación inicial llegó la soflama: "Las cuotas participativas será algo que, con el tiempo, tres o cuatro años, será estudiado en las mejores escuelas de negocio del mundo", asegura De Guindos, que antes había sido precedido por Ontiveros llamando a la tranquilidad. "Este producto no te convierte en un rentista de riesgo, sino en participante de los éxitos de la CAM. El paso que faltaba a las cajas para hablarles de tú a tú a los grandes financieros", argumenta el economista.

Y sigue la arenga el exministro: "Estamos haciendo historia económica. Por primera vez se da a terceros la oportunidad de participar en la historia de éxito de la CAM". El resto de la historia de la caja de ahorros alicantina y del "éxito" de las cuotas participativas que miles de clientes llevaron a los tribunales tras perder todo lo invertido ya es conocido y ha sido contado. 

En abril de este año, la Audiencia Nacional archivó la causa penal contra los directivos de la caja alicantina por la comercialización de las cuotas participativas y son ahora los juzgados de lo civil de los partidos judiciales donde había oficinas de la CAM los que atienden las demandas de los afectados. El primer juicio por esta vía se celebró el pasado mes de septiembre. Todos esperan a recibir justicia.

La jueza Lamela sienta en el banquillo a directivos de la CAM por los negocios de la Caja en el Caribe

MADRID.- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública,correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades al grupo asegurador Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas al grupo hotelero Valfensal. Si no prestan estas cuantías en el plazo señalado, se autoriza al embargo de los bienes suficientes hasta alcanzar las cifras señaladas.

Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de la exvocal de la Caja Dolores Mataix y el exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos, personado en la causa por los perjuicios de 28 millones de euros ocasiones con estas operaciones.

Por su parte, la Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo se aparta de la causa sin renuncia al resarcimiento del perjuicio que pudiera acordarse.

Hoteles en México y República Dominicana

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana.

Entre dichas operaciones se encuentra el envío de documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la tasación sobre los terrenos o los estudios previos de mercado y jurídicos.

Estos estudios, según expuso la juez en su auto de mayo, «fueron muy deficientes y no respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal». Además se trató de propuestas aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Consentimiento de los exdirectivos de la CAM

Según el relato de hechos, Roberto López (ya condenado en la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, «consintieron» que Ferri y Baldó «dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas».

Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por Roberto López Abad y Daniel Gil (en la imagen) en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad».

El Ministerio Fiscal solo ejerce acusación contra Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, a quienes pide cuatro años de prisión para cada uno; contra Juan Ferri y José Salvador Baldó, que se enfrentan a 22 años de cárcel y contra el exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, para el que pide 12 años de cárcel.

Además de estas cinco personas, la juez sienta en el banquillo de los acusados a Vicente Sánchez Asensio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet.

Los 'piratas del Caribe' que hundieron la CAM en un pozo de 28 millones

VALENCIA.- La Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa, vuelve a recorda www.eldiario.es 

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. 

Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.
Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. 

Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. 

Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. 

También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.
Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.
Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. 

Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. 

Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.
También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. 

Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.

El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. 

Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.
En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz. 

En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que "nunca" había oído de "paraísos fiscales" en la caja. 

También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.
Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.

El expresidente de la CAM se declara culpable por el cobro de 600.000 euros en dietas indebidas

ALICANTE.- El expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM. 

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.

El acuerdo implica una reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos.

Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra Crespo; el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. 

A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. El tribunal, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo. El 4, 5, 6, 11 y 12 de junio, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.

La Audiencia Nacional reabre el caso sobre los 467 millones que CAM perdió en el 'ladrillo'

MADRID.- Un nuevo caso judicial se cierne sobre la cabeza de los antiguos responsables de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM). La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por la participación de la entidad en once sociedades inmobiliarias, entre ellas varias en Alicante y Valencia, lo que le habría generado pérdidas de 467 millones de euros, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.

La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la Comisión de Control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Argumentos que ahora rechaza la Sala que preside la juez Ángela Murillo, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.

En este sentido, afirma que es «precipitado» acordar el archivo a falta de nuevas pruebas que podrían mostrar, entre otros descubrimientos, los réditos obtenidos al «trasladar el riesgo de las operaciones especulativas a CAM». 

Según el relato, existen alternativas que permitirían aumentar la duración de las pesquisas, como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Los magistrados perciben una «mecánica hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP (...) que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros». 

Todo ello habría repercutido en la caja «perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros» y con el «oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

El tribunal estima, por tanto, que no existe prescripción mientras el delito más grave no haya expirado, pues las operaciones, aunque fueron ejecutadas en diversos años, «exteriorizan una secuencia» en virtud de un plan que afecta siempre a la misma víctima -la entidad-, generando un «enorme perjuicio» a CAM y unos «réditos rápidos a sus gestores».

Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del FGD, al que el último informe aportado por el Banco de España señala como único perjudicado por el quebranto.

Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.

Cifras que, critica el escrito del organismo, «reflejan la calidad de la gestión realizada con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos».

Detalla además la operativa, por la que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De este modo, cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios «eran sólo una mera expectativa».

La Audiencia Nacional obliga investigar la compra de suelo que financió la CAM

ALICANTE.- Las operaciones de compra de suelo financiadas por la CAM para negocios en los que se embarcó con varias mercantiles –entre las que se encuentran Santomera Golf Resort S. L. y La Ermita Resort S. L. (San Javier)– van a seguir investigándose en la Audiencia Nacional después de que un tribunal de la sección Cuarta haya ordenado reabrir la causa que la juez Carmen Lamela cerró el mes pasado por prescripción, según recoge el diario Información.

Entre los investigados en este procedimiento se encuentran el exdirector general de la Caja Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones en las que la Caja se embarcó a través de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

A ellos se suman los responsables de las empresas: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia.

Frente a la postura de la juez y de la fiscal, partidarias ambas de la prescripción al considerar los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, que caduca a los cinco años, en vez de uno de apropiación indebida, cuyo plazo es de diez, el tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco, estima el recurso interpuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al que se adhirió la Fundación CAM y ordena seguir la investigación ampliando además el abanico de posibles cargos.

«Distracción de réditos»

En la resolución, contra la que no cabe recurso, Velasco considera «precipitado» el archivo acordado por Lamela «a la luz de hipotéticos descubrimientos fácticos en las diligencias que quedan aún por practicar», lo que podría aportar «pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones, o de ambos, a la CAM, gran perjudicada de los mismos».

El magistrado apunta que, además de la administración desleal y la apropiación indebida, «cabe calificaciones penales alternativas que conducen a plazos prescriptivos superiores a los manejados por la instructora», entre los que cita la asociación ilícita o la estafa cualificada.

El proceso, denominado TIP-suelo, se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la entidad. Su objeto es analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías».

Para ello, el socio de la Caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. «Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad», según el relato de la fiscal que, no obstante, pidió el archivo.

En contra de su interpretación, que hablaba de operaciones aisladas, considera Velasco que no puede descartarse una «continuidad delictiva» y entiende que «la acción debe analizarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Para apoyar esta idea el magistrado agrega que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP, que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».

«Investigados no accesorios»

Estas prácticas, concreta Velasco, «se exteriorizan en la creación de empresas ad hoc que trasladaron el riesgo a la CAM, perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros, con una también pérdida de cartera que supera los 60 millones, con el oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

Y va más allá en esa conexión al concretar que todas las operaciones inmobiliarias que se investigan «exteriorizan una secuencia, una serie de acciones homogéneas que aprovechan un plan preconcebido o un patente defecto de control (...) que, aunque fueron ejecutadas en distintos momentos temporales, obedecen a una misma resolución delictiva (...) que siempre abocan en la misma víctima y que ejecutan unos mismos sujetos activos con una clara homogeneidad del modus operandi».

Esta forma de actuar, concreta el ponente, explica «la irracionalidad económica dentro de la racional que supone la idea criminal de trasvasar los riesgos de la CAM y apropiarse de los réditos rápidos de las plusvalías de los solares, previa creación de sociedades a tales fines, generando en una asimetría de riesgos un enorme perjuicio a la CAM y sus propietarios y unos réditos a sus gestores, que responden a un plan criminal grupal».

El patronato de Fundación Caja Mediterráneo aprueba su plan estratégico para los próximos tres años

ALICANTE.- El patronato de Fundación Caja Mediterráneo, presidido por Luis Boyer, ha aprobado por unanimidad el plan estratégico de la institución para los próximos tres años. El objetivo de este plan estratégico es alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 a través de la reestructuración de la entidad desde una perspectiva de racionalidad financiera y económica. 

Asimismo, en esta misma reunión del Patronato se ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2018, que contempla un presupuesto para la realización de actividades de más de un millón de euros.
Luis Boyer afirma que "la Fundación Caja Mediterráneo emprende una nueva etapa con la finalidad de consolidarse como una institución al servicio de la sociedad de Alicante, Murcia y Valencia. De este modo, comenzamos una nueva etapa de consolidación de nuestra misión, de la estructura de la entidad y de las líneas de actividades estratégicas, todo ello con un horizonte temporal de tres años, hasta 2020".
Boyer añade "nuestro objetivo de contribuir al desarrollo económico, cultural y social de Alicante, Murcia y Valencia. Este Plan Estratégico pone las bases para garantizar la viabilidad de la Fundación a medio y largo plazo, lo que nos permitirá que esta institución siga ocupando un espacio relevante en las actividades culturales, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa en su ámbito de actuación."
El punto de partida de este documento se encuentra en la nueva definición de la Misión de la entidad: "Fundación Caja Mediterráneo es sucesora de la Obra Social de Caja Mediterráneo y custodia de su patrimonio y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social de las provincias de Alicante y Murcia. Esto se hará gestionando ese patrimonio y sus recursos de forma responsable con el fin de desarrollar iniciativas propias y colaborando activamente en aquellos proyectos que compartan el objetivo de impulsar una sociedad más sostenible."
El Plan Estratégico 2018-2020 de la Fundación Caja Mediterráneo es el resultado de un proceso de reflexión en común y conjunto realizado por el Patronato y por el equipo técnico de la Fundación y está dirigido a garantizar la viabilidad de la entidad y a rentabilizar socialmente su patrimonio.

El documento establece seis objetivos estratégicos prioritarios sobre los que la Fundación debe cimentar su futuro. Entre estos objetivos se encuentran la redefinición de las actividades desarrolladas por la Fundación, la reestructuración del patrimonio inmobiliario y de los recursos humanos, la modificación de la imagen corporativa y la página web, el ajuste de balance y cuenta de resultados y la rentabilización del patrimonio artístico y documental de la Fundación.
Estos seis objetivos estratégicos responden a tres necesidades básicas, la primera de ellas garantizar la viabilidad económica de la fundación mediante la reestructuración del patrimonio inmobiliario, la gestión activa de los recursos financieros y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

Por otro lado, cobra especial relevancia el diseño de un nuevo organigrama para adaptarlo a las necesidades de la Fundación en esta nueva etapa, tanto por tamaño y área de influencia como por las actividades a desarrollar. Por último, es prioritario adaptar la programación de actividades a la nueva misión, al área geográfica de actuación e influencia y a la disponibilidad de recursos.
En los primeros seis meses de aplicación del Plan Estratégico se abordarán las medidas más urgentes, como la reestructuración de los recursos humanos de la Fundación para poder adaptar cuanto antes la plantilla al nuevo organigrama. Con el nuevo organigrama, se posibilitaría la creación de equipos específicos para la gestión integral del patrimonio inmobiliario y para la comercialización de espacios y organización de eventos.
Uno de los ejes sobre los que gira el plan es equilibrar el balance de la Fundación. Para ello, es clave reducir los gastos, tanto de personal, como los de servicios profesionales y los gastos excepcionales jurídicos, así como los relacionados con el mantenimiento de los edificios.
Paralelamente, es imprescindible aumentar la captación de fondos externos. Para ello, la Fundación ya ha comenzado ha trabajar con equipos especializados en captación de subvenciones y búsqueda de ayudas públicas. Además, se está priorizando la organización y gestión de eventos que conllevan alquileres de los centros de la Fundación, así como afianzar el incremento de los ingresos por actividad propia para conseguir que siga creciendo el porcentaje de actividades y centros autofinanciados.
La gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación es otro eje fundamental de este plan de actuación. Esta nueva etapa da gestión de los activos inmuebles arranca con la identificación de los centros estratégicos de la Fundación a los que se replegará la actividad, fundamentalmente Alicante y Murcia, abre una vía para reestructurar y rentabilizar el patrimonio inmobiliario sin uso, mediante la venta o el alquiler. 

La ubicación estratégica de la mayoría de los centros culturales de la entidad dota de un importante valor añadido a los inmuebles de la Fundación, y será clave tanto en la venta y alquiler como en la comercialización de los espacios para eventos
La Fundación Caja Mediterráneo cuenta entre su patrimonio con 44 inmuebles, entre los que destacan los centros culturales de Alicante, Murcia, Elche, Benidorm, Cartagena, Orihuela, Lorca o Torrent, los centros de medio ambiente de Crevillente, Alcoy, Buñol y Sangonera la Verde; las casas museo Modernista de Novelda y Azorín; el colegio de educación infantil y primaria Sagrada Familia de Elche y, entre otros, el Centre d'Art d'Alcoi (CADA). 

El resto de los inmuebles están vacíos o cedidos a otras entidades, tanto públicas como privadas. A este respecto el Plan contempla revisar la situación tanto de dichos inmuebles cedidos como de aquellos de titularidad compartida. Para ello, se creará una unidad de gestión integral del patrimonio inmobiliario.
El Patrimonio artístico de la Fundación es uno de los agrandes activos de los que dispone la entidad, y por ello se desarrollarán nuevas estrategias para la divulgación del patrimonio artístico, tanto de la Colección de Arte Contemporáneo, que puede visitarse en el MACA de Alicante, como del resto del Fondo Artístico de pintura y escultura. Se propone, además, trasladar y centralizar todo el fondo artístico y documental en las instalaciones propias de la Fundación, y replegar las obras artísticas de aquellos centros de los que se desprenda la Fundación.
El Plan también identifica que uno de los valores más destacados de los fondos de la Fundación es el patrimonio documental que custodia tanto en sus bibliotecas como en el centro de Legados. El documento da el impulso definitivo para la creación del Centro de Documentación e Investigación sobre Legados de la Fundación, resultando prioritario trabajar en la localización, catalogación, archivo, digitalización y divulgación de los fondos bibliográficos y los legados.
La Fundación redefinirá su ámbito de actuación, circunscribiéndose a la provincia de Alicante, la Región de Murcia y a la Llotgeta en la ciudad de Valencia. Junto a ello, también se impulsarán nuevas áreas de interés para la organización de actividades, centrándose en las últimas y más recientes formas de actividad social, económica y productiva vinculadas a la responsabilidad social, la sostenibilidad, la solidaridad y la innovación social.
Asimismo, entre los objetivos más importantes que se ha marcado la Fundación para esta nueva etapa destaca incrementar el número de actividades que puedan ser autofinanciables e incrementar la captación de recursos externos.
El Plan también propone replantear el papel que debe adoptar la Fundación en cuanto a las actividades en colaboración, para potenciar aquellas iniciativas que tengan mayor retorno social y mediático.
Diseñará un nuevo organigrama y adaptar la plantilla al nuevo organigrama y a la nueva estimación de gastos de personal elaborando una nueva relación y valoración de los puestos de trabajo.
Por último, el plan también propone modificar la imagen corporativa, así como aumentar la presencia de la Fundación en Redes Sociales e Internet, partiendo de un profundo rediseño de la página web.

Más de 40 cuentas en Andorra para ocultar el "botín" de la CAM

MADRID.- Las comisiones rogatorias solicitadas a Andorra por la Audiencia Nacional, revelan que los empresarios Ferri y Baldó dispusieron de 41 cuentas en dos bancos del Principado, donde ingresaron parte de los 380 millones concedidos en su mayoría de forma irregular por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y que contribuyeron al agujero que provocó el rescate de la entidad por la sociedad española. Los empresarios tejieron una ingeniería financiera opaca en los paraísos fiscales de Panamá y Antillas Holandesas, donde destinaban el dinero de la CAM que pasaba previamente por Andorra, anunció hoy la Cadena Ser.

El juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario sobre las operaciones en el Caribe de la sociedad Valfensal, participada por la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, y dirigida por los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, principales encausados.

Las comisiones rogatorias expedidas por Andorra revelan que Ferri y Baldó llegaron a disponer de 41 cuentas en AndBank y la Banca Privada d’Andorra, donde ingresaron la mayor parte de los 380 millones de euros en créditos concedidos por la CAM para sus inversiones hoteleras en Punta Cana o Playa del Carmen, entre otras ubicaciones del Caribe mexicano.

Desde allí, según la policía andorrana, operaban con “un entramado de sociedades mercantiles, instrumentales o sin actividad comercial en Panamá y las Antillas Holandesas”, diseñado para “ocultar los fondos y activos, así como para dificultar la localización o identificación” de las operaciones.

Los movimientos de las cuentas revelan grandes disposiciones de efectivo, de hasta 2 millones de euros en varias ocasiones, y transferencias multimillonarias a paraísos fiscales como Curaçao, entre los años 2008 y 2013, coincidiendo con la concesión de los créditos bajo sospecha.

Los exdirectivos de la CAM, exculpados

La Fiscalía Anticorrupción detalla que la mayor parte de los créditos de la CAM a Ferri y Baldó fueron concedidos de forma “irregular”, sin “información suficiente” sobre la viabilidad de los proyectos, sin un informe de tasación de los terrenos a adquirir, ni un estudio de mercado. Además, los empresarios obtuvieron “ventajosas” condiciones de refinanciación.

Sin embargo, la fiscal Belén Dorremochea solo acusa a Ferri y Baldó de haber defraudado al fisco un total de 11.620.138,3 euros. Ha solicitado, y conseguido, el archivo por administración desleal, con lo que exculpa a los exdirectivos de la CAM que concedieron los préstamos al entender que no hay un perjuicio para la entidad porque los empresarios se han comprometido a devolverlo.

El Fondo de Garantía de Depósitos ha recurrido la decisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia, porque incluso el Banco de España ha ratificado que la pérdida para el erario público fue como mínimo de 28 millones de euros.

El mayor rescate de las cajas españolas

Las ruinosas operaciones inmobiliarias de la CAM, entre las que se encuentran las de Ferri y Baldó, contribuyeron a la quiebra de la entidad crediticia, que tuvo que ser rescatada con dinero público. A día de hoy, según el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, el rescate de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido el mayor de todas las cajas españolas. En la entidad alicantina se han inyectado 26.302 millones de euros, cuando el rescate de BFA-Bankia ha ascendido a 22.426 millones. 

El Sabadell adquirió la CAM por el precio simbólico de 1 euro.

El expresidente de la CAM declara ante la comisión del Congreso que investiga la quiebra de las cajas

MADRID.- El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo explicaba este miércoles en el Congreso que los miembros del consejo de la entidad no adquirieron cuotas participativas porque no era «ético».

 Durante su intervención ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Crespo explicó que el Banco de España estableció la creación de estos productos, similares a las acciones, para que las cajas pudieran obtener recursos. El que fue presidente de la CAM en los años 2010 y 2011 pidió perdón y dijo que hizo lo que pudo.
Durante la sesión de este miércoles de la comisión, en la que no hubo discurso inicial, Crespo afirmó desconocer el porqué de la decisión de que la entidad fuera «el conejillo de indias» en la comercialización de estos productos. 

De acuerdo con Crespo, ni él ni el resto de los miembros del consejo de administración de la CAM compraron estos productos porque así se determinó con el objetivo de que no pudieran hacer negocio al contar con «información anticipada. No nos parecía ético que entráramos al juego de comprar y vender. Me parece una cosa razonable y así se hizo», indicó en relación con estos instrumentos financieros emitidos por las cajas que ofrecían a los inversores participar en los beneficios de la entidad.
En todo momento Crespo defendió que hizo lo que pudo en la entidad y, como ejemplo, aludió a su participación en la decisión de desinvertir en Terra Mítica, una de las que se siente más orgulloso, según dijo. 

Expresó ante los grupos políticos sus disculpas y señaló que durante su presidencia puso «ganas» y «dedicación. Ni un solo día de ser presidente dejé de estar en la CAM. Hice lo que pude», defendió.
El expresidente de la CAM también explicó que con el equipo de gestión anterior algunas de las reuniones del consejo tenían lugar en otros países, como en Argentina, algo que él intentó parar con su incorporación.
Por otra parte, Crespo defendió que en la CAM «nunca estuvieron presentes las cuestiones políticas», al menos durante los años que fue presidente. «En mi mandato jamás hubo politización ninguna dentro de la Caja», defendió.
Por otra parte, Modesto Crespo defendió que hasta 2010 las cuentas de la entidad fueron auditadas «sin salvedad ninguna y daban beneficios. Otra cosa es que luego se hayan determinado falsas o no», añadió.

El PP busca votos para salvar a Guindos en la Eurocámara ante la abstención del PSOE

MADRID/BRUSELAS.- La decisión del PSOE de no votar a favor de Luis de Guindos en la Eurocámara obliga al Partido Popular a movilizarse para que el ministro de Economía supere el examen como candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo. Este tipo de nombramientos son imparables en el Parlamento Europeo cuando hay, como es habitual, consenso entre los populares y socialistas europeos, pero la decisión del PSOE de abstenerse impide un acuerdo entre los dos grandes grupos y hace más incierta la votación, según estima hoy El Mundo.

El PP está intentando recabar apoyos de eurodiputados de otros países y grupos parlamentarios para salvar a De Guindos. El ministro de Economía comparece este lunes al examen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios tras ser designado para el BCE y, los parlamentarios del Partido Popular Europeo no tienen votos suficientes como para asegurar el respaldo a De Guindos. 

«Lo conseguiríamos con el sí de los socialistas», asegura el eurodiputado del PP, Gabriel Mato. Pero no puede contar con el PSOE que, además, puede arrastrar a otros socialistas europeos a no apoyar a De Guindos.

La Comisión de Asuntos Económicos votará mañana martes una opinión sobre De Guindos que será sometida semanas después a una nueva votación en el Pleno del Parlamento Europeo. Ni uno ni otro voto serán vinculantes para impedir el nombramiento formal del ministro por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, pero el PP y el propio De Guindos quieren evitar un suspenso de la Eurocámara.

La portavoz socialista Adriana Lastra anunció el pasado viernes la «abstención crítica» ante el candidato español, que es el único que se presenta tras ser designado por unanimidad por el Eurogrupo. Sánchez ha descartado finalmente su plan inicial de votar en contra, pero se niega a hacerlo a favor. 

«Guindos no era el candidato que queríamos, pero tampoco es cuestión de boicotearlo», afirma a este diario el eurodiputado socialista español, Jonás Fernández, para explicar la abstención. Éste asegura que está intentando que el resto de socialistas europeos se abstengan también y no voten en contra del español, lo cual, a su juicio, puede facilitar la victoria de Guindos.

En el PP confían en alcanzarla con los eurodiputados euroescépticos del llamado grupo de los conservadores y reformistas europeos, encabezados en la Comisión de Asuntos Económicos por la británica Kay Swinburne. También con la mayoría de los liberales, aunque asumen que el coordinador de este grupo, el eurodiputado catalán del PDeCAT, Ramón Tremosa, votará en contra del español. Fuentes de Ciudadanos aseguran a este diario que el PP les ha pedido apoyo con el grupo liberal europeo y que lo prestarán, aunque su influencia es escasa.

Todo ello se produce en negociaciones mucho más amplias. Tras las elecciones italianas del próximo día 4 es posible que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y el hasta ahora jefe de filas eurosocialistas, Gianni Pittella vuelvan a Roma. El resultado de una comisión no vinculante no es prioritario. 

«Habrá más o menos ruido, el Parlamento se hará valer, reprochará que no haya mujeres en la lista, pero al no tener alternativa da igual, por mucho que protesten», explican fuentes de la Cámara.

Con la ausencia de Pittella, la cabeza del grupo socialista está en el alemán Udo Bullmann, menos hostil al español, pero no se percibe una gran estrategia de los populares europeos, que quieren que todo pase rápido en un voto que será secreto. El grupo Verdes/ALE, representado por el español Ernest Urtasun, sostiene que pedirá el voto en contra porque el nombramiento de Guindos es una «mala noticia».

Rajoy fuerza a Guindos a ir como ministro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado el planteamiento inicial de Luis de Guindos de ser relevado como ministro de Economía antes de su comparecencia de hoy ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Eurodiputados hostiles al español usan entre otros argumentos que una institución como el Banco Central Europeo debe ser independiente del poder político y no debe acoger en su cúpula a ministros del Eurogrupo. 

De Guindos quiere dejar el mayor plazo posible entre su designación el pasado 19 de febrero y su toma de posesión como vicepresidente del BCE el 1 de junio y quiso dimitir ya el pasado día 21, a su vuelta a Madrid desde Bruselas.

No lo consiguió. Rajoy se negó a tomar la decisión de relevarlo la semana pasada. El ministro planteó como alternativa que, al menos, se anunciara ya la fecha exacta de su relevo antes de ir al Parlamento Europeo. Tampoco lo logró. 

Rajoy se limitó el pasado viernes a apuntar que será sustituido «en próximas fechas» sin explicar las razones del retraso, pero sin alentar tampoco la idea de que esté esperando para hacer una amplia remodelación del Ejecutivo.

El presidente también se resistió a dar nombres de sustitutos de Guindos, aunque sí sostuvo que designará a alguien que «conozca el tema, se lo sepa, y no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa». 

Ese perfil beneficia a algunos de los nombres que están en las quinielas como el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, buen conocedor de un asunto clave como la negociación con Bruselas sobre el déficit. 

También da alas al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano, con alto conocimiento de Bruselas y el sector bancario español. En contraste, limita posibilidades a otros como el ex responsable de Iberdrola, Fernando Becker.

Rajoy recordó que Guindos no será nombrado formalmente por el Consejo Europeo del 23 de marzo, aunque es improbable que lo retenga hasta entonces. En todo caso, el PP espera que el hecho de que comparezca en la Eurocámara como ministro no sea un obstáculo excesivo, más allá de ataques retóricos. 

También confía en que la unanimidad que obtuvo Guindos en el Eurogrupo tenga eco entre algunos eurodiputados socialistas. Un ejemplo es el socialista portugués, Pedro Silva, que puede desmarcarse del PSOE en línea con el Gobierno portugués.

Los afectados de la CAM, a por Luis de Guindos

ALICANTE.- Los afectados por el pufo de las cuotas participativas de Caja Mediterráneo no se rinden y han presentado ante la Audiencia Nacional nuevas alegaciones para reabrir una causa que ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones por no hallar indicios de delito en la comercialización de un producto que dejó sin ahorros a miles de clientes de la entidad, según revela hoy El Mundo en su edición de Alicante. 

La Plataforma CAM, a través del abogado Diego de Ramón, considera que la emisión de estos títulos -similares a las acciones pero sin derechos políticos- fue una estafa masiva orquestada por la cúpula de la Caja para recapitalizar la entidad en un momento, 2008, en el que se flirteaba con la quiebra.

Y en esa operación, a juicio de los afectados, tuvo un papel relevante el entonces jefe de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía y aspirante a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, un puesto que se juega esta misma semana en Bruselas. 

La Plataforma CAM sostiene en sus alegaciones remitidas al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional que Guindos, cuya firma ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM, debe ser citado a declarar por su presunta responsabilidad en la «trama».

El colectivo ha presentado como prueba en el juzgado el vídeo del acto celebrado en mayo de 2008 en el recinto ferial IFA que sirvió a los directivos de la CAM para aleccionar e instruir a su red comercial en las tareas de venta y colocación de las cuotas entre su clientela. 

En ese acto, cuyo vídeo fue revelado por este diario, además de los principales directivos de la Caja, participó Luis de Guindos, que entre otras cosas, afirmó aquel día que se trataba de una operación que iba a «hacer historia en la economía española», que iba a quedar «en los libros de texto», que iba a ser «analizada en las escuelas de negocios y las universidades», y que la plantilla de la Caja encargada de vender las cuotas podría «alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo» sus competidores.

La prueba nueva

Para el colectivo que reúne a cientos de personas que perdieron su dinero, el contenido del vídeo, que refleja las instrucciones de María Dolores Amorós (directora general adjunta) al personal para vender las cuotas, «es absolutamente revelador, en el sentido de que acredita la trama urdida desde la dirección de la CAM para la colocación masiva de un producto de riesgo, como son las cuotas participativas entre sus clientes, con independencia de su aptitud o no para ser titulares de las mismas, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, con el objetivo de asegurar una ganancia segura para la entidad».

De Ramón también ha solicitado a la Audiencia Nacional que vayan a declarar Emilio Ontiveros, presidente en aquella época de Analistas Financieros Internacionales, que intervino igualmente en el acto como asesor financiero de la caja en la operación; el exdirectivo de la CAM, José Pina, y la periodista Marta Fernández, que presentó el evento.

El abogado mantiene en su escrito que «esta nueva prueba -el vídeo del acto de IFA- acredita la existencia de un plan pre ordenado por parte de la dirección de la CAM tendente a la recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, por lo que procede la reapertura de la causa al objeto de la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que procedan».

La juez envía al banquillo a los directivos de la CAM por la venta de preferentes

ALICANTE.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la apertura de juicio oral contra los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós por la supuesta comercialización fraudulenta de las preferentes y la deuda subordinada que emitió la extinta caja alicantina, según avanza el diario Información. 

De esta forma se da la circunstancia de que, aunque la Audiencia no encontró delito en la venta de las cuotas participativas -el tribunal instó a los afectados a reclamar individualmente por la vía civil-, los exdirectivos de la CAM sí deban responder por las supuestas malas prácticas que realizó la entidad para colocar estos otros valores. 

En concreto, según Lamela, los acusados pudieron cometer los delitos de estafa agravada, publicidad engañosa, fraude de inversiones y un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas durante la comercialización y posterior gestión de estas emisiones.

En total, se calcula que unos 75.000 pequeños ahorradores compraron preferentes y deuda subordinada de la CAM pero la mayoría ya fueron compensados por el Sabadell cuando se hizo cargo de la entidad y ofreció canjearlos por acciones del banco. Un canje que aceptó alrededor de 97% de los afectos. Sin embargo, el abogado Diego de Ramón en representación de algunos afectados y, posteriormente, la asociación Adicae decidieron actuar contra los directivos.

Inicialmente la investigación incluyó las preferentes, la deuda subordinada y las cuotas participativas pero se decidió segregar el caso de estas últimas en una pieza separada e incluir también su venta en la pieza principal, donde el tribunal no halló delito en su venta e instó a los afectados a acudir a la vía civil.

Fianza mínima

Por su parte, la pieza en la que se investigó si la comercialización de preferentes y deuda subordinada se hizo con engaño siguió su curso, hasta que se ha producido la apertura de juicio oral. 

El abogado Diego de Ramón (en la imagen) solicitaba inicialmente una indemnización de 11,8 millones para los afectados pero la juez considera que no ha sabido justificar esta cantidad, por lo que sólo reclama una fianza solidaria para Roberto López Abad y María Dolores Amorós de 6.000 euros, de la que también designa como responsables civiles subsidiarios al Banco Sabadell, como heredero del negocio financiero de la CAM, y la Fundación CAM. Además, como responsabel civil directo designa a la aseguradora Caser.

La juez también fija tres días de plazo para que la Fiscalía decida si quiere acusar y sumarse a las acusaciones particulares.

Cabe recordar que, tanto López Abad, como Amorós ya han sido condenados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la CAM, aunque la sentencia todavía no es firme ya que está recurrida ante el Supremo.

Las preferentes son valores de deuda perpetua que la mayoría de las entidades emitieron durante los años iniciales de la crisis para recapitalizarse ante los problemas de liquidez que muchas de ellas empezaban a tener. Se trata de productos complejos pero, en muchas ocasiones, se vendieron a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros para conocer sus implicaciones.

En el caso de las cajas nacionalizadas, el Gobierno articuló un sistema de arbitraje para compensar a los afectados mientras que en la CAM fue el Sabadell el que organizó un canje de preferentes por acciones para que los clientes de la entidad recuperaran el dinero. En total, el banco catalan ofreció canjear 1.630 millones de euros.

Además de la que se sigue contra los directivos de la CAM, la Audiencia Nacional también tiene en instrucción otra causa por estafa por la comercialización de preferentes de Caja Madrid. También se investigaron las emisiones de Caja Duero y Caja España, pero el caso se archivó.

Los afectados por las cuotas recurren la sentencia de la CAM en el Supremo

ALICANTE.- Esta misma semana, antes de que expire el plazo establecido, la Plataforma de Afectados de la CAM ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre a los directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por falseamiento de cuentas, según adelanta hoy El Mundo. 

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión; Martínez a dos años y nueves meses de cárcel; y Sogorb a cuatros años. Ahora, los afectados de las cuotas participativas quieren que se les indemnice ya que se sienten perjudicados de los delitos societarios por los que han sido condenados todos ellos, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional no observa que exista responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, evitándoles así el pago de posibles indemnizaciones.

Muy al contrario, la Plataforma que representan Diego de Ramón y Carlos Pena asegura en un extenso estudio jurídico que pueden acogerse a la figura legal del «tercero perjudicado». 

 En este sentido consideran que son perjudicados de los delitos cometidos por los responsables de la caja, independientemente de en que momento se falsearon las cuentas, simplemente por el hecho de que les afectó esa falsedad en sus inversiones. 

«Si como consecuencia de dichos delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal se derivan perjuicios directos a los adquirientes de cuotas participativas y otros productos financieros como Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada que hubieran adquirido con anterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas», esgrimen, «la respuesta no puede ser otra que sí, puesto que dada la configuración del tipo del artículo 290 del Código Penal, son igualmente sujetos pasivos del delito los adquirentes de productos financieros adquiridos con anterioridad a la publicidad de las cuentas falsificadas».

De hecho, la Plataforma de Afectados fueron los denunciantes originales allá por octubre de 2011 de los desmanes que se habían cometido en la caja de ahorros alicantina. No obstante, aseguran, «las presiones políticas obligaron a que se separase la causa en una principal de la que nos sacaron, la de la sentencia, y en otra subordinada relativa a las cuotas participativas, que se ha archivado en cuatro ocasiones», señala Pena.

Por eso, entendiendo que si la sentencia atribuye a un delito societario, debe ser la aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) la que se haga cargo de indemnizar a los afectados por las cuotas. 

Y es que para ello sólo tienen que demostrar que poseen un contrato jurídico con la entidad -que son las propias cuotas- y el perjuicio de haber sido víctimas del delito societario que sí resultó probado en el juicio que dio lugar a la sentencia condenatoria de López Abad, Amorós, Martínez y Sogorb. 

Entre otras cosas, porque muchos de ellos no vendieron sus cuotas precisamente porque los dirigentes de la caja les estaban engañando sobre la solvencia de una entidad financiera cuyo rescate ha terminado por costar cerca de los 11.000 millones de euros. 

«Considerando los hechos probados como constitutivos de un delito del art. 282 bis del CP sobre la estafa de inversores, se ha verificado que como consecuencia de la publicidad de las cuentas anuales declaradas falsas se han realizado inversiones en productos financieros de las CAM con el correspondiente perjuicio económico de forma efectiva a los adquirentes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la CAM que realizaron su inversión tanto con anterioridad como con posterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas, por lo que procede en consecuencia el reconocimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito», sostienen.

A lo que añaden en su recurso que no tiene que ver el plazo temporal de las cuentas falsificadas: «La inclusión dentro del ámbito objetivo a los adquirentes de productos financieros con anterioridad a la falsificación de las cuentas de los años 2010 y 2011, ni modifica sustancialmente los hechos ni cambia su calificación jurídica, puesto que los hechos son los mismos y la calificación jurídica sigue siendo la inicialmente propuesta: art. 290 CP». 

Y concluyen: «Lo trascendente es que el art. 290 CP prevé como sujetos pasivos a personas que no necesariamente tienen por qué haber comenzado su relación con la entidad después de elaborarse las falsedades: ello es evidente en el caso de los socios, y por lo tanto la misma interpretación ha de mantenerse en relación con los terceros».

El vídeo de De Guindos en IFA, en los juzgados

Venta masiva de cuotas. La Plataforma de Afectados de la CAM va a presentar en los juzgados los vídeos publicados por El Mundo en los que el entonces presidente de Lehman Brothers Europa (hoy ministro de Economía) Luis de Guindos, como asesor de la caja animó a más de 1.000 directores comerciales de la CAM a vender masivamente las cuotas a todos los clientes sin importar el nivel de conocimiento sobre productos financieros que tuviesen.