MADRID.- El ex director general de Planificación y Control de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb, dijo este miércoles en el juicio
contra ocho exdirectivos de la caja que las previsiones de beneficio
para 2011 hechas por la propia entidad diferían de los presupuestos que
se utilizaron para la fallida fusión con otras cajas.
A preguntas del fiscal, Sogorb explicó que la entidad redactó unos
presupuestos con la información aportada por los distintos
departamentos, que después eran contrastados con auditores internos y
externos y con firmas como Boston Consulting o Analistas Financieros
Internacionales (AFI).
De ahí que hubiera discrepancias entre esos documentos de
trabajo y los que finalmente se aportaron al plan estratégico al que dio
el visto bueno el Banco de España y que se emplearon en la fallida
constitución de un SIP (sistema de protección de activos) con otras
cajas.
Además, una vez intervenida la entidad, en julio de 2011, el
FROB modificó sus criterios, por lo que "resultaba imposible conocer la
imagen fiel de la entidad".
Para la constitución del SIP, explicó, previamente a la
firma del contrato era necesario que el Banco de España autorizara un
plan estratégico de integración, "y así se hizo en este caso", con las
cuatro cajas.
En junio de 2010 se hizo llegar a la comisión ejecutiva del
Banco de España ese plan estratégico, que fue aprobado por el organismo,
que establecía planes de actuación con despidos, cierre de oficinas y
otros puntos.
En ese plan estratégico se incluían los objetivos de la caja
para 2011, con 218 millones de euros comprometidos como beneficio,
aunque después se vio que si no se actuaba, dada la delicada situación
económica del país, habría resultados negativos.
Cuando el fiscal Luis Rodríguez Sol le pregunto si en las
reuniones previas a la constitución del SIP se llegaron a poner sobre la
mesa los documentos que mostraban que la caja tendría unos resultados
negativos de 400 millones de euros, Sogorb aseguró que él no lo
presentó.
Sí explicó que Roberto López Abad y Dolores Amorós, ambos
acusados en la causa, estaban al corriente de toda la información, el
primero como director del Banco Base en ese momento y la segunda como
directora general.
En el plan estratégico, indicó, figuran unos resultados y en
las previsiones tendenciales, otros, siendo éstas últimas peores que
las primeras, aunque en todo caso perfectamente conocidas por el grupo
de trabajo del Banco Base.
Sogorb expresó la tranquilidad que proporcionaba contar con
la presencia constante, "todos los meses del año" de los auditores
externos de KPMG, que intervenían en la supervisión de la redacción de
los estados financieros y de todo tipo de informes.
Acerca de las titulizaciones de activos, explicó que la caja
encargó un peritaje externo realizado por KPMG Asesores para que
evaluara si las opciones de las que disponía la caja podían ser dadas de
baja del balance de resultados, una maniobra permitida por la normativa
contable del Banco de España siempre que no afectara a las dotaciones
de capital.
Sin embargo, una posterior revisión de la situación del
primer semestre de 2011 puso de manifiesto "otras opciones",
desconocidas por el propio equipo de Sogorb, cuyo riesgo no habría sido
trasferido y que infló las cuenta de resultados en 168,8 millones de
euros.
Un "problema" que, dijo, comunicó a uno de los
administradores del FROB que dirigieron la CAM tras su intervención,
quien a su vez solicitó un informe específico que llevó a la
"reexpresión" contable.
Cuestionado acerca de su papel al frente del departamento,
aseguró que sólo el área de inversiones, liderado por el también acusado
Francisco José Martínez, conocía que estas opciones no habían aparecido
en la contabilidad, descartando cualquier responsabilidad directa sobre
estas operaciones como sí le atribuye uno de los peritajes aportados a
la causa.
"Yo no he ocultado nada al FROB", insistió a la sala.
Asimismo, defendió la política de dotación de provisiones y
recordó que, tras una circular del Banco de España que ampliaba el
volumen de estos colchones, la CAM empleó un 90% de fondos genéricos
para hacer frente a las nuevas exigencias, aunque hasta ese momento la
dotación para provisiones se elevaba al 125 %.
