MURCIA.-
"El verano va a ser caliente y muy seco". Así lo ha
expresado esta mañana el presidente del Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que se ha reunido con
el presidente murciano Fernando López Miras y el consejero de
Agricultura, Francisco Jódar, en San Esteban, para exponer la dura
situación a la que se enfrenta el sector agrícola murciano.
Y que ha advertido que de no haber noticias en un par de semanas sobre la aperturas de pozos de sequía y del Sinclinal de Calasparra, habrá movilizaciones.
"Estamos mucho peor que el año pasado" por estas fechas, comenta, y explica que en primavera a los pantanos de la cabecera del Tajo llegaron entre 170 y 200 hm3 que permitieron recibir trasvases durante toda el verano. Ahora no se espera ningún envío para riego desde este mes. Los pantanos acogen actualmente 373 hm3 de agua, a tan sólo 5 de lo que técnicamente se conoce como 'trasvase cero' (368 hm3).
Jiménez ha sido el primero en ser recibido oficialmente por López Miras desde que este fue nombrado presidente de Murcia y le ha expuesto al jefe del ejecutivo la necesidad de presionar ante Madrid, "porque es allí donde están las competencias en materia de Agua', y lograr que el Ministerio de Agricultura prorrogase el decreto de sequía a partir de septiembre y agilizase los trámites para que el regadío disponga de algo de agua este verano de recursos alternativos.
El presidente del Scrats enumeró entre 21 y 26 hectómetros de la desaladora de Torrevieja (Alicante), 25 hectómetros de los pozos del Sinclinal; poder utilizar el agua desalada que el abastecimiento no vaya a utilizar y que los contratos de cesiones de agua de comunidades de regantes de la cabecera del Tajo, como Estremera, que les venderían 8 hm3, se autoricen con rapidez.Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, destacó tras la reunión que los diputados murcianos habían introducido una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dotar con 4 millones de euro la subvenciona al agua desalada que permita poner un 'precio social' para su destino a la agricultura.
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