Ahora es el PP de Alicante el que le estalla a Feijóo en las manos / Francisco Poveda *

Esto es un artículo de opinión y por lo tanto todo son opiniones por percepciones subjetivas sobre el mayor escándalo político acaecido en la ciudad de Alicante desde el advenimiento de la democracia municipal en 1979: el de las adjudicaciones de viviendas protegidas VPP a hijos de familias socialmente bien situadas, en lo que parece todo un ejercicio ventajista con resultado de privilegio por militar o estar cerca del partido hoy en el gobierno local. Nada de lo conocido tiene un pase con los ecos de corrupción que se oyen por todos los confines de España. 

Y ésto, ¿lo sabía el alcalde Barcala o tenía obligación de saberlo? Yo creía en principio que no aunque tenía esa obligación pero ahora todo apunta a que sí pudiera haberlo sabido y de ahí esta conspiración provinciana que intuyo y huelo en base a datos que he recogido como rutina desde el verano entre destacados políticos y líderes sociales en torno al poder coyuntural. Su enrocamiento sobre la licencia a la Cámara de Comercio en el Puerto pudiera estar en el trasfondo de este susto que tiene sin dormir al alcalde. 

La cuestión es que en el Pleno municipal de julio de 2024, uno de mis tres concejales favoritos, Rafa Mas, de Compromís, ya denuncia en público esta situación y el alcalde hace oídos sordos. Un video de la sesión visible ahora en redes sociales así lo atestigua y será prueba de cargo para la jueza titular del nº 5 en Alicante si finalmente abre procedimiento abreviado tras las diligencias preliminares originadas por una denuncia del sindicato nacional de funcionarios 'Manos Limpias', la primera directamente ante un juez. Porque lo que dijo Rafa en su día lo oyeron todos los concejales y funcionarios presentes.

Mi teoría pues es que la documentación periodística sale originalmente del Ayuntamiento conseguida por el sector mazonista del PP, concretamente de cajones de funcionarios de los niveles 1 y 2, para acabar políticamente con un Barcala crecido ante la caída en desgracia del ex líder regional del partido y con unas aspiraciones sucesorias fuera de la realidad y de su propia realidad, tras su participación clave en la reciente renovación de la concesión municipal del transporte urbano y la de recogida de residuos y limpieza viaria a favor de las dos empresas que las venían disfrutando. 

Así que se pudiera ir tranquilamente con sus objetivos principales resueltos; espero que se me entienda bien por los lectores más lúcidos. Porque Barcala va a terminar dimitiendo.

Y quien o quienes proporcionan esa documentación certera por iniciativa propia a un medio subvencionado desde la Generalitat aprovechan de paso para quitarse de en medio, con un perfecto ajuste de cuentas, a una ya muy recalcitrante funcionaria, parece que devenida en déspota ilustrada, María Pérez-Hickman, supuestamente detestada por cada vez muy molesta para sus compañeros a partir del pavo que se le sube, aún más, tras ser nombrada una de las varias directoras generales imitando el esquema de funcionamiento del Ayuntamiento de Málaga. 

Ahora habría que revisar, visto lo visto, cómo accedió al funcionariado municipal doña María ya que cuenta con un familiar directo muy bien situado en Génova 13 desde hace años. Veremos si solicita una excedencia ya mismo o espera al pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre negociación prohibida a funcionarios públicos, que puede acabar en su inhabilitación si estuviésemos en presencia de otros presuntos delitos añadidos en este caso. 

El resultado del expediente informativo solicitado al secretario de la Corporación no ha cambiado formalmente la suerte de esta proba funcionaria ahora reprobada por los hechos que han trascendido a la Opinión Pública, que ya comienza a emitir veredictos sobre la moralidad de los actores en presencia en todas las tertulias de barra o en las encuestas de las televisiones locales. Lo que vulgarmente se conoce como 'pena de telediario'.

Personalmente no me explico cómo Barcala todavía no ha suspendido de empleo y sueldo a esta alta funcionaria, presuntamente corrompida y supuestamente corrupta, que ha venido a arruinar el crédito social y la reputación de toda su extensa familia, venida desde Valladolid en su día, por haber precipitado sobre todos sus miembros el "efecto terminator" y dejarlos expuestos a la cultura de la cancelación por un rechazo colectivo, que aconsejaría la pronta vuelta a su lugar de origen. 

El resto son daños colaterales, caso de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que con su dimisión responde a la confianza de Barcala por ser íntima amiga de su hija Rocío sin mayor mérito político anterior que se sepa. 

También aparece en la lista de beneficiados, para sí mismo o familiares, Francisco Nieto, arquitecto municipal adscrito al área de Urbanismo donde casualmente también trabaja otro Pérez-Hickman bastante más prudente porque no está en el documento del escándalo, de momento, tras las insinuaciones del vicealcalde Manuel Villar en pleno cotejo de beneficiados de las VPP con listas de funcionarios del Ayuntamiento. 

Hace dos semanas parecía que iba a depender de la gestión de esta crisis la suerte política de Barcala pero por adelantar él acontecimientos, ahora quien va a controlar los tiempos del proceso es la izquierda extrema y moderada, quien se le ha adelantado en ir a la Fiscalía Anticorrupción por varios presuntos delitos que parece afectan más a María Pérez-Hickman en lo penal junto al resto de funcionarios que han ido apareciendo, que también tendrán lo suyo como van apuntando las primeras pesquisas policiales.

En principio Feijóo todo parece indicar que no va a ofrecer ya mismo de 'motu proprio' la cabeza política de Barcala aunque tampoco está claro que repita como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones municipales por Alicante ni que obtenga un premio de consolación como conseguir acta para el Senado. Pero no hay que pararse aquí porque las ramificaciones de la trama alcanzan a beneficiados fuera de las administraciones públicas. 

Por ejemplo, indicios muy sólidos apuntan a dos afortunados hijos de Jesús María Izaguirre Ugarte, ex notario de la plaza y, casualmente en su momento por estar en activo todavía, de la promoción de estas VPP. Es persona para mi de triste recuerdo tras haber admitido en Sala y reconocido en un procedimiento penal de noviembre de 2019, a preguntas de la defensa, el letrado Antonio Checa, haber faltado a la verdad en la redacción de un acta notarial aportada en sede judicial y por él firmada, lo que, a mi juicio, define y explicaría su supuesta catadura moral y profesional en este contexto.

Otros indicios apuntan al efecto, por presunto tráfico de información privilegiada, e incluso influencias, a la diputada regional del PP, Dolores Peña Villaescusa, según fuentes del PP local y del entorno político íntimo de Barcala, ya que entre los beneficiados aparecen empleados del colegio 'El Valle' con el que mantiene una estrecha relación de años así como dos hijas de miembros de la escisión del 'Rotary Club' de Alicante que ella protagonizó, y que se suelen reunir en el Real Liceo Casino (RLC) una vez al mes. 

Una pista relevante para la jueza instructora y la  Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, saber ahora quienes son todos y cada uno de estos rotarios escindidos por si hubiese por ahí mas beneficiados indebidos, directos o indirectos. Así como la existencia de una alta funcionaria municipal en ese entorno del RLC, también muy relacionada con la diputada Peña, sin prejuzgar por su parte ilícito penal alguno de momento.

La investigación parece se centra, en principio, tras desvelar sus apellidos el diario 'Información', en el matrimonio Pastor-Escámez, un promotor inmobiliario local de financiación privilegiada en su día desde el Banco Central y el de Fomento (ya desaparecidos) y su esposa como sobrina carnal y rica heredera del banquero Alfonso Escámez, a quien siempre he de agradecer que me honrase en 1997 con la única entrevista que concedió en su vida a un periodista y que me invitase a almorzar en 'Jockey' tras mostrarme en la planta de su despacho de presidente el piano original del compositor granadino Manuel de Falla.

Los recuerdo a ambos porque hace años sufrieron en su residencia de la partida de Santa Faz, un suculento robo doméstico, presuntamente por cómplices del servicio, de origen sudamericano (colombianos), y que finalmente no se denunció ante la Policía, por motivos que no se hicieron públicos y porque, al parecer, los desleales empleados desaparecieron sin dejar rastro. Ignoro si llegó a intervenir posteriormente la Inspección de Hacienda para inventario.

"El colegio El Valle, del que Begoña Méndez es directora, fue rescatado por la Consellería de Educación en 2012, cuando gobernaba el PP en la Generalitat Valenciana. El centro privado, situado en pleno distrito de la playa de San Juan, fue el primero que solicitó pasar a ser concertado", según publicó en su día el diario Información y recogió eldiario.es.

"Dolores Peña sólo tiene una empresa, de la que es administradora solidaria: Servicios Educativos La Nucia SL. La administradora tiene una larga trayectoria en el PP de Alicante. Esposa de Pedro Romero, portavoz en el Ayuntamiento de Alicante con Luís Díaz Alperi de alcalde, fue secretaria del grupo popular en el consistorio", recogió también eldiario.es.

"La firma Servicios Educativos La Nucia SL fue constituida el 6 de noviembre del 2019 con Begoña Méndez Torres como administradora solidaria de la mercantil . Por su parte, los otros administradores solidarios figuran en el Registro Mercantil en numerosas empresas del sector educativo desperdigadas por varios puntos de la geografía española.

Así, Luis Miguel Rodríguez Zarza, el otro administrador, también es socio de Servicios Educativos Condomina SL, una firma que fue adjudicataria de una concesión administrativa del uso privativo normal de una parcela de dominio público para la construcción y explotación del centro privado El Valle. La firma obtuvo la concesión en 2005, con Díaz Alperi de alcalde de Alicante". 

"Luis Miguel Rodríguez Zarza y Begoña Méndez aparecen en una firma con la esposa de un concejal que dio el visto bueno a la cesión a 50 años de los 10.000 metros cuadrados de suelo público". 

"Dolores Peña ya se vio envuelta en otra polémica cuando El País publicó que, en apenas ocho meses, había comprado tres casas en Alicante valoradas en dos millones de euros (una de las viviendas fue pagada íntegramente al contado)", remata eldiario.es.

Y en esta coyuntura no se habla de Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat y responsable política directa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, donde la investigación de la Justicia debe y tiene que entrar a fondo porque desde esa dependencia administrativa se visó la documentación de  solicitantes de las viviendas de la urbanización 'Les Naus' levantada en una parcela pública municipal de la Playa de San Juan.

Porque es responsable última la Generalitat de verificar que los beneficiarios con los requisitos marcados por la normativa autonómica son los que deben ser para no acabar siendo el sistema un privilegio para rentas altas desde una suerte de casualidades precisamente en el contexto de una emergencia habitacional para el común de los alicantinos y que alcanza al 42,6% de la población

Sabiendo lo que se va sabiendo y se sabe, hasta ventajistas próximos o en los aledaños del PP, sobrados de recursos y contactos con información privilegiada, han aprovechado este chollo para intentar especular con algo no concebido para ellos, presuntamente falsificando o alterando la documentación solicitada en las bases para una apariencia total de legalidad.

 Las 140 viviendas en cuestión, algunas ya habitadas desde hace pocos meses, se ofrecían por la promotora de la cooperativa a mitad de precio de mercado con una media de 214.000 euros como precio tasado. 

Curiosamente en un supuesto sorteo entre los más de 2.000 demandantes, este resultó favorable a familias pudientes, lo que da pié a una reversión de las otorgadas con irregularidades manifiestas y para evitar ahora su venta especulativa al doble y con dinero negro de por medio para que no se detecte la operación. 

Y también a  revocar alquileres irregulares muy por encima de los 1.000 euros mensuales de renta; se habla de 1.600 en el caso de la familia vallisoletana aunque es una cifra sin verificar.

Las investigaciones administrativas abiertas arrojan la identificación de los primeros implicados, dentro de relaciones cruzadas de parentesco entre Ayuntamiento y Generalitat en Alicante, y marcan el camino, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al Juzgado de Instancia nº 5 de la capital, hasta verificar si entre los agraciados están directamente o a través de terceros, familiares y/o amigos, más concejales del Ayuntamiento, jefes de gabinete del Consell, funcionarios directamente interesados de la Generalitat u otros empleados municipales más. 

 

(*) Periodista y profesor 

No, la Iglesia no apoya la inmigración ilegal, son los obispos que se lucran con ella / Carlos Balén

 No, la Iglesia no apoya la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Quien la apoya es una parte del episcopado español. Y confundir ambas cosas no es un error inocente: es una falsificación eclesiológica.

Cada vez que un medio titula que “la Iglesia” respalda una medida concreta del Gobierno, se consuma una trampa conceptual que beneficia a todos menos a los fieles. Porque la Iglesia no es la Conferencia Episcopal. Ni la Conferencia Episcopal manda sobre la Iglesia. Ni mucho menos habla automáticamente en su nombre cuando emite opiniones políticas.

La doctrina católica es clara y está perfectamente definida. En la Iglesia hay una distinción de misiones. A los obispos les corresponde enseñar la fe, custodiar la doctrina, santificar mediante los sacramentos y gobernar en lo estrictamente eclesial. A los laicos, en cambio, les corresponde una tarea específica y propia: ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio.

Eso incluye la política, la economía, la legislación, la organización social. Es decir: justo el terreno en el que hoy vemos a los obispos ocupar el espacio que no les corresponde, mientras desautorizan de facto —aunque no lo digan— a los laicos que sí tienen competencia directa en esas materias.

Cuando un obispo presenta como moralmente indiscutible una regularización masiva decidida por un Gobierno concreto, no está ejerciendo su magisterio. Está emitiendo una opinión prudencial. Y las opiniones prudenciales no obligan en conciencia. Ni a los fieles, ni a los laicos, ni a nadie.

Más aún: cuando esa opinión coincide milimétricamente con el marco ideológico de un poder político que legisla de forma sistemática contra la ley natural y contra la fe católica, el problema ya no es solo de competencia, sino de escándalo.

Los laicos católicos no están llamados a repetir comunicados episcopales como loros piadosos. Están llamados a juzgar la realidad política con la razón iluminada por la fe, a discrepar legítimamente cuando una medida perjudica el bien común y a defender soluciones distintas sin sentirse culpables ni desobedientes.

Decir que “la Iglesia apoya la regularización” es una forma burda de silenciar ese legítimo desacuerdo. Es convertir una opción política discutible en un mandato moral inexistente. Es usar la sotana como coartada.

Conviene recordarlo con claridad, aunque moleste: la Iglesia no vota decretos, no redacta BOE ni gestiona fronteras. Y cuando algunos obispos parecen olvidarlo, no están hablando en nombre de la Iglesia, sino en nombre propio.

Confundir ambas cosas no es comunión. Es clericalismo. Y del malo.

El tendero / Fernando del Pino Calvo-Sotelo *

 

 La preparación de mi primer libro, que aparecerá publicado, D.m., esta primavera, ha dispensado a los lectores de este blog de mi habitual artículo de diciembre. Dado que toda interrupción conlleva la dificultad de recuperar el ritmo sin perder el compás, me preguntaba cómo comenzar un año que se nos presenta con el velo que siempre cubre el futuro. 

En efecto, a esta criatura llamada hombre le está vedado conocer lo que le deparará el mañana, una limitación frente a la que se rebela y sufre inútilmente, pues cree equivocadamente que el conocimiento del porvenir le haría más feliz.

En este sentido, cabe recordar el conocido discurso que sir William Osler dio en la Universidad de Yale el 20 de abril de 1913.

 En él recomendaba a los estudiantes vivir cada día como si fueran compartimentos estancos: «Pulsad un botón y escuchad que las puertas de hierro dejan fuera el pasado, el ayer muerto. Pulsad otro y dejad fuera, tras una cortina metálica, el mañana nonato»[1].

 Osler, persona sensata, no abogaba por desentenderse del futuro respecto de aquello que podemos controlar, sino por despreocuparse de aquello que no está en nuestras manos cambiar. Del mismo modo, el pasado que debía quedar enterrado era el hecho inamovible, no el aprendizaje del pasado que nos sirviera de base para mejorar el futuro.

Este sabio consejo, tan difícil de llevar a cabo, aplica a nuestras vidas personales, pero también al análisis de lo que ocurre en nuestro país. España es hoy un país atrapado por la falta de aceptación de su pasado, un país convertido en estatua de sal por mirar hacia atrás de forma extraña, pues aplaude sus mediocridades y se avergüenza de sus éxitos. 

Por consiguiente, no es casualidad que tenga su autoestima tan dañada. Pero también es un país atrapado por las dudas sobre su futuro, un país hasta cierto punto desesperanzado y carente de horizonte en el que no es fácil ser joven. Todo ello contribuye a un estado de parálisis, pues ambas afecciones ―de signo fatalista― han desarrollado un carácter crónico de difícil, pero no imposible, solución.

Una Constitución mediocre

Ni los lastres del pasado ni los escollos que dificultan nuestro futuro constituyen una maldición bíblica, sino que son consecuencia de la acción de unos y de la inacción de otros. Aunque siempre sea difícil establecer relaciones causa-efecto, sin duda uno de los factores más relevantes que explican la delicada situación en la que nos encontramos es el conjunto de grandes carencias del sistema constitucional del 78. España no siempre fue así: se ha vuelto así. Por lo tanto, la situación es reversible.

La primera vez que critiqué las debilidades de nuestro texto constitucional ―en un artículo publicado hace más de una década― la idea parecía casi blasfema. Por eso, cuando al día siguiente recibí la llamada de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los «padres» de la Constitución, pensé que iba a recibir una reprimenda. 

Sin embargo, ocurrió lo contrario: me felicitó por mi aparente osadía, me confesó que jamás había entendido la mitificación de un texto cuya redacción había sido «una improvisación permanente» y me advirtió con sentido del humor sobre el peligro de decir la verdad en nuestro país.

Pues bien, la verdad es que ninguno de los dos principales pilotos de la Transición poseía rango de estadista ni gran profundidad de pensamiento a pesar de contar con una indudable intuición política. No tenían la hechura de fundadores de un nuevo sistema político, y, por tanto, abordaron el futuro orden constitucional zigzagueando con tacticismo cortoplacista sin tener una idea muy clara del modelo de Estado al que aspiraban. 

La Constitución sería de este modo negociada a puerta cerrada por los representantes y correveidiles de los distintos partidos en discusiones miopes (que veían bien de cerca y mal de lejos) realizadas frecuentemente en entornos informales. Cuatro de los siete «padres» de la Constitución, por cierto, contaban con sólo 38 años.

La apariencia de consenso (aunque no fuera tal) les bastaba. La voluntad de salir del paso en asuntos delicados la solucionaban acudiendo a una dilatoria ambigüedad que posponía la resolución de nudos gordianos. 

Finalmente, el exceso de representatividad otorgado a los partidos políticos en detrimento del ciudadano, y el desproporcionado poder regalado a la parcialmente subversiva oposición socialista (creada ex novo para la Transición), contribuyeron a la elaboración de un texto estatista, debilitador de la nación, dirigista y empobrecedor.

Desaciertos constitucionales

Podría pensarse que el juicio crítico realizado desde la comodidad que otorga el paso del tiempo puede resultar injusto, pero los pecados originales de la Constitución ya fueron señalados por brillantes pensadores coetáneos como Julián Marías o Gonzalo Fernández de la Mora.

El primer gran error constitucional fue la creación del Estado de las Autonomías y el ambiguo concepto de nacionalidades, una verdadera bomba de relojería cuyo tic tac se oye cada vez con mayor nitidez. Hay que ser torpe —o malvado— para romper una nación milenaria, pero eso fue precisamente lo que facilitó la Constitución de 1978. 

Creó17 reinos de taifas sin que hubiera necesidad ni demanda popular que lo exigiera, cada uno con su héroe inventado, su himno inventado y su bandera inventada (con alguna excepción), sistema que dio alas al independentismo y cimentó la dictadura regulatoria y el mastodóntico tamaño de la Administración que hoy sufrimos. 

Por otro lado, al no acotar las transferencias competenciales a las Autonomías, puso en marcha una fuerza centrífuga que transformó a las antiguas regiones en entidades demasiado parecidas a naciones independientes.

Por otro lado, el Estado de las Autonomías se convirtió en una agencia de colocación que facilitaba a los partidos políticos multiplicar su poder y plantilla. Como escribió Julián Marías en aquellos años, «no está claro si los partidos se han hecho para el país o el país para los partidos».

Otro gran desacierto de la Constitución consistió en elegir un sistema parlamentarista en vez de un sistema presidencialista. Con ello promovió la concentración de poder al fusionar el poder ejecutivo con el legislativo y otorgar a ambos un control exagerado sobre el poder judicial.

 Así, el texto constitucional consagró que en España no pudiera haber separación de poderes real. Este sistema, además, impidió el establecimiento de una limitación de mandatos, facilitando la perpetuación en el poder de cualquier líder medianamente carismático que no tuviera oposición digna de tal nombre.

Asimismo, la Constitución creó un Tribunal Constitucional politizado, hoy convertido en una institución desprestigiada y disfuncional que bordea la prevaricación con frecuencia. Del mismo modo, permitió que el Consejo General del Poder Judicial dejara muy constitucionalmente de depender en 1985 —por iniciativa del PSOE— de los propios jueces. 

A pesar de sus promesas electorales, el PP se negaría en redondo a cambiar el sistema cuando alcanzaba el poder con mayoría absoluta y se veía beneficiario del sistema. El modelo bicameral también quedó sin sustancia, de modo que el Senado se convertiría en una cámara superflua.

La Constitución también pareció conformarse con la consolidación nominal de la monarquía. Esta decisión dejó la jefatura del Estado monárquica —una importante institución que podía convertirse en utilísima salvaguarda del bien común de la nación precisamente por ser ajena a la colonización partidista y no depender del voluble voto popular— en gran medida carente de potestad. 

En mi opinión, la elección de una jefatura del Estado simbólica frente a una jefatura dotada de una potestad limitada, pero operativa, fue una equivocación.

En otro orden de cosas, cabe reseñar como error de la Constitución del 78 su indudable aroma socialista, que le llevó a canonizar el intervencionismo estatal, a no defender como sacrosanto el derecho de propiedad y a poner en marcha un insostenible Estado de Bienestar. 

Bajo su bonita máscara solidaria y filantrópica, éste ha creado un sistema de control poblacional semi totalitario que ha ido reduciendo la libertad personal, aumentando los impuestos y debilitando la capacidad de creación de riqueza del individuo. 

Al ser financieramente insostenible, el sistema va camino de quebrar al país en medio de un conflicto social e intergeneracional de imprevisibles consecuencias. En el mismo sentido, la falta de limitación de déficits públicos ―no resuelta por la enmienda constitucional del 2011― ha permitido la creación de un brutal endeudamiento que hipoteca nuestro futuro.

Finalmente, otra gran debilidad constitucional fue admitir la impunidad del poder ejecutivo-legislativo cuando vulnerara la propia Constitución, haciendo que la clase política pronto le perdiera el respeto. 

Así, el gobierno de turno podía saltarse la Constitución a la torera: si se salía con la suya ―cosa que era fácil si controlaba el Tribunal Constitucional―, perfecto; pero si le pillaban y recibía una sentencia condenatoria, pelillos a la mar. La inconstitucionalidad de una ley no tiene consecuencia alguna para el culpable, al contrario de lo que le ocurre al ciudadano que quebranta la más mínima norma.

¿Qué hacer?

En su discurso de hace más de un siglo, sir William Osler citaba a Carlyle: «Nuestra principal tarea no es ver lo que se vislumbra tenuemente a lo lejos, sino hacer lo que está claramente a mano».

Muchas veces resulta complicado ver lo que tenemos en nuestra mano hacer, pero sugiero comenzar por dar dos pequeños pasos siguiendo el ejemplo presentado por el disidente checo Václav Havel en El Poder de los sin Poder (1978), breve ensayo crítico con la tiranía comunista que por entonces subyugaba Checoslovaquia. 

Debido a sus actividades, Havel sería encarcelado durante un lustro, aunque tras la caída del Muro, pocos años después, se convertiría en presidente de su país. Nadie era entonces capaz de preverlo.

En su ensayo, Havel creaba la figura de un imaginario tendero sumiso frente a las autoridades comunistas. Éstas le regalaban un cartel con un eslogan para que lo colgara en su escaparate, propuesta a la que al principio accedía. 

Pues bien, un buen día el tendero se rebelaba y dejaba de exponer el eslogan, y no sólo eso: también dejaba de ir a votar en elecciones que no eran tales y comenzaba a decir en las asambleas lo que pensaba de verdad. 

«Con esta rebelión ―escribe Havel―, el tendero sale de la vida en la mentira; rechaza el ritual y viola las reglas del juego; reencuentra su identidad y su dignidad reprimidas; realiza su libertad. Su rebelión será un intento de vida en la verdad». 

Al hacerlo, el tendero no sólo ha dado un paso individual, sino que ha hecho algo mucho más importante: «Ha abatido el mundo de la apariencia, la columna que sostenía el sistema; ha demostrado que la vida en la mentira es precisamente vida en la mentira. Ha dicho que el emperador está desnudo».

Simpatizo enormemente con esta expresión, pues el primer artículo que publiqué en mi vida (Expansión, 2011) tenía ese mismo título. Pues bien, el primer pequeño paso que podemos dar es seguir el ejemplo del tendero rebelde y renunciar a repetir el eslogan de que el régimen constitucional de 1978 «ha sido el período de mayor paz y prosperidad de nuestra historia», porque no es verdad. 

La realidad es otra: ha sido un período de relativa depauperación y crecimiento muy mediocre, de decadencia social, de enorme aumento en la presión fiscal, de enormes tensiones políticas y territoriales y de un aumento de la delincuencia y de la violencia (para encontrar los datos que respaldan estas afirmaciones me remito a mi anterior artículo)[2]. 

Por otro lado, aludir a 1978 como si fuera el Big Bang o un amanecer tras una larga noche en un país de tan larga y brillante historia como España resulta grotesco y desprestigia a quien lo hace. Debemos defender la verdad, pues sin verdad no puede haber libertad.

El segundo pequeño paso que podemos dar es exigir al próximo gobierno, cuando expulse por fin al psicópata (cuya última desfachatez es afirmar que «va a dar con la verdad», él precisamente, del trágico accidente ferroviario de hace unos días), que aborde una profunda reforma constitucional. No se trata de reformar por reformar, sino de mejorar. 

El éxito no está asegurado, pero quienes creen que acabando con Sánchez se acaban los problemas se equivocan. El problema es sistémico, y el psicópata es sólo un reflejo extremo, patológico y quién sabe si incluso presuntamente delictivo de ello, pero no su causa última. 

Como recordaba Montesquieu, tras el advenimiento del Imperio, la República romana nunca sería restaurada porque «los golpes se daban contra los tiranos, no contra la tiranía».

Desde hace unos años, hemos perdido la más mínima decencia en el gobierno de la nación, que ha dinamitado el Estado de Derecho y arrasado con toda noción de bien y de verdad, pero llevamos décadas perdiendo el concepto de bien común, el ethos compartido que nos une como nación, enormes grados de libertad personal y el respeto por nosotros mismos, y, con ello, estamos perdiendo la esperanza. Sin embargo, debemos luchar por mantenerla. 

Como decía Havel, podemos salir de la vida en la mentira; reencontrar nuestra identidad y dignidad reprimidas; realizar nuestra libertad; abatir el mundo de la apariencia; vivir en la verdad. Esta España es posible.

[1] Sir William Osler. Un Estilo de Vida y otros Discursos. Unión Editorial, 2007.
[2] ¿Estamos mejor o peor?

 

(*) Economista 

El derecho de rectificación en medios digitales / Juan José Sánchez Balaguer *

“Cuando la información ha sido publicada en un medio de comunicación digital, la rectificación debe ser publicada mediante un nuevo vínculo, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica”, sentencia el Tribunal Supremo español.

La situación de la publicación de los escritos de rectificación en la prensa española pone en jaque el papel antaño dominante de los medios de comunicación a la hora de trasladar a la opinión pública las narrativas hegemónicas (Elías, 2018), pero esencialmente hace peligrar la información veraz, cuya supervivencia está ligada necesariamente a la autorregulación y a los instrumentos de rendición de cuentas (media accountability) para con el público.

La necesidad de asumir responsabilidades está directamente vinculada a la idea de que cualquier forma de publicación procedente de los medios de comunicación tiene carácter público y desempeña un papel público (McQuail, 2005). Pero, además, el proceso informativo no puede entenderse sino como una forma de diálogo, con exposición y réplica, entre medios de información y sociedad, entre el Estado y la sociedad y entre los distintos individuos entre sí (Desantes-Guanter, 1974). De ahí que bastaría con que medios y profesionales se atuvieran a la deontología profesional para evitar innecesarios litigios y pérdidas de credibilidad. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba en Estrasburgo el 1 de Julio de 1993 el Código Europeo de Deontología del Periodismo del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo, al que tuve la oportunidad de conocer  con motivo de unas Jornadas Europeas. Esta resolución supone la adopción de un total de 38 principios éticos del periodismo que deberían ser aplicados en el ámbito europeo, de los cuales considero oportuno reproducir los dos que interesan a los efectos del presente artículo:

“26. A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de comunicación, con el tratamiento informativo adecuado de manera automática y rápida, las informaciones y las opiniones que sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños. 

27. Para que exista una armonización en el uso de este derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa, es conveniente aplicar la Resolución 74-26 sobre el derecho de réplica: situación del individuo en relación a la prensa, adoptado por el Comité de Ministros de 2 de julio de 1974, así como las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza”.

En España, el derecho de rectificación encuentra su fundamento básico en el artículo 20.1.d) de la Constitución, que reconoce la expresión y difusión libre del pensamiento a través de cualquier medio de reproducción, así como a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y la rectificación está regulada concretamente como un derecho que asiste a cualquier persona física o jurídica que haya sido aludida por una información que considera inexacta y lesiva para su buen nombre (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984) y queda configurado como un proceso urgente y sumario para proteger los derechos de personalidad y, al mismo tiempo, el derecho a la información en sus vertientes activa y pasiva.

Este derecho (artículo segundo) se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción. El director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes. En caso de que no se hubiera publicado o divulgado en plazo la rectificación o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.

Pero no sería necesario acudir a la vía judicial si los profesionales y los medios se atuvieran a lo establecido en el Código Deontológico de la profesión periodística en España (aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 22 de abril de 2017) establece como primer principio de actuación profesional el deber de “contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos” y “advertida  la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado [el profesional] a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda”. Además, “y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.

La cuestión se complica, no obstante, a partir de la aparición de múltiples medios digitales, lo que ha suscitado controversias y fallos erróneos por parte de algunos jueces, a causa del desconocimiento de esta materia poco habitual para los juzgadores. A clarificar de manera indubitada esta situación vino la Sentencia del Tribunal Supremo nº 32/2024, de 11/01/2024 (Pleno de la Sala 1 de lo Civil), cuyo Fundamento de Derecho Segundo (3) dice textualmente:

“La cuestión a decidir no radica en si la publicación de la versión de los hechos pretendida por el rectificante supone un castigo para el medio informativo, una restricción de su libertad de información o una disuasión para que no la ejercite, que evidentemente no lo es pues el Tribunal Constitucional lo ha descartado en sucesivas sentencias.

La cuestión relevante es si cuando se pretende ejercitar el derecho de rectificación respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital, basta con publicar en el archivo digital, en lugar visible junto con la información original, un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo, como establece el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; o si, además de esto, sigue siendo necesario publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, mediante un nuevo vínculo con relevancia semejante a aquel en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, como establece el art. 3 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación”.

El Alto Tribunal español se plantea directamente si el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales sustituye al art. 3 LO 2/1984 de Derecho de Rectificación, cuando el Derecho de Rectificación se ejercita respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital, con lo que basta con la inserción de la nota prevista en el art. 85.2 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación, es necesario publicar el aviso establecido en el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y afirma con máxima precisión:

“Las informaciones publicadas en los diarios digitales, a medida que pasan los días, van quedando relegadas a posiciones secundarias, más difíciles de encontrar. En consecuencia, si la rectificación consiste solo en añadir a la información original el aviso previsto en el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, quien accede al diario digital para informarse no encontrará esa rectificación, a diferencia de lo que ocurrió con la información objeto de la rectificación en los momentos próximos a su publicación, que era fácilmente accesible y tenía una relevancia que perdió con el paso de los días. 

En consecuencia, si se aceptara que la rectificación se limitara a añadir un aviso a la información original que ha quedado relegada a una posición secundaria en la página web del medio informativo con el paso de los días, el derecho que al afectado le otorga la LO 2/1984 de Derecho de Rectificación, no se vería satisfecho.

Con ello, sufriría el propio derecho a la libertad de información que tiene el público en general, pues, como ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia 168/1986, de 22 de diciembre, el derecho de rectificación constituye “un complemento a la garantía de la opinión pública libre que establece también el citado precepto constitucional -art.20.1.d) de la Constitución-, ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que el derecho fundamental protege”.

La sentencia del Tribunal Supremo insiste en el criterio para que no haya lugar a dudas respecto a que la función del art. 85.2 de la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, es la de servir de complemento al art. 3 de la LO 2/1984 de derecho de Rectificación, cuando la información que se pretende rectificar ha sido publicada en un medio digital:

“Su justificación radica en las características del medio en que se inserta, el medio de comunicación digital, Internet, en el que la pervivencia de la información es mucho más acusada que cuando la información es publicada en un medio tradicional, en concreto, en la prensa publicada en soporte de papel. Mientras que en este último caso, encontrar una información de días pasados es mucho más difícil por el carácter efímero del formato papel (como dijo algún maestro del periodismo, “las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana”), y sería necesario acudir a una hemeroteca para encontrar una noticia publicada en días anteriores, sin que aun así fuera fácil hallarla, Internet y los motores de búsqueda permiten hacer presente, en cualquier lugar del mundo, como si hubiera ocurrido hoy, cualquier información sobre hechos que tuvieron lugar en un determinado momento y lugar, con sorprendente facilidad y rapidez y sin ningún coste, produciendo lo que se ha dado en llamar el “efecto eterno” de la información, fruto de la “memoria total” de internet”.

Por tal razón, “aunque la simple adición de un aviso a la información original no supone que la rectificación hubiera sido publicada con relevancia semejante a la información que se pretende rectificar, si tal aviso no fuera añadido a la información original, esta podría seguir siendo consultada indefinidamente en el tiempo sin que quien lo hiciera tuviera conocimiento de que el afectado por la información había ejercitado su derecho de rectificación y los términos en los que lo había hecho”. La conclusión del TS es que “cuando la información ha sido publicada en un medio de comunicación digital, la rectificación debe ser publicada mediante un nuevo vínculo “con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica”, tal como prevé el art. 3 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación, y el medio informativo debe también insertar un nuevo aviso aclaratorio que deberá aparecer en lugar visible junto con la información original, como prevé el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos Digitales”.

En este contexto, debe quedar claro que la posibilidad de rectificar informaciones difundidas a través de los medios de comunicación social es una forma de participación del público que refuerza la existencia de información veraz en democracia y, al mismo tiempo, un compromiso adquirido por parte del medio que, a través de su cumplimiento, ve reforzada su credibilidad.

 

(*) Doctor en Derecho y Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universidad de Elche. 

Vigano otra vez / Liu Suria

 El Arzobispo Vigano acaba de soltar una bomba de la verdad sobre el nuevo orden mundial.- Incluso aquellos que antes guardaban silencio dentro de la Iglesia ahora comienzan a denunciar lo que muchos han visto desde hace tiempo.

El sistema del Anticristo no es un hombre, sino una red mundial, totalitaria y basada en el miedo, el engaño, la extorsión y el control. Estos nombres no son la raíz de las manos ocultas, son los agentes de un sistema que sustituye la verdad con propaganda, la creación con lucro y la libertad con dependencia artificial.

Jim Ferguson.- Cuando un arzobispo católico de alto rango (exnuncio apostólico en EEUU) acusa abiertamente a las élites mundiales de infiltrarse en los gobiernos occidentales para imponer la Agenda 2030, el mundo debería detenerse a escuchar.

Viganò advierte: «Una peligrosa élite subversiva se ha infiltrado en las más altas esferas de las instituciones occidentales para implementar un plan criminal mundial».

Afirma que quienes denuncian este «golpe de estado global» son silenciados mediante:

• Censura

• Intimidación

• Abuso psiquiátrico

• Arresto.

Y menciona a un preso político del que los medios tradicionales se niegan a hablar: Rainer Füllmich, encarcelado por el delito de decir la verdad. Luego, Viganò va más allá que casi cualquier figura eclesiástica de nuestra época:

«No es Füllmich quien merece estar en prisión, sino quienes cometieron el mayor crimen contra la humanidad». Y los nombra: Fauci, Gates, Schwab, Soros, von der Leyen, Bourla… y sus cómplices en cargos públicos.

Esto no tiene precedentes. Un arzobispo de alto rango acusa a la estructura de poder globalista de crímenes contra la humanidad y llama al sistema emergente por su nombre: un régimen totalitario que se extiende por Europa, Canadá, Australia y todas las naciones controladas por la ONU, la OTAN, la OMS y el Foro Económico Mundial.

Su llamada al mundo es clara: «Alcen la voz. Defiendan a los perseguidos. Liberen a Rainer Füllmich». La historia se acelera. La Iglesia se pronuncia. Los denunciantes son encarcelados. Y los globalistas pierden el control. La verdad se impone.

https://x.com/JimFergusonUK/status/1990395227547316324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990395227547316324%7Ctwgr%5E0adb68f8af72deb2c175c7ede3ff6608959bbe99%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D261749

¿Aporta algo a las empresas realmente la IA? / Scott Zoldi *

La práctica totalidad de las empresas está utilizando de alguna u otra forma la Inteligencia Artificial en alguno de sus procesos de negocio. De eso no hay duda, pero ¿qué valor aporta realmente esta tecnología que está en boca de todos desde hace ya algunos años y cómo podemos garantizar que ese valor sea sostenible?

Durante los últimos años, la conversación sobre IA se ha centrado en las promesas de la tecnología: automatización masiva, reducción de costes, generación de nuevos productos o servicios, e incluso disrupciones completas de modelos de negocio. 

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el verdadero impacto no proviene únicamente de la innovación técnica, sino de la forma en la que la IA se integra en los procesos empresariales y se gestiona bajo estándares claros.

En una encuesta realizada por FICO a más de 250 ejecutivos de grandes compañías de distintos sectores, más de la mitad (56,8 %) afirmó que definir estándares tales como mitigación de sesgos, análisis del rendimiento o manejo seguro de los datos para una puesta en marcha responsable de la IA es un factor clave de generación de valor, frente a un 40 % que pensaba que el disruptor para el ROI sería la IA Generativa.

Este dato refleja un cambio cultural importante: la IA responsable ya no se percibe como un marco de control externo, sino como un habilitador directo del retorno de inversión y, sin embargo, sólo el 12,7 % de los CIO o CTO de estas organizaciones admiten contar con este tipo de estándares operativos relacionados con la IA.

La IA ya no es el futuro

Tenemos que aceptar que la IA ya no es una inversión orientada al futuro. Es una realidad operativa, que está generando retornos tangibles e impulsando la próxima generación de innovación. Pero también tenemos que tener claro que aprovechar todo el valor de la IA precisa de más que de mejores modelos.

 Requiere estándares sólidos que definan cómo desarrollar, desplegar y supervisar la IA; sistemas robustos que aseguren transparencia y trazabilidad; y colaboración para evitar silos y promover el escalado sin fragmentación tecnológica.

Por eso mismo, en todas las industrias, los líderes en IA están llegando a la misma conclusión. Los verdaderos diferenciadores no son los avances en generación de texto o síntesis de imágenes. Más bien, son estructurales: procesos empresariales sólidos, estrictos estándares de gobernanza de IA, mejores canales de comunicación inter departamental y una plataforma unificada que facilite todos estos elementos a la vez. 

Es decir, el hype tecnológico está cediendo terreno al pragmatismo empresarial con un enfoque basado en la IA responsable y, sin embargo, sólo el 7 % de las organizaciones encuestadas por FICO admiten haber adoptado completamente este tipo de estándares. 

En otras palabras, para la mayoría de las empresas, una vez que los modelos se llevan a producción, se dejan libres y sin control. Esto claramente se escapa de un enfoque responsable del uso de la IA.

La IA responsable elimina riesgos

Las organizaciones que invierten en auditoría de modelos, detección de sesgos y explicabilidad no solo están mitigando riesgos: se están posicionando para liderar. Y los datos sugieren que invertir más recursos en la puesta en marcha de estándares de IA responsable, en lugar de centrarse en la IA autónoma o generativa, dará grandes dividendos a largo plazo.

Es decir, para muchos la IA responsable está pasando de ser un principio abstracto a convertirse en un imperativo operativo. Mientras que las primeras olas de adopción de IA se centraron en la experimentación técnica y la novedad generativa, los líderes actuales están recalibrando su enfoque.

 En esta transición hacia la madurez, la confianza y la responsabilidad se convierten en la verdadera moneda de cambio. Los ejecutivos ya no preguntan únicamente "¿qué puede hacer la IA?", sino "¿cómo integramos la IA en el negocio para generar valor medible, confiable y sostenible?".

De hecho, cuando preguntamos a estos ejecutivos, que eran en su mayoría CIO o CTO, qué esperan de la IA en los próximos 18 meses y cómo van a medir su ROI, el 60 % señaló que la prioridad de inversión sería la IA para toma de decisiones, pero haciendo hincapié en la explicabilidad, trazabilidad e integración con la lógica empresarial.

Esta cifra nos da información sutil pero significativa. En lugar de perseguir innovaciones de IA de vanguardia por sí mismas, las organizaciones están cada vez más centradas en incorporar la IA en procesos operativos centrales de forma segura, confiable y con un impacto demostrable. 

Es decir, la industria está llamada a entregar valor consistente, no a explorar proyectos científicos de IA.

Lo que se espera de la IA: más colaboración con los humanos

Un patrón similar aparece al analizar los principales impulsores de innovación en IA para los próximos cinco años. La colaboración humano-IA se considera la perspectiva más interesante de innovación futura para un 44,5 % de los encuestados, seguida muy de cerca por la adopción de IA responsable con protocolos de auditoría en su uso (44 %). 

Las soluciones en tiempo real y las experiencias mejoradas para clientes también generaron altos niveles de entusiasmo.

Se busca, pues, un reconocimiento que garantice que la promesa a largo plazo de la IA no reside solo en la automatización, sino en la ampliación de las capacidades humanas. 

Aunque cada vez se presta más atención a la IA generativa y a la IA autónoma, el mayor nivel de optimismo se encuentra en potenciar a las personas con IA tradicional dentro de marcos responsables y auditables. 

Y más allá de eso, es necesario que los equipos profesionales también trabajen de forma colaborativa: en demasiadas ocasiones, vemos cómo los responsables de datos funcionan en silos independientes de los responsables del negocio, de los usuarios finales o de los directores de riesgo.

 Según el estudio de FICO, un 72 % de los directores de analítica y de IA encuestados admiten que en sus respectivas organizaciones al colaboración entre los equipos de tecnología y de negocio es un verdadero desafío.

Aún es temprano para declarar el fin del dominio de la IA generativa en las conversaciones de directorio. Pero los datos sugieren que las organizaciones con visión de futuro son cada vez más cautelosas respecto a apostar en exceso por el potencial sin contar con un plan de implementación empresarial medible y una generación de valor confiable y sostenida.

La IA autónoma (es decir, la que precisa de mínima supervisión humana), por ejemplo fue seleccionada solamente por 1 de cada 10 encuestado como un impulsor de innovación futura, y muchos la citaron como un serio riesgo de ROI, debido a preocupaciones sobre imprevisibilidad, inestabilidad e inmadurez técnica.

En resumen, estamos asistiendo a un paso decisivo hacia la madurez de la IA. La IA responsable no es solo una medida de protección: se está convirtiendo en un diferenciador estratégico. 

Quienes construyan sistemas de IA con ética incorporada, supervisión alineada e integración transversal no solo estarán en posición de escalar, sino que también se estarán preparando para una ventaja competitiva a largo plazo.

 

(*) Director de analítica de FICO 

Los minutos de la basura de Miguel Polo y Carlos Mazón / Guillermo López García *

 https://alicanteplaza.es/alicanteplaza/opinionalicante/los-minutos-de-la-basura-de-miguel-polo-y-carlos-mazon

La casta analfabeta / Gabriel Albiac *

No hace falta que Pachinadie desvele titulaciones académicas. Las lleva escritas en la cara. Resuenan en sus doctas palabras. Cobran fuerza corpórea en la gracia con que dobla el espinazo ante el Jefe. Es epítome del parlamento español, sin duda. Daría risa, si fuera una excepción. Pero es la norma.

A la política profesional sólo acude en España la gente que no tiene otra manera de ganarse la vida. Lo peor de cada familia, sin duda. Con título, sin título, con título comprado, con título falsificado. Da lo mismo. 

Desde un primer ministro plagiario de tesis doctoral, hasta los no sé cuántos mil émulos de Pachinadie que vivaquean desde el parlamento o el Senado hasta la última sinecura de aldea, la política española es esto: una opípara merienda de caníbales. A quienes engordamos con nuestros impuestos.

No tiene ya remedio. Es tarde. La podredumbre se apoderó del Estado desde el final de los años setenta. Habíamos llegado a la democracia con una ingenuidad digna, tal vez, de ternura. Pero mortífera. Y a nadie pareció pasársele por la cabeza que la vulnerabilidad mayor de un régimen democrático es su ausencia de blindaje frente a la corrupción. 

Desde el primer día, sabíamos que la financiación de los partidos era perfectamente ficticia. Y, al cabo de muy poco tiempo, todos los constructores contabilizaron el pellizco político del dos o el tres por ciento como el «ábrete sésamo» de su acceso a la obra pública.

Alguien tenía, en los partidos, que organizar el cobro de ese impuesto anómalo. Convenía, naturalmente, que fueran sujetos con no demasiados escrúpulos. Y dispuestos a embolsarse un pellizquito a modo de justa compensación por su maloliente lugar de faena. Al cabo de unos años, fueron ellos los verdaderos amos de sus respectivos partidos, porque un partido es lo que decide quien administra sus fondos. 

Y todo aquel novato que soñaba con llegar a la política, estaba soñando, en realidad con hacerse acreedor a igual de generoso desodorante tras remover la sentina. Para ese tipo de tarea, la formación académica es un estorbo. Lo es la integridad moral.

No siempre fue así. Nadie me venga con la cantinela de que jamás gente académicamente sólida y moralmente recta pisó el parlamento español. Inimaginablemente para los de hoy, las inteligencias más altas de España ocuparon escaño en diversos parlamentos de los años treinta. 

En la dispersión ideológica que es de exigir a una asamblea verdaderamente democrática. Unamuno u Ortega, Azaña o Marañón, Clara Campoamor o Victoria Kent, Ramiro de Maeztu o Francisco Pérez de Ayala, hicieron de la Carrera de San Jerónimo un lugar de sabiduría. 

Y de grandeza. 

Más o menos como ahora, vamos. ¿Qué había allí ladrones, analfabetos, bestias y asesinos? Los había. Pero no sólo. Y esos nombres de sabios mayores salvan la dignidad de la patria amarga en que vivieron.

Y es que incluso para equivocarse con dignidad –aunque esta dignidad sea trágica– está exigido ser sabio y ser decente. Y es que, para estar –como todos ellos lo estaban– infinitamente por encima de sus titulaciones académicas, es imprescindible haber surcado la inhóspita carrera de obstáculos con las que esas titulaciones garantizan una competencia mínima. Lo impensable hoy.

Está bien que una diputada que falsificó su currículum haya tenido la elemental decencia de dimitir al ser descubierta. Estaría mucho mejor que el parlamento español fijase una barrera mínima de cualificación académica y profesional para sus miembros. No por elitismo alguno. 

Por el hecho elemental de que los ciudadanos, a los que esos diputados dicen estar representando, pueden abrirse tan sólo paso en la vida a costa del duro esfuerzo del que los de la Carrera de San Jerónimo –del Senado, mejor ni hablo– se proclaman exentos. 

Empezaremos a creer en la representatividad del parlamento español el día en el que todos los carentes de saber y oficio hayan sido expulsados de ese lugar que no debieron haber pisado nunca. 

¡Quedarán tan pocos! Un alivio. Además de un ahorro.

 

(*) Filósofo 

 

https://www.eldebate.com/opinion/20250728/casta-analfabeta_320943.html 

Mi amiga Ana y el premio a 12tv / Paco Poveda

La vida depara a veces felices coincidencias. Me entero hoy de un premio 'Ana Baschwitz" a 12tv, mi emisora de televisión local-provincial en Alicante como tertuliano ocasional, cuando en vida Ana, la titular del galardón en su memoria, fue amiga y colega, aparte de condiscípula en el ciclo de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense; ella concretamente en el Departamento de Publicidad I con el catedrático Mariano Cebrián, también desaparecido, y yo en el de Periodismo II comandado por Pedro Orive, igualmente ya no entre nosotros.

 

Luego, Ana y yo terminamos de profesores asociados universitarios una vez conseguida la Suficiencia Investigadora. Pero seguimos teniendo una relación frecuente, sobre todo, cuando Ana era asesora externa de Comunicación de "Air Berlín', presidida en España por otro hispano-alemán como ella, Álvaro Middelmann, residente todavía en Palma, y fundador de la Asociación Española de Compañías Aéreas.

Ana era hermana de Benno, un médico neumólogo del Hospital General de Alicante, también fallecido, adonde llegó de la mano de su suegro, ex presidente de la Diputación y legendario ex alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza Orts.

Ambos hermanos habían cursado sus estudios secundarios en el Colegio Alemán de Madrid, lo que imprimió carácter a Ana, mujer de mucho temperamento y resolución, mucho más germánica pese a su segundo apellido español, Gómez de las Bárcenas.

Con formación publicitaria en origen, Ana se orientó hacia la Comunicación y las Relaciones Públicas como asesora de empresas y corporaciones, lo que le obligaba a relaciones regulares con periodistas, más cómodas con quienes éramos sus amigos de la época universitaria.

Con toda humildad lo digo, quería a veces saber mi criterio sobre algunas cuestiones de nuestra zona como también yo le consultaba a ella con más frecuencia sobre temas más de Madrid.

Emprendedora como nadie, vitalista, y perseverante, con una enorme capacidad de trabajo, fue la relaciones públicas de laboratorios farmacéuticos extranjeros en España y hasta presentó un programa culinario en Telemadrid después de haber escrito algunos libros de cocina y prologado dos al recordado profesor Clemente Ferrer Roselló.

Una hermana de la reina Letizia tuvo su primer trabajo en la empresa de Comunicación de Ana Baschwitz, AB Public Relation.

Su tesis doctoral, “Las Relaciones Públicas integrales como concepto aglutinador de las herramientas en una concepción moderna de la comunicación social”, fue dirigida por Jaime Urzaiz.

Casada y con hijos, Ana cambió de dimensión hace poco con tan solo 62 años y tras cuarenta de profesión. Era nuera de Carmen de Alvear, legendaria presidenta de la Concapa, y con la que estudió Ciencias de la Información en la Complutense.

 

Hoy revive en mi recuerdo con el gozo de ver premiado con su nombre el esfuerzo de Laura y José Antonio al frente de la gestión de 12 tv durante más de una década.

Merecieron la pena / Paco Poveda *

En la cuenta atrás de mis últimos cincuenta años de residencia intermitente en Alicante (se cumplen en octubre de 2026) me parece justo y necesario desvelar y destacar las personas, hombres y mujeres, que merecieron la pena conocer aquí y tratar, unos con mayor intensidad y otros el suficiente tiempo de cerca, como para apreciar su enorme calidad humana y toda clase de valores añadidos a su personalidad y, en todos los casos, sumados a una indispensable empatía como condición necesaria para integrar un grupo impagable para mí. 

Puedo caer en olvidos involuntarios por el tiempo transcurrido y/o por una creciente memoria más frágil a mi edad pero garantizo que habrá fe de despistes para esos casos aunque, en otros, la omisión es consciente y voluntaria por no haber alcanzado en su condición humana la categoría que define esta aproximación espiritual, lo que no significa ausencia de relación ahora pero sí un nivel distinto en la estantería de mis aprecios, conexiones y valoraciones, sin merma de méritos nunca, por supuesto. 

Aunque algunos no aparecen al no haber sabido estar a la altura, simplemente y, unos pocos, por su reiterada mala educación o mala fe, corruptos, mafiosos y ventajistas aparte.

Además, he excluido lógicamente las relaciones de parentesco sobrevenidas aunque haré una imprescindible excepción con el empresario del Mármol, Ramón García Alberola, casi con 100 años fallecido estos días. Todo un lujo siempre por ser doble primo político.

El orden de cita es aleatorio en el tiempo y en el espacio hasta no significar escala alguna de preferencia sino que, tal como me han venido a la cabeza, los voy a ir incluyendo en las líneas que siguen, comenzando por Marisa Rigal y su hijo médico Tomás Alberola por ser una mujer para mí fascinante por su filosofía de vida y altura moral; otra mujer de referencia ética ha sido la toledana Mari Carmen Molina, muchos años directora del centro femenino de enseñanza "Altozano" así como dos directores del colegio Jesuítas, Lorenzo Ayerdi y Vicente Parra, tan distintos ambos pero que me enseñaron los dos a primar la espiritualidad por encima de la religiosidad y otras muchas cosas más de la lógica trascendente. 

Hasta alumnos de ese colegio, amigos de mis hijos, mereció la pena conocerlos y tratarlos, como los hoy excelentes profesionales José Félix Ramón Herrero, Pachi Ripoll Alcalde, Nacho Dolado, David Sanz, Quique Ríos Arias, Pete Vidal Ballenilla, Luis Rosado, María Tur, la abogada Amparo Sempere Pastor, la muy internacional Alba Quilez, o Isabel Ruíz Llorca, letrada-auditora en el Tribunal de Cuentas, encabezando como representantes un grupo numeroso de compañeros cuya enumeración rebasaría los límites de este ensayo sentimental pero que albergo en mi corazón desde pequeños.

En otro orden recuerdo matrimonios con esencia, calidad y mucho que enseñar de la vida como Rafa Mille y Lourdes Astigarraga; José Antonio López Vizcaíno y Agustina Pividal; Luis Soler y Ángeles Mas, Manuel Vicente Gascó y Pilar, Jorge Barrón y Pinki Beardo, Carlos Carbonell y María José Barceló, José Luis Company y Rosa Catalá, Antonio Moreno y Paquita Motos, José Luis Beltrá y Antonieta Párraga, Manolo García y Conchita Segura, Pepe  Rivera y Merche Labuena o Francisco Gómez y Julieta Calvo García-Tornel, preferentemente. Mucho más jóvenes, José Gil Amorós y Manuela Ballester, ahora entre Alicante y Villena.

Hasta obispos traté en corto, casos de don Pablo Barrachina (presencié su entierro en el crucero de San Nicolás) y Francisco Cases en diversas etapas, siendo invitado selecto con la propia familia en su consagración episcopal en la catedral de Orihuela. 

Inolvidables los dos con su diferencia de edad y percepción del Mundo, al igual que los coroneles directores del aeropuerto Fernando Ballenilla, más militar quizás, y Paco García Hortal, periodista además, y apoyado siempre por su esposa torrevejense Fina Sala.

Por supuesto, no me faltan políticos, caso del abogado natural de Almoradí, ex diputado a Cortes Constituyentes por UCD y autonómico por el PP, el ya nonagenario Joaquín Galant, actual presidente del Real Liceo Casino, en Alicante. 

O jubilado en Elche ahora, otro ex diputado regional del PP, Manolo Ortuño, una especie de hermano mayor para mí además de ex funcionario de Justicia y abogado de cabecera siempre. Una enciclopedia jurídica abierta.

Caso también del gobernador, manchego de Almansa, Ramón Bello Bañón, abogado y periodista, ex alcalde centrista de Albacete, que me menciona y cita en sus memorias, sin olvidar a otros gobernadores, igualmente amigos personales, caso del "fraguista" Luis Fernández-Madrid, los centristas Pepe Duato y Jose Mari Sanz-Pastor Mellado o el más conservador y muy eficiente ingeniero, el profesor universitario José Miguel Savall, hasta contar a la socialista Etelvina Andreu, investigadora y profesora universitaria, junto a inolvidables funcionarios del Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno, caso exclusivo de Enrique Bernardeu, Federico Miró y Luis Romero, mi particular "oráculo" siempre mientras tuvo salud.  

Mención aparte me merece el penúltimo presidente franquista de la Diputación Provincial de Alicante, abogado, empresario, financiero y ex alcalde alcoyano, Jorge Silvestre Andrés, toda una figura alicantina del siglo XX, del que albergo algunos secretos sin precio para la pequeña historia más cercana. Y que me colmaba de papel cada Navidad como presidente de "Papeleras Reunidas S.A."

Caso parecido es el del doctor Francisco Zaragoza Gomis, político liberal monárquico nacido en Altea y miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón en la Dictadura, diputado de UCD que tuvo la deferencia de asistir a mi boda en la Capilla Real de la catedral de Murcia y yo a su entierro muy cerca del mar. 

O del profesor titular de Derecho del Trabajo en la UMU y alcalde centrista de Orihuela, Francisco García Ortuño, en quien me inspiré al ingresar en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia como docente asociado. Y hasta del ex alcalde socialista de Alicante, José Luis Lassaletta, político nada rencoroso donde los haya.

Sin olvidar al químico jijonenco y ex diputado provincial centrista, Guillermo Sirvent Sirvent; al ex diputado socialista a Cortes por Alicante, Joaquín Fuster, o José Prat, francmasón y senador del PSOE por Madrid entre 1979 y 1989 pero antes de su exilio en Francia y Colombia,  diputado por Albacete en las Cortes de la II República, amén de estrecho colaborador de Azaña, Largo Caballero y Negrín en sus respectivos Gobiernos

En esta selección también quiero que esté el ex diputado y ex senador socialista alcoyano, afincado hoy en el Cabo de las Huertas, Alberto Pérez Ferré con su esposa Adela, y vecino del economista de la Vega Baja y ex dirigente local de UCD, Martín Ruíz Chazarra, a quien debo añadir sin falta a esta lista, junto a su mujer, la letrada Pepa Llorca.

 En el caso de los cónsules honorarios, he de citar a Carmen Ayela, europeista de primera hora, buena abogada donde las haya sin mayor discusión, y al consignatario y agente de aduanas, Mario Flores Arroyo, elegante caballero oriundo de Espinardo, y más que discreto en sus acciones. 

Aquí también incluyo a Bubbo de Boer, ex presidente de la OAMI durante largo tiempo, del que fui confidente de sus escapadas vespertinas casi a diario a Torrevieja para convivir con la colonia holandesa.

Y no me olvido de Mohamed Bereguib, ex vicecónsul diplomático de Argelia, exquisito en sus formas afrancesadas por matrimonio y muy generoso al regalarme siempre vino de Orán. 

Ni del honesto Carlines Amérigo, pese a sus miedos y reservas que le impidieron ser un hombre de poder específico en su momento por más ocupado en sus azares favorables y en los asuntos de Méjico en Alicante.

Entre las amigas extranjeras y cultas, las alemanas Carmen Berendes Rathje e Irene Prüfer, traductora literaria y profesora en la Universidad de Alicante, magnífica anfitriona y, cada vez más, en su casa del Cabo. 

Y entre la vieja nobleza hispana residente en Alicante, los hermanos Ramón y David Alonso-Castrillo, descendientes directos del militar, conquistador y virrey del Perú, Francisco Pizarro, un par de elementos con mucha clase.

Pero hay toda una pléyade de figuras variadas que enriquecieron mi vida cultural en Alicante y que no quiero pasar por alto: las profesoras Juani Alias, Leticia Rasero, Teresa Espadas Caturla, Concha Sirvent, Alexandra Ribeiro y Rui Cordeiro, Tina Royo, María Dolores Marcos, Esperanza Asensi, Isabel Carretero, Carmen Chicote, Mélida Rocamora y Elena Ull, todas sin desperdicio pedagógico en su área de conocimiento, como Maritina e Inmaculada Vidal Bernabé en las universidades de Granada y Alicante respectivamente.

Y los profesores, Ramón Martín Mateo, Ricardo Medina, José Antonio Ibarra, Eduardo Ruíz Abellán, Agustín Bermúdez, Rafa Payá, Fernando Villamía Ugarte e Isabel Mora Zamorano, Antonio Pino Romero (fundador-director de la Escuela Europea), Isidoro Pisonero del Amo, Javier del Rey, Fausto Morillas, el luxemburgués Jean Weiland, Salvador Grau, Segundo García, Pedro Baño, Antonio Casado, Isidro Pérez, Juan Mareque, Javi Jiménez Corchano, Antonio Ramos, Antonio Gil Olcina, Diego Such, Emilio Soler, Salvador Forner... en la UA y en la UMH. Y el ilicitano José María Martínez Selva en la Universidad de Murcia.

Entre los más inolvidables amigos, Pilar de Sancho Ripoll, Carlos y Henar Gómez de Ramón, Fanny y Rosalyn Gámir, Belén Ramón-Borja, Esperanza Vallino, Fernando Canet (vivió los partos en la Vistahermosa de mis dos hijos pequeños por sendas casualidades) y su madre, la profesora María Dolores Fortea, el agente artístico Pascual Sánchez Espín, mi psicólogo preferido Joaquín Cantó, la profesora de Danza Mati Sánchez, el rentista, político y abogado Ramón Montahud, el ex alcalde socialista de Aspe y empresario Ramón Berenguer, la concejal del PP en La Nucía, Beatríz Pérez-Hickman, el farmacéutico José Luis Gomis, el político y empresario de Benidorm, Vicente Pérez Devesa, los ejecutivos de finanzas Rafa Terrón, Carlos Rico y Francisco Parra, el empresario Paco Molina y su esposa Mariola, el también empresario Rafa Fernández Muela y su esposa Ángeles Rodes (igual de magnífica anfitriona tanto como decoradora), Antonia Huesca y José Luis Menéndez, el ex gerente de Masatusa, Emilio Vázquez Novo, y los "conseguidores" de Alicante, Quino Domenech, de Elche, Diego Selva Irles, y de Villena Antonio Navalón y Agustín Palao, sin olvidar a otro ilicitano ilustre, pese a su juventud, el odontólogo, Juan Orts Báguena, y al eterno periodista local, aunque nacido e inhumado en Petrel, Francisco Rodríguez Martín.

Hablando de periodistas la lista es corta pero he de citar sin falta a José Vidal Masanet (el mejor en toda la historia del Periodismo alicantino y maestro de casi todos en reporterismo tras su formación en la Universidad de Columbia N.Y.), Cholas, Óscar y Rafa Arjones, Andrés Maestre, Carlos Esteve, Norma Vincenti, Rafael González Aguilar, Juan Bautista Rodríguez, Manuel Cerdán, Julio Irles, Luis Garrigós, Pepe Casinos Rhoso, Mar García, Juan Gerona, Miguel Hernández, Ramón Gómez Carrión, Isidro Vidal, Enrique de Diego, José Luis Núñez, Victoria Matesanz, Emilia María Gómez, Gloria de Nova, Tomás Ramírez, José Luis Marchante, José Carlos Vallejo, Cristina Sánchez, Ana Llorca, Asunción Valdés, José Vicente Botella, Paco Grau, Elena Valor, Mario Sierra y María Rosa García Mirasierras, hasta Manuel Hostalet (asistí a su boda en Játiva), sin olvidar a la legendaria Pirula Arderíus, porque todos me enseñaron algo del oficio sin saberlo ellos. 

Y de dos profesiones de las que he necesitado asistencia, con más o menos frecuencia, médicos y abogados, hice buena amistad con el hematólogo-analista Carlos Mazón Iborra (no confundir con su hijo, por favor) tras controlar los embarazos de Cheddy; el pediatra Pedro Orts (nunca me cobró por cuidar de la salud de mis hijos), el odontólogo Jose Jesús López Sánchez (tampoco), el ginecólogo Ricardo Ferré Alemán (igualmente con mis dos hijos pequeños), la oftalmóloga mexicana Nerick Monts, la dermatóloga María Jesús Abad, el traumatólogo Pascual Rosser, el forense Juan Carlos López Corbalán, el otorrino Guillermo Severá, Federico Manero (El zorro plateado) fundador del antiguo hospital San Carlos, Alfonso Moreno de Arcos, el neurólogo Ramón Sancho Ripoll, el neurocirujano Fernando Ruíz García, el cardiólogo, Antonio Toral, los psiquiatras Joaquín Vallés y José Luis Ortín más la doctora de familia, Carolina de Tiedra, y en Elche, el nutricionista Jesús Pereda Torres, de todos cual mejor persona y profesional constatado. Y como enfermera, Rosa Sastre, sin duda.

En el orden de los abogados no quisiera olvidarme de gente de tanta calidad jurídica y humana como José María Gally, Encarnita Martínez-Tortillol Piqueres, Evaristo Manero, el ex alcalde franquista de Alicante, Ambrosio Luciañez, María Dolores Cartagena, el también profesor universitario y alcoyano Rafa Sastre Sempere, Valle Galant, Beatríz Poch Lobato, Luis Delgado de Molina, Gracia y Diego Zapata, Eduardo Infante y María Rosa Alberola, Pedro Beltrán, el también profesor en la UA,  Isidro Echániz, Manuel Perales, Juan Enrique Serrano, José Ramón Gisbert Quereda e Ignacio Madrona Badías, a los que habría que añadir los más que apreciados y amigos magistrados de la Audiencia Provincial, Luis Figueiras Dacal y del TSJ,  Javier Izquierdo, de los que he llegado a ser confidente fuera del plano institucional y de los que tanto aprendí desde muy joven.

También hay sacerdotes entre mis amigos, con los que ha podido hablar siempre de hombre a hombre: Francisco Bernabé, Manuel Torregrosa, Fernando Rodríguez Trives, Juan Cantó, Antonio Vivo, Miguel Ángel Cremades, monseñor Carlos Mendiola y monseñor Ramón Sáez. O el párroco de Gracia, José María Fernández-Corredor. Siempre en el recuerdo, el capellán en el diario "Información", el aspense Francisco Espinosa Cañizares, una relación sin precio para mí.

Y para terminar, una pluralidad de indispensables en mi biografía alicantina, de hoy y de siempre, aún a riesgo de que me falte alguno.

Comienzo por Manuela Herrero de Galant, Papi Roselló, las hermanas Sara y Reme Cortés; Mari Carmen Amérigo y su primo, el pintor Juan Manuel Amérigo Asín; Loli Fuster, Javier Bercial, Ángel Borrego, Manolo Bello Collado, Nori Gomáriz, Merche Carratalá y su hijo Arturo; el arquitecto Roberto Magro, el músico Fran Maestre,  otro pintor, Juanjo Pamblanco y una pintora, Tania García Asensi, sin obviar al maestro Gastón Castelló (me regaló en 1985 una acuarela de la Santa Faz firmada por atenderle en un trance complicado en plena y calurosa Romería, donde descansó en la refrigerada unidad móvil de Antena-3); y sigo por el economista y profesor, Miguel Millana; el auditor, Luis Caruana; otro economista y empresario, Antonio Espuch, el profesor y economista-auditor Eduardo Valderrama; el joven erudito Jorge Campos Otero; el ex diputado y ex senador del PSOE, Ángel Franco; el profesor, diputado socialista y vicepresidente del Congreso, Pepe Beviá, el abogado de Jávea y ex vicepresidente socialista del Senado, Arturo Lizón; el  escritor comunista y senador de designación real, Josevicente Mateo, y los economistas Fede Manchón, Pepe Pérez-Hickman y Miguel Garberí, algunos con bastantes menos años que yo.

Pero también debo incluir al funcionario municipal José Luis Rosa, mis fieles y leales en la Secretaría Técnica de la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, Núñez y Mila, el abogado de Orihuela, Adrián Canales, el ex empleado de Iberia, Secundino Escrihuela, el empresario alcoyano Vicente Miró, Manuel Francés, Felipe Hernández,  mis asistentes esenciales en la Dirección Provincial del SIS en la AISS-Alicante Norberto Climent y María Luisa, el economista y profesor de golf Vicente Espadas Belda, la Bellea del Foc 1979, Terete Caturla, el diseñador Paco Nieto,  la auditora Cristina Garberí, el mecánico de cambio automático Toni Javaloyes,  los mecánicos Miguel Morales y Rafa; el sociólogo alcoyano Ismael Navarro Moltó, el cineasta Enrique Ortuño, el argentino Alberto Irusta, el arquitecto y urbanista Román Álvarez Poveda, la empresaria Pilar G. López-Briones, mis tertulianos ilustrados Eduardo Rico y Juan Carlos Pérez Gisbert, el cheff Pablo Javier Vilarrubias, el golfista Manuel Ferry, Ricardo Giménez, cofundador de Discos Merlín; Vicente y Antonio Martínez, de Suma Gestión Tributaria; Miguel Ángel y Mari Faz, de 'Águila Amstel' en Alicante; mis escogidas amigas Silvia Moreno Mollá,  Nerea Sesma y Olga, del vasco "Lorea". Y el crítico taurino Diego García.

No voy a prescindir en este reconocimiento de los empresarios y muy amigos Justo Quesada Aniorte, Juan Antonio Sirvent Selfa (turronero y ex alumno de la Universidad de Oxford), Antonio Arce, Ernesto Pereira, el promotor de vivienda  Alfonso Carratalá, la impresora ilicitana María García Torres, el editor de Almoradí, Manuel Alonso Gutiérrez, el editor de Benidorm, Manuel Esquembre Bañuls, el exportador-importador sirio-palestino Bassam Hammoudi, el promotor en Arenales del Sol, José García García o de los sindicalistas y/o funcionarios, Ezequiel Jaquete Molinero, Antonio Arcos Ferrándiz, Isabel González-Cabezas, María Jesús Casado y Dina Suárez Quintáns. 

De Elche también quiero recordar, y no olvidar, al empresario del Calzado, Manuel Martínez Valero, Antonio Pascual Antón, el economista-auditor Pepe Serrano y Esther, Lolita Mendiola, el publicitario Diego Amorós, los abogados Alberto Padilla y Basilio Fuentes Alarcón, el socialista histórico Juan Vives, el gerente Rafael Climent, al API, Pedro Quesada Samper y nuestro inolvidable amigo común, Nicasio, ex responsable de la brigada antiterrorista en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante así como Juan Palma, ex jefe de la Policía Nacional. 

 Y de Villena, a la ex visitadora médica Lola Selva, ahora al frente de la floristería 'Alma de Selva', en Alicante, a Amparo Querol de Fernández de Palencia, y a la fotógrafa Concha Beneyto, siempre referente en el colegio Inmaculada, al igual que lo fueron en vida José Vicente Baeza o el aparejador Hernández Moltó y, todavía en el voluntariado escolar, Rosa Mari, después de acompañante media vida en el bus escolar, primero de mis hijos y después de mi nieta. 

Pero también de Villena a la abogada y profesora de ciclos formativos en Cruz Roja Alicante, Pilar Alonso Hernández,  reciente Medalla al Mérito de la Abogacía de Alicante y madre del actual coronel-jefe del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, en Ceuta, el alicantino Cayetano Martínez Alonso.

Y hasta aquí llego, por el momento, con mis 250 elegidos, de los que prácticamente más de un tercio, 95 en total, ya no está entre nosotros. 

Como he dicho antes, abriré una Fe de Despistes para ir añadiendo nombres y también otra de eventuales bajas voluntarias porque la estima no siempre ha de ser recíproca ni al mismo nivel, al igual que la empatía y/o la simpatía. 

En cualquier caso, deseo a todos los vivos aquí citados que consigan cuanto antes una buena conexión con la Luz, si es que todavía no la tienen, porque puede hacerles falta a no tardar.

(*) Periodista y profesor