ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, ha enviado una remesa de cartas a los alcaldes en la que les informa de su plan de imposición del catalán.
El Ejecutivo aragonés da un plazo de quince días para presentar
alegaciones, un plazo que, en muchos casos, ha resultado insuficiente.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Okdiario, se informa a los
regidores de que su municipio ha sido declarado “zona de utilización
histórica predominante de las modalidades lingüísticas propias de
Aragón”. Esto es, según el gobierno de Lambán, no solo el aragonés, sino
también el catalán.
Así, en la carta se recuerda a los alcaldes que el Estatuto de
Autonomía de Aragón “atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno”, además de la potestad en materia de
Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
Igualmente, se avisa de que por Orden de la Consejería de Educación,
de julio de 2017, “se ordenó el inicio de procedimiento para la
elaboración de los decretos del Gobierno de Aragón por los que se
determinan las zonas y municipios de utilización histórica predominante
del aragonés y del catalán de Aragón”.
A continuación, se remite a la normativa al respecto de la oficialidad del catalán, aunque de manera manipulada según sus intereses.
Así, por ejemplo, la carta se remite al acuerdo del Pleno de las Cortes, de 1997,
en el que se dice que “el catalán es una de las lenguas propias de las
zonas limítrofes con Cataluña”y “se habla en un 11,6 por ciento del
territorio de Aragón”.
Además, hace referencia al anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón, de 2001,
“por el que se establecían los municipios que pueden ser declarados
zonas de utilización predominante de su respectiva lengua o modalidad
lingüística propia o zonas de utilización predominante del aragonés y
del catalán”.
Esa ley establece que el castellano es la lengua oficial
en toda la comunidad, mientras que el aragonés y el catalán lo serán “en
los respectivos territorios predominantes, junto con el castellano“, algo que se omite en la carta enviada.
Además, municipios que, según ese informe, utilizan de forma
mayoritaria el aragonés o el catalán -como Huesca, Jaca o Barbastro- son
en su práctica totalidad castellanoparlantes. El gobierno aragonés no
reconoce dialectos plenamente implantados en esas zonas, como el patués (utilizado en el Valle de Benasque) o el chapurriau, que en ningún caso se mencionan.
Aunque sin duda lo más sorprendente es que se esconda la Ley de Lenguas de 2013,
aprobada bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi y actualmente
vigente. Esa ley solo se refiere al aragonés como lengua propia, en ningún caso al catalán.
Varios regidores han denunciado que algunas de esas cartas
fueron enviadas en plena Semana Santa, con el Ayuntamiento cerrado, lo
que consideran una maniobra “premeditada” para evitar las alegaciones.
En otros casos, los consistorios, mal comunicados, no recibieron la
entrega con tiempo suficiente para expresar su rechazo.
El Gobierno de Aragón ha acelerado en las últimas semanas su plan de imposición lingüística, ultimando la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua, la institución pública que dará cobertura al Instituto aragonés del catalán y asesorará a la instituciones sobre su uso.
El objetivo de ese organismo es la promoción y desarrollo del
aragonés y del catalán, estimulando su uso, enseñanza y difusión, según
los estatutos recientemente aprobados. Además, se precisa que el
Instituto aragonés del catalán colaborará con las además instituciones
académicas de la lengua catalana, lo que abre la posibilidad de
establecer convenios con la Generalitat de Cataluña.
Se da la circunstancia de que el director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, ha reconocido en varias ocasiones que no tiene el aragonés como lengua materna y que no sabe catalán.
Susín participó como jurista en 1998 en la elaboración del
anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón en el que se declaraban
aragonesoparlantes ciudades 100% castellano-hablantes como Huesca,
Barbastro o Monzón, entre otras.
El Gobierno aragonés no ha ocultado además el rechazo que le provocan
los dialectos que sienten como propios las zonas que intentan
‘catalanizar’. En el escrito a las alegaciones presentadas contra el
mencionado Instituto del Catalán, en las que se defendía la utilización
del chapurriau, se desdeñó que éste término solo significaba “hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores”.
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