MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado,
donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún
obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso.
La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC—
y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta
permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean
"personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas
propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto
mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias
vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.
El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la
proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante
ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre
pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.
El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena
parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha
motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra
los extorsionadores, sino contra los ocupantes".
En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del
proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un
fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas
en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que
entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos
procedimientos.
Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a
este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un
fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el
inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la
posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este
lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.
La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata
recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella
siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las
personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y
"entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda
social".
En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes,
extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la
vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen
la situación de posesión.
Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar
su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para
poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En
caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará
mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda".
Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a
efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese
momento en la vivienda".
También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el
demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco
días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el
demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso
buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier
entidad que pueda especular con la vivienda".
"No es nuestra intención",
ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado
para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan
acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la
iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la
propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades
sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la
okupación ilegal de inmuebles".
La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos
competentes en materia de política social" en diferentes fases del
proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez
se obtuviera consentimiento de "los interesados".
La primera de ellas,
en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de
la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el
desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio.
Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días
para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de
protección que en su caso procedan".
Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para
los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas
concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se
encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Pero sí que establece la
obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus
protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al
objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de
"dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de
vulnerabilidad.
Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición
adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar
"datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a
personas o familias en riesgo de exclusión".
La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña
entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia
Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los
desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de
"la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias.
En ese
sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que
van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en
material de beneficio y de especulación".
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta
sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su
juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una
nueva ola de desahucios".
"Es muy fácil ir legislando a favor del
desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar
los Ayuntamientos", ha criticado.
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