MADRID.- El futuro de las concesiones de autopistas de peaje se vuelve cada vez
más incierto conforme se acerca el fin de algunos contratos. Este
martes, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
volvió a insistir en que no contempla una extensión de estas
concesiones, que deberían revertir al Estado una vez vencidas. Sin
embargo, dejó claro que la decisión final no está en su mano sino en la
del consejo de ministros. Y ahí, las posturas están más encontradas, según Vozpópuli.
“La decisión de cuál va a ser el futuro de las
concesiones de autopistas de peaje trasciende al Ministerio de Fomento.
La decisión es del Gobierno”, aseguró durante su intervención en un
desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press. E incluso
matizó que sus opiniones personales quedaron en un segundo plano cuando
pasó a formar parte del Gobierno.
De la Serna siempre
ha defendido que las concesiones que están próximas al vencimiento no
deben ser prorrogadas ni renovadas. “Es más, incluso dudo que esta
posibilidad tenga encaje legal en nuestro sistema”, apuntó en el citado
acto. No obstante, el asunto es uno de tantos que mantiene enfrentado al
departamento que dirige el ex alcalde de Santander con los ministerios
del área económica, especialmente el de Hacienda.
De
hecho, De la Serna habló de la necesidad de un consenso con formaciones
políticas de la oposición sobre el futuro del modelo, puesto en duda por
la crisis de las concesionarias de autopistas de peaje
de última generación (entre las que se encuentran las radiales de
Madrid), que están siendo en estos días rescatadas por el Estado para
proceder a su relicitación.
“Decisiones de este tipo
van más allá del periodo que dura una legislatura”, indicó De la Serna.
Consciente de que la decisión final no está en sus manos, lanzó al menos
un mensaje que apelaba a la responsabilidad: “lo único que tengo en la
cabeza es que tenemos que acertar con la decisión que tomemos”. Y
lamentó que “en estos momentos es prácticamente imposible tener un
debate moderado en cualquier aspecto relacionado con la política”.
En
Moncloa son conscientes de que el asunto de las concesiones próximas a
su vencimiento es especialmente delicado. Y más cuando buena parte de
las que están a punto de llegar a su fin pertenecen a Abertis, en pleno proceso de cambio de manos y, además, con un buen número de frentes abiertos contra el Estado.
Entre
ellos destaca el caso de la AP-7, precisamente una concesión que el
Estado prolongó en su día a Abertis como contraprestación por la
realización de una serie de trabajos de mejora en la vía. La
concesionaria reclama una indemnización superior a los 1.600 millones de
euros por el desplome de los tráficos durante los años de la crisis,
tal y como contemplaba el contrato de la concesión. El asunto está
pendiente de una resolución del Supremo.
A comienzos
de año, el Gobierno abrió un expediente sancionador a Abertis por las
incidencias en la AP-6 el primer fin de semana de 2018, cuando cientos
de conductores quedaron atrapados en la autopista por la nieve.
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