CESM-CV denuncia la "falta de respuesta" de Sanidad y exige la convocatoria inmediata del comité de huelga

 VALENCIA.- El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha expresado su "malestar" y "decepción" ante la "falta de respuesta" a las demandas del colectivo médico por parte de la Conselleria de Sanidad, "sin haber convocado al comité de huelga después de la reunión mantenida el pasado jueves 21 de mayo".

CESM-CV advierte de que mientras no existan "compromisos firmes" y "verificables" que sean "satisfactorios" para el colectivo, mantendrá activas las movilizaciones y el calendario de huelga previsto.

La central sindical ha subrayado en un comunicado que en el encuentro la administración "se comprometió a trasladar una contrapropuesta" y a continuar las negociaciones durante esta semana con el objetivo de abordar las reivindicaciones planteadas por CESM-CV.

Entre ellas, cita la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes, la limitación de agendas de Atención Primaria, el refuerzo de plantillas, el exceso de guardias y la mejora de las condiciones laborales y asistenciales, entre otras.

Desde CESM-CV lamentan que, tras semanas de movilizaciones y huelga, la administración "continúe instalándose en los anuncios y las declaraciones de intenciones sin concretar ninguna oferta aceptable".

Ante dicha ausencia de avances, la dirección del Sindicato Médico CESM-CV asegur aque ha logrado concertar una reunión "al más alto nivel" con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "para retomar las negociaciones sin más dilación y definir las reivindicaciones" planteadas por el colectivo médico a la Conselleria.

Sanidad constituirá una Mesa Técnica de negociación de las 35 horas para que se implanten en enero de 2027

 VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha informado a los sindicatos en la Mesa Sectorial celebrada este lunes de que se va a constituir la correspondiente Mesa Técnica de negociación de las 35 horas y entonces se presentará un calendario para que esta reducción de jornada «se empiece a implantar a partir del 1 de enero de 2027», según ha informado la Generalitat.

La celebración de esta Mesa Sectoral, con la que ha comenzado el proceso de negociación de las 35 horas, se convocó en cumplimiento con el acuerdo de la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, que tuvo lugar recientemente.

 «Desde la Conselleria de Sanidad siempre se ha mantenido la voluntad de iniciar la negociación de la jornada laboral tras el correspondiente acuerdo en el marco de la Mesa General», ha recalcado.

En ese sentido, ha señalado que la implantación de la jornada «ha de estar garantizada con el correspondiente soporte presupuestario, puesto que conlleva un incremento estructural de plantilla».

Por su parte, los sindicatos han trasladado al departamento que dirige Marciano Gómez sus «líneas rojas» en la negociación, que pasan fundamentalmente por un refuerzo de plantilla y cobertura presupuestaria para asegurar su aplicación «real y con todas las garantías».

Al respecto, la responsable de Sanidad de UGT, Eva Plana, ha recalcado que las tres líneas rojas son «aumento de personal, cobertura presupuestaria e implantación progresiva que no aumente ratios ni empeore la calidad asistencial» y ha subrayado que la implementación «debería empezar en el segundo semestre de este año y culminar en 1 de enero de 2027». 

«Se ha perdido mucho tiempo porque había un acuerdo firmado», ha lamentado.

En esta línea, desde CCOO se ha exigido «que las 35 horas semanales se apliquen a todo el personal sin excepciones». 

Según señala el sindicato en un comunicado ha insistido en que esta jornada está instaurada en la mayoría de comunidades, pero «en nuestro territorio, la Conselleria ha tenido paralizada la negociación desde hace más de dos años, a pesar de que se firmó un acuerdo para aplicarla en marzo de 2023, y se ratificó la reducción de jornada en el Acuerdo de Legislatura del 7 de mayo de 2024 del Consell».

«Nuestra autonomía está en desventaja respecto a otras que sí han cumplido con las 35 horas, logrando retener y captar a más profesionales por contar con mejores condiciones laborales», ha lamentado CCOO, que ha recordado que «ha reivindicado el cumplimiento del acuerdo en cada reunión mantenida con sanidad y también apoyando al personal que lo ha exigido con movilización en las calles y centros de trabajo». 

Así, ha exigido que la jornada se implante «con garantías, con los recursos necesarios y con una negociación seria y consensuada para que no se comprometa la calidad asistencial y la salud del personal».

Asimismo, CSIF ha pedido la implantación de la jornada de 35 horas semanales de manera «real, efectiva, sin merma retributiva y con todas las garantías» y ha insistido en «acelerar» su desarrollo antes de 2027 para evitar «nuevos anuncios sin aplicación práctica».

En esta línea, ha exigido que se lleve a cabo «con memoria económica, respaldo jurídico y un refuerzo estructural de plantillas, algo imprescindible en un servicio que funciona 24 horas al día durante los 365 días del año». 

Sin ese refuerzo, la reducción de jornada resultaría inviable y revertiría en una mayor sobrecarga para los profesionales y en una pérdida de nivel de asistencia a la ciudadanía", ha advertido.

Del mismo modo, ha hecho especial hincapié en que «la reducción de jornada debe realizarse sin ninguna pérdida económica para los trabajadores y como una medida que permita avanzar en una conciliación real de la vida laboral y familiar, objetivo que no puede alcanzarse si no se acompaña de los recursos necesarios».

La CSIF ha recordado que la aplicación de las 35 horas responde a «un compromiso recogido en el Acuerdo de Legislatura firmado por la propia Generalitat, todavía pendiente de cumplimiento».

Por su parte, SATSE ha recalcado sus dos líneas rojas: la necesidad de que se amplíen las plantillas para poder cubrir la reducción de la jornada y que la modificación del Decreto de jornada «no suponga tocar derechos que ya tienen los trabajadores». 

Desde el sindicato de Enfermería ha mostrado «mucha cautela» ante esta negociación porque «está Conselleria ya ha incumplido su palabra muchas veces».

La tasa de supervivencia de cáncer infantil supera el 85% en la Comunitat Valenciana

 VALENCIA.- La tasa de supervivencia de cáncer infantil en la Comunitat Valenciana sigue creciendo y supera ya el 85 por ciento, según los datos de la Conselleria de Sanidad. En concreto, en los menores de 20 años, la supervivencia a cinco años registrada en la cohorte de la última década analizada se sitúa en el 85,2%, frente al 80% en la cohorte de los diez años anteriores.

La secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, ha afirmado, en un comunicado, que estos datos "demuestran que los avances en investigación y tratamiento están dando resultados esperanzadores para quienes padecen esta enfermedad y su entorno, así como para la sociedad en general".

En este sentido, Perales ha destacado con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, "el firme compromiso de la Generalitat por poner a disposición de la ciudadanía los mejores recursos asistenciales y los tratamientos de cáncer más avanzados, especialmente para el cáncer infantil, porque el objetivo principal es que cada día se curen más niños y niñas que padecen esta enfermedad".

Asimismo, la secretaria autonómica de Sanidad ha remarcado que la Comunitat va a contar con un centro de protonterapia, que acogerá el equipo donado por la Fundación Amancio Ortega.

 "Actualmente, están en marcha las obras del futuro centro que finalizarán este año y se prevé que en agosto de 2027 se pueda tratar al primer paciente", ha indicado.

A este respecto, Perales ha apuntado que "con este equipamiento daremos un salto cualitativo muy importante en el tratamiento oncológico, sobre todo en la atención a los menores y adolescentes, ya que la protonterapia es una modalidad de radioterapia externa de alta precisión, especialmente indicada para pacientes pediátricos y tumores de difícil acceso como los cerebrales, de cabeza y cuello, médula espinal, pulmón, oculares, sarcomas y reirradiaciones".

Además, ha añadido que este equipamiento permite tratar los tumores con la "máxima precisión y reducir la irradiación de tejidos sanos, lo que supone mayor seguridad para el paciente y menos secuelas, todo ello es muy importante a la hora de tratar a pacientes, sobre todo en los casos de población infantil y juvenil".

En estos momentos, se está realizando la primera fase de las obras para la construcción del nuevo centro de protonterapia y se espera que finalicen en el mes de mayo, lo que permitirá la instalación del equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega.

Al término de las obras, se procederá a la instalación y calibración del acelerador y su equipamiento complementario se prolongará hasta el verano de 2027, momento en el que se tratará al primer paciente.

Por otro lado, para reforzar esta atención continuada a los pacientes que han padecido un cáncer en la infancia, la Conselleria de Sanidad está desarrollando un Protocolo de Seguimiento a Largo Plazo que "facilita el paso ordenado de la pediatría a la medicina del adulto y promueve la coordinación entre niveles asistenciales", según la Generalitat.

Asimismo, ha señalado que este protocolo establece criterios de derivación urgente o programada, circuitos de comunicación y recomendaciones según riesgo estratificado.

Este aspecto viene recogido en la nueva Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, que contempla entre sus objetivos "la atención integral al superviviente, con un seguimiento a largo plazo, especialmente a las secuelas físicas, emocionales y sociales y la coordinación entre niveles asistenciales para adultos y niños".

El sistema sanitario público valenciano cuenta con una Red Asistencial Oncológica Pediátrica integrada por los tres hospitales con unidades de referencia en cáncer infantil y de la adolescencia: el Hospital General de Alicante, el Hospital Clínico Universitario de València y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. La Comunitat ha sido pionera en la designación de unidades de referencia de oncología pediátrica y de la adolescencia.

En cuanto a la actividad asistencial, durante el año 2025 se registraron 9.569 consultas en los servicios de Oncología Pediátrica, una cifra similar a la del 2024 en el que se realizaron 9.538 consultas externas.

Por su parte, el año pasado los hospitales del sistema público sanitario registraron 1.367 hospitalizaciones de pacientes oncológicos pediátricos, frente a las 1.362 hospitalizaciones del año anterior.

Sanidad reduce en más del 60% el plazo para intervenir a los pacientes con riesgo vital en lo que va de legislatura

 VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha reducido en más del 60 por ciento el plazo para intervenir quirúrgicamente a pacientes con riesgo vital durante esta legislatura. En junio de 2023, el tiempo medio de espera era de 61 días frente a los 24 de diciembre de 2025 para estos pacientes con prioridad 1, es decir, los que han de ser intervenidos en un máximo de 30 días debido a su pronóstico.

A este respecto, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado que, gracias a las medidas puestas en marcha y al trabajo de los profesionales sanitarios, en estos momentos, "se está cumpliendo el plazo para realizar intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, al estar por debajo del mes establecido como tiempo de demora media".

Así lo ha transmitido durante la reunión que ha mantenido con el resto del equipo de la Conselleria de Sanidad y los gerentes y equipos directivos de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales y de los Departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, mientras la cifra de pacientes con esta prioridad en espera para someterse a una intervención quirúrgica ascendía a 2.967 al inicio de la legislatura, en diciembre pasado se situaba en 1.330, lo que ha supuesto una reducción de más del 55%.

Por todo ello, Marciano Gómez ha puesto en valor "el cumplimiento del objetivo, que nos marcamos al inicio de legislatura, de agilizar las intervenciones a aquellos pacientes cuyo pronóstico vital está comprometido". 

Según Gómez, para este Consell "los pacientes no son números, sino que se les tiene que atender priorizando según la gravedad de sus patologías, porque lo importante es su salud y no las estadísticas".

En cuanto a la prioridad 2, que son aquellas intervenciones que han de realizarse en un plazo no superior a 90 días, la lista de espera media es de 87 días, de esta manera también se cumple el plazo óptimo. 

Además, se ha reducido en cerca del 29% el número de pacientes pendientes en esta prioridad, en comparación con el inicio de legislatura, manteniendo esa tendencia a la baja de los últimos años al pasar de 12.270 personas en diciembre de 2024 a 12.163 finalizado el pasado ejercicio.

El titular de Sanidad ha explicado que la implementación de estrategias diferenciadas por prioridad "ha permitido avanzar hacia un sistema más eficiente y, lo más importante, centrado en la gravedad de la patología que presenta cada paciente, con especial atención en la prioridad 1 y 2, anteponiendo siempre los indicadores de salud por encima de cualquier otro aspecto".

Para Marciano Gómez, "los resultados obtenidos reflejan el compromiso con la mejora en la asistencia de los pacientes y la reducción de la demora estructural". 

"No obstante, sin caer por supuesto en la autocomplacencia, seguiremos trabajando y centrando nuestros esfuerzos para que continúe con una tendencia descendente el tiempo de espera para ser intervenido en la Comunitat Valenciana", ha insistido.

En cuanto a la demora global, el número total de pacientes en espera de intervención quirúrgica es de 72.800 en estos momentos, lo que supone un 2% menos que en diciembre de 2024, según la Conselleria.

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha situado en 88 días, cinco menos que al finalizar 2024. El 75% de los departamentos de salud, es decir, 18 de los 24, han registrado una demora inferior a la media.

Estos son: Elx-Crevillent con 39 días; Requena, 53; Sagunto, 55; Vinaròs y Valencia-Doctor Peset, 59; Manises y Alcoy, 61; Marina Baixa, 62; Gandia y La Ribera, 67; La Plana y Orihuela, 68; Arnau-Llíria, 69; Torrevieja, 70; Clínico de Valencia, 75; Elda, 78 y Denia y Xàtiva-Ontinyent, 79 días.

Gómez insiste en que Sanidad actuará "con contundencia" si detecta uso irregular de material en hospitales

 VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha reiterado que la Generalitat actuará «con contundencia» en el supuesto caso de que inspecciones detecten irregularidades, por ejemplo, en el uso de material sanitario, en todos los hospitales de la Comunitat Valenciana, incluido el del Vinalopó de Elche, que es público pero de gestión privada por parte de Ribera Salud.

En estos términos se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Beniparrell, donde ha visitado el terreno donde se ubicará el nuevo consultorio auxiliar del municipio, al ser preguntado de nuevo por la publicación de 'eldiario.es' que revela que ese grupo sanitario habría reutilizado hasta diez veces catéteres de un solo uso.

Según esa información publicada, la jefa de auditoría admite en un correo electrónico del 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital que gestiona Ribera Salud en Elche e insta al de Torrejón (Madrid) a hacer lo mismo para ahorrar costes.

Gómez ha afirmado que «todo esto parte de un correo electrónico donde alguien sugiere que se reutilicen» los catéteres, al tiempo que ha resaltado que tanto el centro gestionado por el grupo como «el resto» son auditados y controlados «de una forma periódica».

En esta línea, el conseller ha aseverado que «en ningún momento durante el tiempo» que ha transcurrido de la actual legislatura ha habido signo de «potencial utilización irregular» de material sanitario.

«No es menos cierto que, cuando el otro día nos enteramos de esta noticia, mandamos a un equipo de inspectores de una forma urgente y rápida y no han detectado ningún tipo de utilización en la inspección que hicieron la semana pasada de la reutilización de este tipo de catéteres», ha expresado.

Igualmente, ha recalcado: «No obstante, nosotros vamos a seguir con nuestros estudios en este y en todos los hospitales porque para nosotros lo que realmente importa es la calidad asistencial prestada al ciudadano, viva donde viva, y si notásemos cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de disfunción, actuaríamos con contundencia».

«Lo he dicho muchísimas veces, en el momento que el Hospital del Vinalopó no cumpla los criterios de calidad mejores que la media o haya cualquier tipo de incidencia, actuaría con contundencia. Pero, insisto, controlamos, auditamos», ha apostillado.

Al ser preguntado sobre si continuará la gestión privada de este centro, y, por ende, del departamento de salud de Elx-Crevillent, Gómez ha afirmado: «Por supuesto que sí. Ahora, si detectásemos algún tipo de irregularidad, insisto que la contundencia la aplicaríamos y tomaríamos algún tipo de medida».

A juicio del conseller, «llama un poco la atención que durante ocho años de gobierno del Botànic donde el contrato decía que se podían poner sanciones por irregularidades no se detectase ninguna, lo cual es curioso, y ahora» ante «un correo electrónico, que efectivamente está ahí», «vayan a la Fiscalía», ha afirmado en alusión a PSPV y Compromís.

«Una cosa es el aspecto jurídico, otra cosa es el aspecto político y otra cosa es el aspecto sanitario y el control de la calidad del aspecto sanitario. Nosotros lo hacemos con este y con el resto de hospitales», ha señalado.

Finalmente, al ser preguntado por el contenido del correo publicado en esa información periodística, ha manifestado: «La opinión me la guardo. Todos los catéteres tienen indicaciones de cómo se pueden utilizar. Si querían reutilizar catéteres que eran irreutilizables, que solamente eran de un solo uso, pues me parece que es una actuación irregular y que si la detectamos en ese o en cualquier otro hospital público, tomaremos medidas».

El 'cluster' socio-sanitario de Alicante añade una clínica boutique, honesta y de alta calidad, en San Juan

ALICANTE.- Que Alicante es ya en 2026 un destacado 'cluster' socio-sanitario europeo es algo incuestionable tras las fuertes inversiones internacionales y españolas en nuevos hospitales privados y clínicas de excelencia para el rejuvenecimiento, la belleza y tratamiento avanzado e integral del dolor para obtener una calidad de vida real y prolongada durante todo el ciclo vital de cada persona. Por algo un porcentaje importante de pacientes de este 'cluster' es extranjero y elige tratarse aquí por garantía de calidad a un precio competitivo.

Dentro de ese 'cluster' ha surgido en San Juan pueblo una clínica boutique honesta (con atención muy personalizada) de referencia en el tratamiento, fundamentalmente podológico, sin excluir una Unidad del Dolor, Ginecología, Fisioterapia Especializada, Fisioterapia de Suelo Pélvico y Osteopastía, Nutrición Médica y Dermatología, incluso Medicina de Urgencias y de Familia. Es el Centro Sanitario fundado por la Dra. Silvia Carrillo, quien asegura una alta calidad en todas sus aplicaciones.

Lo que la diferencia en Podología y Traumatología del resto de esos centros del 'cluster' no solo es el tipo de técnica que utiliza para operar, caso de la cirugía mínimamente invasiva, de la cual sus beneficios es que es básicamente indolora, con apoyo desde el primer día, haciendo que el paciente sea independiente sin privarlo de movilidad, sin apenas cicatrices, y mucho más estética. Comprobable con el examen pre quirúrgico y post quirúrgico.

No solo operan patología y deformidad de pie y tobillo, si no que van a la causa del problema, quitan el dolor y deformidades pero también intentan solventar la causa que originó ese problema para evitar nuevas molestias en el futuro.

Llevan un control exhaustivo del post quirúrgico, adaptando plantillas personalizadas para mejora, no solo del confort sino también la biomecánica del paciente intervenido. 

Utilizan medicina regenerativa para mejorar las articulaciones y las partes blandas después de la cirugía, tratando todos los problemas secundarios a una mala pisada o marcha, como son los de rodilla, cadera, lumbares, etc.

Gracias al equipo multidisciplinar formado por fisioterapeutas, osteópata, podólogo, traumatólogo, anestesista, medicina general, nutrición médica, ginecología, especialista en suelo pélvico, psicólogo y dermatólogo, intenta lograr cubrir todas las necesidades y problemas que sufra el paciente, ahorrándole pérdida de tiempo y diagnósticos ambiguos desesperantes.

Igualmente evitando incertidumbres, igualmente desesperantes, de una consulta a otra, lista de espera en pruebas médicas, facilitando en los casos necesarios cualquier prueba diagnóstica en 24/48 horas. Y siempre intentando dar la máxima calidad, tranquilidad y seguridad al paciente.

En Fisioterapia y Osteopatía abordan la recuperación funcional con un diagnóstico preciso y terapias que alivian el dolor, mejoran la movilidad y aceleran el regreso a la actividad. Concretamente en la de suelo pélvico asisten todo tipo de disfunciones como problemas postparto, alteraciones hormonales, menopausia, incontinencia urinaria y dificultades anales, intestinales o sexuales.

Y en Podología atienden la salud integral del pié y tobillo mediante evaluaciones detalladas para poder ofrecer una atención holística previa a la mejora de movilidad con tratamientos que corrigen alteraciones y recuperan funciones.

Este Centro ofrece por su enfoque procedimientos quirúrgicos de vanguardia a nivel muscoloesquelético para todas las articulaciones como especialistas de referencia en cirugía minimanente invasiva del pié y con una significativa reducción del tiempo de recuperación postquirúrgico con casi desaparición del dolor por una garantía de tratamientos seguros, precisos y adaptados.

En Biomecánica analiza e identifica posturas desequilibradas desde el pié hasta las rodillas, caderas y columna, mediante evaluaciones estáticas y dinámicas para poder diseñar plantillas personalizadas correctoras de alteraciones y estabilidad... hasta suprimir el dolor.

Precisamente su Unidad del Dolor y Medicina Regenerativa está especializada en el crónico del cualquier zona del cuerpo, evitando frecuentemente la necesidad de cirugía mayor por aplicación técnica de intervencionismo eco guiado, reduciendo así el dolor y devolviendo la calidad de vida en pocos días. También promueve regeneración de tejidos aplicando últimos tratamientos como PRP, ácido hialurónico o sueroterapia.

Desde la Unidad de Traumatología evalúan, tratan y previenen lesiones y patalogías del sistema musculoesquelético mediante métodos conservadores, cirugía y medicina regenerativa. Y en la de Medicina de Urgencias y Familia disponen de un servicio de atención inmediata y resolutiva ante infecciones, dolores agudos, traumatismos o síntomas respiratorios urgentes, lo que permite estabilizar al paciente tras un diagnóstico rápido.

En Dermatología destacan la prevención del cáncer de piel. En Ginecología, el control de salud mamaria, diagnóstico y tratamiento de cáncer, infecciones y trastornos hormonales tras prevenir o detectar. Y en Nutrición Médica ofrecen un abordaje holístico de la salud tras analizar en profundidad patologías relacionadas con la alimentación o desajustes hormonales, diseñando planes personales para cada paciente.

CCOO denuncia que la Conselleria de Sanidad decide prorrogar indefinidamente la bolsa de trabajo de 2024

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El PSPV promete blindar por ley la gestión pública de la sanidad para "evitar que se vuelvan a privatizar hospitales"

ALICANTE.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha prometido que los socialistas impulsarán desde la Generalitat una ley que blinde la sanidad pública e impida que se privaticen hospitales públicos y áreas de salud, con el fin de «evitar que se repita» la situación que vivió la Comunitat Valenciana en «la anterior etapa del PP, cuando se llegaron a tener hasta cinco hospitales públicos y todos los servicios de sus correspondientes áreas de salud estaban gestionados por empresas privadas».

Morant ha lamentado que el actual Consell haya «paralizado» los procesos de reversión que inició el gobierno del Botànic presidido por Ximo Puig, que permitió el retorno a la gestión privada de los hospitales de Alzira, Dénia, Manises y Torrevieja, ha reivindicado.

En este sentido, ha prometido que, cuando el PSPV vuelva al gobierno autonómico, revertirá el único que queda, el Elx-Crevillent (Hospital del Vinalopó), que el PP «en lugar de revertir ha ampliado la concesión a Ribera Salud».

«Hay que decir 'stop' a la privatización de la sanidad pública que está impulsando el conseller --de Sanidad-- Marciano Gómez, tal como hizo en la etapa de Zaplana, cuando empezó todo. Los valencianos ya tuvimos esa época y socialmente la rechazamos», ha expresado Morant, que ha señalado además que el conseller «una conexión directa con Ribera Salud, ya que su hermano es el director de una clínica que ha sido adquirida recientemente por el grupo privado sanitario».

La secretaria general del PSPV ha hecho hincapié en «la resistencia» de Ribera Salud, «incluso judicialmente, a perder el negocio de los hospitales públicos valencianos, especialmente en el caso de Torrevieja».

En este sentido, Diana Morant ha denunciado el «abandono» al que tiene sometido el Consell al área de salud de Torrevieja, en un «intento de desgastar la imagen de la gestión pública para justificar futuras privatizaciones».

La secretaria general de los socialistas valencianos se ha comprometido a «acabar con esa situación» al impulsar desde la Generalitat un plan de choque tanto de infraestructuras que estaban previstas por el Botànic y que el PP «ha paralizado», así como «solventar el problema» de personal del departamento: «La Vega Baja no volverá a ser el patio trasero de la sanidad valenciana».

Morant participó este sábado en uno de los actos de «escucha activa» de la sociedad que organiza el PSPV para «reforzar la alternativa» al Consell del PP, actos que desembocarán la próxima primavera en una conferencia política de puesta en común de todo este proceso, tal como acordó el último comité nacional del partido celebrado en Alicante.

En este acto sectorial sobre Sanidad, Diana Morant ha lamentado que «parte de la salud de los valencianos siga en manos de Ribera Salud, una empresa que, tal y como han demostrado las últimas informaciones sobre la manera de actuar de sus directivos en otros centros como el de Torrejón en Madrid, priman el resultado económico sobre la salud de los pacientes».

«La sanidad no tiene que ser rentable económicamente, tiene que rentable socialmente y para eso no puede tratar a los pacientes como clientes. Es necesaria una sanidad que atienda a las personas con el tiempo suficiente, que les derive a todas las pruebas necesarias y no una sanidad que mire por la rentabilidad de la empresa que gestiona el hospital», ha concluido.

Compromís impulsa una campaña para mujeres que "esperan" cribados de cáncer de mama y acusa a Sanidad de "ocultar" datos

 ALICANTE.- La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de «ocultar» datos solicitados a la administración autonómica sobre cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana. Por ello, ha avanzado que la coalición ha impulsado una campaña en redes sociales «para poder dar voz a mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas».

Así lo ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios en Alicante, acompañada por la edil de la formación en la ciudad Sara Llobell. La diputada autonómica, que ha recordado que todavía es paciente oncológica, cree que los 'populares' siguen una «estrategia» de «degradar el sistema público de sanidad en beneficio siempre de la privada».

«Desde el 12 de junio estamos esperando información, en este caso, sobre los pacientes de la prevención del cribado del cáncer de mama. El conseller de Sanidad no quiere darnos la información, ha hecho numerosas prórrogas y tiene como fecha límite el 23 de octubre, es decir, la semana que viene, para poder contestarnos», ha apuntado Mas.

En esta línea, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha subrayado que han pasado «más de cuatro meses para que un diputado autonómico pueda tener los datos del cribado del cáncer de mama» en la Comunitat Valenciana: «El plazo normal y habitual, el ordinario, es de un mes. Entonces, el Partido Popular quiere ocultarnos estos datos».

«Estamos viendo cómo en los últimos meses se está deteriorando el servicio de imagen, por decirlo así, de todos los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Estamos viendo cómo se está queriendo degradar el sistema público de sanidad en beneficio siempre de la sanidad privada y eso es una estrategia a la que el Partido Popular ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas, pero que choca de frente con la situación de miles de mujeres que están viviendo una situación de incertidumbre, que habría que verse ahí para poder entender», ha remarcado.

En esta línea, Mas ha revelado que «jamás» lo ha pasado «tan mal como en los días previos a conocer los resultados» sobre su diagnóstico de cáncer porque «es muy duro» esperar «meses» y ha mencionado el caso de la concejala de Compromís en Valencia Glòria Tello, porque «le ha pasado» recientemente: «Seis meses para darle los resultados de una prueba en la que se le diagnostica el cáncer de mamá».

«Eso tiene repercusiones también sobre la propia enfermedad, que evoluciona, que avanza», ha apuntado más sobre estos retrasos: «Normalmente, en mujeres jóvenes de manera muy rápida. Yo misma he estado a dos meses o tres de poder tener un estadio cuatro, que es el que ya no tiene solución».

«Vivimos una emergencia en sanidad, una emergencia que la Conselleria no quiere aceptar, que encima tiene un sistema de opacidad permanente en el que no quiere dar los datos ni siquiera a la oposición», ha agregado.

Este hecho, ha continuado, «está repercutiendo» en «más nerviosismo» y «más alarmismo» sobre las mujeres mayores de 45 años «que están sufriendo retrasos de más de ocho y de nueve meses y, en algunos casos, incluso de más de un año, en un cribado que debería ser cada dos».

«No es un retraso de ocho meses que puede parecer poco, porque es un retraso de ocho meses sobre un total de dos años. Con lo cual, estamos yéndonos casi al 50% del retraso del periodo de tiempo en el que se debería producir esa segunda prueba», ha manifestado la diputada autonómica.

Para Mas, estos casos «desmontan» el discurso de Mazón «de que lo importante y su prioridad era la lucha contra el cáncer, de que la prevención era uno de los focos en el que él se iba a centrar y su gobierno se iba a centrar».

«Lo que están generando, como decía, es que algunos casos que pueden ser incipientes del cáncer en estadios tempranos se vayan sucediendo a estadios más avanzados y en otros casos jugar con la salud de muchísimas mujeres que están en casa sufriendo por no saber si tienen cáncer o no», ha afirmado.

En este punto, ha insistido en que «la estrategia del Partido Popular es muy clara» y es que «cuanto peor le vaya a la pública, mejor le va a ir a la privada».

 «Yo tengo compañeras que están diagnosticadas de cáncer que lo que están haciendo es irse a la privada para que se les atienda más rápidamente», ha detallado.

También ha recordado que hay personas «que están esperando esas pruebas que no llegan» y que por ello «no pueden dormir» al saber que tienen un bulto en el pecho y que puede ser cáncer: «Hay que ser empáticos con esas mujeres que le dan vueltas cada noche porque no saben si tienen cáncer o no y lo que no puedes hacer es dejarlas tiradas para favorecer a la empresa privada para que se hagan seguros en ella. Eso es inhumano y me atrevería a decir que también indecente».

«Hacemos un llamamiento al Partido Popular, que se ponga las pilas en este tema, que no abandone la sanidad pública, que se ponga del lado de las mujeres que necesitan ese cribado y, sobre todo, que sea capaz de dar la cara y evidentemente dar la información, proporcionar la información de manera clara y de manera transparente a la oposición para que todo el mundo pueda ejercer la labor de control y fiscalización al gobierno», ha resaltado.

De otro lado, Mas ha avanzado que Compromís ha iniciado una campaña en redes sociales «para poder dar voz a esas mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas» porque, según ha indicado, Sanidad, cuando ha dado información, «no» ha sido «cierta». 

«Si la Conselleria no nos la da, que nos la den las mujeres que están esperando ese cribado», ha recalcado.

Así, ha invitado a las mujeres que quieran a dar su testimonio a que lo hagan en los canales habilitados tanto en las redes sociales de Compromís como en su perfil personal de Aitana Mas: «Lo utilizaremos siempre de manera anónima y para que podamos valorar con toda esa información cuál es la realidad que no nos cuenta el Partido Popular y que no nos cuentan ni el señor Marciano Gómez ni el señor Mazón».

Sanidad reprograma 53.870 citas con motivo de la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana

 VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha reprogramado un total de 53.870 citas anuladas o no presentadas con motivo de la alerta roja por lluvias decretada este lunes en la Comunitat Valenciana. En concreto, 28.552 corresponden a Medicina Familiar, Comunitaria y Pediatría; 14.695 a Enfermería Familiar y Comunitaria; 7.258 a Consultas Externas y 3.365 a Radiología.

Estas citas anuladas o no presentadas suponen cerca del 19,2 por ciento más con respecto a la misma jornada de la semana anterior, en la que se llegaron a anular o no presentar un total de 43.538 citas, según ha informado en un comunicado el departamento dirigido por Marciano Gómez.

Por provincias, 7.131 citas serán reprogramadas en Castellón, 29.079 en Valencia y 17.660 en Alicante. Por otra parte, las consultas atendidas a lo largo de la jornada del lunes ascendieron a 193.272, un 23,6% menos que el mismo día de la semana anterior, en el que se atendieron un total de 253.081 consultas.

Con respecto a las consultas atendidas por provincias, en Castellón se atendieron un total de 22.286 consultas, lo que supone un 24,2% menos que el pasado lunes; 96.719 en Valencia, cerca del 28,5% menos con respecto a la semana pasada y 74.267 en Alicante, con una reducción del 16%.

La Conselleria comunicó a la ciudadanía el pasado domingo, 28 de septiembre, mediante mensajes SMS y notificaciones a través de la APP GVA Salut, que "ante el riesgo por la climatología adversa, se evitara el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes". 

Con este propósito se enviaron 4,2 millones de SMS y cerca de dos millones de notificaciones a través de la APP GVASalut.

Asimismo, desde la Conselleria de Sanidad se dieron las instrucciones correspondientes a los profesionales, a través de los Departamentos de Salud, para que se recordara que, ante una situación de emergencia, se preste especial atención a las indicaciones que se puedan recibir por parte de un superior o de protección civil, así como a la evolución de la emergencia.

También se incidía en que, ante un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud, el personal tiene derecho a no acudir a su puesto de trabajo, notificándolo por cualquier medio escrito.

Alrededor de 1.130 profesionales no pudieron desplazarse este lunes a su centro de trabajo entre Atención Primaria y Asistencia Hospitalaria y 17 consultorios auxiliares no pudieron abrirse, debido a alguna filtración de agua o por falta de facultativos que no pudieron acudir al lugar de trabajo.

Durante este martes, 84 profesionales no han podido desplazarse hasta su centro de trabajo y el único consultorio no operativo es Gilet, en el departamento de Sagunto, cuya actividad se ha trasladado al centro de salud de Estivella.

Mazón destaca la acreditación como universitarios de todos los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana

 ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto en valor la acreditación como universitarios de todos los hospitales del sistema público sanitario de la Comunitat Valenciana, lo que «facilita la realización de prácticas de los estudiantes y garantiza el acceso de todos los alumnos de Ciencias de la Salud, tanto de centros públicos como privados, en condiciones de equidad».

Así, durante este año se han acreditado a 14 hospitales al cumplir los requisitos y estar incluidos en los convenios de colaboración con las universidades, que se suman a los 13 restantes que ya contaban con esta acreditación, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, han adquirido la consideración de universitarios durante el año 2025 el Hospital Comarcal de Vinaròs, el Hospital de Sagunt, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, el Hospital Arnau de Vilanova, el Hospital de Llíria, General de Requena, Francesc de Borja de Gandia; el Hospital de Denia, Lluís Alcanyís de Xàtiva, General de Ontinyent, Virgen de los Lirios, Marina Baixa de la Vila Joiosa, Vega Baja de Orihuela y el Hospital de Manises.

Mazón ha destacado que con esta medida «se cumple con un compromiso adquirido, al tiempo que se ha consensuado un nuevo modelo de colaboración con las universidades que es pionero en España y por el que todos los recursos sanitarios asistenciales, centros de salud y de salud pública, y hospitales públicos están a disposición de los alumnos universitarios de grados y postgrados de Ciencias de la Salud para el desarrollo de su formación clínica y sanitaria a partir del curso 2025-2026».

Con estos nuevos convenios, además, «se regula la figura del personal colaborador docente, el profesor asociado y el profesor vinculado y desaparece la exclusividad de las universidades respecto a un hospital».

Actualmente, se han suscrito convenios de colaboración con las siete universidades, públicas y privadas, de la Comunitat Valenciana: Universidad de Elche, Universidad de Alicante, Universitat de València, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Católica de Valencia, Universitat Jaume I y Universidad Europea de Valencia.

El jefe del Consell ha destacado la «apuesta» y el «compromiso» del Ejecutivo valenciano por «una sanidad pública y de calidad, que comienza con la formación de los futuros profesionales». En este sentido, ha hecho referencia al inicio del proceso para la creación del Grado de Enfermería en la Universidad de Elche.

Asimismo, ha resaltado el aumento del 7,8 por ciento en la partida sanitaria en los Presupuestos de la Generalitat de 2025, que «sirven para impulsar la Atención Primaria, reforzar la atención hospitalaria y la ampliación de las prestaciones farmacéuticas».

También ha puesto en valor algunas de las iniciativas que desarrolla el Consell, «como la construcción de un Hospital de Agudos en el nuevo complejo sanitario de Campanar, en el que se van a invertir 444 millones de euros y que contará con 500 habitaciones individuales, o de un Campus Sanitario Avanzado en Paterna, que dará servicio a 40.000 personas».

El plan para la acreditación como universitarios de los centros hospitalarios del servicio valenciano de salud que no ostentaban este reconocimiento se inició durante el mes de marzo, con la verificación por parte de la Inspección de Servicios Sanitarios de los requisitos establecidos en la normativa nacional de aplicación, el Real Decreto 1558/1996 de 28 de junio y la Orden de 31 de julio de 1987.

Una vez que se verificaron todos estos requisitos por parte de la Conselleria de Sanidad se certificó que estos centros cumplían las condiciones y requisitos para poder suscribir convenios de colaboración para el desarrollo de la docencia universitaria en la correspondiente agrupación sanitaria interdepartamental.

Cubiertas las 864 plazas MIR de los centros sanitarios dependientes de Conselleria de Sanidad en la Comunitat Valenciana

 VALENCIA.- La totalidad de las 864 plazas MIR ofertadas por la Conselleria de Sanidad han sido elegidas por los futuros residentes para realizar su formación especializada en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.

Según ha destacado la Generalitat en un comunicado, la Comunitat Valenciana es de las pocas comunidades autónomas que ha cubierto todas las plazas para especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria. De esta manera, se han adjudicado las 233 plazas ofertadas: 116 en centros sanitarios de la provincia de Valencia, 81 de la Alicante y 36 de la de Castellón.

El departamento de salud Valencia-Doctor Peset ha sido el primero de España en cubrirse por completo; el Valencia-Clínico-Malvarrosa, el tercero y el de Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria, el quinto.

Para el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "es un orgullo y un motivo de satisfacción para todo el sistema de salud público valenciano que cuenta con los mejores recursos, tanto en formación, como para desempeñar la labor profesional".

Gómez se ha mostrado convencido de que las políticas de fidelización de residentes y de retención del talento que está llevando a cabo la Conselleria de Sanidad "están dando sus frutos, lo que nos anima a seguir trabajando en esta línea para seguir incorporando nuevos profesionales que desarrollen su carrera en la Comunitat Valenciana".

La Conselleria de Sanidad ofrecerá a los residentes que terminen su formación las plazas vacantes de cada especialidad, en primer lugar. A continuación, una vez ocupadas las vacantes o en el caso de ser necesario en especialidades sin vacante, se ofrecerán contratos programa de uno a tres años, dependiendo de la especialidad y de la necesidad de cobertura.

Marciano Gómez ha subrayado que los futuros profesionales representan "una pieza clave en el sistema sanitario y son el futuro de nuestra sanidad, por lo que hay que ofrecerles las mejores oportunidades".

Los nuevos residentes en Medicina, así como del resto de especialidades, comenzarán su formación a partir del próximo 6 de junio en los diferentes departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

Sindicatos protestan ante la Generalitat por el "deterioro" de la sanidad pública y exigen la dimisión de Marciano Gómez

 VALENCIA.- Los sindicatos SATSE, CCOO, UGT, CSIF, Intersindical Salut y SAE se han concentrado este lunes frente al Palau de la Generalitat para reclamar al 'president', Carlos Mazón, una solución frente al "deterioro" de la sanidad pública valenciana y "la falta de diálogo del conseller de Sanidad, Marciano Gómez", del que han exigido su dimisión.

Con esta protesta, las organizaciones convocantes denuncian que "el personal de la sanidad y la ciudadanía llevan meses siendo víctimas de la mala gestión de esta conselleria y desconocen si el 'president' es consciente de la deriva que ha tomado".

 "Nos encontramos ante una situación insostenible", advierten, y aseguran que "el conseller ha pasado de incumplir sus compromisos y paralizar la negociación colectiva a demostrar que carece de la capacidad necesaria para gestionar".

Según los sindicatos, Sanidad no les ha convocado a la Mesa Sectorial "desde hace más de seis meses (noviembre de 2024), en una situación inédita e irregular que es reflejo de la nula voluntad de negociación de esta administración". 

"Cuando Gómez llegó a su cargo realizó algunos intentos de consenso en varios borradores de acuerdos y propuestas, aunque pronto quedó claro que pretendía que los sindicatos los aceptaran sin alegaciones, sin aportaciones y sin ajustes", aseveran.

Además, denuncian que "en los últimos meses se han sucedido decisiones unilaterales, imposiciones verticales y un desprecio sistemático al diálogo social que recuerdan, lamentablemente, a etapas superadas de nuestra historia".

 "La falta de transparencia y la eliminación de espacios de negociación está generando un clima de tensión innecesario e improductivo".

"Marciano Gómez confunde autoridad con autoritarismo. La imposición de medidas no puede ser la base de una política sanitaria moderna, participativa y orientada al bien común. La Conselleria de Sanidad no había conocido una etapa de tan profundo deterioro en las relaciones laborales ni una desconexión tan evidente con la realidad de los centros de salud y hospitales", exponen.

Ante esta situación, los sindicatos exigen la convocatoria urgente de la mesa de negociación, "respetando los principios de diálogo, transparencia y negociación real". 

No tolerarán que se les trate "con desdén" y que los derechos laborales "sean constantemente menospreciados a través de propuestas de acuerdo que, lejos de mejorar, solo empeoran la situación".

Sus quejas hacia el conseller se deben al "incumplimiento" de una serie de compromisos. En primer lugar, aseguran que "Sanidad revoca la posibilidad de cogerse excedencias" porque "Conselleria ha emitido recientemente una instrucción que modifica el sistema de gestión de las excedencias y lo hace, precisamente, cuando están finalizando los procesos selectivos de todas las categorías profesionales". 

A su juicio, agrava todavía más las dificultades de conciliación.

Seguidamente, lamentan que la negociación de las 35 horas semanales está "paralizada" a pesar de que llevan meses reclamando la implantación de esta jornada "según lo establecido en el acuerdo firmado en marzo del 2023 o, en su defecto, la renegociación de los plazos para su puesta en marcha este mismo año". 

Defienden que es "de justicia" para un personal que "lleva años arrastrando una sobrecarga laboral crónica agravada por la falta de personal y el aumento de la demanda asistencial".

En tercer lugar, se quejan de los procesos selectivos atrasados, al considerar que Sanidad ha incumplido los plazos establecidos para la finalización de los que, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, "deberían haberse completado, a más tardar, el 31 de diciembre de 2024".

 "Este retraso reiterado refleja la absoluta falta de respeto hacia los miles de profesionales que esperan un empleo estable", denuncian, y exigen una planificación clara y precisa sobre las fechas de finalización y una gestión más eficiente y responsable de los recursos humanos.

Otros "compromisos incumplidos" son la mejora de las agendas, la reducción de listas de espera o la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar.

Paralelamente, los sindicatos afirman que hay "otras medidas que están desmantelando la sanidad pública", como un decreto de funcionamiento de Atención Primaria "obsoleto y despilfarrador", que "por ahora se mantiene paralizado gracias a la presión". 

En su opinión, esta norma supone un retroceso para la sanidad pública y no aborda los problemas estructurales, sino que "degrada" las condiciones laborales.

También denuncian la "inaceptable demora" en la publicación del decreto que regula el sistema de alerta precoz y respuesta rápida en salud pública, "lo que impide la entrada en vigor y retrasa de forma injustificable una herramienta fundamental ante amenazas sanitarias emergentes o posibles catástrofes".

Por otro lado, exigen un "compromiso real" con la atención sanitaria urgente, ya que aseguran que el plan funcional "se mantiene paralizado" y "supone el desmantelamiento del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-CV) y la ralentización de los tiempos de respuesta".

"Nos preocupa profundamente que el conseller prefiera negar la realidad antes que asumir sus responsabilidades. Las consecuencias de sus decisiones erróneas ya se perciben en el empeoramiento de la asistencia sanitaria, el aumento de las listas de espera, el desánimo del personal y la confusión entre los usuarios", concluyen, y advierten que no dudarán en convocar "todas las movilizaciones necesarias si la Conselleria persiste en su actitud de incumplimiento de compromisos y falta de respeto hacia sus profesionales".

Por su parte, a preguntas de los periodistas sobre esta protesta, durante una visita al terreno del centro de salud Mislata II, el conseller de Sanidad ha considerado "lícito y legítimo que los sindicatos reclamen", pero ha pedido "tener cierto rigor".

Gómez ha destacado que hay "abiertas mesas de negociación" a las que se les ha citado en los próximos días. "Nosotros hemos negociado prácticamente todo lo que ellos dicen. Lo que pasa es que una cosa es negociar y otra acordar. Una cosa es disentir y otra cosa es mentir. Estamos abiertos a negociar, a estructurar y a hablar, y así lo estamos haciendo", ha recalcado.

Dicho esto, ha señalado tener "la sensación de que todas estas reivindicaciones que están surgiendo ahora no dejan de ser el hecho de disfrazar el malestar existente que se ha producido, ya que se va a llevar una enmienda donde se van a adecuar las juntas de personal a la nueva estructura organizativa de la sanidad valenciana", en alusión a una de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para 2025.

"Vamos a adecuar los recursos, tanto sindicales y administrativos como económicos y de infraestructuras, a la nueva organización sanitaria, de forma que de 24 juntas de personal pasaran a ser ocho juntas de personal. Simplemente se trata de adecuar a la nueva realidad lo que es una realeza antigua", ha expuesto, para insistir en su voluntad de negociación y de acuerdo.

Las farmacias rurales proponen un fondo de compensación para las boticas de los pequeños municipios

ALICANTE.- El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), Jaime Espolita, ha reiterado la propuesta de esta entidad de establecer un fondo de compensación que permita garantizar la sostenibilidad económica de las farmacias situadas en los pequeños municipios y de aplicar incentivos para el relevo generacional en el sector.

Espolita ha hecho estas declaraciones con motivo del Primer Congreso Nacional de Farmacia Rural, que se celebra este sábado y el domingo en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), organizado por la Asociación de Farmacéuticos Rurales de la Provincia de Alicante (AFARPA) y SEFAR bajo el lema Farmacia Rural: es pueblo, es vida.

En este encuentro se abordarán la situación actual de las farmacias rurales (hay más de 4.400 en España), la aplicación de la nueva legislación de medicamentos de uso animal, la incorporación de las tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial, y la dermofarmacia, entre otras cuestiones.

Además, el cónclave servirá para visibilizar la labor que desempeñan los farmacéuticos rurales en el sistema sanitario español y para plantear "resoluciones" que, según AFARPA y SEFAR, habría que tomar para garantizar "la subsistencia" de estas farmacias, ha explicado Espolita.

"No hay una definición clara de lo que es una farmacia rural; entendemos que es aquella que está ubicada en poblaciones rurales de menos de 5.000 habitantes", ha indicado el presidente de SEFAR, quien ha asegurado que la situación de las enclavadas en zonas de menos de mil habitantes es "prácticamente insostenible" desde un punto de vista económico por el actual modelo retributivo.

Según Espolita, el sistema retributivo "únicamente" tiene en cuenta el número de pacientes que atienden las farmacias (el número de envases que dispensan), lo que representa un escollo para la sostenibilidad económica de las que se hallan en municipios de menos de mil habitantes, dado el fenómeno de la despoblación y "la bajada continua del precio del medicamento".

SEFAR propone cambiar la retribución de la farmacia comunitaria, de manera que se pagara no solo por el número de envases dispensados, sino también por otros servicios que ofrece, como pueden ser las guardias, el control de botiquines o el seguimiento de la adherencia del paciente.

"El problema con el que nos encontramos es que hay una resistencia, sobre por parte de nuestro sector,  muy grande porque es un modelo retributivo que beneficia a un 80 % de las farmacias", pero no a las rurales, ha subrayado.

Ante esta circunstancia, "lo que hemos planteado siempre a la administración y a nuestras instituciones es establecer, como se hace en Inglaterra, Suecia e Italia, unos fondos de compensación", que, "en el caso de España, estaríamos hablando de un fondo de 40 millones" de euros para que las más de 2.000 farmacias de menos de mil habitantes que hay en el país pudieran ser sostenibles económicamente y "seguir buscando el relevo generacional", ha dicho.

"Desde 2012 han cerrado más de 300 farmacias en España" y "obviamente se cierran en estas pequeñas poblaciones", según el presidente de SEFAR, quien ha afirmado que el farmacéutico en las zonas rurales tiene "un beneficio inferior al que tendría trabajando de adjunto en una farmacia en una ciudad".

A la falta de rentabilidad se añade la dificultad de conciliar la vida personal porque, en muchos casos, no pueden disfrutar de vacaciones al no disponer de "capacidad" para contratar a personal, deben hacer "hasta seis meses de guardia al año" y "no pueden coger una baja por enfermedad o por maternidad", ha apuntado Espolita, quien ha destacado que "el 70 % de las farmacias rurales" es de "titularidad femenina".

Distribución de medicamentos en zonas rurales 

"Las cooperativas jugamos un papel de soporte esencial, garantizando que cualquier farmacia, esté donde esté, reciba sus pedidos con la misma eficiencia que una urbana, sin anteponer criterios económicos".

 Así lo afirmó el presidente de Hefame, Enrique Ayuso, durante su participación en la mesa redonda 'Conexiones que importan: distribución y su impacto en la Farmacia Rural' desarrollada en el marco del I Congreso Nacional de Farmacia Rural.

Ayuso ha destacado que, en un contexto marcado por la despoblación, la falta de relevo generacional y la dificultad para mantener la rentabilidad, la distribución de gama completa es un servicio público esencial: garantiza que el 23,8 por ciento de las farmacias, ubicadas en áreas rurales, puedan atender a casi 8 millones de personas que viven en estos entornos, asegurando que cualquier ciudadano tenga acceso a sus medicamentos, sin ser excluido por motivos de rentabilidad o localización geográfica.

Según el presidente de Hefame, la farmacia rural debe valorarse por su aportación social y sanitaria a la comunidad, no solo por su volumen de facturación; y el modelo cooperativo permite mantener ese compromiso mediante servicios adaptados, herramientas digitales, formación continua y una red de apoyo cercana, "desde Hefame llegamos, a diario a farmacias ubicadas en zonas de difícil acceso, priorizando siempre el acceso a la salud por encima de intereses económicos" destacó Ayuso.

En cuanto a los desafíos logísticos, Ayuso ha señalado que servir a zonas rurales implica mayores distancias y menor demanda por ruta, lo que incrementa los costes y dificulta la rentabilidad. 

"Sin embargo, es imprescindible garantizar al menos un servicio diario a todos estos municipios, priorizando la salud sobre la rentabilidad", ha afirmado.

Para el presidente de Hefame, otra forma de hacer frente a los desafíos que plantean los repartos a zonas rurales es impulsando la formación, el soporte técnico y la digitalización accesible para facilitar la gestión de las farmacias rurales.

Sobre la sostenibilidad económica, Ayuso ha explicado que "la optimización de rutas y la rentabilidad de las farmacias de núcleos de población en zonas urbanas nos ayudan a compensar la falta de rentabilidad de los repartos a zonas rurales, y hacer compatible así la misión de ofrecer un servicio universal con la viabilidad del modelo cooperativo".

Hefame emplea otras fórmulas que la ayudan a mantener su servicio en zonas rurales como es la diversificación de actividades, la reducción de costes a través de acciones como la mejora de su eficiencia energética o la colaboración público-privada con acciones como la distribución colaborativa o la gestión de plataformas logísticas para la administración.

El presidente de Hefame ha dedicado una parte de su intervención al análisis del futuro de la farmacia rural, mostrándose confiado en la continuidad de estas boticas, siempre que cuente con el respaldo de la Administración.

"En España, una de cada cuatro farmacias está en el medio rural, y tres de cada cuatro, en municipios de menos de 5.000 habitantes; más de 8 millones de personas dependen de ellas, así que estoy convencido de que en los próximos años seguirán ahí porque contarán con el apoyo y las inversiones que necesitan para crecer", ha declarado Ayuso.

Además, ha apostado por una farmacia rural más digitalizada que les permitirá estar mejor conectadas con médicos y pacientes, intercambiar datos de salud y ofrecer una atención más personalizada, gracias a herramientas como aplicaciones móviles y sistemas de gestión digital de la salud.

No obstante, Ayuso ha asegurado que para que esta transformación digital sea posible, es imprescindible el apoyo institucional, ya que la situación económica de muchas farmacias rurales dificulta la implantación de estas tecnologías.

Por otro lado, se ha referido al futuro de la farmacia rural desde una perspectiva más asistencial, y ha defendido que, con la ayuda de la Administración, y de los colegios farmacéuticos la farmacia rural debe evolucionar para ofrecer más servicios a la población, como campañas de vacunación, prevención y seguimiento de pacientes crónicos, convirtiéndose en un pilar del sistema sociosanitario en el medio rural. Esta labor es especialmente relevante en municipios donde la farmacia es, en ocasiones, el único recurso sanitario disponible, por delante incluso de los centros de salud.

Con relación al papel que juega la innovación tecnológica en la mejora del servicio en áreas rurales, el presidente de Hefame ha resaltado que "las herramientas digitales basadas en IA están contribuyendo a transformar las farmacias y esto es especialmente interesante en el ámbito rural, puesto que, ayudan a optimizar recursos, liberando tiempo para la atención personalizada al paciente, que es la tarea más valiosa de las farmacias rurales".

Otro beneficio derivado de la innovación es "la entrega de medicamentos hospitalarios, por parte de la distribución farmacéutica, a las farmacias más cercanas a los pacientes, coordinada mediante herramientas digitales, asegura que incluso quienes viven en zonas aisladas puedan recibir sus tratamientos sin tener que desplazarse a los hospitales, que en ocasiones están tan alejados", explicó Ayuso.

Para concluir, también se refirió a la necesidad de establecer sinergias entre las cooperativas de distribución farmacéutica para optimizar y hacer más sostenibles los repartos diarios a estas farmacias.

CCOO denuncia que la Conselleria de Sanidad "bloquea la negociación" de las condiciones de trabajo del personal sanitario

 VALENCIA.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO del País Valencià ha denunciado «la estrategia de imposición autoritaria» de la Conselleria de Sanidad, que «lleva más de tres meses sin convocar la Mesa Sectorial mientras aprueba, por decretos-ley o enmiendas legislativas, modificaciones que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal sanitario, sin negociación, ni garantías».

De este modo, el sindicato ha criticado que la Conselleria «ha optado por desmantelar el sistema público de salud al vulnerar los derechos de las personas trabajadoras, obviar el derecho a la negociación colectiva, imponer medidas que suponen movilidad forzosa, cambios de jornada, nuevas categorías profesionales y reordenaciones funcionales encubiertas, todas ellas de forma unilateral», según ha detallado CCOO en un comunicado.

El sindicato ha censurado que la Conselleria «está gobernando a golpe de decreto y marginando a la representación legítima del personal» y ha subrayado que «se están cargando las condiciones laborales del personal sanitario por la puerta de atrás».

La secretaria general de la FSS CCOO PV, Yolanda Ferrández, ha denunciado que este funcionamiento de la Conselleria «es algo que viene siendo habitual en este gobierno en connivencia con la ultraderecha, necesaria para ello y sin ningún pudor, haciéndolo a sabiendas que lo que no pueden pactar en una mesa, lo imponen por vía legislativa».

Con todo ello, CCOO ha exigido la convocatoria «inmediata» de la Mesa Sectorial para abordar todos estos asuntos «con las garantías legales y democráticas que merecen los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público valenciano» y ha asegurado que «si persiste esta actitud autoritaria, no se descarta la convocatoria de movilizaciones».

A su juicio, entre las actuaciones y cambios de condiciones «más graves» está la movilidad geográfica obligatoria del personal del Hospital Doctor Moliner al Padre Jofré u otros centros. 

«Llevar a cabo dicho traslado, sin evaluar las condiciones en materia de seguridad y salud laboral mínimas, expone directamente a los y las profesionales a nuevos riesgos no evaluados ni controlados, lo que incrementa su vulnerabilidad en el puesto de trabajo», ha expresado.

Asimismo, también ha censurado la modificación de la jornada ordinaria del personal facultativo de urgencias hospitalarias, que se extiende hasta las 22.00 horas los siete días de la semana, y «la imposición» de guardias de siete horas como jornada complementaria, porque «vulneran» lo establecido en el Decreto 137/2003 y «no han pasado» por la Mesa Sectorial.

«Ello mientras se incumplen las promesas electorales y los acuerdos negociados de aplicar la jornada de 35 horas semanales como medida para fidelizar al personal», ha señalado. 

Además, ha lamentado que se utilizan figuras legales de excepción, como los decretos ley y las enmiendas parlamentarias, «para crear de forma sistemática nuevas categorías profesionales sin negociación que, aun estando en desacuerdo 'a priori', han sido impuestas con la Ley 1/2025».

«Más grave si cabe son las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos con enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, por el grupo parlamentario Vox, donde se pretende la creación de figuras como la del psicólogo/a general sanitario/a, sin pasar por la negociación colectiva», ha expresado.

El sindicato ha recalcado que esta figura «incumple la legislación vigente», en cuanto a los requisitos para la prestación psicológica en la sanidad pública donde se exige una especialización vía PIR (Psicólogo/a Interno Residente). 

«Este proceder excluye deliberadamente a las organizaciones sindicales y rompe con los principios de transparencia, participación y respeto al marco normativo vigente», ha sentenciado.

Por otra parte, CCOO ha apuntado que la situación del personal «se agrava aún más» con medidas como «la movilidad funcional encubierta que impone la Ley 1/2025, al ofrecer días de permiso a cambio de que las personas trabajadoras asuman funciones fuera de su categoría o su centro de trabajo, en un contexto de déficit crónico de personal, a sabiendas de que esos días no se van a poder disfrutar de manera efectiva».

Asimismo, ha denunciado que «siguen sin resolverse temas claves» de conciliación familiar y de derechos laborales como la denegación sistemática de excedencias y comisiones de servicio o la ausencia de indemnización por el cese de vacantes ocupadas durante más de tres años. Para CCOO, estas prácticas «vulneran derechos básicos y dan inseguridad jurídica, además generan sentimientos de insatisfacción laboral».

«Todo ello se está haciendo sin la representación de las personas trabajadoras, sin transparencia y con total desprecio hacia los cauces establecidos legalmente, lo que constituye un grave incumplimiento del Estatuto Marco y de la normativa valenciana en materia de función pública», ha incidido el sindicato.

Sindicatos vuelven a protestar ante 'La Fe', General de Alicante y Castellón para pedir a Gómez "cumplir compromisos"

VALENCIA.- Los sindicatos Satse, CCOO, UGT e Intersindical Salut han vuelto este martes a protestar ante los hospitales La Fe de Valencia y General de Alicante y Castellón para pedir al conseller, Marciano Gómez, el cumplimiento de los "compromisos" alcanzados y "pactados" con la representación sindical, como el de las 35 horas semanales.

Según han denunciado en un comunicado, con estas concentraciones han querido expresar su "rechazo" ante las "mentiras vertidas y mantenidas en todo este tiempo de legislatura" por el conseller, "que llevan al detrimento de la atención y calidad asistencial de la sanidad pública valenciana".

"El conseller miente ante la inexistencia de un plan de refuerzo de personal; ante el colapso en todos los departamentos debido a la gripe y miente ante su inoperancia y la falta de planificación en la campaña de vacunación", señalan los sindicatos, que consideran que igualmente "sigue mintiendo con respecto a que tampoco ha habido un refuerzo real durante la dana".

Satse, CCOO, UGT e Intersindical Salut aseguran haber "constatado" que el "caos organizativo inicial" se sobrellevó con personal voluntario; ONG sanitarias y que el personal contratado por la Conselleria se destinó a sustituir a los/as trabajadores/as que no podían acudir a su trabajo por afectación directa por la dana, "llevando a un esfuerzo para atender a la población ante semejante catástrofe con la profesionalidad que se merecen".

Los sindicatos critican que las "mentiras" del conseller "no tienen límite" y citan, por ejemplo, la implantación de la jornada de 35 horas semanales para el personal de la Conselleria a fecha de 1 de enero de 2025; finalización de los procesos selectivos de Estabilización y de las Ofertas de Empleo Público a 31 de diciembre de 2024, tal y como se establece en la Ley estatal 20/2024; creación de 300 plazas de enfermera escolar para los centros escolares de la Comunitat Valenciana a fecha de septiembre de 2024 para este curso lectivo el "compromiso de transparencia" en cuanto a publicación mensual de las listas de espera quirúrgicas.

Asimismo, citan el aumento de personal; mejora en las retribuciones y horarios; que proteja la conciliación familiar y laboral y "que deje de mentir a la población y garantice, de una vez por todas, una asistencia de calidad para los usuarios, disminuya las listas de espera, las demoras en la citación de Atención Primaria y deje de emitir falacias a los profesionales ya que lo único que está consiguiendo es invitarlos a una fuga masiva a otras comunidades donde son mejor tratados y valorados".

La Comunitat Valenciana alcanza un nuevo récord histórico de trasplantes, con 696, y de donantes, con 305

 VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha vuelto a alcanzar un récord histórico tanto en número de trasplantes realizados, con 696, un 14% más que en 2023, como en donantes de órganos, con 305, lo que supone un crecimiento del 11,3%. De este modo, es una de las regiones con la misma población --más de cinco millones de habitantes-- con la tasa más elevada de donación del Mundo.

Así, lo ha destacado el coordinador de Trasplantes de la Comunitat Valenciana, Rafael Badenes. Tras cada trasplante hay detrás 150 personas de media entre sanitarios, Fuerzas de Seguridad o personal de logística.

 Badenes ha recalcado que la Comunitat Valenciana está "en todo por encima del récord nacional" y este balance demuestra "una historia de éxito rotundo a nivel mundial donde todos tratan de aprender y copiar nuestro modelo".

"No sé si hemos tocado techo o no, pero son unos resultados tremendos", ha subrayado.

Así, los datos reflejan que la tasa de donantes en la Comunitat Valenciana se sitúa en 57,4 por millón de población que nos posiciona por encima de la media nacional, que es de 52,6 y la provincia de Castellón con 95 donantes por millón de población tiene "la tasa más alta del Mundo".

El resultado es que un ciudadano de la Comunidad Valenciana tiene más del doble, casi el triple, de posibilidades de conseguir un trasplante que la media europea y el 95% de valencianos que necesitan uno lo recibe, mientras que en el resto del mundo solo se cubren las necesidades del 10% de la población y el 90% fallece en lista de espera. 

Estos datos son posibles porque la Comunitat Valenciana cuenta con 22 donantes por millón de población, mientras que en Alemania hay 11 donantes por millón de población.

Así, la Comunitat Valenciana cierra el ejercicio con récords históricos en trasplantes renales, pulmonares o cardíacos. En concreto, se han realizado 402 trasplantes de riñón, un 13,2% más que el año anterior, 100 trasplantes pulmonares, con un aumento del 35,1%, y 47 cardíacos que son un 34,3% más que en 2023. También se han llevado a cabo 140 trasplantes hepáticos y 7 de páncreas.

El Hospital La Fe de Valencia ha vuelto a posicionarse como un centro de referencia tanto a nivel nacional como mundial con 395 trasplantes, situándose como el centro hospitalario de España que más trasplantes realiza por delante del Vall d'Ebron, con dos menos.

Además, es el primero en España con el mayor número de trasplantes hepáticos (105) y cardíacos (47). Igualmente, ha llevado a cabo 136 trasplantes renales, 100 pulmonares y siete de páncreas.

Entre los trasplantes efectuados, 23 han sido en pacientes infantiles, con un crecimiento del 76,9% respecto al año anterior y que reafirma la apuesta de la Generalitat por implantar un programa de priorización infantil.

Del mismo modo, la Comunitat Valenciana se ha situado como una región innovadora y pionera en España en la implantación de la Donación en Asistolia Controlada (DAC) con recuperación cardiaca con la puesta en marcha de 39 procedimientos, 11 de ellos en el propio Hospital La Fe, 23 en centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana (programa DAC cardiaca móvil) y 5 fuera de la Comunitat.

El hospital de La Fe inició en 2024 el programa de DAC cardíacas infantiles posicionándose como el único centro hospitalario de España que ha extraído corazón y pulmón para receptores infantiles diferentes.

Por otra parte, en el hospital Doctor Balmis de Alicante durante el año 2024 se han realizado 69 trasplantes de riñón y 35 hepáticos, mientras que el en el hospital General Universitario de Elche se han acometido 40 trasplantes renales. 

En el hospital Clínico Universitario de Valencia se han realizado 41 trasplantes de riñón y 64 en el Doctor Peset, y 52 trasplantes renales en el Hospital General de Castellón.

Marciano Gómez ve "inasumible" que la sanidad pública se haga cargo de mutualistas de 'Muface' "si no hay compensación económica"

 VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha considerado "inasumible" que la sanidad pública se haga cargo de los mutualistas de Muface "si no hay una compensación económica, si no se ingresa dinero y si no se aumenta la financiación".

En declaraciones a los medios en una visita al centro de salud de la avenida Rambleta, de Catarroja, ha indicado que su opinión al respecto ya la expuso en el Consejo Interterritorial de Salud y ha concretado que la Comunitat Valenciana tiene "alrededor de entre 125.000 y 130.000 personas que dependen de Muface".

Por ello, ha argumentado que si, "cualquier tipo de organización, de repente mete" a esta cantidad de personas, "obviamente la asistencia no va a ser la misma". 

"Pero no es que lo piense yo, es que lo pensamos todos los consejeros de las comunidades autónomas: es en este momento inasumible", ha sostenido.

"Si no hay una compensación económica, que en el caso de la Comunitat Valenciana estaría alrededor de entre los 220 y 230 millones de euros, si no se ingresa dinero, si no se aumenta la financiación, es totalmente inasumible poder meter en la red sanitaria pública española a 1.500.000 habitantes", ha expuesto.

En este contexto, ha señalado que "el competente del ramo, la Administración Pública, está haciendo nuevas ofertas a las compañías aseguradoras para intentar resolverlo", aunque, pese a ello, ha considerado que la opinión de la ministra Mónica García es "optimista y generosa", pero a su juicio, "no cumple con la realidad".

 "No se puede meter un millón y medio más de personas en el sistema sanitario público y poder asumirlos con total tranquilidad", ha advertido.

"Eso no es así, nosotros estamos en contra, yo estoy en contra de que el personal de Muface se integre sin más, sin ningún tipo de contrapartida y sin ningún tipo de negociación en la sanidad pública española y valenciana", ha agregado.

El informe de Sanidad sobre Muface ve una opción "viable" y "razonable" su incorporación a la asistencia pública

  MADRID.- El Ministerio de Sanidad considera que "el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable"; y propone la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de MUFACE con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga.

Esta es la principal conclusión del informe 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', dado a conocer este lunes por el departamento que dirige Mónica García, elaborado tras quedar desierto el pasado mes de octubre la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos dos años por parte de las aseguradoras privadas.

Aunque admite que, en caso de tomar la decisión de incorporar a esta población, "habría que trabajar en estudios posteriores en mayor profundidad haciendo uso de los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las Comunidades Autónomas e INGESA", el informe deja claro que "el modelo MUFACE en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita".

Básicamente lo motivos para esta situación son, según señalan, que las aseguradoras privadas no aceptaron las condiciones del Gobierno y el envejecimiento de la población mutualista, que eleva los costes y dificulta ajustes futuros. 

Por estos motivos propone que se garantice la continuidad asistencial, calidad y seguridad, especialmente en casos críticos como son pacientes oncológicos y en fase final de vida; y aprovechar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la Atención Primaria, para mejorar la atención.

El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible" porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de MUFACE; e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".

Optar por esta iniciativa significa "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después". Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de MUFACE; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.

Se elaboraría un plan de transición para asegurar la continuidad en la atención, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios; durante los primeros 4 meses, se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero; y, además, se implementaría un plan de comunicación para informar a la población sobre la nueva situación.

En este plan deberán identificarse los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que "precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público". 

En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria, como es que estén en situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos, se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.

En cuanto a la financiación, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros 3 años.

El Consell reclama al Gobierno 1.022 millones por la atención sanitaria a desplazados de otras comunidades

 VALENCIA.- El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España 1.022,9 millones de euros por la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.

Según ha informado la Generalitat tras el pleno del Consell, el Ejecutivo estatal debe a la Comunitat, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.

Además, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023; así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.

De esta forma, el Consell reclama el abono de los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial según lo previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para la garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Atendiendo al citado decreto, y en el marco del Fondo de Garantía Asistencial, la Generalitat insiste en que se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas, pero en la actualidad este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando "un importante perjuicio económico a la Generalitat".

Así, ha quedado pendiente realizar la compensación con carácter retroactivo de la asistencia prestada desde julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012) hasta diciembre de 2013 en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades.

En el ámbito de la asistencia especializada, la "confusa redacción del apartado 5 del artículo 3 del Real Decreto Ley 16/2012 hace necesario su desarrollo reglamentario para la puesta en marcha efectiva de la compensación", han señalado las mismas fuentes.

Así, en los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad, se están identificando y registrando, de forma individual, más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.

Por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, el Fondo de Cohesión Sanitaria adquirió un carácter extrapresupuestario, por lo que las comunidades autónomas que, como la Comunitat Valenciana, presenten saldos positivos en la liquidación conjunta del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria deben ser compensadas por parte del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, toda la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros con tarjeta sanitaria europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca es facturable, pero la metodología de cálculo de la liquidación de esta facturación utilizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Sanidad "no respeta los derechos de cobro legítimamente adquiridos por las comunidades y genera pérdidas importantes para autonomías turísticas como la Comunitat".