La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.
Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós,
el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el
ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez
García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de
multa para cada uno.
Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y
dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de
Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.
Decomiso de las cantidades sustraídas
De
igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en
poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López;
150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José
Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para
Vicente Soriano.
Según
explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron
un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la
entidad en 2010,
reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que
consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También
recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta
contabilización.
Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia
fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero
también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de
complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se
alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".
"De
esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la
situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que
no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.
Los
acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de
pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y
indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó
indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de
euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente
propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro--
comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.
Una sala formada por los magistrados Juan
Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte
del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo
largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la
instructora concretó en tres apartados.
Primero: «la posible alteración
de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y
2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de
la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos
subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios
concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la
publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas».
Y
tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas
irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social
complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo».
A instancias del fiscal, este proceso da
también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que
las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no
correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones,
que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo
al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente
falso.
El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que
ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban
las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa
un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada
y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de
administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.
Para
cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de
quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es
para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que
solicita diez meses de cárcel.
El fiscal no imputa a
Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras
acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las
operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las
cuentas", dice su escrito.
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
En el banquillo, y junto al fiscal Luis
Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de
Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación
letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar
de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros
afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas.
La Sala ha aceptado la mayoría de
las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en
calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de
España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es
constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que
se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma
magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el
caso de las tarjetas black.
El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de
Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está
personado como acusación particular en el juicio.
La
CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y
sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de
2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por
los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector
inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula
directiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario