ALICANTE.- Hasta 15 miembros de la antigua comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM) tendrán que desfilar de nuevo por la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigados por su posible papel en los oscuros negocios hoteleros de la entidad en México, República Dominicana y Tenerife, según adelanta hoy El Mundo.
Se
trata de las operaciones que la CAM, a través de TIP, su holding de
empresas y participaciones inmobiliarias, realizó entre septiembre de
2004 y octubre de 2010 de la mano de los hoteleros alicantinos Juan
Ferri y José Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y socios de la
entidad financiera en la sociedad Valfensal, donde la caja tenía el 30% y
los citados empresarios el 70% restante.
Ferri
y Baldó, junto a los exdirectivos de CAM, Roberto López Abad (director
general) y Daniel Gil (director de Participaciones Inmobiliarias), fueron encarcelados a finales de 2013 por apropiación indebida y administración desleal, entre otros delitos. El juez que inició la instrucción de la causa, Javier Gómez Bermúdez,
acusó a los arrestados de desviar hasta 247 millones en beneficio de
Valfensal, que se apoyó a su vez en un entramado societario domiciliado
en las Antillas Holandesas (isla de Curaçao) para ejecutar su operativa
financiera. Todos ellos salieron de prisión tras pagar las
correspondientes fianzas.
El magistrado sostuvo entonces que los investigados derivaron a sociedades pantalla
los ingresos procedentes de la explotación de varios hoteles, que
habían sido comprados en el Caribe junto a Valfensal con financiación de
la CAM. Las operaciones investigadas supusieron un perjuicio para la
caja de 25 millones.
Caras conocidas
Casi cuatro años después de esta operación policial, la juez que instruye ahora el caso, Carmen Lamela
(juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional) ha
emitido un auto, fechado este lunes, por el que cita a declarar en
calidad de investigados a todos los miembros de la comisión de control
de la CAM, que formaban parte de la comisión de control de TIP, organismo interno de la entidad que debía supervisar la actividad del holding inmobiliario.
Entre los citados a declarar hay caras conocidas, como José Manuel Uncio (exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas), José Enrique Garrigós (expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante), Francisco Grau
(exsecretario del consejo de administración de la caja) y Juan Ramón
Avilés (expresidente de la comisión de control), además de otras 11
personas.
La juez sostiene en su auto
que «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los
querellados Roberto López y Daniel Gil en el seno de la CAM y de TIP, se
realizara totalmente al margen de sus órganos directivos,
pese a las importantes sumas de efectivo que salieron de la entidad».
Lamela recuerda que «los miembros de la comisión de control de CAM, por
ser a la vez miembros de la comisión de control de TIP, no pueden
considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y
transparencia de las operaciones de inversiones realizadas por TIP,
deficiencias que supusieron unas pérdidas de más de 25 millones de
euros».
La magistrada da la razón al
Fondo de Garantía de Depósitos, que había pedido la imputación de los
integrantes de la comisión de control, y señala que existen «indicios»
de que estos «pudieron conocer e incluso aprobar la actividad dirigida
desde la entidad por Roberto López Abad y Daniel Gil».
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